Novedades

Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

El pasado día 9 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero de 2014. A continuaciónhacemos un breve resumen de aquellas previsiones que consideramos más relevantes.

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Recordatorio de modificación de obligaciones censales a realizar antes de finalizar el año 2017

¿Qué hay tener en cuenta antes de terminar el año?

Principales comunicaciones Censales a Hacienda

 Antes de que acabe el año, y durante los meses de noviembre y diciembre, es el momento de hacer una valoración de las obligaciones tributarias a las que estará sujeto nuestra entidad con el fin de valorar la conveniencia de realizar alguna acción ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que permita optimizar la tributación. Continua

El TIPS, un sistema de pagos con transferencias inmediatas que funcionará a partir del día 21 de noviembre

La entrada en vigor de la zona única de pagos en euros, SEPA por sus siglas en inglés (Single European Payments Area), supuso hace unos años un gran avance para la realización de transferencias electrónicas internacionales, con el establecimiento de igualdad de condiciones para todos los países de la UE y simplificación de trámites y plazos.

Ahora, el Banco Central Europeo pretende dar un paso más con un servicio paneuropeo de liquidación de pagos instantáneo, que denomina TIPS (Target Instant Payment Settlement).

Sus ventajas parecen muy claras, tanto para los ciudadanos a nivel particular como para la economía en general. Para los usuarios del sistema, se eliminan los condicionantes de horarios y se permite realizar una operación desde cualquier lugar y por cualquier canal disponible. La agilidad en la transferencia de fondos, con más velocidad en la circulación del dinero, ayudará a mejorar la liquidez a disposición de los agentes económicos y, en definitiva, a una mayor eficacia en la gestión del capital circulante.

El día 21 de noviembre comenzó a activarse estas transferencias inmediatas, que pretenden que el dinero esté en la cuenta a la que se le ha remitido en solo 10 segundos, frente las 24 horas de media que tarda en la actualidad esta operación, aunque en algunas ocasiones puede llegar a demorarse incluso cuatro días.

El éxito de esta autopista de pago dependerá del número de proveedores de plataformas que se adhieran a ella. Desde el Consejo Europeo de Pagos (EPC), foro de discusión de las diversas herramientas de pagos existentes con las que se realizan operaciones superiores a los 39.000 millones solo en Europa, se insta a todas las entidades financieras a que participen, al menos, como receptores. De momento, prácticamente todas las entidades financieras españolas se han adherido a esta iniciativa (unos 150 bancos, en los que se incluyen las cooperativas de crédito).

En Europa serán en total 585 entidades financieras correspondientes a ocho países: España, Alemania, Italia, Austria, Estonia, Letonia, Holanda, Finlandia y Lituania. Aunque en algún país la incorporación será escalonada.

Nueva sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación a la exención del IVA en las agrupaciones de interés económico

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) de 21 de septiembre de 2017 concluye que no es de aplicación la exención del IVA a los servicios prestados por una agrupación cuando sus miembros ejerzan una actividad económica en el ámbito de los servicios financieros. Más allá de las consecuencias que a nivel estatal puede conllevar esta sentencia en el ámbito de las agrupaciones de interés económico en el ámbito financiero, es importante la consideración de que en la misma se hace en relación con las prestaciones de servicios por parte de agrupaciones en el ámbito de entidades que realizan actividades de interés general.

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Nuevos plazos de presentación para las Declaraciones Informativas Anuales Novedades del modelo 190 y de los plazos de 184 y 347

El pasado 18 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública número HFP/1106/2017, de 16 de noviembre, donde se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre los rendimientos del trabajo y actividades económicas; y se modifican los plazos de presentación de los modelos 171, 184, 345 y 347. Continua

Nuevo Modelo 231 – Declaración país por país

El pasado 31 de diciembre de 2016 entró en vigor la Orden HFP/1978/2016, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país (“Country-by-Country Report”).

Con la aprobación de este modelo, la Agencia Tributaria pretende evaluar los riesgos en la política de precios de transferencia de un grupo mercantil, sin que en ningún caso pueda servir de base para realizar ajustes de precios. También trata de ajustarse a la acción 13 del Plan BEPS (Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios) de la OCDE, normativa mediante la cual se intenta obtener más información y documentación de las entidades y operaciones vinculadas. Continua

La Fundació Bancària “La Caixa” abre una nueva convocatoria para proyectos de investigación en biomedicina y salud

El próximo 29 de noviembre de 2017 la Fundació Bancària “La Caixa” abrirá una nueva convocatoria para la financiación de proyectos de investigación en biomedicina y salud con un presupuesto de 12 millones de euros el primer año. Los proyectos se podrán enmarcar en cinco áreas específicas: oncología, enfermedades infecciosas, neurológicas, cardiovasculares y proyectos biomédicos transversales.

La presentación de solicitudes se podrá realizar hasta el próximo 16 de marzo de 2018 y la ejecución de los proyectos podrá tener una duración de hasta tres años (de septiembre 2018 a septiembre 2021). A la convocatoria se podrán presentar centros de investigación sin ánimo de lucro así como universidades y siempre y cuando los proyectos se ejecuten en España o Portugal.

