Sector público

Modificaciones en materia fiscal, laboral y seguridad social, introducidas por la Ley de Presupuestos del Estado para 2017

Una vez publicada la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2017, es el momento de hacer un análisis de las modificaciones y las medidas más significativas incorporadas para 2017.

Novedades fiscales:

En cuanto a la imposición directa la única modificación la encontramos en los incrementos en los límites y porcentajes de deducciones aplicables a las inversiones en producciones cinematográficas, series audiovisuales y espectáculos en vivo de artes escénicas y musicales.

En cuanto a la tributación indirecta se incorpora parcialmente la reclamación del sector cultural de disminución del tipo de IVA aplicable, pasando a tributar al tipo reducido del 10% los espectáculos culturales en vivo así como los servicios mixtos con hostelería.

Otro aspecto a destacar con repercusiones fiscales es el mantenimiento, respecto al año 2016, del interés legal del dinero y el interés de demora en el 3,00% y 3,75% respectivamente.

Por último, y de acuerdo con lo establecido en la Ley 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos e incentivos fiscal al mecenazgo, se establecen las actividades prioritarias de mecenazgo y los acontecimientos de excepcional interés público.

 

Novedades laborales y de seguridad social

Se establecen los importes del IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) para el 2017, que quedan fijados en 17,93 euros diarios, 537,84 euros mensuales y 6.454,03 euros anuales. En los supuestos en que la referencia al salario mínimo interprofesional ha sido sustituida por la referencia al IPREM, la cuantía anual será de 7.519,59 euros, salvo que la  norma expresamente excluyera las pagas extraordinarias, en el que el importe de referencia será de 6.454,03 euros.

Se aprueban los límites máximos y mínimos de las bases de cotización, que se establecen en 3.751,20 euros y 825,60 euros mensuales respectivamente en el Régimen General, y en 3.751,20 euros y 919,20 euros en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, con las particularidades específicas de bases de cotización para los trabajadores mayores de 47 años.

Se aplaza hasta el 1 de enero de 2019 la entrada en vigor de las modificaciones del Estatuto del trabajo autónomo que permitirá la realización de actividad a tiempo parcial.

Se amplía la consideración como período de cotización al 100% del salario no reducido, a los trabajadores que reduzcan su jornada para cuidar de una persona con discapacidad durante el primer año (dos primeros años si la persona con discapacidad es menor a 12 años).

Se mantienen de forma general las ayudas y bonificaciones previstas en anteriores presupuestos, bonificación del 50% en la cotización a la Seguridad Social por cambio de puesto de trabajo, enfermedad profesional, riesgo durante el embarazo o lactancia, y las medidas de apoyo a la prolongación del período de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería.

Aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat

Tal y como ya anunciábamos recientemente, en el Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya del pasado 6 de julio se ha publicado ORDEN VEH / 137/2017, de 29 de junio, por la que se aprueba el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat de Catalunya. El nuevo Plan contable será aplicable al sector público de la Generalitat de Catalunya a partir del ejercicio contable que se inicia el día 1 de enero de 2018.

Puede consultar el texto completo en el siguiente enlace: Plan general de contabilidad pública de la Generalitat de Catalunya

Objetivos de estabilidad presupuestaria y Fijación de las tasas de referencia de la Regla del Gasto para el período 2018-2020

El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha publicado los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el período 2018-2020, aprobados el pasado 3 de julio por el Consejo de Ministros. Estos objetivos se remitirán al Congreso y al Senado para su aprobación definitiva.

Como aspectos más significativos de estos objetivos, cabe destacar:

  • Se prevé un objetivo de déficit del 2,2% del PIB en 2018, del 1,3% del PIB para el 2019 y del 0,5% para 2020.
  • Para las Administraciones territoriales, se prevé que las Comunidades Autónomas alcancen el equilibrio presupuestario en 2019.
  • El techo de gasto del Estado para el 2018 aumentará en 1.497 millones de euros, hasta alcanzar los 119.834 millones de euros.
  • La Seguridad Social irá reduciendo de manera más moderada su déficit hasta situarlo en el 0,5% del PIB en 2020.
  • En cuanto a los objetivos de deuda pública se han fijado en los siguientes porcentajes sobre el PIB:
Administración 2018 2019 2020
Central 70,9 69,7 67,7
Autonómica 24,0 23,1 22,3
Local 2,7 2,6 2,5
Total 97,6 95,4 92,5

