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Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público

El pasado día 9 de noviembre de 2017 se publicó en el BOE la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23 / UE y 2014/24 UE, de 26 de febrero de 2014. A continuaciónhacemos un breve resumen de aquellas previsiones que consideramos más relevantes.

Continua

Consulta del ICAC sobre las auditorías de las sociedades públicas en el marco del RD de Control Interno de las Entidades del Sector Público Local.

El pasado 27 de septiembre, el ICAC ha emitido una consulta sobre el régimen de la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades de capital de titularidad municipal, en el marco del RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico de control interno en las entidades del Sector Público Local.

La propia Ley de Auditoría, en su disposición adicional segunda, ya regula el régimen de auditoría de las entidades del sector público, estableciendo en esencia lo siguiente:

– La Ley de auditoría no es de aplicación a las actividades de revisión y verificación de cuentas anuales que realizan los órganos de control de las Administraciones Públicas en el ejercicio de las competencias, que seguirán rigiéndose por su legislación específica.

– Los trabajos de colaboración de los auditores miembros del ROAC con las tareas de los órganos públicos de control, en ejecución de sus planes anuales de auditorías, se rigen también por su legislación específica, no resultando de aplicación la Ley de Auditoría .

– No obstante lo anterior, en aquellos casos en que los trabajos de colaboración con los órganos públicos de control incorporen la emisión de un informe de auditoría de cuentas para Atender exigencias de carácter sectorial o financiero (como por ejemplo , la concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros), el informe de auditoría se someterá a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, siempre y cuando no se trate de cuentas formuladas en base a la normativa contable del sector público.

– Los trabajos de auditoría realizados por auditores inscritos en el ROAC, sobre las cuentas anuales de sociedades mercantiles del sector público sujetos a la obligación de auditoría por la normativa mercantil, están sujetos a la normativa reguladora de la auditoría de cuentas.

En definitiva, la normativa de auditoría define claramente los diferentes ámbitos de aplicación de la Ley de Auditoría de cuentas y de las normas de control financiero del Sector Público en cuanto al régimen aplicable a las sociedades mercantiles pertenecientes al sector público (estatal, autonómico o local).

En base a dicha normativa, el ICAC en esta consulta, concreta el siguiente:

– Las sociedades mercantiles municipales que tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría, de acuerdo con la normativa mercantil, estarán sujetas plenamente al régimen establecido en la Ley de Auditoría y la normativa que la desarrolla: normas de auditoría a aplicar, nombramiento de auditor, revocación e inscripción en el registro mercantil, etc., sin ninguna diferencia respecto a cualquier otra sociedad mercantil de titularidad privada.

– Las sociedades mercantiles municipales que no tengan la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría y se incluyan en el plan anual de auditoría del órgano de control de la administración pública correspondiente, serán realizadas por este órgano de control con sujeción a las normas de auditoría del sector público.

 

No obstante, en esta consulta, el ICAC no se ha pronunciado expresamente sobre otra cuestión que sería la referida a la realización de auditorías voluntarias de sociedades públicas no obligadas a someter sus cuentas a auditoría de acuerdo con la normativa mercantil y que, por criterios de riesgo o de cobertura porcentual del presupuesto consolidado de la entidad local, no se haya considerado oportuno incluirlas en el plan de control del órgano público correspondiente. Sobre esta cuestión podría haber varias interpretaciones, considerando que estas auditorías voluntarias quedan incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley de Auditoría (al igual que ocurre con las auditorías voluntarias de sociedades mercantiles de capital privado) o bien que éstas se sometan a las Normas de auditoría del Sector Público, independientemente de que el órgano de control no las haya incluido en su plan anual de control. Nuestro criterio sería la primera de las opciones planteadas, si bien esperamos que en un futuro el ICAC se pronuncie sobre esta cuestión que no ha quedado explicitada en la consulta que hoy analizamos.

