Jurídico

Las nuevas Órdenes Ministeriales de 19 de mayo por las que se aprueban nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales.

En fecha 25 de mayo de 2017 se publicaron en el BOE dos nuevas Órdenes, la JUS/470/2017 y la JUS/471/2017, ambas de 19 de mayo. La primera de ellas aprueba el nuevo modelo para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación mientras que la segunda, aprueba los nuevos modelos abreviados y de PYMES para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación. La diferencia está en que la Orden JUS/470/2017 aprueba el nuevo modelo de presentación de cuentas anuales consolidadas, mientras que la Orden JUS/471/2017 aprueba el modelo abreviado y de PYMES.

La Orden JUS/470/2017 contiene tres anexos: el Anexo I que establece el modelo de presentación de las cuentas anuales consolidadas junto con sus instrucciones de cumplimentación, el Anexo II que recoge el formato de los depósitos digitales y el Anexo III que contiene la definición de los test de errores.El modelo de cuentas anuales consolidadas que aprueba esta nueva Orden tiene una doble modalidad, según se utilice para la presentación en el tradicional soporte en papel o bien en soporte electrónico (también denominado informático o digital), facilitando la presentación por vía telemática. Continua

Presentación de la Guía Práctica para la ejecución de Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos por la APDCAT.

El pasado 19 de junio la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) celebró la jornada Nuevas herramientas para la Protección de Datos, a menos de un año de la Plena Aplicación del Reglamento Europeo, en la cual se presentó la primera versión de la Guía para la Ejecución de Evaluaciones de Impacto de Protección de Datos en Empresas, Administraciones Públicas e Instituciones.

 

La Evaluación de Impacto de Protección de Datos, o EIPD, es el nombre que recibe el proceso de evaluación que se requiere realizar antes de iniciar las operaciones de tratamiento de datos personales que pueden suponer una avaluación sistemática y exhaustiva de aspectos personales de personas, tratamiento de categorías especiales de datos a gran escala o la observación sistemática a gran escala de zonas de acceso público.

Con el objetivo de determinar y aplicar los medios que deben utilizarse para tratar los datos personales enfocándose en la gestión de los riesgos para los derechos y libertades fundamentales de las personas, la APDCAT proporciona esta primera versión de guía para realizar la EIPD con la finalidad de que los sujetos obligados puedan extraer en un informe y cumplir con el principio de responsabilidad proactiva (capacidad de demostrar el cumplimiento de la norma, o accountability) las características del tratamiento evaluado y las decisiones tomadas para mitigar los riesgos a través de seis fases: análisis de la necesidad de realizar la evaluación de impacto, descripción sistemática de las operaciones de tratamiento, evaluación de la necesidad y proporcionalidad de las operaciones de tratamiento, gestión de los riesgos, informe de evaluación de impacto y la supervisión de la implantación y revisión del tratamiento respecto a la EIPD.

Para más información, haga clic aquí para acceder a la Guía Práctica de Evaluación de Impacto relativa a la protección de datos (actualmente solo en  catalán).

Contratación y convenios en materia de salud en la ley de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2017

En fecha 30 de marzo de 2017 se publicó en el DOGC la Ley 4/2017, de 28 de marzo, de presupuestos de la Generalitat de Catalunya para el 2017, dedicando una disposición adicional, concretamente la sesenta y uno, a la contratación y convenios en materia de salud. Continua

Orden JUS/221/2017, de 9 de marzo, sobre legalización en formato electrónico de los libros de fundaciones de competencia estatal

La presente orden tiene por objeto regular el sistema de legalización de libros en formato electrónico para las fundaciones de competencia estatal. El sistema de legalización electrónica será exigible a los libros que sean presentados correspondientes al ejercicio 2017 y siguientes. Los libros deberán ser presentados para su legalización por vía electrónica en el Registro de Fundaciones de competencia estatal, a través de la sede electrónica del Ministerio de Justicia, antes de que transcurran los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre de cada ejercicio.

 

La solicitud de legalización, deberá estar firmada electrónicamente por la persona debidamente facultada para ello, debiendo reunir los requisitos del artículo 44 del Reglamento del Registro de Fundaciones de competencia estatal.

