Novedades en la jubilación activa de los trabajadores autónomos

Una de las modificaciones que ha establecido la Ley 6/2017, de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, es la mejora de la jubilación activa para los trabajadores autónomos que cumpliendo con los requisitos legales establecidos en el artículo 214 de la Ley General de la Seguridad Social, de acceso a la jubilación con la edad ordinaria que, en cada caso, resulte de aplicación, y que el porcentaje aplicable a la base reguladora a efectos de determinar la cuantía de la pensión sea ​​el 100%. Si acredita que tiene contratado, al menos, a un trabajador por cuenta, el importe de la jubilación activa será a partir 26 de octubre de 2017, el 100% del importe de la pensión en lugar del 50% que estaba regulado hasta esta fecha de publicación de la disposición.

La norma no regula expresamente el carácter retroactivo de esta mejora para los trabajadores autónomos que ya se encontraran en situación de jubilación activa y que cumplan el requisito de tener al menos contratado a un trabajador. Sin embargo un reciente criterio del Instituto Nacional de la Seguridad Social ha establecido que esta mejora resulta aplicable tanto a los nuevos solicitantes de la pensión como también aquellos pensionistas anteriores de jubilación activa que cumpliendo los requisitos previstos, soliciten el incremento de la pensión al 100%.

El acceso a la nueva mejora del 100% para los jubilados activos anteriores no se realiza de oficio, y debe efectuarse a instancias del propio trabajador autónomo mediante la solicitud del modelo oficial que la Entidad Gestora ha establecido al efecto.

Proceso legal para ser autónomo y asalariado en el mismo sector

Ser trabajador por cuenta ajena, y a su vez ser autónomo en el mismo sector, es posible. Pero requiere de cierto procedimiento administrativo  para hacerlo compatible.

De cara a la Seguridad Social  no hay ningún inconveniente, bastaría con darse de alta en el régimen de pluriactividad y facturar todos los trabajos que se realicen por cuenta propia, ya que no existe impedimento desde el punto de vista fiscal.

El problema es de tipo laboral, ya que el empleado puede que haya firmado en el contrato de trabajo una  cláusula de exclusividad;  si  se firma un contrato que incluya este  tipo de cláusula  no se podría trabajar por cuenta propia en el mismo sector.

En el caso de que el trabajador tuviera firmada una cláusula de exclusividad con la empresa podría librarse de ella anunciándolo con 30 días de antelación y renunciando a la compensación económica que se tuviera por haber firmado dicha cláusula.

Ahora bien, a pesar de ello, o en los casos en que en el contrato no se ha contemplado dicha cláusula de exclusividad,  habría que tener una autorización de la empresa para poder realizar la actividad como autónomo en el mismo sector. Ya que se puede considerar competencia desleal, uno de los principales motivos de despido procedente actuales.

Obligatoriedad de incorporacion de los autonomos en el sistema red

Desde Tesorería General de la Seguridad Social  se está produciendo paulatinamente la entrada en vigor de la obligatoriedad de la incorporación al sistema Red de todos los Regímenes de la Seguridad Social, para la realización de trámites y como medio para las notificaciones telemáticas; así, a partir de Enero 2018, una vez publicada la Orden Ministerial correspondiente, se establecerá la obligatoriedad de incorporación al sistema Red del Régimen de autónomos.

Con tal de anticiparnos a este proceso, y atenuar en la medida de lo posible este proceso, aconsejamos a nuestros clientes que tengan empleados incluidos en este colectivo anticiparnos a este proceso mediante:

Asignación a  nuestra autorización RED del Número de Afiliación de la totalidad de los  clientes que estén dados de alta en el Régimen de Autónomos a través del  certificado digital (por ejemplo, ‘AC FNMT Usuarios’); el registro en ‘Cl@ve’ y activación de su contraseña; o la aportación de la contraseña del DNI electrónico (es necesario disponer de un lector de este tipo de tarjetas).

Dado  que esta incorporación al Sistema RED, implicará su obligatoriedad a la Notificación Telemática de la Seguridad Social,  es muy importante tener informados  correctamente tanto el número de teléfono móvil, como la dirección de correo electrónico para la correcta recepción de los avisos de puesta disposición de las notificaciones.

Ampliación de las entidades a las que no se aplica la duración máxima del contrato por obra o servicio en los casos de contratos para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.