Plan de inspección sectorial de oficio a hospitales públicos

Dentro del Plan estratégico 2015-2019 de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), en el Eje estratégico 1, denominado “Prevención para una protección más eficaz”, se contempla un programa dedicado a la Sanidad, donde se engloba el Plan Sectorial de Oficio que se centra en los procedimientos técnicos y políticas de actuación de los hospitales públicos, valora su nivel de adecuación a las previsiones de la normativa de protección de datos y emite recomendaciones con el objetivo final de elevar el nivel de cumplimiento del sector en esta materia, así como generar confianza en las actuaciones de las instituciones sanitarias tanto en el ámbito asistencial, como también en el de la investigación.

 

La AEPD hizo público el pasado 26 de septiembre Plan de inspección sectorial de oficio realizado a hospitales públicos, en el que se recogen los resultados y las conclusiones del análisis realizado por la AEPD sobre el nivel de cumplimiento de las garantías en materia de protección de datos por parte de los hospitales públicos. Puede consultarse el documento en Plan Inspeccion Hospitales Publicos

 

Cabe recordar que los planes de oficio de la AEPD, que se realizan con carácter preventivo, analizan el cumplimiento de la normativa en sectores o áreas específicas para obtener una visión integral y conjunta que permita detectar deficiencias y realizar las recomendaciones correspondientes de manera transversal. Este plan de inspección no es el primero que esta autoridad de control realiza en el sector, sino que ya en el año 1995 fue diseñado un Plan Sectorial de Oficio con el objeto de analizar el nivel de adecuación a la normativa de protección de datos en el sector de la asistencia hospitalaria pública, cuyas actuaciones finalizaron en 1996 y en cuyo informe de conclusiones se ponían de manifiesto numerosas deficiencias. Posteriormente, en 2010, la AEPD realizó seguimiento mediante cuestionario remitido a todos los hospitales del Catálogo Nacional para analizar el cumplimento de la normativa de protección de datos, incluida la implementación de las medidas de seguridad sobre los datos personales tratados, obteniéndose un informe de situación que reportaba ciertas carencias, si bien en general, se detectó una evolución positiva en el sector con relación al cumplimiento de la normativa de protección de datos. El detalle de las actuaciones anteriores se encuentra en portalwebAGPD

 

Como continuación a lo mencionado en el párrafo precedente, durante el pasado 2016 la Agencia realizó nuevas actuaciones de inspección dirigidas a los centros hospitalarios de titularidad pública (teniendo en cuenta los gestionados tanto de manera directa como indirecta) y centrándose en la auditoría de los aspectos con más carencias detectados en las actuaciones anteriormente referenciadas, en concreto, en las medidas de seguridad implementadas, con visitas presenciales a los hospitales que fueron inicialmente auditados y hospitales de nueva creación. Además, consciente que en los hospitales se realizan tratamientos de datos personales con 2 finalidades diferentes, esto es, la finalidad asistencial y la finalidad de investigación médica, la AEPD llevó a cabo sus actuaciones comprobando la adecuación de ambos tratamientos a la normativa.

 

En el informe final se pone de manifiesto la tendencia general favorable a la progresiva asunción, no solo de la normativa, sino de los principios y la cultura sobre la relevancia del tratamiento de los datos en este sector y su debida protección. Con todo, aún se deben y se pueden mejorar, entre otros aspectos, los relacionados con:

-la calidad y la confidencialidad de los datos conservados,

-la información ofrecida a los pacientes, así como a los sujetos participantes en los ensayos clínicos,

-la obtención de los consentimientos en todos los casos en que sean necesarios,

-y el reforzamiento de las medidas de seguridad, potenciando con carácter general los mecanismos de control de acceso.

 

Por otro lado, con el diagnóstico que se deriva del informe, la AEPD pretende también ofrecer un punto de referencia con el que todos los integrantes del sector sanitario puedan abordar la adaptación de sus sistemas y procedimientos a los nuevos requerimientos que impone el RGPD, que será de plena aplicación a partir del próximo 25 de mayo de 2018 (Reglamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE). Sobre el RGPD, destaca el informe 2 aspectos clave:

– la obligación de realizar una evaluación de impacto de forma previa a la puesta en marcha de nuevos tratamientos que entrañen un alto riesgo,

– y la necesidad de todo hospital de incorporar un delegado de protección de datos a partir de mayo de 2018.

