Nuestra opinión

La Disposición adicional Novena de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos generales del Estado para el año 2018 establecía, un año más, que las instituciones sanitarias de titularidad de las administraciones públicas o de instituciones públicas o privadas sin ánimo de lucro que se hubieran acogido a la moratoria prevista en la disposición adicional trigésima de la Ley 41/1994, de 30 de diciembre, de presupuestos generales del estado para 1995, podían solicitar a la Tesorería general de la Seguridad Social la ampliación hasta veintidós cuatro años de la carencia concedida en su día, así como la ampliación de la moratoria concedida hasta un plazo de 10 años con amortizaciones anuales.

El año 2019 sin embargo, la falta de gobierno en el estado no ha permitido, ni permitirá a estas alturas, la aprobación antes del 31 de diciembre de la correspondiente Ley de presupuestos y, en consecuencia, tampoco la inclusión en los mismos de una nueva prórroga anual en el pago de la deuda histórica con la Tesorería de la Seguridad Social de las entidades sanitarias en Cataluña estimado, según la información recogida por el Consorcio de Salud y Social de Cataluña de los informes económico de la Central de Balances, en 289, 28 millones de euros.

Como consecuencia, y salvo que el gobierno en funciones no apruebe un Real Decreto-ley, tal como ocurrió en el año 2011, las entidades sanitarias de Cataluña tendrían que hacer frente, antes de final de año, al pago del 10 % de la deuda histórica que supone un importe de 28,94 millones de euros.

El Tribunal Supremo analiza la cuestión relativa a determinar si la retribución percibida por los concesionarios de servicios públicos constituye una tasa o, por el contrario, una tarifa. La trascendencia de esta sentencia radica en que el pronunciamiento se hace a la vista de las novedades introducidas por el legislador y de la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional. (más…)

Con fecha de 30 de septiembre de 2019 el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público estima recurso especial en materia de contratación contra anuncio de licitación y pliegos de una licitación publicada en procedimiento de adjudicación negociado sin publicidad por razón de exclusividad previsto en el artículo 168 a) 2do de la LCSP; donde la parte actora considera que no resulta ajustada a derecho la justificación en el expediente de los elementos legales de exclusividad que la habilitan, vulnerando los principios de libre concurrencia y de igualdad de trato. (más…)

Los trabajadores autónomos que quieran modificar su base de cotización en el RETA y que dicho cambio produzca efectos a partir del 1 de enero de 2020, pueden hacerlo presentando la solicitud de cambio en una oficina de la TGSS o de forma telemática antes del 31 de diciembre de 2019, ya que nos encontramos dentro del último plazo de los cuatro que se han establecido, tras la entrada en vigor de la Ley 6/2017 de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que introdujo el art. 43 bis RGCL. (más…)

El día1 de enero de 2020 entrará en vigor la legislación relativa a la gestión de los libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Orden HAC / 773/2019, de 28 de junio (https://www.boe.es/eli/es/o/2019/06/28/hac773); Orden que derogará la anterior regulación (Orden, de 3 de mayo de 1993, por la que se regula la forma de gestión y el diligenciado del libro registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) con su entrada en vigor . (más…)

La Agencia Española de Protección de Datos ha divulgado un documento sobre las consecuencias administrativas, disciplinarias, civiles y penales de la difusión de contenidos sensibles.

El documento explica las consecuencias para las empresas en el ámbito de trabajo diferenciando las infracciones muy graves con multas desde 6.251 hasta 187.515 euros y por las graves con multas desde 626 a 6.250 euros.

Como infracción muy grave en el ámbito laboral son los actos del empresario que son contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores. Por ejemplo, cita el propio documento, dos trabajadores hombres de una empresa sometidos a hostigamiento por parte de sus compañeros, incluyendo por quien ocupa cargo de responsabilidad, para mantener una relación sentimental siendo difundida la relación a través de imágenes y la dirección de la empresa conociendo la situación no adopta medidas para impedirlo.

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A principios de septiembre, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), junto a la intervención General de la Seguridad Social, publicó un Informe relativo a los “Principales resultados de Control en materia de Contratación pública conforme al Art. 332.11 de la LCSP”.  

El artículo 332.11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y “los órganos equivalentes a nivel autonómico y local, remitirán anualmente a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación (OIRESCON) un informe global, que se hará público dentro del mes siguiente a su recepción, con los resultados más significativos de su actividad de control en la contratación pública”.

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A raíz de la publicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, se ha regulado el plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto, que se realizará del 1 al 30 de junio de cada año.

Excepcionalmente, para los períodos ya devengados (2017, 2018 y 2019), se deberá liquidar entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. La presentación se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Catalunya.

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La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una Nota Técnica donde se facilitan directrices en relación al deber de informar y otras medidas de responsabilidad proactivas orientadas a las entidades involucradas en el desarrollo, distribución y explotación de aplicaciones móviles del ámbito de la educación, la actividad física, el bienestar y la salud.

Las conclusiones de esta nota giran entorno a dos grandes temas, por un lado el cumplimiento del deber de información y, por otra parte, la regulación de la relación entre el responsable del tratamiento de los datos y el proveedor que ha contratado para encargarle el desarrollo y / o la explotación de la aplicación, permitiéndole de este modo el acceso a datos personales.

En cuanto al deber de información, la AEPD señala que hay varios aspectos a los que los responsables del tratamiento deben prestar especial atención para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los datos personales de los interesados. Uno de los aspectos relevantes es que la información que se proporciona al interesado sobre el tratamiento de sus datos debe estar disponible tanto en la aplicación como en la tienda de aplicaciones. De este modo, se garantiza que el interesado tenga acceso a la información tanto antes de comprar la aplicación como durante su uso.

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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicaba en su página web, el pasado 4 de junio de este año, una serie de consideraciones que aclaran diversos aspectos sobre las condiciones exigidas en los procesos de contratación de auditores.

Como consideración general el ICAC, al tratarse de procesos de licitaciones de diversas entidades, entre las que se encuentran algunas integrantes del sector público, señala que resulta conveniente aclarar el ámbito de la normativa en que se ha de enmarcar el trabajo de auditoría de las cuentas anuales de una determinada entidad, en función de su naturaleza pública o privada y, por tanto, el régimen jurídico al que se encuentra sujeto el trabajo, lo que permite diferenciar entre lo que podría denominarse «auditoría mercantil» y «auditoría pública».

Con referencia a esto, hay que resaltar la diferencia de los diferentes ámbitos normativos en los que se desarrollan, por un lado, la actividad de auditoría de cuentas llamada «auditoría mercantil», que se encuentra regulada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas (en adelante, LAC), y su normativa de desarrollo, entre las que se encuentran las normas técnicas de auditoría publicadas al efecto por el Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas.

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