 

Los libros a legalizar en cada ejercicio serán: el Libro diario, el Libro de actas que podrá ser único y el Libro de planes de actuación y de cuentas anuales de las fundaciones del ejercicio precedente. En tal caso, será necesario que en cada uno de dichos libros conste la fecha de apertura y cierre del ejercicio.

 

Las firmas de quienes autorizan la presentación de los libros para su legalización, así como la relación de firmas generadas e incorporadas a los libros, deberán reunir los requisitos establecidos en la legislación vigente en materia de firma electrónica avanzada, basada en certificados electrónicos cualificados, emitidos por Prestadores de Servicios de Confianza Cualificados, reconocidos y publicados como tales por el Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital.

 

Las solicitudes de legalizaciones de libros correspondientes al ejercicio de 2016 que se presenten a partir de la entrada en vigor de la presente orden podrán realizarse tanto en papel como electrónicamente.

 

Más información:

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El gobierno aprueba el libro VI del código civil y culmina el proceso de codificación catalana

La publicación, el pasado 22 de febrero, del Libro VI del Código Civil, conlleva la conclusión y el broche definitivo a la compilación civil foral por la que Cataluña decidió asumir sus competencias en virtud de las atribuciones adquiridas por su Estatuto de Autonomía. Así, con la plena entrada en vigor, a fecha 1 de enero de 2018, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, relativa a las obligaciones y contratos, por la que se modifican a su vez los libros primero, tercero, cuarto y quinto del Código Civil Catalán, se pasa a la sustitución íntegra del derecho común estatal respecto de aquellos intervinientes que gozaren o hubieren adquirido la vecindad civil catalana. No obstante, a los contratos suscritos con anterioridad a los de la aludida promulgación, les serán de sujeción las disposiciones que estuvieran vigentes al momento de su otorgamiento, de conformidad con las reglas que informan su régimen transitorio.

Valga añadir, que la regulación por la que apuesta el legislador catalán viene a transponer en parte los principios que el ordenamiento privado comunitario ya estableció en su día en materia contractual, y que pretenden dotar de una mayor transparencia y rigor los actos jurídicos efectuados por los particulares en el devenir de sus relaciones negociales. Buena muestra de ello, resultan las novedades introducidas en el marco de los contratos de compraventa, sobre los que se apuesta por una regulación unificada, lejos del paralelismo que los diferenciaba entre la general y las de consumo y destacando la eventual consideración de que, en lo sucesivo, quepa la posibilidad concebir a una persona jurídica como usuaria de tales bienes.

Se intensifican las obligaciones impuestas a cada una de las partes y se re-define el concepto de conformidad, por la que se pretende asegurar que el bien entregado al comprador se corresponda con lo pactado, no solo según las estipulaciones que fruto del ejercicio de la autonomía de la voluntad pudieran ser consensuadas por las partes, sino a los criterios propuestos amparados legalmente. Adicionalmente, se excluye la responsabilidad del vendedor por falta de conformidad en los supuestos en que la contraparte la conociere o no pudiera ignorarla.

A mayor abundamiento, la norma viene a incorporar especialidades relativas a la compraventa inmobiliaria ya prefiguradas en la práctica notarial y registral autonómica y perfila el concepto de ventaja injusta a fin de evitar posibles situaciones de abuso entre los otorgantes.

Entre los aspectos igualmente introducidos, destaca asimismo la regularización de otras figuras afines como la calificación autónoma del contrato de permuta o del contrato de mandato; ahora focalizado en el ámbito de los de servicios y, en particular, de gestión. Tipos contractuales como los aleatorios, los contratos de cooperación o la reglamentación del contrato de alimentos son al mismo tiempo objeto de una tipicidad detallada y de una abolición normativa que los desarrollaba en leyes especiales.

En definitiva, cabe señalar que con la promulgación de la presente, además de las sentadas bases, se acomete la sustitución normativa del Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña y no así su derogación, atendiendo a la significación que el antedicho texto supuso en el panorama legislativo catalán, obedeciendo el nuevo Código a un carácter abierto y de formación sucesiva que podría precisar desarrollos posteriores.

Premio de la Protección de datos en el diseño

La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha convocado la 5ª edición del Premio “Protección de Datos en el diseño” con el objetivo de dotar de reconocimiento a las aplicaciones y soluciones tecnológicas que durante su diseño han tenido en cuenta la normativa de protección de datos. Se trata, en definitiva, de premiar las aplicaciones o sistemas que mejoren la implementación de las medidas de seguridad, faciliten el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de protección de datos, refuercen el control de las personas sobre su propia información y en general, faciliten la gestión de la privacidad.