Las ayudas se podrán enmarcar dentro de dos tipologías: proyectos de hasta 500.000 euros para proyectos de tres años de uno o más equipos de investigación y ayudas de hasta 1.000.000 euros para proyectos de tres años en el que participen de dos a cinco equipos de investigación y con posibilidad de incluir colaboraciones con socios internacionales.

El Gobierno Español aprueba el proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos de carácter personal

El 10 de noviembre de 2017 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos, a propuesta del ministro de Justicia, Rafael Català. Esta adaptará la legislación española a las disposiciones del Reglamento UE 2016/679, que se aplicará a partir del próximo 25 de mayo de 2018.

En el caso español, la adaptación de la legislación al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) requiere la elaboración de una nueva Ley Orgánica, sustituyendo la actual. Ahora bien, hay que indicar que la Agencia Española de Protección de Datos también debe desarrollar cuestiones concretas dado que el reglamento comunitario remite a las autoridades nacionales de control ciertos aspectos.

El RGPD introduce novedades en la regulación del derecho fundamental de protección de datos, regulado en el artículo 18.4 de la Constitución española, y que uno de sus objetivos es acabar con la fragmentación existente en las diferentes normativas de los estados comunitarios. Asimismo, también persigue la adaptación de la normativa de protección de datos a la rápida evolución tecnológica y los cambios producidos por el desarrollo de la sociedad de la información y la globalización.

Más concretamente, el nuevo marco normativo recoge novedades tanto en el régimen del consentimiento, como en el del tratamiento e introduce nuevos procedimientos y figuras.

En relación con el régimen del consentimiento la normativa española avanza a los 13 años la edad, antes 14, para consentir el tratamiento de datos, en consonancia con la normativa de otros países europeos. Otra novedad es que se considera el tratamiento de los datos de personas fallecidas en base a la solicitud de sus herederos. Además, se excluye la figura del consentimiento tácito que se sustituye por una acción afirmativa y expresa por parte del afectado. En caso de inexactitud de los datos personales obtenidos de forma directa, se excluye la imputabilidad del responsable del tratamiento si éste ha adoptado las medidas razonables para la rectificación o supresión de estas.

En cuanto al tratamiento de datos se incorpora el principio de transparencia que supone el derecho de los afectados a ser informados sobre el tratamiento de sus datos, regulando de forma expresa los derechos de los afectados, que son: el derecho de acceso, rectificación , supresión, oposición, a la limitación del tratamiento ya la portabilidad.

Además, se introducen supuestos en que se contempla como presunción la prevalencia del interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en cumplimiento de determinados requisitos, como en el caso de sistemas de información crediticia. Asimismo, se regulan situaciones en las que se aprecia la existencia del interés público, como por ejemplo las relacionadas con la videovigilancia, los sistemas de exclusión publicitaria (lista Robinson), la función estadística pública y las denuncias internas en el sector privado.

Relacionado con el procedimiento, se promueve la existencia de mecanismos de autorregulación, tanto en el sector público como privado. También se introduce la obligación de bloqueo de los datos para garantizar que estas quedarán a disposición del tribunal correspondiente, el Ministerio Fiscal o autoridades competentes con el fin de exigir responsabilidades derivadas de su tratamiento y que no puedan ser borradas para encubrir su incumplimiento.

Por último, una de las novedades más relevantes y que genera más dudas a las entidades es la potenciación de la figura del delegado de protección de datos, que su designación debe ser comunicada a la autoridad competente.

Una vez expuesto lo anterior y a seis meses de la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos, se recomienda a las entidades que revisen sus documentos, formularios, procedimientos y otros aspectos relacionados con el tratamiento de datos de carácter personal para lal adaptación al nuevo marco normativo dado que las novedades, como se ha podido observar, no son pocas.

Más detalle en:

Ministerio de Justicia

Deducción de los suministros de la vivienda en los gastos de los empresarios individuales a partir de 2018

Con fecha 24 de octubre, se ha aprobado la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que entre otras medidas, modifica la regla 5ª del apartado 2.b) del artículo 30 de la Ley 35/2006 del IRPF, que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, relativa a la tributación en el régimen fiscal de estimación directa, a fin de clarificar la deducción de parte de los gastos de suministros (agua, luz , gas y telefonía e internet) que la administración tributaria acepta como deducibles para determinar el rendimiento neto en el caso de que la actividad se desarrolle en la vivienda habitual y así conste en el censo.

Antes de esta modificación, los trabajadores autónomos gozaban del derecho a deducción de los gastos derivados de la titularidad de la vivienda como el IBI, tasa de basuras, intereses de la hipoteca, seguros, amortizaciones, cuotas de la comunidad de propietarios, etc …, según la proporción de los m2 declarados en el modelo 036 (declaración tributaria censal).