 

En el informe del plan de actuación presentado, se concluye que la profundización en la cultura, la formación y los principios que informan sobre la trascendencia de los tratamientos de los datos personales en este sector resulta un elemento capital en el que habrá que seguir trabajando y que, por lo que al personal sanitario y administrativo del sector se refiere, bien podrían resumirse en el decálogo siguiente:

 

1- Tratar los datos de los pacientes como querrías que tratasen los tuyos.

2- ¿Estás seguro de que tienes que acceder a esa historia clínica? Piénsalo. Sólo debes hacerlo si es necesario.

3- Recuerda: tus accesos a la documentación clínica quedan registrados en el sistema. Se sabe en qué momento y a qué infromación has accedido. Los accesos son auditados posteriormente.

4- Evita informar a terceros sobre la salud de tus pacientes salvo que éstos lo hayan consentido o tengas justificación lícita.

5- Cuando salgas del despacho, asegúrate de cerrar la sesión abierta en tu ordenador. No facilites a nadie tu clave y contraseña; si necesitas un acceso urgente contacta con el servicio de informática.

6- No envíes información con datos de salud por correo electrónico o por cualquier red pública o inalámbrica de comunicación electrónica; si tienes que hacerlo, no olvides cifrar los datos.

7- No tires documentos con datos personales a la papelera, destrúyelos tú mismo o sigue el procedimiento implantado en tu centro.

8- Cuando termines de pasar consulta, cierra con llave los armarios o archivadores que contengan documentación clínica.

9- No dejes las historias clínicas a la vista sin supervisión.

10- No crees por tu cuenta ficheros con datos personales de pacientes; consulta siempre antes con el departamento de informática.

Modificación de la Ley del IVA relativa a la tributación de las subvenciones para financiar servicios públicos

Con fecha 7 de septiembre de 2017, ha tenido entrada en el Senado el texto aprobado por la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso de los Diputados, en relación al Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE  y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

 

En la Disposición Final Décima del Proyecto de Ley se procede a la modificación de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido. Dicha modificación regula la calificación y tratamiento del IVA que reciben las subvenciones y aportaciones para financiar el déficit de explotación de determinados servicios públicos.

 

En concreto, la nueva redacción del artículo 78.Dos.3.º relativa a las subvenciones vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto, dispone:

Se considerarán vinculadas directamente al precio de las operaciones sujetas al Impuesto las subvenciones establecidas en función del número de unidades entregadas o del volumen de los servicios prestados cuando se determinen con anterioridad a la realización de la operación.

No obstante, no se considerarán subvenciones vinculadas al precio ni integran en ningún caso el importe de la contraprestación a que se refiere el apartado Uno del presente artículo, las aportaciones dinerarias, sea cual sea su denominación, que las Administraciones Públicas realicen para financiar:

  1. a) La gestión de servicios públicos o de fomento de la cultura en los que no exista una distorsión significativa de la competencia, sea cual sea su forma de gestión.
  2. b) Actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no satisfagan contraprestación alguna.”

El nuevo redactado, dispone la no sujeción a IVA de las aportaciones que las Administraciones Públicas realicen para financiar la gestión de servicios públicos o de fomento a la cultura, siempre y cuando las mismas no generen situaciones de distorsión de la competencia. Así, no se integraran en la Base Imponible del Impuesto las aportaciones que financien actividades de interés general cuando sus destinatarios no sean identificables y no abonen ningún precio por el servicio.

Es preciso destacar que esta modificación normativa clarifica una situación que en los últimos años estaba siendo cuestionada por la Administración Tributaria, quien mediante sus organismos de Inspección realizaba actuaciones en las que venía considerando que las aportaciones/subvenciones recibidas por entidades vinculadas a sectores de actividad de investigación y desarrollo, concesionarios de transporte, culturales, etc… debían ser consideradas como contraprestación a los Servicios prestados, debiendo por lo tanto ingresar las cuotas de IVA derivadas de las citadas percepciones.

La modificación del texto normativo incorpora también una nueva redacción del artículo 93.cinco de la Ley del IVA, relativo al régimen de deducciones, estableciendo que la no sujeción a IVA de las aportaciones/subvenciones para financiar los servicios públicos, en las condiciones expuestas, en ningún caso deberá limitar el derecho a deducción de las cuotas de IVA soportado en la adquisición de bienes y servicios necesarios para la realización de las citadas actividades.

