Jordi Casals, socio de FAURA-CASAS, participó en el 24 Congreso del AMA (Arco Mediterranio de Auditores) que se celebró en Toulouse (Francia) los días 23 y 24 de octubre, interviniendo com ponente en la sesión dedicada a la “creación de empresas en los países del AMA”, junto con Simona Bianciardi, Experta-Contable francesa, y Federico Broglia, Dottore Commercialista en Milán (Italia).

El pasado 9 de septiembre fue aprobada la Ley 31/2015, que recoge en un único texto los diferentes incentivos al trabajo autónomo vigentes, que estaban dispersos en diversas normas, y pone en marcha nuevas medidas para impulsar el autoempleo y apoyar el trabajo autónomo y la economía social. Su vigencia comenzaba a partir del 10 de octubre de 2015, las principales novedades son:

A. En cuanto a las bonificaciones o reducciones de cuotas en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), las modificaciones más relevantes son la eliminación a partir del 10 de octubre de 2015, de las limitaciones que las bonificaciones tenían en caso de contratar trabajadores por cuenta ajena, ya que a partir de este momento se perdían los incentivos de bonificación o reducción de cuotas del RETA. Con la nueva regulación no hay limitación a la contratación de trabajadores, ya no se aplicará tanto para los incentivos que se soliciten a partir del 10 de octubre, como los incentivos vigentes anteriores que contraten trabajadores a partir de esta fecha.

B. La mejora de la regulación del acceso a la compatibilidad hasta un máximo de 270 días entre trabajo por cuenta propia y prestación por desempleo. Desaparece la edad límite exigida de 30 años, lo que posibilita que cualquier beneficiario de las prestaciones por desempleo pueda efectuar esta compatibilidad independientemente de su edad. En este mismo sentido, se amplía la posibilidad de recuperar el paro suspendido para iniciar trabajos por cuenta propia, hasta una máximo de 5 años. (más…)

El pasado 2 de Octubre, se publicó en el Boletín oficial del estado la Ley 40/2015 de régimen jurídico del sector público, que entrará en vigor al año de su publicación, a excepción de los preceptos indicados en la Disposición final decimoctava.

En el Preámbulo de la Ley se establecen sus objetivos:

• Dotar a nuestro sistema legal de una norma comprensiva del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, regulando el funcionamiento interno de cada Administración y de las relaciones entre ellas.
• Impulsar medidas para racionalizar la actuación administrativa, mejorar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y aumentar su productividad.
• Establecer tanto la legislación básica sobre régimen jurídico administrativo, aplicable a todas las Administraciones Públicas, como el régimen jurídico específico de la Administración General del Estado, tanto de la Administración institucional como de la Administración periférica.
• Regular sistemáticamente las relaciones internas entre las Administraciones, estableciendo los principios generales de actuación y las técnicas de relación entre los distintos sujetos públicos.

De las novedades introducidas por la Ley que también resultan de aplicación también al Sector Público Autonómico y Local, destacamos aquellas que consideramos más relevantes: (más…)

El pasado 23 de julio de 2015, la Dirección General de Tributos, ha determinado en la Consulta vinculante V2326-15, que los pagos directos realizados por la empresa a terceros, en nombre del trabajador, para que éstos le proporcionen el bien, el derecho o el servicio de que se trate, sólo tendrán la consideración de rendimientos en especie si estos pagos derivan de compromisos asumidos con el trabajador que estén pactados ya sea en el convenio colectivo o en el propio contrato de trabajo, de tal forma que la empresa debe estar obligada (en función del convenio o contrato de trabajo) a suministrar el bien, derecho o servicio. Contrariamente en ausencia de esta obligación pactada, se entenderá que el pago realizado es una simple mediación de pago y consecuentemente los rendimientos del trabajo derivados, tendrán la consideración de retribución dineraria.

La Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas dispone que estarán exentos los rendimientos del trabajo derivados de «las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de enfermedad, cuando se cumplan los siguientes requisitos y límites: (más…)

El Tribunal Supremo ratificó la Sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca que condenó a 2 años, 6 meses y un día de prisión a un médico para acceder ilegalmente, hasta 25 veces, en la base de datos del Servicio de Salud de las Islas Baleares, y consultar las historias clínicas de 5 compañeros. Recordemos que el Código Penal tipifica como delito (artículo 197) el descubrimiento y revelación de secretos; con penas de prisión de uno a cuatro años; y multas de doce a veinticuatro meses. El hecho punitivo, fue anexado con el agravante que se cometió por un funcionario público.

El funcionario en cuestión empleó su nombre de usuario y contraseña «sin autorización y sin haber relación asistencial» para consultar las historias clínicas de cinco compañeros entre enero de 2010 y febrero de 2011. Al exceder de los dos años, el condenado deberá ingresar en prisión para llevar a cumplimiento la pena impuesta. (más…)

La Orden HAP / 2178/2015, de 9 de octubre, por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 30.000 euros, eleva con efectos a partir del 21 de octubre de este año de 18.000 € a 30.000 € el límite exento de la obligación de aportar garantías en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de pago de las deudas gestionadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria y por los órganos u organismos de la Hacienda pública estatal. (más…)

El pasado 6 de octubre podemos decir que será un antes y un después en el marco de las transferencias internacionales de datos de carácter personal. Lo que sucedió fue que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, invalidó el acuerdo que permitía transferir datos de usuarios europeos a servidores ubicados en EEUU, en base al acuerdo de puerto seguro o Safe Harbor, pues se considera que no garantiza un nivel de seguridad deseado.

Recordemos que la Directiva 95/46 / CE, dispone que en principio sólo se pueden transferir datos a un tercer país, si éste garantiza un nivel de protección adecuado. La Decisión 2000/520/CE de la Comisión, de 26 de julio, del año 2000; establecía una serie de principios relativos a la protección de datos personales que las empresas estadounidenses podían suscribirse voluntariamente. La adhesión al Convenio Safe Harbor por parte de las empresas con tratamiento de datos en EEUU; permitía el flujo de datos entre los dos continentes. La relevancia, reside por el gran número de empresas que se encontraban adheridas, y lo que supone la invalidez de este acuerdo.

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