Auditoría

Modificación del Código de Comercio, la Ley de sociedades de capital y la ley de auditoría de cuentas

El BOE publicó el sábado, 25 de noviembre, el Real Decreto Ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se “modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1 / 2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de Información no financiera y diversidad “.

Con esta norma, que entra en vigor al día siguiente de la publicación, se transpone al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2014/95 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34 / UE en cuanto a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.

La exposición de motivos del RDL efectúa una amplia descripción del contenido de la mencionada Directiva, haciendo hincapié en la importancia que confiere la misma a la divulgación de la información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales, con especial atención a las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su órgano de administración respecto a cuestiones como la edad, el sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesional. En el estado de información no financiera que deben preparar las empresas a las que es de aplicación la Directiva, y por tanto a las que será de aplicación según la normativa española modificada por el RDL, se pueden incluir referencias a medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el puesto de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de estas comunidades.

La modificación se efectúa en los siguientes términos, en cuanto a sus aspectos principales:

Las sociedades que, de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, tengan la consideración de entidades de interés público y que, además, formulen cuentas consolidadas deberán incluir en el informe de gestión consolidado del estado de información no financiera consolidado previsto en la legislación, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500.

b) Que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:

Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20 millones €.

Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones €

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no financiera si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos dos de los requisitos de la letra b) anterior, o cuando al cierre del ejercicio el número medio de trabajadores empleados no excediera de 500.

En los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución de un grupo de sociedades, la sociedad dominante está obligada a elaborar el estado de información no financiera consolidado cuando al cierre del primer ejercicio se cumplan, al menos, dos de las tres circunstancias mencionadas en el apartado b), siempre que al cierre del ejercicio se cumpla además el requisito previsto en el apartado a)

El estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal , al respeto de los derechos humanos ya la lucha contra la corrupción y el soborno, e incluirá:

.-Una breve descripción del modelo de negocio del grupo.

.-Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a estas cuestiones.

.-Los resultados de estas políticas.

.-Los principales riesgos relacionados con estas cuestiones vinculados a las actividades del grupo.

.-Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta

 

Se modifica la redacción sobre el Informe anual de gobierno corporativo, que queda redactada de la siguiente manera, en cuanto a la información a incluir:

“Descripción de la política de diversidad aplicada en relación con el consejo de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en que se han aplicado y los resultados en el período de presentación de informes, así como las medidas que, en su caso, haya acordado en este sentido la comisión de nombramientos. la política de diversidad comprenderá cuestiones como la formación y experiencia profesional, la edad, la discapacidad y el género, que se referirá a las medidas que, en su ‘caso, se hayan adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres “.

En caso de no aplicarse una política de este tipo, se deberá ofrecer una explicación al respecto.

Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida en la legislación de auditoría de cuentas, únicamente estarán obligadas a proporcionar información sobre las medidas que, en su caso, se hayan adoptado en materia de género “.

También se modifica la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en concreto el artículo 35 de la Ley, en el sentido que actualmente exige al auditor una opinión sobre si el contenido y presentación del informe de gestión es conforme con lo requerido por la normativa que sea aplicable, y se indicarán, en su caso, las incorrecciones materiales que se hubieran detectado.

El cambio consiste en que, como a partir de ahora se exige a las entidades de interés público, que el informe de gestión incluya un estado de información no financiera, la opinión del auditor sobre el informe de gestión no se extiende a este estado de información no financiera.

En este supuesto, el auditor deberá comprobar que esta información se ha facilitado en el informe anual de gobierno corporativo incorporado en el informe de gestión. En caso de que no fuera así, lo indicará en el informe de auditoría.

Las modificaciones introducidas por esta Ley serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. Los dos ejercicios computables, a efectos de lo dispuesto en los artículos 49.5.b) del Código de Comercio y 262.5.b) del texto refundido de la Ley de sociedades de capital serán el citado ejercicio 2017 y el inmediato anterior.

Consulta del ICAC sobre las auditorías de las sociedades públicas en el marco del RD de Control Interno de las Entidades del Sector Público Local.

El pasado 27 de septiembre, el ICAC ha emitido una consulta sobre el régimen de la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades de capital de titularidad municipal, en el marco del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local.