El pasado 7 de octubre se publicó el Real Decreto-ley 14/2017, de 6 de octubre, por el que se aprueba la reactivación extraordinaria y por tiempo limitado del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

En el citado RDL, entre otras disposiciones se modificó la disposición adicional vigesimotercera de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, Tecnología y la Innovación, que por su importancia en el sector es objetivo de este artículo.

Hasta la fecha de entrada en vigor (el 8 de octubre de 2017), de la modificación ahora establecida, el precepto indicaba que no era de aplicación lo dispuesto en el artículo 15.1.a) del Estatuto de los trabajadores, en materia de duración máxima del contrato por obra o servicio a los contratos para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica. Es decir no operaba el límite de los tres años ampliable hasta doce meses más por convenio colectivo, cuando la entidad contratante fuese alguna de las siguientes:

  1. Los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y los Organismos de investigación de otras Administraciones Públicas.
  2. Las Universidades públicas, únicamente cuando sean perceptoras de fondos cuyo destino incluya la contratación de personal investigador o para el desarrollo de sus programas propios de I + D + i.
  3. El Museo Nacional del Prado, la Biblioteca Nacional de España (BNE), el Instituto de Patrimonio Cultural de España (IPCE), la Filmoteca Española, adscrita al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, los museos y archivos de titularidad y gestión estatal, la Dirección General del Instituto Geográfico Nacional, el Centro Nacional de Información Geográfica, y las Reales Academias y Academias Asociadas vinculadas con el Instituto de España, tendrán la condición de agentes de ejecución.

La novedad aportada por este RDL, es la ampliación de las entidades a las que les és de aplicación la operatividad del límite de los 3 años. Concretamente se añade un párrafo a la citada DA23 indicando:

La excepción expresada en esta disposición se aplicará únicamente a las Administraciones públicas, organismos públicos, universidades públicas y otras entidades del sector público consideradas agentes de ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación de acuerdo con el artículo 3.4* de esta ley, que formalicen contratos temporales para la realización de proyectos específicos de investigación científica y técnica.”

Esta novedad viene a dar cobertura a entidades que por su naturaleza y características no eran consideradas organismos públicos, aunque realizaban actividades idénticas a estos la realización y soporte a las actividades científicas, técnicas o de innovación.

* Son agentes de ejecución las entidades públicas y privadas que realicen o den soporte a la investigación científica y técnica o a la innovación.

Decreto-ley 4/2017, de 18 de julio, de modificación del régimen de mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas.

El pasado 7 de septiembre se publicó el Decreto-ley 4/2017, en el que entre otras medidas se regulan de mejoras de la prestación económica de incapacidad temporal del personal al servicio de la Administración de la Generalidad, de su sector público y de las universidades públicas catalanas.

Se recogen en el texto los nuevos supuestos  excepcionales  que  permiten  la percepción   de   un complemento de mejora retributiva  hasta  el 100% de las  retribuciones y una refundición de todos los supuestos. Algunos  de  estos  nuevos  supuestos tienen como finalidad la protección de la salud de la mujer en situaciones especialmente vulnerables, como la situación de incapacidad temporal que derive de un tratamiento de reproducción asistida o del periodo de lactancia, o la situación de incapacidad temporal por interrupción  voluntaria  del  embarazo  en  el  primer  trimestre  de  gestación  por  inducción  farmacológica.  Asimismo,  se  protege  la  situación  del  personal  con  discapacidad,  en  concreto,  cuando  se  encuentre  en  la  situación  de  incapacidad  temporal  derivada de enfermedades que han sido causa de discapacidad de grado igual o superior al 33%.

Se recoge,  asimismo,  la  situación  de  incapacidad  temporal  derivada  de  exploraciones diagnósticas  invasivas,  como  endoscopias,  colonoscopias,  gastroscopias,  fibroscopias,  cateterismos y otras exploraciones similares. Y, finalmente, se amplían los supuestos de enfermedades consideradas especialmente graves más allá de los procesos oncológicos, incluyendo una lista de enfermedades que tienen el tratamiento de enfermedades graves y/o sujetas a declaración obligatoria.

La justificación de esta medida es la necesidad de dar la máxima protección a estas situaciones de incapacidad temporal garantizando el cien por ciento de las retribuciones, y evitar de esta manera que una merma de las retribuciones agrave la situación personal y  familiar  de  los afectados.

Finalmente, en la disposición transitoria se prevé, en relación con los nuevos supuestos excepcionales, cuando la situación de incapacidad temporal se haya iniciado antes de la entrada en vigor de este Decreto-ley, los empleados públicos tendrán derecho a que se les reconozca el complemento hasta el 100% de las retribuciones a partir de la fecha de entrada en vigor.

