Nuestra opinión

El Diario Oficial de la Unión Europea del pasado 20 de mayo publicaba la Recomendación (UE) 2021/801 de la Comisión de 18 de mayo de 2021, sobre el tratamiento fiscal de las pérdidas incurridas durante la crisis de la COVID-19.

En dicha recomendación, la Comisión europea, atendiendo a las circunstancias excepcionales de los años 2020 y 2021 derivadas de la pandemia de COVID-19, insta a los Estados miembros a permitir trasladar las pérdidas obtenidas por las empresas, como mínimo, el ejercicio fiscal anterior (2019), ampliable a tres ejercicios fiscales anteriores, por lo que las empresas pudieran compensar sus pérdidas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2021 con los beneficios ya grabados en los ejercicios de 2019, 2018 y 2017. (más…)

La Oficina, organismo vinculado al Ministerio de Hacienda del Gobierno de España es el encargado de velar por la correcta aplicación de legislación en materia de contratación pública.

La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) ha publicado este mes de junio un monográfico sobre el reparto de los 72.000 millones de fondos europeos que España recibirá desde Bruselas entre 2021 y 2023 para combatir las desigualdades surgidas a partir de la pandemia. (más…)

En el BOE del día 28 de abril se ha publicado el Real Decreto Ley 7/2021 de transposición de directivas de la Unión Europea en diversas materias, entre las que destacan dos normas comunitarias que regulan el tratamiento del IVA en el comercio electrónico, para que tribute en el país de destino.

A estos efectos, en los últimos días han sido aprobadas las siguientes normas: (más…)

La Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, recoge dentro del capítulo II dos normas que intentan atenuar temporal y, excepcionalmente, las consecuencias que tendría la aplicación en la actual situación de las normas generales sobre disolución de sociedades de capital y sobre declaración de concurso, de forma que se permita a las sociedades ganar tiempo para poder reestructurar su deuda, conseguir liquidez y compensar pérdidas, ya sea ​​por recuperación de su actividad o para el acceso al crédito o ayudas públicas. (más…)

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales modifica su interpretación y acepta recursos especiales en materia de contratación contra la clasificación de las ofertas, siempre que estén realizadas por el órgano de contratación.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha considerado, tradicionalmente, como acto de tramite no cualificado (y, por tanto, no sujeto a un hipotético recurso especial) la clasificación de las ofertas, tanto como si este acto lo realiza la mesa de contratación como el propio órgano de contratación.

A pesar de esta tradicional interpretación, ya partir de la resolución 174/2021, el Tribunal modifica su criterio y entiende que es susceptible de recurso la clasificación de ofertas cuando la realiza el propio órgano de contratación, criterio que consolida en la resolución 421 / 2021 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, determinando que,

La resolución recurrida de 30 de septiembre de 2020 es un acto del órgano de contratación que clasifica las ofertas y al emanar del mismo órgano de contratación, consideramos que sí decide indirectamente sobre la adjudicación, en concreto, sobre a favor de que licitador debe efectuarse, previo cumplimiento de lo determinado en el artículo 150.2, determinación que se la hace a sí mismo este órgano, lo que excluye, en principio, la posibilidad de que el órgano de contratación se separe de la su propia declaración de voluntad, que es lo que determina que esta misma clasificación realizada por la mesa no se considere acto de trámite cualificado.

EL pasado 17 de mayo de 2021 se implementó en la oficina virtual del sistema Red la opción de solicitud de ampliación de la moratoria para instituciones hospitalarias.

Origen de la moratoria

El origen de la deuda se debe a los problemas de financiación para apuntalar el sistema sanitario durante la década de los 80 y parte de la de los 90. Durante años, frente a la precariedad de sus cuentas, los responsables sanitarios prefirieron priorizar los pagos a sus empleados y a proveedores que a las obligaciones con la Seguridad Social

El Gobierno implantó con la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, una moratoria para ese agujero y la condonación de los recargos e intereses. A cambio, se aseguraba los pagos anuales de los siguientes ejercicios. El aplazamiento, que tenía un periodo de diez años, se ha ido prorrogando a cada nuevo presupuesto.

¿A quién va dirigido?

A las instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro, acogidas a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995 y que pretendan solicitar la ampliación de la carencia y la moratoria que tengan concedidas siempre que así lo haya recogido la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año o, en su defecto, una disposición con rango legal que así lo prevea.

La Disposición adicional sexagésima cuarta de los Presupuestos Generales del Estado para 2021, hace referencia a la prórroga de la moratoria, en la que se establece la posibilidad para las entidades citadas anteriormente de solicitar la ampliación de la carencia concedida a veintisiete años, junto con la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de diez años con amortizaciones anuales.

Ahora, a través del servicio Online de la página web de la Tesorería General de la Seguridad Social se simplifica el proceso para solicitar la ampliación de dicha moratoria prevista en los últimos Presupuestos Generales del Estado aprobados para el año 2021.

Forma de solicitarlo

 A través de la página Web de la Seguridad Social, acreditando la identificación mediante certificado digital de la entidad, se realiza una solicitud mediante registro electrónico, solicitando la ampliación de la moratoria, en la que únicamente será necesario adjuntar:

•  Número de expediente de la moratoria concedida
• Beneficiario de la moratoria (Razón social, NIF y CCC).

El BOE del pasado 28 de abril publicaba el Real Decreto-ley 7/2021 de 28 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención de blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores. (más…)

En el BOICAC nº 125/2021 se ha publicado la consulta sobre la obligatoriedad de presentar el EINF y su publicación en la página Web.

La consulta plantea las siguientes cuestiones:

• Si todas las empresas sin tener en cuenta su forma jurídica deben presentar la EINF.
• Si están obligadas a publicarlo en la página web.
• Si se publicará completo o se puede publicar sólo un resumen.

La respuesta a la primera cuestión es que los ejercicios económicos iniciados a partir del 1 de enero de 2021 todas las sociedades que forman parte del ámbito de aplicación del TRLS, (sociedades anónimas, limitadas y comanditarias por acciones), con más de 250 trabajadores y que o, bien sean entidades de interés público o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan a la fecha de cierre de cada uno de los ejercicios, al menos una de las circunstancias en que el total de las partidas de activo superen los 20.000.000 euros o bien que el importe neto de la cifra actual de negocios sea superior a 40.000.000 euros tendrán la obligación de presentar la EINF a nivel individual. (más…)

El 31 de marzo ha entrado en vigor la Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la Covid-19. Esta Ley tiene como principal objetivo de determinar las medidas de prevención e higiene a implementar para hacer frente a la generación de riesgos de propagación de la enfermedad, así como prever la adopción de planes y estrategias de actuación para hacer frente a la crisis sanitaria.

A lo largo de los 31 artículos que incorpora la Ley 2/2021 se hace referencia a medidas relativas a medicamentos y productos sanitarios, a la organización de los puestos de trabajo, al empleo de los servicios de transporte de pasajeros tanto marítimos, como ferroviarios y por carretera, así como medidas para la vigilancia epidemiológica y para garantizar las capacidades del sistema sanitario. (más…)

Ya de pleno en el 2021, llega el momento en que la Agencia Española de Protección de Datos publica su memoria anual sobre el año anterior, un año -no hay que decirlo- marcado por una pandemia sin precedentes que lo ha condicionado todo. Como no podía ser de otro modo, la actividad de la AEPD durante el año 2020 se ha centrado en buena parte a garantizar y compatibilizar el derecho a la protección de datos con las medidas destinadas a minimizar los estragos de la COVID-19. (más…)