Nueva ley para la igualdad de trato y la no discriminación

La Constitución de 1978 propugnó la igualdad como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico y afirmó la igualdad legal de todas las personas en su artículo 14. Desde aquel momento, son diversas las normas legales que se han ido promulgando con la idea de desarrollar de manera efectiva políticas de igualdad que permitan a las personas disfrutar de las mismas oportunidades ante los poderes públicos y también en el ámbito privado. (más…)

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El plan de igualdad ya es obligatorio para casi todas las empresas

Desde el pasado 7 de marzo, todas las empresas y organizaciones que tengan una plantilla de más de 50 trabajadores están obligadas a tener elaborado y registrado un plan de igualdad. Como suele ocurrir con muchas obligaciones de este tipo, la mayoría de las empresas no han tenido todavía la oportunidad, los recursos o la voluntad de llevar a cabo su propio plan de igualdad y, por tanto, se encuentran en una situación de incumplimiento manifiesto. Por supuesto, esto puede implicar que puedan ser objeto de sanciones por parte de la Inspección de Trabajo.

La desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en determinados ámbitos del entorno laboral es un hecho constatable para todos los estudios y encuestas que se han realizado, llevando en los últimos años a un incremento de las obligaciones que afectan a las empresas y que implican el establecimiento de una política de igualdad y, de forma particular, la implementación de un plan de igualdad como principal manifestación de esta política.

El plan de igualdad no se puede llevar a cabo de cualquier manera, sino que debe seguir un procedimiento estipulado y tener un contenido determinado por la normativa. La Comisión Negociadora de Igualdad, que es el órgano encargado de aprobar el plan y el resto de la documentación, debe tener obligatoriamente una composición paritaria entre representantes legales de los trabajadores (miembros designados por el Comité de Empresa, representantes sindicales, delegadas de personal, etc.) y representantes de la organización, y debe ser paritaria idealmente entre hombres y mujeres. También es imprescindible que todos los centros de la empresa estén representados en esta Comisión, hasta el punto de que no sería válida su constitución si hubiera centros que no estuvieran representados.

La Comisión Negociadora tiene atribuidas determinadas funciones, entre las que se encuentra la valoración de las informaciones cuantitativas y cualitativas necesarias para la elaboración de los diferentes informes, que deberá aprobar finalmente: Informe de Diagnóstico Previo, Auditoría Retributiva y Plan de Igualdad.

Los informes de diagnosis deben incluir necesariamente diferentes aspectos del entorno laboral: retribuciones, procesos de acceso, procesos de promoción, medidas de conciliación, formación, prevención del acoso sexual o de género, etc. Todos estos aspectos deben ser evaluados desde la perspectiva de igualdad entre hombres y mujeres. Cualquier desigualdad o deficiencia en la igualdad de oportunidades que se detecte y que no pueda ser contada por otros motivos deberá ser considerada y podrá dar lugar a una medida que sirva precisamente para su corrección. Porque, de hecho, en esto debe consistir precisamente el Plan de Igualdad: en una serie de medidas que la empresa tendrá que desplegar según un calendario, con asignación de recursos y personas, con el fin de favorecer la igualdad de oportunidades y corregir cualquier diferencia en las oportunidades que deben tener hombres y mujeres. La ejecución de estas medidas, además, deberá contar necesariamente con medios de seguimiento y evaluación, que tendrán que estar definidos también en el plan. Por todo ello, resulta claro que la Comisión Negociadora y la elaboración del plan sólo son una fase en la implementación de una política y cultura de igualdad que tendrán que acompañar siempre a la organización. Debe tenerse en cuenta, además, que los planes de igualdad podrán tener una vigencia máxima limitada de cuatro años.

Desde Faura-Casas quedamos a disposición para ayudar y acompañar a las organizaciones en la elaboración de sus planes de igualdad y regularizar su situación en relación con las nuevas obligaciones de igualdad.

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Protección de Datos: un 1.000% más de multas

El año 2021, que hemos dejado atrás, pasará a la historia como el año que nos vacunamos (algunos) de la COVID-19, pero también por otros cambios importantes que afectan a nuestro día a día. En el ámbito del cumplimiento normativo, también es el año en que la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha desplegado de forma ostentosa toda su capacidad sancionadora, imponiendo multas por vulneraciones del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD). Si en 2020 la AEPD impuso multas por valor de 3 millones de euros, en 2021 lo ha hecho por la astronómica cifra de 32 millones, lo que convierte al Estado español en el sexto país de la Unión Europea que más sanciona por ese tipo de infracciones. De 2020 a 2021, la cifra total de multas, por tanto, se ha incrementado en un 1.000%. (más…)

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La memoria de la AEPD del año 2020

Ya de pleno en el 2021, llega el momento en que la Agencia Española de Protección de Datos publica su memoria anual sobre el año anterior, un año -no hay que decirlo- marcado por una pandemia sin precedentes que lo ha condicionado todo. Como no podía ser de otro modo, la actividad de la AEPD durante el año 2020 se ha centrado en buena parte a garantizar y compatibilizar el derecho a la protección de datos con las medidas destinadas a minimizar los estragos de la COVID-19. (más…)