Modificaciones en materia fiscal, laboral y seguridad social, introducidas por la Ley de Presupuestos del Estado para 2017

Una vez publicada la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, es el momento de hacer un análisis de las modificaciones y las medidas más significativas incorporadas para 2017.

Novedades fiscales:

En cuanto a la imposición directa la única modificación la encontramos en los incrementos en los límites y porcentajes de deducciones aplicables a las inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.

En cuanto a la tributación indirecta se incorpora parcialmente la reclamación del sector cultural de disminución del tipo de IVA aplicable, pasando a tributar al tipo reducido del 10% los espectáculos culturales en vivo así como los servicios mixtos con hostelería.

Otro aspecto a destacar con repercusiones fiscales es el mantenimiento, respecto al año 2016, del interés legal del dinero y el interés de demora en el 3,00% y 3,75% respectivamente.

Por último, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscal al mecenazgo, se establecen las actividades prioritarias de mecenazgo y los acontecimientos de excepcional interés público.

 

Novedades laborales y de seguridad social

Se establecen los importes del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) para el 2017, que quedan fijados en 17,93 euros diarios, 537,84 euros mensuales y 6.454,03 euros anuales. En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM, la cuantía anual será de 7.519,59 euros, salvo que la  norma expresamente excluyera las pagas extraordinarias, en el que el importe de referencia será de 6.454,03 euros.

Se aprueban los límites máximos y mínimos de las bases de cotización, que se establecen en 3.751,20 euros y 825,60 euros mensuales respectivamente en el Régimen General, y en 3.751,20 euros y 919,20 euros en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con las particularidades específicas de bases de cotización para los trabajadores mayores de 47 años.

Se aplaza hasta el 1 de enero de 2019 la entrada en vigor de las modificaciones del Estatuto del trabajo autónomo que permitirá la realización de actividad a tiempo parcial.

Se amplía la consideración como período de cotización al 100% del salario no reducido, a los trabajadores que reduzcan su jornada para cuidar de una persona con discapacidad durante el primer año (dos primeros años si la persona con discapacidad es menor a 12 años).

Se mantienen de forma general las ayudas y bonificaciones previstas en anteriores presupuestos, bonificación del 50% en la cotización a la Seguridad Social por cambio de puesto de trabajo, enfermedad profesional, riesgo durante el embarazo o lactancia, y las medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería.

Moratoria Seguridad Social 2017

Tal como ya avanzamos en un artículo anterior, la Ley de presupuestos para el 2017 ha regulado la moratoria en el pago de las deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro.

Concretamente la disposición adicional séptima de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, establece que los instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria, podrán solicitar a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la carencia concedida a veintitrés años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales.

Com a novedad en relación a ejercicios anteriores, se ha añadido a la disposición adicional un último párrafo que prevé la extinción de la moratoria en los casos de aquellas instituciones sanitarias que sean declaradas en concurso de acreedores.

Nueva instrucción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en materia de control del tiempo de trabajo (1/2017)

Como consecuencia de las recientes sentencias del Tribunal Supremo de 23 de marzo y 20 de abril de 2017, ya comentadas en artículos anteriores; la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha dictado una nueva Instrucción, por la que considera que el art. 35.5 Estatuto de los Trabajadores no exige a la empresa la obligación de llevar un registro de la jornada diaria efectiva de toda la plantilla para poder comprobar el cumplimiento de los horarios pactados, y que, por tanto, la ausencia de ese registro no sería sancionable.

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El Tribunal Supremo sienta doctrina en lo relativo a las indemnizaciones en la Administración, por la rescisión de contrato por la cobertura reglamentaria de la plaza.

Tras la llamada de atención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal Supremo ha dictado una sentencia de 28 de marzo de 2017, que sienta doctrina en lo relativo a las indemnizaciones que han de recibir estos trabajadores cuando son despedidos porque la plaza que ocupaban estaba en la lista de plazas convocadas en unas oposiciones y no son ellos quienes la ocupan.

Continua

Moratoria seguridad social 2017

El pasado jueves, 6 de abril, el Boletín Oficial del Congreso publicaba el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2017, en el que se incluye una propuesta de disposición adicional relativa a la moratoria en el pago de las deudas con la Seguridad Social de instituciones sanitarias de titularidad de las administraciones públicas o de instituciones sin ánimo de lucro. Continua

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