Nuestra opinión

El Consejo de Ministros del pasado 12 de enero aprobó el Reglamento de Auditoría de Cuentas y el Real Decreto que modifica el Plan General de Contabilidad, quedando pendiente a fecha actual su publicación.

Modificación de la normativa contable

En cuanto al marco contable, el texto se adapta a las normas internacionales de contabilidad adoptadas por la Unión Europea en relación con la contabilización de los instrumentos financieros y el reconocimiento de ingresos, en concreto las NIIF-9 «Instrumentos Financieros», la NIIF 13 «Definición y desarrollo del valor razonable» y la NIIF 15 «ingresos ordinarios procedente de contratos de clientes». Esta reforma debe permitir a las sociedades integrantes de grupos cotizados aplicar en las cuentas individuales un marco de información financiera adaptado a los principios y criterios contables internacionales. (más…)

• Se permite la posibilidad de proceder a la tramitación anticipada de expedientes de gasto de ejercicios posteriores para cualquier tipo de expediente que se financie con los fondos procedentes del Mecanismo para la Recuperación y Resiliencia (MRR) y se eleva la importe de los pagos anticipados hasta el 50% del total.
• Se extiende el número de ejercicios en que se pueden adquirir compromisos de gastos relacionados con el MRR y el REACT A 5 años (en el ejercicio inmediato siguiente y en el segundo, el 100 por ciento, en el tercer ejercicio, el 70 por ciento y en los ejercicios cuarto y quinto, el 60 por ciento y 50 por ciento) y se permite que el Gobierno modifique porcentajes y duración máxima.
• Se permite incorporar a los créditos del ejercicio los remanentes de los créditos que amparen compromisos de gastos contraídos dotados en el servicio de MR de cada sección, así como el resto de los créditos vinculados al MRR consignados en los presupuestos de gastos con presupuesto limitativo.

(más…)

En el DOGC número 8302 de 23 de diciembre se publicaba la Resolución JUS / 3362/2020, de 18 de diciembre, por la que se aprueban los criterios que deben regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2021.

Según el marco legal vigente, el Protectorado velará por que se cumplan las finalidades fundacionales, las disposiciones legales y los estatutos de las fundaciones, y porque se observe la voluntad fundacional respetando la autonomía de gestión y de funcionamiento de las fundaciones. En el artículo 23.1 de la Ley 21/2014, del 29 de diciembre, se confiere al Protectorado y el Órgano de Supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública el ejercicio de la potestad inspectora. En concreto, el artículo 23.2 enumera una serie de causas de inspección y el artículo 24.1 dispone que el Protectorado y el Órgano de Supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública aprobarán anualmente un plan de actuaciones inspectoras formulado de acuerdo con criterios objetivos que deben hacer públicos. (más…)

Tanto la sociedad como el Gobierno actuales empujan hacia una sociedad en la que no haya discriminaciones por razón de género, tampoco en el ámbito profesional. Consecuencia de ello, nuestro ordenamiento jurídico regula cada vez más estos aspectos para evitar brechas y pérdidas de oportunidad, un buen ejemplo son los Reales Decretos 901 y 902 del pasado 13 de octubre, que desarrollan puntos de la ley de 2007. (más…)

En los últimos días de 2020 se aprobó la nueva Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. La nueva Ley, también conocida como «Ley Celaá» introduce cambios en el sistema educativo, entre otros: elimina el castellano como lengua vehicular, potencia la enseñanza pública, limita las repeticiones y en concreto, la Disposición final cuarta, modifica el artículo 83.1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPD y GDD), relativo al derecho a la educación digital. (más…)

Que un país como Reino Unido salga de la Unión Europea implica, de entrada, que dejen de aplicarse las normas jurídicas europeas que se estaban aplicando. Entre ellas, recordamos que el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) es un una norma jurídica directamente aplicable en los Estados miembros, que además ostenta un carácter jerárquicamente superior a las legislaciones estatales. Nos encontramos pues con la situación paradójica de que un país que tenía todas las garantías para transferir datos de carácter personal de repente puede ser considerado un país inseguro debido a un cambio repentino de su situación jurídica respecto a la Unión Europea, y esto tiene implicaciones extraordinarias en cuanto a las empresas u organizaciones europeas que tienen relación con este país. (más…)

El Gobierno ha llegado a un nuevo acuerdo con los agentes sociales para prorrogar los ERTE desde el 1 de febrero hasta el 31 de mayo, en condiciones similares a las existentes hasta ahora.

El acuerdo contempla la prórroga de todos los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) basados en causas relacionadas con la COVID 19.

Dentro de estos ERTE, se reconocen de nuevo exoneraciones a empresas que sean titulares de estos y pertenezcan a sectores con una elevada tasa de cobertura por el expediente y una reducida tasa de recuperación de actividad, si bien se utilizan criterios objetivos más generosos para determinar estos sectores, lo que da lugar a la incorporación de nuevos CNAE, que implican que se proteja a empresas que dan empleo a casi 50.000 personas trabajadoras más. (más…)

El Gabinete Jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado en el mes de noviembre, su informe de valoración del Anteproyecto de la norma reguladora del trabajo a distancia con el número de referencia 0073/2020. En este informe se analiza la adecuación de la regulación del trabajo a distancia en relación a la afectación de un derecho fundamental como es el derecho a la protección de datos personales teniendo en cuenta las nuevas relaciones laborales surgidas como consecuencia de la pandemia generada por la COVID-19 y totalmente influenciadas por el incremento del uso de nuevas tecnologías. (más…)

El pasado mes de noviembre la Sala de lo Social del Tribunal Supremo dictaminó que no basta una mera y genérica invocación de la necesidad de cubrir situaciones de vacaciones, licencias y permisos del personal de plantilla, sin mayor especificación, para dar cobertura a un contrato eventual. En el caso concreto indica que es del todo irregular suscribir contratos eventuales en los que se refleje como causa de temporalidad la «Realización de las tareas propias de la oficina», sin ninguna otra precisión. (más…)

El Diario Oficial de la Unión Europea ha publicado en fecha 01 de diciembre de 2020 las conclusiones del Informe del Consejo de Europa en el que insta a los Estados a mejorar la eficiencia de la contratación pública para impulsar la recuperación y hacer frente a futuras crisis.

Incide en su potencial para lograr la doble transición ecológica y digital, potenciando la innovación, la contratación socialmente responsable y la cooperación. Señala la necesidad de una reducción de cargas burocráticas, pero garantizando siempre la máxima competencia en condiciones de igualdad y la integridad. (más…)