La propia Ley de Auditoría, en su disposición adicional segunda, ya regula el régimen de auditoría de las entidades del sector público, estableciendo en esencia lo siguiente:

– La Ley de auditoría no es de aplicación a las actividades de revisión y verificación de cuentas anuales que realizan los órganos de control de las Administraciones Públicas en el ejercicio de las competencias, que seguirán rigiéndose por su legislación específica.

– Los trabajos de colaboración de los auditores miembros del ROAC con las tareas de los órganos públicos de control, en ejecución de sus planes anuales de auditorías, se rigen también por su legislación específica, no resultando de aplicación la Ley de Auditoría .

– No obstante lo anterior, en aquellos casos en que los trabajos de colaboración con los órganos públicos de control incorporen la emisión de un informe de auditoría de cuentas para Atender exigencias de carácter sectorial o financiero (como por ejemplo , la concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros), el informe de auditoría se someterá a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, siempre y cuando no se trate de cuentas formuladas en base a la normativa contable del sector público.

– Los trabajos de auditoría realizados por auditores inscritos en el ROAC, sobre las cuentas anuales de sociedades mercantiles del sector público sujetos a la obligación de auditoría por la normativa mercantil, están sujetos a la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.

En definitiva, la normativa de auditoría define claramente los diferentes ámbitos de aplicación de la Ley de Auditoría de cuentas y de las normas de control financiero del Sector Público en cuanto al régimen aplicable a las sociedades mercantiles pertenecientes al sector público (estatal, autonómico o local).

En base a dicha normativa, el ICAC en esta consulta, concreta el siguiente:

– Las sociedades mercantiles municipales que tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría, de acuerdo con la normativa mercantil, estarán sujetas plenamente al régimen establecido en la Ley de Auditoría y la normativa que la desarrolla: normas de auditoría a aplicar, nombramiento de auditor, revocación e inscripción en el registro mercantil, etc., sin ninguna diferencia respecto a cualquier otra sociedad mercantil de titularidad privada.

– Las sociedades mercantiles municipales que no tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría y se incluyan en el plan anual de auditoría del órgano de control de la administración pública correspondiente, serán realizadas por este órgano de control con sujeción a las normas de auditoría del sector público.

 

No obstante, en esta consulta, el ICAC no se ha pronunciado expresamente sobre otra cuestión que sería la referida a la realización de auditorías voluntarias de sociedades públicas no obligadas a someter sus cuentas a auditoría de acuerdo con la normativa mercantil y que, por criterios de riesgo o de cobertura porcentual del presupuesto consolidado de la entidad local, no se haya considerado oportuno incluirlas en el plan de control del órgano público correspondiente. Sobre esta cuestión podría haber varias interpretaciones, considerando que estas auditorías voluntarias quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Auditoría (al igual que ocurre con las auditorías voluntarias de sociedades mercantiles de capital privado) o bien que éstas se sometan a las Normas de auditoría del Sector Público, independientemente de que el órgano de control no las haya incluido en su plan anual de control. Nuestro criterio sería la primera de las opciones planteadas, si bien esperamos que en un futuro el ICAC se pronuncie sobre esta cuestión que no ha quedado explicitada en la consulta que hoy analizamos.

Últimas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en referencia al nombramiento de auditores y los depósitos de cuentas.

Ha sido publicada la Resolución 11847 de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil VI de Valencia, por la que deniega la inscripción de nombramiento de auditor.

La DGRN debe determinar si se puede inscribir el nombramiento de auditor de una sociedad anónima obligada a auditoría, que ha nombrado auditor para Junta General una vez cerrado el ejercicio social correspondiente.

La registradora mercantil deniega la inscripción ya que el acuerdo se ha tomado el 30 de junio de 2017 y se refiere a los ejercicios 2016, 2107 y 2018.

El recurrente alega que, dado que la sociedad es una sociedad del Sector Público y que su socio se socio único, los requerimientos de la legislación sobre contratación pública hacen imposible los cumplimientos de los plazos previstos en la legislación mercantil y que siendo un socio único no hay intereses a proteger.

