El Pleno del OIReScon en fecha 17 de noviembre de 2023 aprobó informe relativo al estudio de las concesiones incoadas por poderes adjudicadores en el estado durante 2022, estableciendo una serie de conclusiones y reflexiones sobre la materia.

Algunas de sus conclusiones fueron: (más…)

El levantamiento por parte de la Alcaldía o del Pleno municipal de las objeciones manifestadas por la intervención municipal por no seguir el procedimiento legalmente establecido para la contratación menor, a la vista de la jurisprudencia.

En cuanto al procedimiento, la STS 597/2014 advierte:

«… conviene resaltar que la omisión del procedimiento legalmente establecido ha sido considerada como una de las razones que pueden dar lugar a la calificación delictiva de los hechos, porque las pautas establecidas para la tramitación del procedimiento a seguir en cada caso tienen la función de alejar los peligros de la arbitrariedad y la contradicción con el derecho» (más…)

Las entidades beneficiarias o gestoras de FONDO NGUE buscan reforzar el control y la buena gestión en relación con un amplio espectro de campos de control en todas las fases: planificación, ejecución, extremando las precauciones ante posibles correcciones.

La Unión Europea impulsó un ambicioso programa con el objetivo de servir de protección y relanzamiento de la actividad productiva pospandemia. Para movilizar las inversiones necesarias, la Comisión presentó una doble respuesta: la primera es la Next Generation EU, como instrumento de recuperación dotado con 750.000 millones de euros, destinando al presupuesto de la UE la financiación adicional obtenida en los mercados financieros durante el período. 2021-2024. La segunda, un presupuesto europeo a largo plazo reforzado por el período 2021-2027 (1,1 billones de euros).

El diseño de su concreción, gestión y control es el gran desafío de los Estados, Comunidades Autónomas y Entidades Locales. La decisión sobre el destino de estos fondos fue acompañada de una pluralidad de convocatorias y líneas en las que diferentes entidades del sector público participaron (y participan) formando parte ya del día a día de la entidad. (más…)

Se prevé la obligación para todo el sector público de implementar un canal interno de denuncias. Todos los poderes adjudicadores, independientemente de su tamaño, deberán contar con este canal de denuncias.

De la normativa reguladora resulta reseñable poner de manifiesto:

• Se deberá garantizar la confidencialidad de la identidad del informante y de cualquier tercero mencionado en la comunicación y de las actuaciones que se desarrollen.
• En el caso de existir diferentes canales internos de denuncia, estos deberán integrarse y estar disponibles de manera unificada en la página principal de la entidad.
• Debe existir un procedimiento de gestión de las informaciones recibidas
• Se impone la obligación de realizar consulta previa con los sindicatos y representación legal de los trabajadores (empleados públicos).
• El órgano de administración o de gobierno tendrá la condición de responsable del tratamiento de los datos personales que sean objeto de tratamiento durante las denuncias.

(más…)

La Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, ya ponía el foco sobre el análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos administrativos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en su Disposición adicional centésima décima segunda. 

Posteriormente, la mencionada Orden HFP/55/2023, de 24 de enero, relativa al análisis sistemático del riesgo de conflicto de interés en los procedimientos que ejecutan el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia tiene por objeto establecer el contenido mínimo que obligatoriamente deberán tener las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Interés (DACI). (más…)

Como viene siendo habitual, la aprobación definitiva de los presupuestos generales del Estado para el año 2023 supondrá, entre otros, importantes novedades en materia de contratación pública; con especial relevancia en los ámbitos de integridad institucional y el papel de la intervención municipal en la recepción materiales de los contratos. (más…)

En los procedimientos de contratación que se financien con fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y del fondo REACT-EU debe velarse de manera especial para incorporar de manera transversal y preceptiva criterios sociales y medioambientales, de digitalización y de innovación y de responsabilidad social corporativa, siempre que guarden relación con el objeto del contrato, y facilitar el acceso a las pequeñas y medianas empresas ya las empresas de economía social, así como a las empresas emergentes. También se debe tener en consideración el valor que puedan aportar en conocimiento. (más…)

Publicada nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre los efectos de la recomendación de 24 de septiembre de 2018 de la junta consultiva de contratación pública del estado a los órganos de contratación, en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público. (más…)

Existen Instrucciones y Guías Orientativas emitidas con el propósito proporcionar a los órganos de contratación las pautas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos formales a incorporar en los expedientes y pliegos rectores de contratos financiados con fondos europeos relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El 29 de septiembre de 2021 se aprobaron las órdenes ministeriales HFP/1030/2021, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 1031/2021, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (más…)

La Orden HFP/1030/2021 contempla el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés; no limitándose únicamente a la disposición de un Plan Antifraude, sino que los Entes gestores o beneficiarios tendrán que implementar una serie de mecanismos necesarios para la reducción del nivel de riesgo y cumplimiento con los requisitos previos para la recepción y gestión de los fondo NGUE. (más…)