El Gobierno aprueba las medidas derivadas del acuerdo social en defensa del empleo

Tras semanas de intensas negociaciones con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas a nivel estatal, el Boletín Oficial del Estado del 13 de mayo, ha publicado el Real Decreto-ley 18/2020, de 12 de mayo, por el que se aprueban por el Gobierno una serie de medidas que pretenden dar una respuesta adecuada, para que las empresas adopten los ajustes dinámicos necesarios que les permitan transitar hasta un escenario de «nueva normalidad», salvaguardar el empleo y proteger especialmente  las personas trabajadoras.

Las principales medidas adoptadas son:

a)     Continuarán en situación de ERTE por fuerza mayor derivados de la COVID-19 empresas que, afectadas por las causas del artículo 22 del RDL 8/2020, las mismas -causas- les impidan el reinicio de la actividad, desde la entrada en vigor del presente RDL hasta el 30 de junio de 2020.

Se establece que, por acuerdo del Consejo de Ministros, se podrán prorrogar estos ERTE en atención a las restricciones de la actividad vinculadas a razones sanitarias que subsistan llegado el 30 de junio.

b)    Se considerará que se encuentran en situación de fuerza mayor parcial desde el momento en que las causas reflejadas en el artículo 22 del RDL 8/2020 permitan la recuperación parcial de su actividad y hasta el plazo máximo del 30 de junio.

Las empresas podrán desafectar parcialmente a la plantilla, de forma total o de forma parcial, y escalonadamente, en función de la necesidad que tengan para desarrollar su actividad. Así se habilita la conversión del ERTE suspensivo en ERTE de reducción de jornada ya sea de la totalidad o de una parte de trabajadores afectados.

c)     Las medidas de protección por desempleo asociadas a estos ERTE (sin necesidad de carencia y sin consumir los períodos de percepción) se mantendrán hasta el 30 de junio, salvo las de los fijos-discontinuos, que serán de aplicación hasta el 31 de diciembre.

d)    Se facilitará la transición de ERTE por fuerza mayor a ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, a los que les será de aplicación el artículo 23 del RDL 8/2020, y se permitirá que estos últimos se tramiten mientras estén vigentes los primeros, siendo la fecha de efectos inicial del segundo ERTE por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción la de finalización del ERTE por fuerza mayor.

e)     En materia de cotización. En los ERTE por fuerza mayor derivados de la COVID-19 en aquellos casos en los que no se reinicie la actividad, seguirán las exoneraciones en la cuota empresarial durante los meses de mayo y junio, y se produce una variación para aquellos que sí se reinicie la actividad, ya sea total o parcialmente. La solicitud se realizará mediante comunicación a través del Sistema RED, antes de que se solicite el cálculo de la liquidación de cuotas correspondiente a través Sistema RED.

En el mismo caso que el apartado a), estas exenciones podrán ser prorrogadas por Consejo de Ministros, incluso, extenderlas a los ERTE por causas objetivas.

f)      No podrán acogerse a ERTE de fuerza mayor las empresas y entidades con domicilio fiscal en paraísos fiscales.

g)    las empresas que se acojan a estos ERTE no podrán repartir dividendos durante el ejercicio fiscal de aplicación del ERTE, excepto si devuelven a la Seguridad Social las cuotas de las que fueron exoneradas. No se aplica a las empresas que, a 29 de febrero de este año, contaran con menos de 50 personas trabajadoras.

h)    En cuanto al mantenimiento del empleo durante un período de 6 meses desde la fecha de reanudación de la actividad, de los afectados por el ERTE de fuerza mayor, se modifica el redactado de la D. A. 6ª del RDL 8/2020.

  • Se especifica que este cómputo de seis meses empezará a contar desde la reincorporación al trabajo efectivo de personas afectadas por el ERTE, aun cuando ésta sea parcial o sólo afecte a parte de la plantilla.
  • Se establece que no se considerará incumplido dicho compromiso cuando estos contratos se extingan por despido disciplinario procedente, dimisión, muerte, jubilación, incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez y extinción de un contrato temporal por finalización de su vigencia o por el fin de la obra o servicio contratado.
  • Este compromiso de mantenimiento del empleo se valorará en atención a las características específicas del sector y la normativa aplicable, teniendo en cuenta -particularmente- las especificidades de aquellas empresas con alta variabilidad o estacionalidad del empleo.
  • Este compromiso no se aplicará a aquellas empresas que tengan riesgo de entrar en concurso de acreedores.
  • En el caso de incumplimiento, las empresas deberán devolver todas las cuotas de las que fueron exoneradas, con recargo e intereses de demora, previa actuación al efecto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que deberá acreditar el incumplimiento y determinar las cantidades a reintegrar.
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@ Faura-Casas

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