Reitera la DGRN que una vez cerrado el ejercicio social sin que la junta general haya designado auditor, cuando la sociedad está obligada a auditarse, la competencia para el nombramiento corresponde al registrador mercantil, sin que esta regla se vea alterada por el hecho de que la sociedad esté integrada en el sector público de la Administración y sea unipersonal

BOE-A-2017-11847

 

También ha sido publicada la Resolución 8590 de 21 de junio de 2017, de la Dirección General de Registros y Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil III de Valencia, por la que se suspende el depósito de cuentas de una entidad mercantil.

Nuevamente vuelve a plantearse la DGRN la cuestión de si pueden depositarse las Cuentas de una sociedad cuando el informe del auditor que las acompaña muestra una opinión denegada.

La DGRN manifiesta que, para determinar si es o no procedente el depósito de cuentas, se debe analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación sobre sociedades y si se respetan los derechos de los socios.

Una vez analizado cada una de las excepciones del informe, (por incumplimiento y por limitaciones al alcance), concluye que el auditor se abstiene de emitir opinión, pero de su contenido no resulta que las limitaciones que señala puedan llegar a tener la trascendencia de cerrar el registro.

En conclusión, la DGRN reitera que no se puede rechazar el depósito de unas cuentas anuales acompañados de un informe de auditoría con opinión denegada cuando el contenido del informe proporciona información relevante para socios y terceros.

BOE-A-2017-8590

 

Proyecto de ley de contratos del sector público

El pasado día 27 de julio la Comisión de Hacienda y Función Pública aprobó el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por lo que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014. el Proyecto de Ley, que ya incorpora enmiendas al texto publicado en el Boletín Oficial del Congreso (BOCD) el día 2 de diciembre de 2016, continúa ahora su tramitación en el Senado.

En nuestra newsletter del mes de diciembre de 2016 hacíamos una breve explicación de aquellos aspectos más destacados que contiene el texto publicado en el BOCD . El texto remitido al Senado para continuar con su tramitación se puede consultar en el link:

 

Proyecto LCSP

Nueva norma tecnica de la igae sobre informe de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoria de cuentas

Mediante Resolución de 1 de junio de 2017 de la IGAE (intervención General de la Administración del Estado), se ha aprobado la Norma técnica sobre informes de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoría de cuentas anuales.

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos de la IGAE y de acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP), los Informes de Auditoría de Cuentas emitidos bajo normas públicas, vienen acompañados de un informe adicional que tiene como fin la mejora de la gestión de los recursos públicos, a través de la formulación de recomendaciones de control interno y de la puesta de manifiesto del grado de cumplimiento de la legalidad, con un alcance y objetivos más amplios y extensos que el que normalmente corresponde a una auditoría de cuentas.

Esta norma técnica se produce en el marco  el proceso de confluencia de las NASP con Normas Internacionales de auditoría aplicables en España (NIA-ES), y concretamente por adaptación de la NIA-ES 265 “Comunicación de la deficiencias de control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad”.

Los cambios más relevantes con respecto a la Norma anterior son, en síntesis los siguientes:

  1. a) Definición más precisa de la naturaleza , el ámbito y el objeto de aplicación de este informe adicional y determinación más clara de la coordinación con otros trabajos que puedan tener puntos comunes como el control financiero permanente y el resto de las auditorías públicas, de operativa y de cumplimiento.
  2. b) Estructuración de dos partes independientes que tiene como objetivo vertebrar las recomendaciones de control interno, tomando como base la NIA-ES 265, y los incumplimientos de la legalidad.
  3. c) Coordinación con la Norma Técnica de Informes de auditoría de Cuentas Anuales, tanto en contenido como en estructura, así como el establecimiento de criterios de tratamiento de la información en ambos informes.
  4. d) Consideración del Informe de Recomendaciones e Informe Adicional como una fuente de información, para la obtención de aquellos aspectos y cuestiones que puedan mejorar la gestión, de los informes globales y generales.
  5. e) Fijación de unos modelos de informe de formato obligatorio.

La Norma Técnica ahora aprobada se estructura en los siguientes apartados:

  • Ámbito de aplicación y objeto.
  • La estructura y contenido del informe.
  • La tramitación del informe.
  • La fecha y firma del informe
  • La modelización de informes; además, se establece un anexo donde se presentan distintos modelos y ejemplos de informes y otro anexo que sistematiza la valoración de las alegaciones a efectos de dejar evidencia en los papeles de trabajo.

