Suspensión de la causa de disolución de sociedades para obtención de pérdidas

Dentro de las medidas en el ámbito concursal y mercantil incluidas en el Real Decreto-ley 16/2020 es importante destacar la relativa a la suspensión de la causa de disolución por pérdidas regulada en el artículo 363.1.e) del texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 1 de julio. (más…)

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Medidas en el ámbito concursal

Dentro del Capítulo II y la Disposición derogatoria única del Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, se introducen una batería de medidas en el ámbito concursal y societario, con el objetivo de superar el obstáculo adicional a la viabilidad de las empresas concursadas que supone la crisis sanitaria de la COVID-19, que puede determinar, bien la imposibilidad de suscribir o cumplir un convenio abocando a las empresas a la liquidación, o bien una mayor dificultad de enajenar una unidad productiva que pudiera resultar viable. (más…)

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Medidas en el ámbito procesal

En previsión del aumento de litigiosidad que se prevé derive de la actual crisis sanitaria, de la normativa aprobada y de la propia coyuntura económica derivada , en el capítulo I del Real Decreto-ley 16/2020 se aprueban una seria de cambios normativos en la Administració de Justicia, tanto en el ámbito de las instituciones procesales como desde la perspectiva organizativa, y todo ello con el objetivo de alcanzar una progresiva reactivación del normal funcionamiento de los Juzgados y Tribunales, todo ello garantizando el derecho a la salud tanto de todo el personal al servicio de la Administración de Justicia, como de los ciudadanos y de los profesionales que se relacionan con la misma administración.

Asimismo, el capítulo III del mencionado Real Decreto-ley regula una batería de medidas de carácter organizativo y tecnológico destinadas a afrontar las consecuencias que ha tenido la crisis de la COVID-19 sobre la Administración de Justicia, y garantizar la consecución de las medidas aprobadas en el capítulo I. (más…)

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Medidas en relación con la contratación de bienes y servicios por parte de determinadas entidades públicas del Sector Público de la Generalitat de Catalunya

La disposición adicional primera del Decreto-ley 14/2020, de 28 de abril, por el que se adoptan medidas en relación con el Sistema sanitario integral de utilización pública de Catalunya, en el ámbito tributario y social, para paliar los efectos de la pandemia generada por la COVID-19 y de adopción de otras medidas urgentes con el mismo objetivo prevé que el Instituto Catalán de Finanzas pueda hacer uso, mientras se mantenga el estado de alarma, del mecanismo de contratación de emergencia previsto en la LCSP, en todas aquellas contrataciones que resulten esenciales para la implantación, puesta en marcha y mantenimiento de las líneas de financiación necesarias para autónomos y empresas afectadas con el objetivo prioritario de superar la falta de liquidez y mantener sitios de trabajo. (más…)

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Modificación del artículo 159.4 de la Ley de Contratos del Sector Público

La Disposición final tercera del Real Decreto-ley 16/2020 introduce una mejora de carácter técnico en la redacción de la modificación que sobre el artículo 159-4 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se aprobó con el Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.

En este enlace podéis acceder a los tres textos comparados.

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Medidas laborales establecidas por el RDL 16/2020 de 28 de abril

En el ámbito laboral, el Real Decreto-ley 13/2020 introduce dos nuevas medidas: por una parte, por lo que se refiere a la tramitación procesal de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTEs) y, en concreto, por lo que se refiere al procedimiento para la impugnación de acuerdos al respecto; y, por otra, se establecen aquellos procedimientos del orden social que se tramitarán de forma preferente. (más…)

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Publicada la Orden ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo

El artículo 34 de la citada norma establece la posibilidad de solicitar una moratoria de seis meses sin interés, en el pago de las aportaciones empresariales de cotización a la Seguridad Social cuyo período de devengo esté comprendido entre los meses de abril y junio de 2020. Y en el caso de trabajadores por cuenta propia el periodo de devengo esté comprendido entre los meses de mayo y julio de 2020. (más…)

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Rectificación de pagos fraccionados y autoliquidaciones de IVA por aplicación de medidas previstas en el Real Decreto-ley 15/2020

Para aquellos contribuyentes que hayan presentado sus autoliquidaciones de pagos fraccionados o IVA con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo, la Agencia Tributaria ha implementado un sencillo sistema para facilitar la aplicación de las medidas previstas en los artículos 9, 10 y 11 del citado Real Decreto-ley. (más…)

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¿Se puede aplicar un ERTE o un ERE al Delegado de Protección de Datos?

Mucho se ha hablado de los perfiles que no podrían incluirse en un ERTE o en un ERE por razón de las funciones que realizan. Este sería también el supuesto de los delegados de protección de datos (DPD) de aquellas entidades que, obligatoriamente, deban disponer de esta figura, a tenor de lo establecido en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en el tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (RGPD) y más concretamente, en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de derechos digitales (LOPDGDD). (más…)

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Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado: recordatorio sobre la tramitación de expedientes de emergencia

Con el fin de prevenir que se puedan producir situaciones de mal uso o de abuso, de la figura jurídica de la contratación de emergencia, la Junta Consultiva del Estado (JCE) recuerda la interpretación de las condiciones bajo las que debe utilizar la tramitación de emergencia y la forma en la que ésta debe realizarse.

El corpus jurídico aprobado durante la vigencia del estado de alarma contiene una inequívoca declaración sobre la aplicación a todos los contratos públicos (que tengan por objeto atender las necesidades derivadas de la protección de las personas y otras medidas adoptadas por el Consejo de Ministros para hacer frente a la COVID-19 de la llamada tramitación de emergencia (procedimiento regulado en el artículo 120 de la LCSP). (más…)

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