 

Asimismo , a efectos del cumplimiento de la regla del gasto, se ha establecido la tasa de referencia de crecimiento del PIB de la economía española. La variación del gasto computable nominal de la Administración Central, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales no podrá superar esta tasa de referencia en este periodo, siguiendo la Ley Orgánica de Estabilidad y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, siendo las Tasas de referencia nominales (% variación anual) las siguientes:

  2018 2019 2020
Taxa de referència 2,4 % 2,7 % 2,8 %

 

Próxima aprobación del nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat de Catalunya

Delimitación del ámbito subjetivo de aplicación al Sector Público

Según ha informado públicamente la Interventora General de la Generalidad de Cataluña, próximamente se aprobará la Orden por la que se aprueba el nuevo Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat de Catalunya (PGCPGC) que se prevé entre en vigor el primero de enero del 2018. Este nuevo Plan de Contabilidad Pública pondrá fin a una situación de transitoriedad en el régimen contable del sector público de la Generalitat, que presentaba una situación heterogénea respecto al sector público estatal, que ya dispone de un nuevo Plan desde 2010, así como también respecto el sector público local, que en el año 2014 aprobó también un nuevo Plan contable. Por el contrario, el régimen contable de la Generalitat se fundamentaba aún en el Plan General de Contabilidad Pública de la Generalitat del año 1996, por tanto, muy anterior al proceso de reforma contable que se ha llevado a cabo en los últimos años, tanto el sector privado, como en el sector público, en el marco de armonización en las Normas Internacionales de Contabilidad. Continua

Publicación del real decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el control interno de las entidades del sector público local.

Con la publicación el pasado 12 de mayo de 2017 del Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el control interno de las entidades del Sector Público Local, se da cumplimiento al mandato establecido en el artículo 213 del texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, modificado por la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL)

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Artículo de Joan B. Casas en La Vanguardia: “Gestión pública y retos sociales”.

El pasado 8 de mayo, Joan B. Casas Onteniente, socio fundador de Faura-Casas y Decano del Colegio de Economistas de Catalunya, redactó el artículo en La Vanguardia: “Gestión pública y retos sociales”, en referencia a la gestión de los presupuestos públicos.

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Entrada en vigor de las Directivas Europeas de Contratación Pública 2014/24/UE y 2014/23/UE de 26 de febrero de 2014.

El pasado 18 de abril de 2016, entraron en vigor las nuevas directivas de Contratación Pública con efecto directo sobre el Estado Espanyol. Hemos comentado en alguna ocasión las novedades de estas directivas de forma que en el presente documento queremos incorporar las novedades sobre la materia.

Teniendo presente que a fecha de la presente nota informativa, no existe normativa interna que haya incorporado las modificaciones efectuadas por estas directivas, consideramos imprescindible conocer las interpretaciones efectuadas por los órganos consultivos, con objeto de clarificar un aspecto todavía no regulado en nuestro ordenamiento jurídico. Así pues, nuestro objetivo en este tabla es proporcionar las referencias de las recomendaciones e informes efectuados por las Juntas Consultivas de Contratación, tanto en el ámbito del Estado Español cómo en el ámbito catalán.

Por un lado, en fecha 1 de marzo de 2016, los Tribunales Administrativos de Contratación Pública elaboraron un documento de trabajo en el que se establecen los efectos jurídicos de esta transposición directa de la normativa europea, detallando en sus anejas Y e II las modificaciones (o no, en aquellos casos en que el TRLCSP es más riguroso y por lo tanto no hay modificación) existentes para cada uno de los artículos de las directivas. El anexo Y lo hace respete la directiva 2014/24/UE de contratación pública y el anexo II en relación a la directiva 2014/23/UE de concesiones.