Finalmente, indicar que el mismo precepto modifica el redactado del artículo 7.8 de la Ley 37/1992, en su redacción vigente desde 1 de enero de 2015, reforzando y clarificando la no sujeción al Impuesto de determinados Servicios prestados entre entidades dependientes de la misma Administración Pública:

“Uno. Se modifica el número 8.º del artículo 7, que queda redactado de la siguiente forma:

«7. Estarán no sujetas al Impuesto:

(…)

8.º A) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas directamente por las Administraciones Públicas, así como las entidades a las que se refieren los apartados C) y D) de  este número, sin contraprestación o mediante contraprestación de naturaleza tributaria.

  1. B) A estos efectos se considerarán Administraciones Públicas:
  2. a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local
  3. b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
  4. c) Los organismos autónomos, las Universidades Públicas y las Agencias Estatales.
  5. d) Cualesquiera entidad de derecho público con personalidad jurídica propia, dependiente de las anteriores que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.

     No tendrán la consideración de Administraciones Públicas las entidades públicas empresariales estatales y los organismos asimilados dependientes de las Comunidades Autónomas y Entidades locales.

  1. C) No estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados en virtud de encomiendas de gestión por los entes, organismos y entidades del sector público que ostenten, de conformidad con lo establecido en los artículos 4.1.n) y 24.6 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la condición de medio propio instrumental y servicio técnico de la Administración Pública y encomendante y de los poderes adjudicadores dependientes del mismo.
  2. D) Asimismo, no estarán sujetos al Impuesto los servicios prestados por cualesquiera entes, organismos o entidades del sector público, en los términos a que se refiere el artículo 3.1 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, a favor de las Administraciones Públicas de la que dependan o de otra íntegramente dependiente de estas, cuando dichas Administraciones Públicas ostenten la titularidad íntegra de los mismos.
  3. E) La no consideración como operaciones sujetas al impuesto que establecen los dos apartados C) y D) anteriores será igualmente aplicable a los servicios prestados entre las entidades a las que se refieren los mismos, íntegramente dependientes de la misma Administración Pública.

(…)”

Proyecto de ley de contratos del sector público

El pasado día 27 de julio la Comisión de Hacienda y Función Pública aprobó el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público por lo que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas 2014/23 / UE y 2014/24 / UE, de 26 de febrero de 2014. el Proyecto de Ley, que ya incorpora enmiendas al texto publicado en el Boletín Oficial del Congreso (BOCD) el día 2 de diciembre de 2016, continúa ahora su tramitación en el Senado.

En nuestra newsletter del mes de diciembre de 2016 hacíamos una breve explicación de aquellos aspectos más destacados que contiene el texto publicado en el BOCD . El texto remitido al Senado para continuar con su tramitación se puede consultar en el link:

 

Proyecto LCSP

Nueva norma tecnica de la igae sobre informe de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoria de cuentas

Mediante Resolución de 1 de junio de 2017 de la IGAE (intervención General de la Administración del Estado), se ha aprobado la Norma técnica sobre informes de recomendaciones de control interno e informe adicional al de auditoría de cuentas anuales.

Tal y como viene siendo habitual en los trabajos de la IGAE y de acuerdo a lo establecido en las Normas de Auditoría del Sector Público (NASP), los Informes de Auditoría de Cuentas emitidos bajo normas públicas, vienen acompañados de un informe adicional que tiene como fin la mejora de la gestión de los recursos públicos, a través de la formulación de recomendaciones de control interno y de la puesta de manifiesto del grado de cumplimiento de la legalidad, con un alcance y objetivos más amplios y extensos que el que normalmente corresponde a una auditoría de cuentas.

Esta norma técnica se produce en el marco  el proceso de confluencia de las NASP con Normas Internacionales de auditoría aplicables en España (NIA-ES), y concretamente por adaptación de la NIA-ES 265 “Comunicación de la deficiencias de control interno a los responsables del gobierno y a la dirección de la entidad”.

