Auditoría

Programa del seminario “Control Interno en la Administración local” previsto para marzo de 2018

Adjuntamos el programa del seminario “El Control Interno en la Administración local” que tendrá lugar en Madrid los días 14, 15 y 16 de marzo de 2018, patrocinado por Faura-Casas, y en el que participa nuestro socio Pere Ruiz Espinós como ponente.

Este seminario va dirigido a interventores, secretarios-interventores y, en general, a cualquier empleado público con responsabilidad en las áreas de control interno, control financiero y auditoria de las entidades públicas.

Programa seminario Control Interno – Marzo 2018

Modificación del Código de Comercio, la Ley de sociedades de capital y la ley de auditoría de cuentas

El BOE publicó el sábado, 25 de noviembre, el Real Decreto Ley 18/2017, de 24 de noviembre, por el que se “modifican el Código de Comercio, el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1 / 2010, de 2 de julio, y la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas, en materia de Información no financiera y diversidad “.

Con esta norma, que entra en vigor al día siguiente de la publicación, se transpone al ordenamiento jurídico interno la Directiva 2014/95 / UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2014, por la que se modifica la Directiva 2013/34 / UE en cuanto a la divulgación de información no financiera e información sobre diversidad por parte de determinadas grandes empresas y determinados grupos.

La exposición de motivos del RDL efectúa una amplia descripción del contenido de la mencionada Directiva, haciendo hincapié en la importancia que confiere la misma a la divulgación de la información no financiera, como pueden ser los factores sociales y medioambientales, con especial atención a las políticas de diversidad de competencias y puntos de vista que apliquen a su órgano de administración respecto a cuestiones como la edad, el sexo, la discapacidad, o la formación y experiencia profesional. En el estado de información no financiera que deben preparar las empresas a las que es de aplicación la Directiva, y por tanto a las que será de aplicación según la normativa española modificada por el RDL, se pueden incluir referencias a medidas adoptadas para garantizar la igualdad de género, la aplicación de convenios fundamentales de la Organización Internacional del trabajo, las condiciones de trabajo, el diálogo social, el respeto del derecho de los trabajadores a ser informados y consultados, el respeto de los derechos sindicales, la salud y seguridad en el puesto de trabajo y el diálogo con las comunidades locales y las medidas adoptadas para garantizar la protección y el desarrollo de estas comunidades.

La modificación se efectúa en los siguientes términos, en cuanto a sus aspectos principales:

Las sociedades que, de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, tengan la consideración de entidades de interés público y que, además, formulen cuentas consolidadas deberán incluir en el informe de gestión consolidado del estado de información no financiera consolidado previsto en la legislación, siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500.

b) Que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las siguientes circunstancias:

Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20 millones €.

Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40 millones €

Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a 250.

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no financiera si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos dos de los requisitos de la letra b) anterior, o cuando al cierre del ejercicio el número medio de trabajadores empleados no excediera de 500.

En los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución de un grupo de sociedades, la sociedad dominante está obligada a elaborar el estado de información no financiera consolidado cuando al cierre del primer ejercicio se cumplan, al menos, dos de las tres circunstancias mencionadas en el apartado b), siempre que al cierre del ejercicio se cumpla además el requisito previsto en el apartado a)

El estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, así como relativas al personal , al respeto de los derechos humanos ya la lucha contra la corrupción y el soborno, e incluirá:

.-Una breve descripción del modelo de negocio del grupo.

.-Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a estas cuestiones.

.-Los resultados de estas políticas.

.-Los principales riesgos relacionados con estas cuestiones vinculados a las actividades del grupo.

.-Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta

 

Se modifica la redacción sobre el Informe anual de gobierno corporativo, que queda redactada de la siguiente manera, en cuanto a la información a incluir:

“Descripción de la política de diversidad aplicada en relación con el consejo de administración, incluyendo sus objetivos, las medidas adoptadas, la forma en que se han aplicado y los resultados en el período de presentación de informes, así como las medidas que, en su caso, haya acordado en este sentido la comisión de nombramientos. la política de diversidad comprenderá cuestiones como la formación y experiencia profesional, la edad, la discapacidad y el género, que se referirá a las medidas que, en su ‘caso, se hayan adoptado para procurar incluir en el consejo de administración un número de mujeres que permita alcanzar una presencia equilibrada de mujeres y hombres “.