Así mismo, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado dictó Recomendación en fecha 15 de marzo de 2016, publicada en el BOE de 17 de marzo. En este caso, el órgano consultivo detalla las modificaciones que implica la entrada en vigor de las normas según el tipo contractual a aplicar. En una lectura del documento se aprecia que, si bien la interpretación del derecho nacional tiene que efectuarse de acuerdo con las citadas directivas, en el decurso del documento se refiere, de manera exclusiva, a aquellos contratos que se encuentren Sujetos en Regulación Armonizada por razón de su cuantía.

Finalmente, el Informe 1/2016, de 6 de abril de 2016 emitido por la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Catalunya, orienta a los órganos de contratación sobre aquellas disposiciones que no necesitan transposición por ser de aplicación directa y los artículos que necesitan de transposición por parte de los estados miembros. El documento detalla del mismo modo que el documento de trabajo de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública, artículo por artículo, y comentando aquellos aspectos que suponen novedad respeto la normativa vigente en el derecho interno.

En una primera lectura de todos los documentos indicados se podrá comprobar que en algunos casos, no coincide el punto de vista de uno y otro órgano consultivo, de forma que consideramos que nos encontraremos en un estado de incertidumbre hasta que el Estado Espanyol adapte la normativa de Contratación Pública a estas nuevas disposiciones europeas.

Para más información, podéis consultar:

Documento de Trabajo de los Tribunales Administrativos de Contratación Pública:

http://www.obcp.es/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.documentos_Documento_final__ESTUDIO_aplicacion_directa_de_las_Directivas_b43ec509%232E%23pdf/chk.a1819767e7f5371f26dd16ff0f1edcf3

Recomendación Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado de 16 de marzo de 2016:

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-2700

Informe 1/2016, de 6 de abril de 2016, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de Catalunya:

http://www10.gencat.net/ecofin_jcca/idr/docs/Informe%201-2016-CP-cast.pdf

 

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Orden HAP/2846/2015, de 29 de diciembre, por la cual se publican los límites de los diferentes tipos de contratos a efectos de la contratación del sector público a partir del 1 de enero de 2016.

Con fecha 31 de diciembre de 2015, se publicó en el BOE la Orden HAP 2846/2015, por la cual se modifican los imbrales a efectos de aplicación de los procedimientos de contratación, de las siguientes normas:

  • Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre.
  • Ley 31/2007 sobre procedimientos de adjudicación de los contratos en los sectores del agua, la energía, los transportes y los servicios postales.
  • Ley 24/2011 de contratos del sector público en los ámbitos de la defensa y de la Seguridad.

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Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su Sector Público.

En el marco de lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, se creó el Decreto 17/2015, de 28 de julio, sobre el Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su sector público. Este decreto, una vez se complemente con la norma reglamentaria, determinará las reglas éticas de los sujetos públicos objeto de influencia, y ofrecerá un marco regulatorio completo, adecuado y suficiente de transparencia de las actividades de los grupos de interés y de sus servidores públicos, a la vez que una herramienta eficaz para que la ciudadanía pueda evaluar la gestión efectuada por los poderes públicos.

El Registro de grupos de interés de la Administración de la Generalitat y de su sector público tiene naturaleza administrativa, es de carácter público y gratuito y los datos que contiene están disponibles a través del Portal de la Transparencia de la Generalitat.

La finalidad de dicho Registro es la inscripción y control de los grupos de interés. El Registro da publicidad de las actuaciones de los grupos de interés, especialmente de las reuniones y audiencias mantenidas con cargos públicos, autoridades y empleados públicos y de las comunicaciones, los informes y otras contribuciones en relación con las materias tratadas. Continua

Contenido y novedades de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público.

El pasado 2 de Octubre, se publicó en el Boletín oficial del estado la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que entrará en vigor al año de su publicación, a excepción de los preceptos indicados en la Disposición final decimoctava.

En el Preámbulo de la Ley se establecen sus objetivos:

  • Dotar a nuestro sistema legal de una norma comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, regulando el funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.
  • Impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.
  • Establecer tanto la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, como el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, tanto de la Administración institucional como de la Administración periférica.
  • Regular sistemáticamente las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

De las novedades introducidas por la Ley que también resultan de aplicación también al Sector Público Autonómico y Local, destacamos aquellas que consideramos más relevantes: Continua

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