En los últimos años, los avances tecnológicos están contribuyendo a introducir la digitalización en la Administración. Esto se refleja en el hecho de que una parte importante de los fondos Next Generation se destinará a modernizar y digitalizar las administraciones públicas. Y, en la actualidad, el uso de programas para analizar datos, el uso del Big Data, el Blockchain y la Inteligencia Artificial han cobrado relevancia.

La burocracia administrativa y la falta de automatización de procesos, en la actualidad, todavía son asignaturas pendientes de las administraciones públicas. Ante el fenómeno que podríamos denominar como «inmersión tecnológica», debemos preguntarnos ¿Cómo puede intervenir la Inteligencia Artificial (IA) en la contratación pública?

La Contratación Pública, un sistema integrado esencialmente por diferentes procedimientos, es uno de los campos en los que se podría plantear la implantación de la IA como herramienta de apoyo en la gestión de este tipo de contratos. (más…)

El pasado 25 de mayo de 2023 se publicó en el BOE la Ley 13/2023, de 24 de mayo, por la cual se modifica la Ley General Tributaria. Entre los principales cambios aprobados, destaca la aprobación de un sistema único de corrección en las autoliquidaciones, para acercarse a la jurisprudencia europea. El sistema actual para rectificar una declaración consta de dos alternativas:

• La presentación de una declaración complementaria corrigiendo la declaración ya presentada. Esta opción solo es viable en el caso de que como consecuencia de la rectificación del error resulte un importe a ingresar superior al declarado inicialmente o bien en caso de que el resultado inicial fuera a devolver o compensar y resulte un importe inferior al declarado.
• La presentación de un escrito solicitando la rectificación de una declaración ya presentada. Este procedimiento se utiliza cuando sea necesario modificar datos que no afectan al resultado de la declaración o cuando de la corrección resulta un importe a ingresar inferior al de la declaración inicial, o bien en caso de que cuando el resultado inicial es a devolver o compensar y resulte un importe superior al declarado.

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La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ya constató en su Memoria de 2022 que la gran mayoría de delegados de protección de datos (DPD) nombrados en el sector público son externos, lo que implica que, en muchos casos, han sido contratados a través de procesos de contratación pública. Ahora, a través de la Recomendación 2/2023, publicada recientemente, la APDCAT recuerda que el DPD es una figura de obligatorio nombramiento en la administración pública y que dicho nombramiento debe tener en cuenta ciertos aspectos cualitativos, como la necesidad de tener conocimientos jurídicos, especialmente en relación con la protección de datos, o la capacidad para llevar a cabo determinadas funciones de información, asesoramiento, supervisión y cooperación.

Esta recomendación surge debido a la constatación de que en muchos procesos de licitación pública de un contrato de servicios de DPD externo, solo se ha tenido en cuenta el factor precio o se ha estimado un valor de precio muy bajo, sin considerar la dedicación real y los aspectos cualitativos que debe tener necesariamente la figura del DPD y su trabajo. (más…)

En el ámbito de la contratación pública, la subrogación de trabajadores después de un cambio de contratista es un tema recurrente que ha generado múltiples pronunciamientos por parte de los Tribunales de Recursos Contractuales. Una cuestión que a menudo se plantea al determinar el costo económico de la licitación es si este puede ser inferior al costo económico asociado a la subrogación del personal.

En este sentido, destacamos la reciente Resolución núm. 622/2023 (Recurso núm. 441/2023) del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de comprender las obligaciones relacionadas con la subrogación y el papel de los pliegos en este contexto.

En su resolución, el TACRC recalca que la obligación del adjudicatario de subrogarse en las relaciones laborales vigentes con el contratista saliente no deriva del pliego, sino de un convenio colectivo que afecta al sector de actividad en cuestión. Esto significa que el órgano de contratación no debe evaluar cuáles de los trabajadores son estructurales o si sus condiciones salariales son excesivas; su responsabilidad se limita a publicitar la información proporcionada por la empresa que actualmente presta el servicio. (más…)