Los cambios más relevantes con respecto a la Norma anterior son, en síntesis los siguientes:

  1. a) Definición más precisa de la naturaleza , el ámbito y el objeto de aplicación de este informe adicional y determinación más clara de la coordinación con otros trabajos que puedan tener puntos comunes como el control financiero permanente y el resto de las auditorías públicas, de operativa y de cumplimiento.
  2. b) Estructuración de dos partes independientes que tiene como objetivo vertebrar las recomendaciones de control interno, tomando como base la NIA-ES 265, y los incumplimientos de la legalidad.
  3. c) Coordinación con la Norma Técnica de Informes de auditoría de Cuentas Anuales, tanto en contenido como en estructura, así como el establecimiento de criterios de tratamiento de la información en ambos informes.
  4. d) Consideración del Informe de Recomendaciones e Informe Adicional como una fuente de información, para la obtención de aquellos aspectos y cuestiones que puedan mejorar la gestión, de los informes globales y generales.
  5. e) Fijación de unos modelos de informe de formato obligatorio.

La Norma Técnica ahora aprobada se estructura en los siguientes apartados:

  • Ámbito de aplicación y objeto.
  • La estructura y contenido del informe.
  • La tramitación del informe.
  • La fecha y firma del informe
  • La modelización de informes; además, se establece un anexo donde se presentan distintos modelos y ejemplos de informes y otro anexo que sistematiza la valoración de las alegaciones a efectos de dejar evidencia en los papeles de trabajo.

Instrucción 11/2017 del CATSALUT

INSTRUCCIÓN 11/2017 DEL CATSALUT, de 31 de julio, de actuaciones en relación con las obligaciones establecidas en la Ley 19/2014, de 29 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, por parte de las entidades prestadores de servicios sanitarios públicos que no tienen naturaleza pública

 

El pasado 31 de julio entró en vigor la Instrucción 11/2017 del CatSalut, dirigida a los centros, establecimientos y servicios del sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya (SISCAT) de entidades prestadoras de servicios sanitarios públicos que no tienen naturaleza pública. Esta Instrucción deroga la anterior Instrucción 08/2016.

Teniendo en cuenta la voluntad del Servei Català de la Salut de potenciar la política de transparencia en el ámbito del SISCAT y de acuerdo con la cláusula adicional sobre transparencia aprobada en el Consejo de Dirección del CatSalut, de 29 de mayo de 2017, se define la información que el CatSalut tiene que facilitar de las entidades prestadoras de servicios sanitarios públicos dentro del Portal de la Transparencia – apartado específico de “prestadores privados de servicios públicos” que enlaza con el CatSalut. En este sentido, se indica que el CatSalut tiene que enviar como mínimo, la siguiente información: NIF, nombre de la entidad, actividad que desarrolla, dirección de la página web de la entidad (enlace) y dirección de la página web del CatSalut donde se publican los contratos de prestación de servicios.

Por otra parte, las entidades privadas prestadoras de servicios sanitarios públicos deben mantener actualizada en su página web la información directamente ligada a la prestación sanitaria pública requerida por la ley. Sin embargo, hay que hacer notar que estas entidades no tienen la obligación de dar cumplimiento a las solicitudes de acceso a información pública, sino que corresponde a la Administración la que es responsable (en este caso, el Servei Català de la Salut), mediante la Unidad de Información creada por la Resolución SLT / 1217/2015, de 3 de junio.

En relación con la información sobre cargos directivos y retribuciones, en la Instrucción se precisa que deberá figurar en las correspondientes páginas web: la composición de los órganos de dirección y / o administración, así como los cargos directivos y las retribuciones, las cuales se consideran retribuciones íntegras percibidas por los cargos directivos si el volumen de negocio de la empresa vinculado a actividades llevadas a cabo por cuenta de las administraciones públicas supera el 25% del volumen general de la empresa.

Por último, recordar que la información a publicar debe cumplir los criterios establecidos por la Comisión Interdepartamental de Transparencia y de Gobierno Abierto (CITGO) y la doctrina de la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP), que se pueden consultar en

http://governobert.gencat.cat/ca/que-es/Organs-de-coordinacio-impuls-i-control/comissio-interdepartamental-de-transparencia-i-govern-obert-citgo/

 

Más información en

http://catsalut.gencat.cat/web/.content/minisite/catsalut/proveidors_professionals/normatives_instruccions/any_2017/instruccio_11_2017/instruccio_11_17.pdf

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