En caso de no aplicarse una política de este tipo, se deberá ofrecer una explicación al respecto.

Las entidades pequeñas y medianas, de acuerdo con la definición contenida en la legislación de auditoría de cuentas, únicamente estarán obligadas a proporcionar información sobre las medidas que, en su caso, se hayan adoptado en materia de género “.

También se modifica la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, en concreto el artículo 35 de la Ley, en el sentido que actualmente exige al auditor una opinión sobre si el contenido y presentación del informe de gestión es conforme con lo requerido por la normativa que sea aplicable, y se indicarán, en su caso, las incorrecciones materiales que se hubieran detectado.

El cambio consiste en que, como a partir de ahora se exige a las entidades de interés público, que el informe de gestión incluya un estado de información no financiera, la opinión del auditor sobre el informe de gestión no se extiende a este estado de información no financiera.

En este supuesto, el auditor deberá comprobar que esta información se ha facilitado en el informe anual de gobierno corporativo incorporado en el informe de gestión. En caso de que no fuera así, lo indicará en el informe de auditoría.

Las modificaciones introducidas por esta Ley serán de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017. Los dos ejercicios computables, a efectos de lo dispuesto en los artículos 49.5.b) del Código de Comercio y 262.5.b) del texto refundido de la Ley de sociedades de capital serán el citado ejercicio 2017 y el inmediato anterior.

Consulta del ICAC sobre las auditorías de las sociedades públicas en el marco del RD de Control Interno de las Entidades del Sector Público Local.

El pasado 27 de septiembre, el ICAC ha emitido una consulta sobre el régimen de la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades de capital de titularidad municipal, en el marco del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local.

La propia Ley de Auditoría, en su disposición adicional segunda, ya regula el régimen de auditoría de las entidades del sector público, estableciendo en esencia lo siguiente:

– La Ley de auditoría no es de aplicación a las actividades de revisión y verificación de cuentas anuales que realizan los órganos de control de las Administraciones Públicas en el ejercicio de las competencias, que seguirán rigiéndose por su legislación específica.

– Los trabajos de colaboración de los auditores miembros del ROAC con las tareas de los órganos públicos de control, en ejecución de sus planes anuales de auditorías, se rigen también por su legislación específica, no resultando de aplicación la Ley de Auditoría .

– No obstante lo anterior, en aquellos casos en que los trabajos de colaboración con los órganos públicos de control incorporen la emisión de un informe de auditoría de cuentas para Atender exigencias de carácter sectorial o financiero (como por ejemplo , la concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros), el informe de auditoría se someterá a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, siempre y cuando no se trate de cuentas formuladas en base a la normativa contable del sector público.

– Los trabajos de auditoría realizados por auditores inscritos en el ROAC, sobre las cuentas anuales de sociedades mercantiles del sector público sujetos a la obligación de auditoría por la normativa mercantil, están sujetos a la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.

En definitiva, la normativa de auditoría define claramente los diferentes ámbitos de aplicación de la Ley de Auditoría de cuentas y de las normas de control financiero del Sector Público en cuanto al régimen aplicable a las sociedades mercantiles pertenecientes al sector público (estatal, autonómico o local).

En base a dicha normativa, el ICAC en esta consulta, concreta el siguiente:

– Las sociedades mercantiles municipales que tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría, de acuerdo con la normativa mercantil, estarán sujetas plenamente al régimen establecido en la Ley de Auditoría y la normativa que la desarrolla: normas de auditoría a aplicar, nombramiento de auditor, revocación e inscripción en el registro mercantil, etc., sin ninguna diferencia respecto a cualquier otra sociedad mercantil de titularidad privada.

– Las sociedades mercantiles municipales que no tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría y se incluyan en el plan anual de auditoría del órgano de control de la administración pública correspondiente, serán realizadas por este órgano de control con sujeción a las normas de auditoría del sector público.

