Aprobado el Impuesto sobre Servicios Digitales

El pasado viernes 16 de octubre se publicó en el BOE la Ley 4/2020, de 15 de octubre, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales. Esta ley entrará en vigor a los 3 meses de su publicación, permitiendo este plazo la adaptación a los sujetos afectados.

El objetivo del impuesto es adecuar el sistema fiscal español a las nuevas áreas de negocio digital y a la realidad transfronteriza que supone la globalización, las cuales no se encontraban bien reflejadas en el marco tributario hasta la fecha. De este modo, se pretende que el sistema fiscal evolucione en la misma dirección que lo hace la sociedad y la tecnología, con la idea de seguir siendo la principal herramienta para sostener y fortalecer el Estado del Bienestar y avanzar en la redistribución de la riqueza. En efecto, el nuevo impuesto no gravará a las clases medias o trabajadoras, sino a grandes multinacionales con un modelo de negocio digital que hasta ahora no estaba recogido debidamente, con la intención de que sea un sistema fiscal más justo en el que aporte más quien más capacidad tenga.

Este Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales se configura como un tributo de carácter indirecto, que es por lo demás compatible con el Impuesto sobre el Valor Añadido.

En concreto, se trata de servicios digitales en relación con los cuales existe una participación de los usuarios que constituye una contribución al proceso de creación de valor de la empresa que presta los servicios, y a través de los cuales la empresa monetiza esas contribuciones de los usuarios. Es decir, los servicios contemplados por este impuesto son aquellos que no podrían existir en su forma actual sin la implicación de los usuarios. El papel que desempeñan los usuarios de estos servicios digitales es único y más complejo que el que adoptaba tradicionalmente un cliente de un servicio offline. Para mayor claridad, en la ley se describen las definiciones de los conceptos clave como: contenidos digitales, dirección de protocolo de internet, grupo, interfaz digital, servicios digitales, servicios de intermediación en línea, servicios de transmisión de datos, usuario, publicidad dirigida, servicios financieros regulados, entidad financiera regulada.

En concreto, el impuesto se limita a gravar únicamente las siguientes prestaciones de servicios:

  • Servicios de publicidad en línea – la inclusión, en una interfaz digital, de publicidad dirigida a los usuarios de dicha interfaz;
  • Servicios de intermediación en línea – la puesta a disposición de interfaces digitales multifacéticas que permitan a sus usuarios localizar a otros usuarios e interactuar con ellos, o incluso facilitar entregas de bienes o prestaciones de servicios subyacentes directamente entre esos usuarios;
  • y servicios de transmisión de datos – la transmisión, incluidas la venta o cesión, de los datos recopilados acerca de los usuarios que hayan sido generados por actividades desarrolladas por estos últimos en las interfaces digitales.

Quedan excluidas de su ámbito (entre otros casos):

  • Las entregas de bienes o prestaciones de servicios que tengan lugar entre los usuarios en el marco de un servicio de intermediación en línea.
  • Las ventas de bienes o servicios contratados en línea a través del sitio web (las actividades minoristas de «comercio electrónico») en las que el proveedor no actúa en calidad de intermediario, la interfaz digital se utiliza únicamente como medio de comunicación

A fin de determinar si un proveedor vende bienes o servicios en línea por cuenta propia o presta servicios de intermediación, será preciso tener en cuenta la sustancia jurídica y económica de la operación.

Son contribuyentes de este impuesto las personas jurídicas y entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, ya estén establecidas en España, en otro Estado miembro de la Unión Europea o en cualquier otro Estado o jurisdicción no perteneciente a la Unión Europea que, al inicio del periodo de liquidación, superen los dos siguientes umbrales:

  • que el importe neto de su cifra de negocios en el año natural anterior supere 750 millones de euros; y
  • que el importe total de sus ingresos derivados de prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, una vez aplicadas las reglas previstas para la determinación de la base imponible (para así determinar la parte de dichos ingresos que se corresponde con usuarios situados en territorio español), correspondientes al año natural anterior, supere 3 millones de euros.

La base imponible del impuesto estará constituida por el importe de los ingresos, excluidos, en su caso, el Impuesto sobre el Valor Añadido u otros impuestos equivalentes, obtenidos por el contribuyente por cada una de las prestaciones de servicios digitales sujetas al impuesto, realizadas en el territorio de aplicación de este. A efectos de cálculo de la base se establecen unas reglas para poder gravar exclusivamente la parte de los ingresos que se corresponde con usuarios situados en el territorio aplicación del impuesto en relación con el total de usuarios.

El impuesto se exigirá al tipo del 3 por ciento, el devengo se producirá por cada prestación de servicios gravada, y el período de liquidación será trimestral.

Las infracciones tributarias relativas al presente impuesto serán calificadas y sancionadas de

conformidad con lo previsto en la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y

demás normas de general aplicación.

Más información en https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-12355

 

Caterina Bartrons – Gerent Serveis Jurídics

Ferran Julià i Moli – Gerent Àrea Fiscal-Laboral

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@ Faura-Casas

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