El periodo de presentación de solicitudes fine el próximo día 15 de marzo y, como novedad, es la primera convocatoria con dotación económica. Para más información podéis dirigiros al siguiente enlace

Protocolo de pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por alumnos y residentes en ciencias de la salud

El pasado 6 de febrero se publicó en el BOE la Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud.

El citado protocolo pretende conciliar (i) el derecho a la protección de datos, (ii) la disponibilidad del sistema sanitario para la docencia y formación graduada, especializada e investigadora y (iii) el incremento de presencia de alumnos y residentes que entran en contacto con los pacientes y sus datos de salud.

Su ámbito de aplicación abarca los Centros sanitarios del Sistema Nacional de Salud (SNS); los Centros sanitarios privados que colaboran (concierto u otras formas de gestión indirecta) con el SNS en la asistencia, docencia o investigación; y en las Entidades sanitarias privadas acreditadas para la formación en ciencias de al salud.

En líneas generales regula aspectos tales como la presencia de personal en formación (diferenciando alumnos en prácticas de los residentes) a las consultas médicas, el acceso a la historia clínica para uso asistencial, de investigación y/o docencia, así como la garantía de la confidencialidad y formación en esta materia.

Para consultar el texto completo: enlace

Aprobación de los criterios que tienen que regir el plan de actuación inspectora de fundaciones para el año 2017

El pasado 16 de diciembre de 2016 se publicó en el “Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya” la resolución JUS/2815/2016, por la cual se aprueban  los criterios que tienen que regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones para el año 2017. Continua

Programa público de analítica de datos para la investigación y la innovación en salud en Cataluña – PADRIS

El pasado 12 de Enero, la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries (AQuAS), perteneciente al Departamento de Salud, presentó en el Auditorio del Paranimfo de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona el Programa público de análisis de datos para la investigación e innovación en salud en Catalunya, PADRIS, con previsión operativa hacia  el 2020, el cual tiene como misión la puesta a disposición a comunidad científica de datos sanitarios para impulsar la investigación, innovación y evaluación en salud mediante el acceso a la reutilización y cruce de los datos sanitarios generados por el sistema sanitario integral de utilización pública de Cataluña (SISCAT). Para llegar a dicho objetivo, el AQuAS, que ostentará el papel de puerta de entrada única al Programa, ha definido como principios éticos para regir la definición del PADRIS y la actuación del ente el respeto a las personas, solidaridad de paciente a paciente a través de la aportación de sus datos previamente anonimizadas, eficiencia, transparencia, investigación responsable, protección de los datos personales y justicia, en referencia a la priorización de los proyectos con objetivo de resolver problemas relevantes de salud, especialmente el de las poblaciones más vulnerables. Continua

Derecho de separación del socio en caso de falta de distribución de dividendos

El próximo 1 de enero de 2017, excepto que se apruebe una nueva modificación de la normativa que regula las sociedades de capital, finaliza la suspensión de los efectos del artículo 348 bis de la Ley de Sociedades de Capital (Real decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio) establecida por el Real decreto-Ley 11/2014, de 5 de septiembre, de medidas urgentes en materia concursal, que modificó la disposición transitoria del texto refundido de la citada Ley de Sociedades de Capital (LSC).

Este precepto regula el derecho de separación del socio de una sociedad limitada o sociedad anónima no cotizada que, a partir del quinto ejercicio a contar desde la inscripción en el Registro Mercantil de la sociedad, haya votado a favor de la distribución de los beneficios sociales en el supuesto de que la Junta General no haya acordado la distribución como dividendo, de al menos, un tercio de los beneficios propios de la explotación del objeto social, que sean legalmente repartibles, obtenidos durante el ejercicio anterior.

El plazo para el ejercicio del derecho de separación será de un mes a contar desde la fecha en que se hubiera celebrado la Junta General ordinaria de socios.

El objetivo de este precepto está claro, ampliar las garantías de los socios minoritarios respecto su derecho de participar en el reparto de las ganancias de la sociedad (art. 93 LSC) frente a los socios mayoritarios, y en consecuencia, en ningún caso se podrá establecer estatutariamente una renuncia a este derecho.

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