 

No obstante, en esta consulta, el ICAC no se ha pronunciado expresamente sobre otra cuestión que sería la referida a la realización de auditorías voluntarias de sociedades públicas no obligadas a someter sus cuentas a auditoría de acuerdo con la normativa mercantil y que, por criterios de riesgo o de cobertura porcentual del presupuesto consolidado de la entidad local, no se haya considerado oportuno incluirlas en el plan de control del órgano público correspondiente. Sobre esta cuestión podría haber varias interpretaciones, considerando que estas auditorías voluntarias quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Auditoría (al igual que ocurre con las auditorías voluntarias de sociedades mercantiles de capital privado) o bien que éstas se sometan a las Normas de auditoría del Sector Público, independientemente de que el órgano de control no las haya incluido en su plan anual de control. Nuestro criterio sería la primera de las opciones planteadas, si bien esperamos que en un futuro el ICAC se pronuncie sobre esta cuestión que no ha quedado explicitada en la consulta que hoy analizamos.

Últimas resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en referencia al nombramiento de auditores y los depósitos de cuentas.

Ha sido publicada la Resolución 11847 de 21 de septiembre de 2017, de la Dirección General de Registros y del Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación de la registradora mercantil VI de Valencia, por la que deniega la inscripción de nombramiento de auditor.

La DGRN debe determinar si se puede inscribir el nombramiento de auditor de una sociedad anónima obligada a auditoría, que ha nombrado auditor para Junta General una vez cerrado el ejercicio social correspondiente.

La registradora mercantil deniega la inscripción ya que el acuerdo se ha tomado el 30 de junio de 2017 y se refiere a los ejercicios 2016, 2107 y 2018.

El recurrente alega que, dado que la sociedad es una sociedad del Sector Público y que su socio se socio único, los requerimientos de la legislación sobre contratación pública hacen imposible los cumplimientos de los plazos previstos en la legislación mercantil y que siendo un socio único no hay intereses a proteger.

Reitera la DGRN que una vez cerrado el ejercicio social sin que la junta general haya designado auditor, cuando la sociedad está obligada a auditarse, la competencia para el nombramiento corresponde al registrador mercantil, sin que esta regla se vea alterada por el hecho de que la sociedad esté integrada en el sector público de la Administración y sea unipersonal

BOE-A-2017-11847

 

También ha sido publicada la Resolución 8590 de 21 de junio de 2017, de la Dirección General de Registros y Notariado, en el recurso interpuesto contra la nota de calificación del registrador mercantil III de Valencia, por la que se suspende el depósito de cuentas de una entidad mercantil.

Nuevamente vuelve a plantearse la DGRN la cuestión de si pueden depositarse las Cuentas de una sociedad cuando el informe del auditor que las acompaña muestra una opinión denegada.

La DGRN manifiesta que, para determinar si es o no procedente el depósito de cuentas, se debe analizar si con el informe aportado se cumple o no con la finalidad prevista por la legislación sobre sociedades y si se respetan los derechos de los socios.

Una vez analizado cada una de las excepciones del informe, (por incumplimiento y por limitaciones al alcance), concluye que el auditor se abstiene de emitir opinión, pero de su contenido no resulta que las limitaciones que señala puedan llegar a tener la trascendencia de cerrar el registro.

En conclusión, la DGRN reitera que no se puede rechazar el depósito de unas cuentas anuales acompañados de un informe de auditoría con opinión denegada cuando el contenido del informe proporciona información relevante para socios y terceros.

BOE-A-2017-8590

 

Proyecto de ley de contratos del sector público

El pasado día 27 de julio la Comisión de Hacienda y Función Pública aprobó el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por lo que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014. el Proyecto de Ley, que ya incorpora enmiendas al texto publicado en el Boletín Oficial del Congreso (BOCD) el día 2 de diciembre de 2016, continúa ahora su tramitación en el Senado.

En nuestra newsletter del mes de diciembre de 2016 hacíamos una breve explicación de aquellos aspectos más destacados que contiene el texto publicado en el BOCD . El texto remitido al Senado para continuar con su tramitación se puede consultar en el link:

 

Proyecto LCSP

Nueva norma tecnica de la igae sobre informe de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoria de cuentas

Mediante Resolución de 1 de junio de 2017 de la IGAE (intervención General de la Administración del Estado), se ha aprobado la Norma técnica sobre informes de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoría de cuentas anuales.