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El nuevo decreto de transparencia

Mediante el 8/2021, de 9 de febrero, sobre la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, la Generalitat se propone desarrollar la Ley de Transparencia y, en particular, tal como establece el preámbulo de la norma, «clarificar conceptos jurídicos indeterminados y resolver dudas interpretativas aprovechando la valiosa experiencia adquirida por las administraciones públicas de Cataluña «. Nos encontramos, por tanto, con un decreto que parte de la experiencia de la administración en todos los años de aplicación legal del régimen de transparencia. Por otra parte, se normativiza la doctrina creada durante muchos años por la Comisión de Garantía del Derecho de Acceso a la Información Pública (GAIP). (más…)

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¿Como queda la protección de datos en el Reino Unido después del Brexit?

Que un país como Reino Unido salga de la Unión Europea implica, de entrada, que dejen de aplicarse las normas jurídicas europeas que se estaban aplicando. Entre ellas, recordamos que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es un una norma jurídica directamente aplicable en los Estados miembros, que además ostenta un carácter jerárquicamente superior a las legislaciones estatales. Nos encontramos pues con la situación paradójica de que un país que tenía todas las garantías para transferir datos de carácter personal de repente puede ser considerado un país inseguro debido a un cambio repentino de su situación jurídica respecto a la Unión Europea, y esto tiene implicaciones extraordinarias en cuanto a las empresas u organizaciones europeas que tienen relación con este país. (más…)

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¿Cómo cumplir la normativa de cookies?

Mediante un nombre tan aparentemente inofensivo como el de cookies (galletitas) hacemos referencia a aquellos programas que permiten registrar y guardar información personal sobre los usuarios y preferencias de navegación por internet, lo que implica realizar una pequeña instalación en el equipo del usuario. Aunque las cookies sirven a menudo sólo para registrar datos muy elementales que facilitan la navegación, como la lengua preferida o la moneda con la que queremos pagar, no siempre estamos hablando de datos banales, ya que, en muchos casos, registran opciones y preferencias de navegación y pueden servir para la elaboración de perfiles y la configuración de publicidad personalizada. Es el caso de las cookies llamadas de seguimiento. En este caso, podemos hablar de verdaderas afectaciones a la privacidad de las personas y, en algunos casos, de una recogida de datos personales. (más…)

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La guía de protección de datos para pacientes y usuarios de los servicios de salud

El hecho de que nos encontramos en situación excepcional de pandemia no puede detener la tarea que tienen atribuida las autoridades de control a la hora de salvaguardar el derecho a la protección de datos. Por ello, continuando con su política de elaboración de guías sectoriales, la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ha publicado este junio una Guía de Protección de Datos para Pacientes y Usuarios de los Servicios de Salud. No hace falta decir que, por la trascendencia social y la sensibilidad de los datos de salud, que no paramos de generar desde que nacemos y hasta el día de nuestra muerte, esta guía está destinada a captar toda nuestra atención.

Enseguida que empezamos a leer, comprobamos que, en contra de las expectativas, no contiene sorpresas ni soluciones a dudas de interpretación. De hecho, la guía no se plantea introducir cambios o abordar cuestiones doctrinales complicadas, sino simplemente recordar de forma clara y sistemática una serie de aspectos claves relativos a los derechos de los pacientes y usuarios de los servicios de salud y sobre los datos de salud en general. Por eso, el formato es el de preguntas y respuestas, como en unas FAQs, con una redacción apta para no juristas.

Desde un primer momento, la guía nos explica qué es un dato de salud, y nos aclara que el CIP (el código del paciente) también lo es. También aparece la cuestión de la historia clínica, que se plantea también como un derecho del paciente, que es el verdadero titular de los datos consignados en ella y no el centro o el profesional. Porque el derecho a la protección de datos del paciente se expresa en una multiplicidad de derechos: el derecho a ser informados sobre el tratamiento de los datos, pero también el derecho de acceso a los datos ya la historia clínica (salvo las anotaciones subjetivas los profesionales) y los derechos de portabilidad, limitación, oposición, rectificación y supresión. Para el caso de que no se atiendan estos derechos, el paciente o usuario de los servicios de salud siempre podrá dirigirse directamente al delegado / a de Protección de Datos de la entidad o en la APDCAT.

Como novedad más significativa, la APDCAT aborda por primera vez en un solo apartado aquellas comunicaciones de datos realizadas como consecuencia de las medidas y regulaciones extraordinarias adoptadas en la lucha contra la COVID-19. Son casos vinculados a la declaración obligatoria de enfermedad y los brotes epidémicos, y prevén comunicaciones al centro de trabajo o escolar o personas relacionadas, sin tener que contar con el consentimiento de la persona afectada. La APDCAT declara que todas estas comunicaciones son necesarias y están legitimadas, como también es lícito que la Generalitat de Catalunya utilice una app para recoger datos de la ciudadanía en relación a la COVID-19. No sería legal, pero, que se establece una obligación ciudadana de responder a estas encuestas.

