Condiciones requeridas en procesos de licitación para la contratación de auditores

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicaba en su página web, el pasado 4 de junio de este año, una serie de consideraciones que aclaran diversos aspectos sobre las condiciones exigidas en los procesos de contratación de auditores.

Como consideración general el ICAC, al tratarse de procesos de licitaciones de diversas entidades, entre las que se encuentran algunas integrantes del sector público, señala que resulta conveniente aclarar el ámbito de la normativa en que se ha de enmarcar el trabajo de auditoría de las cuentas anuales de una determinada entidad, en función de su naturaleza pública o privada y, por tanto, el régimen jurídico al que se encuentra sujeto el trabajo, lo que permite diferenciar entre lo que podría denominarse «auditoría mercantil» y «auditoría pública».

Con referencia a esto, hay que resaltar la diferencia de los diferentes ámbitos normativos en los que se desarrollan, por un lado, la actividad de auditoría de cuentas llamada «auditoría mercantil», que se encuentra regulada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas (en adelante, LAC), y su normativa de desarrollo, entre las que se encuentran las normas técnicas de auditoría publicadas al efecto por el Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas.

Por otra parte, la auditoría de cuentas del sector público, «auditoría pública», dirigida al ámbito de entidades pertenecientes al sector público (estatal, autonómico o local), se encuentra regulada en sus respectivas normas de control financiero correspondientes (Ley 47/2003 de 26 de noviembre, general presupuestaria, en el ámbito estatal, y las correspondientes normativas en el ámbito autonómico y local), rigiéndose, por tanto, cada Administración por una normativa específica, teniendo un alcance diferente que la auditoría mercantil, pudiendo adoptar diversas modalidades (como control financiero, de legalidad, cumplimiento de objetivos, etc.), realizándose esta auditoría pública mediante los procedimientos de revisión contenidos en las normas de auditoría e instrucciones que dicten los correspondientes órganos de control de las respectivas administraciones competentes.

Con referencia a esto, desde el ámbito de aplicación de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas interesa reseñar que dispone el artículo 1.4 de la LAC que establece:

«4. Lo dispuesto en esta Ley no es aplicable a las auditorías de cuentas que se realicen por los órganos del sector público estatal, autonómico o local en el ejercicio de sus competencias, que se rigen por su legislación específica »

No obstante, en los casos en que en los contratos celebrados entre los órganos públicos de control y los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas incluya, junto con la colaboración en la realización de la auditoría pública, la emisión de un informe de auditoría de cuentas, destinado a atender determinadas exigencias previstas en normas sectoriales o por otras razones de índole mercantil o financiero, el informe de auditoría se someterá a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

En consecuencia, en los procesos de licitación para la realización de la auditoría de las cuentas anuales de una entidad, habrá de determinarse el marco normativo al que se encuentra sujeta a la realización de este trabajo, si el de la «auditoría mercantil» (LAC y su normativa de desarrollo) o el de la «auditoría pública» (normativa del sector público correspondiente), ya que esta circunstancia delimitará las normas a que debe atenerse tanto el proceso de licitación como el posterior desarrollo del trabajo de auditoría.

Una vez establecido esto, el ICAC determina la adecuación a la normativa reguladora de auditoría de cuentas (LAC y desarrollos relacionados) de los siguientes requerimientos incluidos habitualmente en los procesos de licitación:

  • La acreditación de un importe mínimo de facturación por servicios de auditoría o una determinada dimensión o un número mínimo de años de ejercicio práctico.
  • La pertenencia a una determinada corporación representativa de auditores de cuentas.
  • La prestación de forma conjunta con la auditoría de las cuentas anuales de otros servicios de diversa índole, desde los relacionados con la elaboración de estados o documentos contables consultas o asesoramientos en esta materia. La licitación se hace de forma conjunta por un importe único que engloba todos los servicios.

En cuanto a las condiciones de licitación referidas a la acreditación de una determinada cuantía de facturación, dimensión o número de años de ejercicio efectivo, así como de la pertenencia a una concreta Corporación representativa de los auditores de cuentas, se establece que, con carácter general, el establecimiento de condiciones que limiten o restrinjan la selección, nombramiento y contratación de cualquier auditor de cuentas deben considerarse contrarias a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. Sin embargo, este tipo de restricciones no deberían confundirse con las condiciones establecidas en un proceso de selección que pudieran venir motivadas por la complejidad y dimensión de la entidad a auditar, o por la actividad o sector al que ésta pertenece, ya que estas circunstancias podrían justificar el establecimiento de condiciones, adecuadas y proporcionadas a las particulares características de la entidad en cuestión, respecto a la especialización y adecuación de los recursos y sistemas a emplear en la auditoría, para garantizar su calidad y el cumplimiento de la finalidad que se le atribuye.

En cuanto a la licitación de forma conjunta de la auditoría de las cuentas anuales y otros servicios diferentes, estableciendo un importe único de honorarios que englobe todos los servicios, se indica lo siguiente:

  • Los servicios diferentes a los de auditoría licitados, en ningún caso deberían suponer una vulneración del régimen de independencia que establece la LAC, por lo que no podrán tener por objeto la prestación de un servicio prohibido o incompatible de acuerdo con este régimen de independencia, ni suponer una amenaza que no pudiera reducirse o eliminarse mediante la aplicación de las salvaguardas necesarias de forma que no se vea comprometida la independencia del auditor.
  • Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anuales de una entidad no pueden estar condicionados o influidos por la prestación de otros servicios adicionales a esta entidad, ni pueden tener carácter contingente.
  • Debe haber una separación entre los honorarios correspondientes a los trabajos de auditoría de cuentas (sujetos a un régimen legal establecido) y los de otros servicios distintos a los de auditoría (no sujetos a este régimen), no pueden figurar todos dos por un importe global, sin especificar al menos los honorarios de auditoría individualizados.

Todo esto es sin perjuicio de lo que disponga la normativa sobre la contratación del sector público a la que la entidad en cuestión esté sujeta y cuyo cumplimiento resulte obligada. Así en el caso de que la licitación se realice en el ámbito del sector público, se deberá respetar lo que establece la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

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@ Faura-Casas

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