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos de la IGAE y de acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP), los Informes de Auditoría de Cuentas emitidos bajo normas públicas, vienen acompañados de un informe adicional que tiene como fin la mejora de la gestión de los recursos públicos, a través de la formulación de recomendaciones de control interno y de la puesta de manifiesto del grado de cumplimiento de la legalidad, con un alcance y objetivos más amplios y extensos que el que normalmente corresponde a una auditoría de cuentas.

Esta norma técnica se produce en el marco  el proceso de confluencia de las NASP con Normas Internacionales de auditoría aplicables en España (NIA-ES), y concretamente por adaptación de la NIA-ES 265 “Comunicación de la deficiencias de control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad”.

Los cambios más relevantes con respecto a la Norma anterior son, en síntesis los siguientes:

  1. a) Definición más precisa de la naturaleza , el ámbito y el objeto de aplicación de este informe adicional y determinación más clara de la coordinación con otros trabajos que puedan tener puntos comunes como el control financiero permanente y el resto de las auditorías públicas, de operativa y de cumplimiento.
  2. b) Estructuración de dos partes independientes que tiene como objetivo vertebrar las recomendaciones de control interno, tomando como base la NIA-ES 265, y los incumplimientos de la legalidad.
  3. c) Coordinación con la Norma Técnica de Informes de auditoría de Cuentas Anuales, tanto en contenido como en estructura, así como el establecimiento de criterios de tratamiento de la información en ambos informes.
  4. d) Consideración del Informe de Recomendaciones e Informe Adicional como una fuente de información, para la obtención de aquellos aspectos y cuestiones que puedan mejorar la gestión, de los informes globales y generales.
  5. e) Fijación de unos modelos de informe de formato obligatorio.

La Norma Técnica ahora aprobada se estructura en los siguientes apartados:

  • Ámbito de aplicación y objeto.
  • La estructura y contenido del informe.
  • La tramitación del informe.
  • La fecha y firma del informe
  • La modelización de informes; además, se establece un anexo donde se presentan distintos modelos y ejemplos de informes y otro anexo que sistematiza la valoración de las alegaciones a efectos de dejar evidencia en los papeles de trabajo.

Publicación del real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el control interno de las entidades del sector público local.

Con la publicación el pasado 12 de mayo de 2017 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el control interno de las entidades del Sector Público Local, se da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 213 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)

Continua

¿Cuándo debe reconocerse un activo contingente en el balance?

En el último BOICAC, (nº 108), se ha publicado una consulta sobre el tratamiento contable de una indemnización recibida en un proceso judicial a raíz de una sentencia dictada en primera instancia y que ha sido recurrida por la parte demandada.

Continua

FUNDACIONES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA GENERALITAT

El diario oficial de la Generalitat de Catalunya núm 7340 de fecha 30 de marzo de 2017, publica la Ley 5/2017 de 28 de marzo de medidas fiscales y administrativas del sector público, que en uno de sus apartados, regula de manera explícita el Régimen de las Fundaciones del Sector Público de la Generalitat aportando, por tanto, una clarificación necesaria de estas entidades que hasta el momento no figuraban definidas dentro del marco jurídico público de la Generalitat.

La Ley establece cinco aspectos relevantes que afectan a estas entidades, haciendo especial mención a las Fundaciones centradas en la investigación agrupadas como centros CERCA. Los aspectos desarrollados son los siguientes:

  • Concepto y actividades de las fundaciones del sector público
  • Régimen Jurídico de las fundaciones del sector público
  • Disolución de las fundaciones del sector público
  • Control económico de las fundaciones del sector público
  • Régimen jurídico de los centros CERCA y de la fundación ICREA
  • Modificación de la ley 7/2011 con relación a los centros CERCA

 

Concepto y actividades de las fundaciones del sector público

Son fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat las fundaciones que cumplen alguna de las condiciones siguientes condiciones:

  1. a) Que el patrimonio de la fundación sea integrado en más de un 50% por bienes o derechos aportados o cedidos por la Administración de la Generalitat, o cualquiera de las entidades de su sector público.
  2. b) Que la mayoría absoluta de los derechos de voto en el patronato corresponda a la Administración de la Generalitat, o en las entidades de su sector público, o en cargos que los representen.