De forma reiterada la Administración Tributaria ha venido considerando que los gastos por suministros de la vivienda no tienen la consideración de gastos deducibles para determinar el rendimiento de la actividad, ni siquiera en una proporción, argumentando que no hay una división entre el gasto destinado a la actividad y el gasto particular del contribuyente del Impuesto. El criterio de Hacienda es que los gastos de suministro sólo son deducibles si estas se usan exclusivamente para el desarrollo de la actividad, aunque la legislación permite “la afectación parcial de la vivienda a la actividad económica”.

Esta postura restrictiva de Hacienda fue rechazada por una resolución del Tribunal Supremo de Justicia de Madrid (03/10/2015) y una resolución del Tribunal Económico Administrativo Regional de la Comunidad Valenciana (16/12/2013) en la que en ambas sentencias se establecía que se podían deducir los gastos de suministros a proporción, sin establecer como había que determinar esta proporción.

Estas resoluciones provocaron que el Departamento de Gestión de la Agencia Tributaria presentara un recurso extraordinario de alzada para unificar criterios delante del Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC) quien emitió la resolución 04454/2014/00/00 el 10/9/2015 (vinculante), origen de la actual la modificación de la Ley del IRPF, donde se determina que los suministros se pueden deducir en el porcentaje resultante de aplicar el 30 por ciento a la proporción existente entre los metros cuadrados de la vivienda destinados a la actividad respecto a la superficie total. Hay que tener en cuenta que la norma dejará la opción al contribuyente (siempre que lo pueda demostrar) de aumentar o disminuir este porcentaje. El medio de prueba quedará a criterio del contribuyente.

Consulta del ICAC sobre las auditorías de las sociedades públicas en el marco del RD de Control Interno de las Entidades del Sector Público Local.

El pasado 27 de septiembre, el ICAC ha emitido una consulta sobre el régimen de la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades de capital de titularidad municipal, en el marco del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local.

La propia Ley de Auditoría, en su disposición adicional segunda, ya regula el régimen de auditoría de las entidades del sector público, estableciendo en esencia lo siguiente:

– La Ley de auditoría no es de aplicación a las actividades de revisión y verificación de cuentas anuales que realizan los órganos de control de las Administraciones Públicas en el ejercicio de las competencias, que seguirán rigiéndose por su legislación específica.

– Los trabajos de colaboración de los auditores miembros del ROAC con las tareas de los órganos públicos de control, en ejecución de sus planes anuales de auditorías, se rigen también por su legislación específica, no resultando de aplicación la Ley de Auditoría .

– No obstante lo anterior, en aquellos casos en que los trabajos de colaboración con los órganos públicos de control incorporen la emisión de un informe de auditoría de cuentas para Atender exigencias de carácter sectorial o financiero (como por ejemplo , la concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros), el informe de auditoría se someterá a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, siempre y cuando no se trate de cuentas formuladas en base a la normativa contable del sector público.

– Los trabajos de auditoría realizados por auditores inscritos en el ROAC, sobre las cuentas anuales de sociedades mercantiles del sector público sujetos a la obligación de auditoría por la normativa mercantil, están sujetos a la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.

En definitiva, la normativa de auditoría define claramente los diferentes ámbitos de aplicación de la Ley de Auditoría de cuentas y de las normas de control financiero del Sector Público en cuanto al régimen aplicable a las sociedades mercantiles pertenecientes al sector público (estatal, autonómico o local).

En base a dicha normativa, el ICAC en esta consulta, concreta el siguiente:

– Las sociedades mercantiles municipales que tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría, de acuerdo con la normativa mercantil, estarán sujetas plenamente al régimen establecido en la Ley de Auditoría y la normativa que la desarrolla: normas de auditoría a aplicar, nombramiento de auditor, revocación e inscripción en el registro mercantil, etc., sin ninguna diferencia respecto a cualquier otra sociedad mercantil de titularidad privada.

– Las sociedades mercantiles municipales que no tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría y se incluyan en el plan anual de auditoría del órgano de control de la administración pública correspondiente, serán realizadas por este órgano de control con sujeción a las normas de auditoría del sector público.

 

No obstante, en esta consulta, el ICAC no se ha pronunciado expresamente sobre otra cuestión que sería la referida a la realización de auditorías voluntarias de sociedades públicas no obligadas a someter sus cuentas a auditoría de acuerdo con la normativa mercantil y que, por criterios de riesgo o de cobertura porcentual del presupuesto consolidado de la entidad local, no se haya considerado oportuno incluirlas en el plan de control del órgano público correspondiente. Sobre esta cuestión podría haber varias interpretaciones, considerando que estas auditorías voluntarias quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Auditoría (al igual que ocurre con las auditorías voluntarias de sociedades mercantiles de capital privado) o bien que éstas se sometan a las Normas de auditoría del Sector Público, independientemente de que el órgano de control no las haya incluido en su plan anual de control. Nuestro criterio sería la primera de las opciones planteadas, si bien esperamos que en un futuro el ICAC se pronuncie sobre esta cuestión que no ha quedado explicitada en la consulta que hoy analizamos.

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