Publicación del real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el control interno de las entidades del sector público local.

Con la publicación el pasado 12 de mayo de 2017 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el control interno de las entidades del Sector Público Local, se da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 213 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)

Continua

¿Cuándo debe reconocerse un activo contingente en el balance?

En el último BOICAC, (nº 108), se ha publicado una consulta sobre el tratamiento contable de una indemnización recibida en un proceso judicial a raíz de una sentencia dictada en primera instancia y que ha sido recurrida por la parte demandada.

Continua

FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT

El diario oficial de la Generalitat de Catalunya núm 7340 de fecha 30 de marzo de 2017, publica la Ley 5/2017 de 28 de marzo de medidas fiscales y administrativas del sector público, que en uno de sus apartados, regula de manera explícita el Régimen de las Fundaciones del Sector Público de la Generalitat aportando, por tanto, una clarificación necesaria de estas entidades que hasta el momento no figuraban definidas dentro del marco jurídico público de la Generalitat.

La Ley establece cinco aspectos relevantes que afectan a estas entidades, haciendo especial mención a las Fundaciones centradas en la investigación agrupadas como centros CERCA. Los aspectos desarrollados son los siguientes:

  • Concepto y actividades de las fundaciones del sector público
  • Régimen Jurídico de las fundaciones del sector público
  • Disolución de las fundaciones del sector público
  • Control económico de las fundaciones del sector público
  • Régimen jurídico de los centros CERCA y de la fundación ICREA
  • Modificación de la ley 7/2011 con relación a los centros CERCA

 

Concepto y actividades de las fundaciones del sector público

Son fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat las fundaciones que cumplen alguna de las condiciones siguientes condiciones:

  1. a) Que el patrimonio de la fundación sea integrado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por la Administración de la Generalitat, o cualquiera de las entidades de su sector público.
  2. b) Que la mayoría absoluta de los derechos de voto en el patronato corresponda a la Administración de la Generalitat, o en las entidades de su sector público, o en cargos que los representen.

Son actividades propias de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat las hechas sin ánimo de lucro para el cumplimiento de finalidades de interés general, independientemente de si el servicio se presta gratuitamente o por medio de una contraprestación económica.

Las actividades de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat deben ser complementarias o coadyuvantes de las actividades que corresponden competencialmente a los departamentos de la Administración o a las entidades del sector público, sin que ello comporte la asunción de estas competencias, a menos que se determine expresamente. En cualquier caso, las fundaciones mencionadas no pueden ejercer potestades administrativas.

 


 

Régimen Jurídico de las fundaciones del sector público

El régimen de adscripción de las fundaciones del sector público es el establecido por la normativa de régimen jurídico de carácter básico.

Es aplicable a las fundaciones adscritas al sector público de la Generalitat el régimen de transparencia establecido por la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y las que están adscritas se rigen por esta ley, por el libro tercero del Código civil de Cataluña y por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las materias en que les sea aplicable el ordenamiento jurídico público de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

Las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y las que quedan adscritas se sujetan al régimen presupuestario, de contabilidad, económicofinanciero y de control de la Generalitat.

El régimen de contratación es el establecido por la normativa de contratos del sector público, y se rigen por la normativa de patrimonio de la Generalitat de Catalunya en aquello que les es aplicable.

El personal al servicio de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y de las que están adscritas se rige por el derecho laboral y por las normas de derecho público aplicables al personal laboral del sector público de la Generalitat, incluidas las que sean establecidas por la normativa presupuestaria.

Disolución de las fundaciones del sector público

Sin perjuicio de lo que establece el libro tercero del Código civil de Catalunya, en los procesos de disolución de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat, el acuerdo de disolución abre el periodo de liquidación de manera automática, y ésta se lleva a cabo mediante la cesión global de activos y pasivos a favor de la Administración de la Generalitat, o de las entidades de su sector público. Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, la liquidación se puede llevar a cabo mediante la realización del patrimonio.