Finalmente, la guía responde algunas cuestiones básicas relativas a tratamientos de datos de salud en el ámbito administrativo, de la investigación, de la docencia y de la salud laboral. Son cuestiones todas ellas que no podemos obviar.

Como anécdota, cabe decir que la guía se pronuncia sobre un tema antiguo y relativamente polémico, que es el de si el centro asistencial puede proporcionar información sobre el número de habitación en las visitas de los pacientes. En este caso, la APDCAT adopta una solución fuerza de sentido común y no muy diferente a lo que ya habían dicho otras autoridades: a menos que haya una autorización expresa del paciente, sólo se podrá dar esta información a las personas que acompañen el paciente durante el proceso asistencial.

En definitiva, nos encontramos con una guía escrita con lenguaje llano y fácil comprensión dirigida a la ciudadanía en general (más allá de los profesionales del sector) que puede contribuir a caracterizar el derecho de la protección de datos en el ámbito sanitario.

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La «brecha digital» que cada vez se hace más grande

De entre los muchos efectos y consecuencias de esta pandemia, que lo ha trastornado todo, es justo reconocer que no todo ha sido negativo. La necesidad de confinar y mantener distancias en previsión de contagios ha forzado, de paso, un salto inesperado en la digitalización de procesos administrativos y en el desarrollo del teletrabajo, la teleasistencia (sanitaria) y la enseñanza telemática; actividades que antes se llevaban a cabo de forma necesariamente presencial, hemos descubierto ahora que se pueden hacer por videoconferencia, con resultados muy similares o incluso mejores, en algunos casos, en términos de eficacia. Realmente ya lo sabíamos antes, pero históricamente los cambios no se convierten en definitivos e irreversibles hasta que no se producen situaciones de crisis, como cuando, durante la primera guerra mundial, el coche sustituyó el caballo como medio de transporte preferido de los seres humanos, cosa que a nadie se le habría ocurrido antes de la guerra.

Es evidente que la tendencia a la digitalización de procedimientos necesarios para la vida en sociedad (como el hecho de que ya sólo se puedan realizar determinados trámites legales mediante internet) y la difusión de la videoconferencia como herramienta de trabajo funcional requieren unos mínimos recursos económicos y competenciales que no se encuentran al alcance de todos. Nuestra sociedad es compleja y diversa, y cualquier cambio que altere el precario equilibrio del sistema hace exudar las profundas diferencias que ya existían.

La cara oscura de la moneda son los que han quedado excluidos de este nuevo salto, los que no tendrán acceso a estas nuevas posibilidades, bien porque no pueden costearse los recursos informáticos o el acceso a internet, bien porque no tienen la experiencia o conocimientos necesarios. Huelga decir que esta «brecha digital» puede tener consecuencias catastróficas en términos de igualdad y derechos fundamentales: no se habla mucho estos días, pero los niños y niñas de familias más desfavorecidas se verán privada, con consecuencias tal vez irreversibles, de su derecho fundamental a la educación. Y hablamos de los niños y niñas, porque son los más vulnerables, pero muchos otros sectores de la sociedad tampoco podrán superar esta «brecha digital», como personas mayores o con pocos recursos en general.

Este es uno de los riesgos del progreso: siempre hay los que no pueden seguir. Como todos los esfuerzos se concentran ahora en las medidas contra la pandemia, no los queremos ver, pero están ahí y se les debe ayudar.

Precisamente, cuando la «brecha digital» se ha hecho más evidente, debemos convertir también este efecto colateral en una oportunidad para solucionar el problema. Corresponde a la sociedad en general asumir esta necesidad. Las administraciones y empresas deben asumir el reto de homogeneizar recursos y competencias en relación con internet, y el Día de Internet es un buen día para recordarlo. No nos podemos permitir de ninguna manera construir una sociedad en la que internet sea necesario para vivir plenamente, pero haya personas que no tengan acceso. El principio de igualdad de oportunidades, más que un principio, debe ser una realidad palpable. Sobre todo, a partir del momento en que, por necesidades imperiosas, lo hemos tenido que virtualizar casi todo.

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Los premios de la Agencia Española de Protección de Datos 2019

Siguiendo una tradición ya consolidada, la Agencia Española de Protección de Datos entregó, el pasado 28 de enero, los «Premios Protección de Datos 2019» en sus distintas categorías. Con estos galardones, la institución pretende reconocer determinados casos de difusión, conocimiento y práctica vinculados a la protección de datos que hayan sido relevantes durante el año 2019.

Entre las entidades y personas premiadas, para citar algunas, destacamos la periodista Sofía Olmos en la categoría de comunicación, al que se reconoce su labor de difusión de noticias sobre uso responsable de las TIC, el Ministerio de Trabajo, en la categoría de entidades públicas, por haber desarrollado la aplicación ASSI-RGPD, con la que se pretende ayudar a los responsables del tratamiento a cumplir sus obligaciones en materia de privacidad, y el IES Rafael Alberti de Cádiz, en la categoría de buenas prácticas educativas, para un proyecto sobre medidas de prevención en el proceso educativo titulado «el Ciberespacio: amenazas y oportunidades». (más…)

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