Son actividades propias de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat las hechas sin ánimo de lucro para el cumplimiento de finalidades de interés general, independientemente de si el servicio se presta gratuitamente o por medio de una contraprestación económica.

Las actividades de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat deben ser complementarias o coadyuvantes de las actividades que corresponden competencialmente a los departamentos de la Administración o a las entidades del sector público, sin que ello comporte la asunción de estas competencias, a menos que se determine expresamente. En cualquier caso, las fundaciones mencionadas no pueden ejercer potestades administrativas.

 


 

Régimen Jurídico de las fundaciones del sector público

El régimen de adscripción de las fundaciones del sector público es el establecido por la normativa de régimen jurídico de carácter básico.

Es aplicable a las fundaciones adscritas al sector público de la Generalitat el régimen de transparencia establecido por la Ley 19/2014, del 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.

Las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y las que están adscritas se rigen por esta ley, por el libro tercero del Código civil de Cataluña y por el ordenamiento jurídico privado, sin perjuicio de las materias en que les sea aplicable el ordenamiento jurídico público de acuerdo con lo dispuesto en los apartados siguientes.

Las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y las que quedan adscritas se sujetan al régimen presupuestario, de contabilidad, económicofinanciero y de control de la Generalitat.

El régimen de contratación es el establecido por la normativa de contratos del sector público, y se rigen por la normativa de patrimonio de la Generalitat de Catalunya en aquello que les es aplicable.

El personal al servicio de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y de las que están adscritas se rige por el derecho laboral y por las normas de derecho público aplicables al personal laboral del sector público de la Generalitat, incluidas las que sean establecidas por la normativa presupuestaria.

Disolución de las fundaciones del sector público

Sin perjuicio de lo que establece el libro tercero del Código civil de Catalunya, en los procesos de disolución de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat, el acuerdo de disolución abre el periodo de liquidación de manera automática, y ésta se lleva a cabo mediante la cesión global de activos y pasivos a favor de la Administración de la Generalitat, o de las entidades de su sector público. Excepcionalmente, y por causas debidamente justificadas, la liquidación se puede llevar a cabo mediante la realización del patrimonio.

Control económico de las fundaciones del sector público

Sin perjuicio de las funciones del protectorado legalmente establecidas por el libro tercero del Código civil de Catalunya y por la Ley 21/2014, del 29 de diciembre, corresponde a la Intervención General de la Generalitat ejercer el control económicofinanciero de las fundaciones del sector público de la Administración de la Generalitat y de las que están adscritas, así como velar por el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normativa pública.

Las funciones de protectorado se llevan a cabo sin perjuicio de la supervisión continua y el control de eficacia que ejerzan los órganos establecidos por reglamento.

Régimen jurídico de los centros CERCA y de la fundación ICREA

Los regímenes aplicables a los centros Cerca del sector público de la Administración de la Generalitat que tengan naturaleza jurídica de fundación y la fundación ICREA son los que están de acuerdo con la singular autonomía de gestión de estos centros y fundación, legalmente establecida.


 

Modificación de la ley 7/2011 con relación a los centros CERCA

Se añade un apartado, el 7, en el artículo 67 de la Ley 7/2011, con el siguiente texto:

«7. Los centros Cerca constituidos bajo la figura jurídica de fundación, que consolidan su presupuesto con la Administración de la Generalitat y que están inscritos en el Registro del sector público de la Generalitat de Catalunya, a los efectos de la acreditación de su capacidad financiera, cuando les sea requerida en la participación en las acciones de fomento europeas del Programa marco de investigación e innovación, son considerados integrados dentro del sector público de la Generalitat.»

Modificaciones de las condiciones para presentar cuentas abreviadas

El artículo 1 del RD 602/2016, de 2 de diciembre, incorpora variaciones en las condiciones establecidas para calcular los límites para presentar cuentas anuales abreviadas en aquellas empresas que forman parte de un grupo, sea este objeto de consolidación contable o no.
Este artículo modifica y por lo tanto afecta a:

  • El Plan General de Contabilidad aprobado por RD 1514/2007
    • El Plan General de Contabilidad de pequeñas y medianas empresas aprobado por RD 1515/2007
    • Las Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobadas por RD 1159/2010
    • Las Normas de Adaptación al Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines de lucro aprobadas por RD 1491/2011.

Continua

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