Control económico de las fundaciones del sector público

Sin perjuicio de las funciones del protectorado legalmente establecidas por el libro tercero del Código civil de Catalunya y por la Ley 21/2014, del 29 de diciembre, corresponde a la Intervención General de la Generalitat ejercer el control económicofinanciero de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y de las que están adscritas, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa pública.

Las funciones de protectorado se llevan a cabo sin perjuicio de la supervisión continua y el control de eficacia que ejerzan los órganos establecidos por reglamento.

Régimen jurídico de los centros CERCA y de la fundación ICREA

Los regímenes aplicables a los centros Cerca del sector público de la Administración de la Generalitat que tengan naturaleza jurídica de fundación y la fundación ICREA son los que están de acuerdo con la singular autonomía de gestión de estos centros y fundación, legalmente establecida.


 

Modificación de la ley 7/2011 con relación a los centros CERCA

Se añade un apartado, el 7, en el artículo 67 de la Ley 7/2011, con el siguiente texto:

«7. Los centros Cerca constituidos bajo la figura jurídica de fundación, que consolidan su presupuesto con la Administración de la Generalitat y que están inscritos en el Registro del sector público de la Generalitat de Catalunya, a los efectos de la acreditación de su capacidad financiera, cuando les sea requerida en la participación en las acciones de fomento europeas del Programa marco de investigación e innovación, son considerados integrados dentro del sector público de la Generalitat.»

Modificaciones de las condiciones para presentar cuentas abreviadas

El artículo 1 del RD 602/2016, de 2 de diciembre, incorpora variaciones en las condiciones establecidas para calcular los límites para presentar cuentas anuales abreviadas en aquellas empresas que forman parte de un grupo, sea este objeto de consolidación contable o no.
Este artículo modifica y por lo tanto afecta a:

  • El Plan General de Contabilidad aprobado por RD 1514/2007
    • El Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas aprobado por RD 1515/2007
    • Las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por RD 1159/2010
    • Las Normas de Adaptación al Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro aprobadas por RD 1491/2011.

Continua

La revisión de precios de los contratos del Sector Público después de la entrada en vigor del Real decreto 55/2017

La Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española, estableció un nuevo régimen de actualización de valores monetarios. La política de desindexación obedece a la necesidad de actuar contra los perjuicios asociados al uso indiscriminado de la indexación, mecanismo que consiste en vincular la evolución de un valor monetario a la de un índice de precios. Este real decreto tiene por objeto el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, con respecto a las revisiones de valores monetarios motivadas por variaciones de costes, dentro de la habilitación dispuesta en los artículos 4 y 5 de esta ley. Se enmarca asimismo en la habilitación otorgada por el artículo 89 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre en la redacción dada por el apartado tres la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo. En particular, el artículo 4.3 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, remite al desarrollo reglamentario el establecimiento de los principios generales que rigen todas las revisiones valores monetarios motivadas por variaciones de costes, así como los criterios para la interpretación de los principios de eficiencia y buena gestión empresarial en los supuestos susceptibles de revisión, los supuestos en los que puede aprobarse un régimen de revisión periódica y predeterminada en función de precios individuales o índices específicos de precios, las directrices para el diseño de una fórmula en las revisiones periódicas y predeterminadas, los componentes de costes que se incluirán en las fórmulas de revisión periódica y predeterminada, los supuestos y límites para la traslación de los costes de mano de obra al valor monetario sujeto a revisión periódica y predeterminada y, finalmente, los componentes de la fórmula que incentiven el comportamiento eficiente.

Adicionalmente, el artículo 5.1 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, establece que se desarrollará por real decreto el contenido mínimo de la memoria económica prevista para los regímenes de revisión periódica no predeterminada y de revisión no periódica. En este ámbito, el objetivo del Real Decreto es regular unos contenidos mínimos para esta memoria que permitan justificar y verificar la oportunidad de este tipo de revisión.

Por su parte, el artículo 89.2 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, en la redacción dada por la disposición final tercera de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, condiciona la revisión periódica y predeterminada de los contratos a lo que prevé el desarrollo reglamentario de la Ley 2/2015.

 

Las principales modificaciones son:

 

Artículo 9- Revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos del sector público diferentes a los contratos de obras y los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas

 

 

  1. Los precios contenidos en los contratos del sector público a los que es de aplicación el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, distintos a los contratos de obras y los contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, sólo podrán ser objeto de revisión periódica y predeterminada.
  2. Procede la revisión periódica y predeterminada de estos precios, transcurridos dos años desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe, cuando concurran acumulativamente las siguientes circunstancias:
  3. a) Que el período de recuperación de la inversión del contrato sea igual o superior a cinco años, justificado conforme al criterio establecido en el artículo 10.
  4. b) Que así esté previsto en los pliegos, que deberán detallar la fórmula de revisión aplicable.

A estos efectos, en la memoria que acompañe al expediente de contratación, el órgano de contratación deberá justificar el carácter recurrente de la variación de los diferentes componentes de coste a considerar en la fórmula de revisión de precios, el cumplimiento de los principios y límites contenidos en los artículos 3, 4, 5 y 7, así como el periodo de recuperación de la inversión del contrato. Deberá justificarse asimismo que los índices elegidos son aquellos que, con la mayor desagregación posible de entre los disponibles al público, mejor reflejen la evolución del componente de coste susceptible de revisión en cuestión.

Cuando se utilice una fórmula tipo aprobada por el Consejo de Ministros, sólo se exigirá la justificación del período de recuperación de la inversión.

  1. En los contratos de gestión de servicios públicos, la condición relativa al porcentaje de ejecución del contrato no es exigible a los efectos de proceder a la revisión periódica y predeterminada.
  2. Para que pueda producirse la revisión periódica y predeterminada, los pliegos deben especificar, al menos:
  3. a) Un desglose de los componentes de coste de la actividad objeto del contrato, y la ponderación de cada uno de ellos sobre el precio del contrato.
  4. b) Los precios individuales o índices de precios específicos asociados a cada componente de coste susceptible de revisión.
  5. c) El mecanismo de incentivo de eficiencia, en su caso, contemplado en el artículo 7, de este Real Decreto.

No será exigible la especificación de las cuestiones contenidas en las letras a), b) y c) anteriores, en caso de que se utilice una fórmula tipo aprobada por el Consejo de Ministros.

  1. La revisión no podrá tener lugar transcurrido el periodo de recuperación de la inversión del contrato.
  2. Cuando para un determinado tipo de contrato haya una fórmula tipo de revisión, aprobada por el Consejo de Ministros, el órgano de contratación deberá incluir esta fórmula en los pliegos.

En caso de que no haya fórmula tipo, el órgano de contratación justificará el cumplimiento del principio de eficiencia y buena gestión empresarial mencionada en el artículo 4, según lo dispuesto en los apartados 7 y 8.

  1. Para los contratos con un precio igual o superior a cinco millones de euros, el órgano de contratación incluirá en el expediente de contratación un informe preceptivo valorativo de la estructura de costes, emitido por el Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

A estos efectos, el órgano de contratación:

  1. a) Solicitar a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes.
  2. b) Elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba de los operadores económicos mencionados en la letra anterior.
  3. c) Someter su propuesta de estructura de costes a un trámite de información pública por un plazo de 20 días. En caso de que se presenten alegaciones en este trámite, el órgano de contratación debe valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.

En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación podrá optar por incluir este trámite de información como parte de lo previsto en el apartado 3 del artículo 128 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

  1. d) Enviar su propuesta de estructura de costes al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

El Comité Superior de Precios de Contratos del Estado deberá evacuar el informe preceptivo en un plazo no superior a veinte días, a contar desde el día siguiente a la recepción de la propuesta de estructura de costes mencionada en la letra d) anterior. En caso de que el Comité considere que la información remitida no es suficiente o requiera alguna aclaración, puede solicitar al órgano proponente información adicional. Este requerimiento suspende el plazo de evacuación del informe hasta que no haya respuesta del órgano de contratación.

En el caso de las comunidades autónomas y de las entidades locales, así como de los organismos y entidades dependientes, este informe podrá ser solicitado al órgano autonómico consultivo en materia de contratación pública, si existiera. En caso contrario, debe ser recaudado del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.

En todo caso, el órgano de contratación comunicará a efectos informativos al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente, la estructura de costes incluida en el pliego.

  1. Para los contratos con un precio inferior a cinco millones de euros, el órgano de contratación solicitará a cinco operadores económicos del sector la remisión de su estructura de costes. El órgano de contratación debe elaborar una propuesta de estructura de costes de la actividad. Para ello utilizará, siempre que sea posible, la información de las respuestas que reciba. La propuesta de estructura de costes será sometida a un trámite de información pública por un plazo de 20 días, con carácter previo a la aprobación de los pliegos.

En caso de que se presenten alegaciones en este trámite, el órgano de contratación debe valorar su aceptación o rechazo de forma motivada en la memoria.

En el caso de los contratos de concesión de obra pública, el órgano de contratación podrá optar por incluir este trámite de información como parte de lo previsto en el apartado 3 del artículo 128 del texto refundido de la Ley de Contratos del sector Público, aprobado por Real Decreto legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.

El órgano de contratación comunicará a efectos informativos al Comité Superior de Precios de Contratos del Estado y, en su caso, al órgano autonómico consultivo correspondiente, la estructura de costes incluida en el pliego.

 

Artículo 10 Período de recuperación de la inversión de los contratos

  1. Se entiende por período de recuperación de la inversión del contrato aquel en el que previsiblemente puedan recuperar las inversiones realizadas para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en el contrato, incluidas las exigencias de calidad y precio para los usuarios, en su caso, y se permita al contratista la obtención de un beneficio sobre el capital invertido en condiciones normales de explotación.

La determinación del período de recuperación de la inversión del contrato deberá basarse en parámetros objetivos, en función de la naturaleza concreta del objeto del contrato. Las estimaciones deben realizarse sobre la base de predicciones razonables y, siempre que sea posible, basadas en fuentes estadísticas oficiales.

  1. Se define el período de recuperación de la inversión del contrato como el mínimo valor de n para el que se cumple la siguiente desigualdad, habiéndose realizado todas las inversiones para la correcta ejecución de las obligaciones previstas en el contrato:

 

 

donde: 1

t son los años medidos en números enteros.

FCT es el flujo de caja esperado del año t, definido como la suma de lo siguiente:

  1. a) El flujo de caja procedente de las actividades de explotación, que es la diferencia entre los cobros y los pagos ocasionados por las actividades que constituyen la principal fuente de ingresos del contrato, teniendo en cuenta tanto las contraprestaciones abonadas por los usuarios como por la Administración, así como para otras actividades que no puedan ser calificadas como de inversión y financiación.

 

El flujo de caja procedente de las actividades de explotación comprenderá, entre otros, cobros y pagos derivados de cánones y tributos, excluyendo aquellos que graben el beneficio del contratista.

  1. b) El flujo de caja procedente de las actividades de inversión, que es la diferencia entre los cobros y pagos que tienen su origen en la adquisición de activos no corrientes y otros activos equivalentes, tales como inmovilizados intangibles (entre ellos, derechos de uso de propiedad industrial o intelectual, concesiones administrativas o aplicaciones informáticas), materiales o inversiones inmobiliarias, así como los cobros procedentes de su enajenación.

Aunque no se prevea su efectiva enajenación en el momento de realizar las proyecciones, se incluirá como cobro procedente de las actividades de inversión el valor residual de los activos, entendido como el importe que se podría recuperar el término del contrato o bien de la vida útil del elemento patrimonial, en caso de que ésta finalice con anterioridad, ya sea para su venta en el mercado o por otros medios.

Para determinar el valor residual se analizarán las características de los elementos patrimoniales, como su vida útil, usos alternativos, movilidad y divisibilidad.

FCT no incluirá cobros y pagos derivados de actividades de financiación.

La estimación de los flujos de caja se realizará sin considerar las actualizaciones de los valores monetarios que componen FCT.

b es la tasa de descuento, el valor será el rendimiento medio en el mercado secundario de la deuda del Estado a diez años en los últimos seis meses incrementado en un diferencial de 200 puntos básicos. Se tomará como referencia para el cálculo de este rendimiento medio los últimos datos disponibles publicados por el Banco de España en el Boletín del mercado de deuda pública.

El instrumento de deuda y el diferencial que sirven de base al cálculo de la tasa de descuento podrán ser modificados por orden del ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado, para adaptarlo a los términos y condiciones de riesgo y rentabilidad observadas en los contratos del sector público.

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