El proyecto «IdentiCAT» para apoderar la ciudadanía

Los que nos dedicamos al asesoramiento legal a menudo tenemos que explicar por qué existe la necesidad de tener una normativa en materia de protección de datos, con toda la carga que implica de obligaciones, conceptos jurídicos y sanciones. Esta necesidad legal se explica de forma comprensible por la necesidad de garantizar el derecho a la intimidad personal, de modo que la persona pueda tener siempre un control sobre sus datos de carácter personal y evitar que se haga un mal uso. Y eso pasa, inevitablemente, por el establecimiento de obligaciones a las organizaciones que recogen y tratan datos.

Imaginemos ahora que este control que la normativa reconoce a las personas no se haya de articular a través de un procedimiento de ejercicio de derechos, que puede tardar más de un mes en resolverse; imaginamos, por ejemplo, que la persona no tenga que hacer una solicitud para verificar, rectificar sus datos o suprimirlas en sus relaciones con una determinada organización o administración pública, sino que pueda ejercer este control sin que esta organización haya de recibir su solicitud ni contestarla. Imaginemos que la persona puede ejercer un control directo sobre sus propios datos, con quien compartirlas y de qué manera, con garantías de seguridad y legalidad. No necesitamos imaginar mucho más, porque esto es lo que plantea el modelo de identidad digital autogestionada que acaba de presentar la Generalidat de Catalunya, llamado IdentiCAT, el primero impulsado desde el sector público en Europa.

Basado en tecnología DLT (la misma de las soluciones «blockchain»), IdentiCAT implica que el ciudadano sea propietario, gestor y depositario exclusivo de su identidad y datos personales en sus relaciones digitales, tanto con la administración pública como con cualquier empresa privada. De este modo, mientras el ciudadano se constituye en el verdadero emisor de su identidad, la Administración se convierte en una simple validadora de la tecnología y garante de la legalidad, lo que supone un cambio importante de paradigma.

En la práctica, IdentiCAT será un software que llevaremos en nuestro móvil y que nos permitirá acreditar legalmente, por ejemplo, que somos mayores de edad, sin necesidad de tener que proporcionar ninguna otra información (sin tener que proporcionar el nombre, por ejemplo). La Generalitat garantizará la máxima privacidad en el tratamiento de los datos, si bien no tendrá acceso, ya que será el ciudadano quien podrá en todo momento decidir el uso que hace.

En definitiva, ¿no es este el sueño del legislador de todas las leyes de protección de datos desde la primera a la última, dar el control a los ciudadanos sobre sus datos? Frente a otros modelos o tendencias más cuestionables (como que sean las grandes empresas las que gestionen los datos, como ocurre en Estados Unidos, o que sea el Estado, como ocurre en China, con sus polémicos proyectos de monitoreo de los ciudadanos), no hay ninguna razón para que en Europa no se apueste ahora por un modelo que dé al ciudadano el control de su identidad. La tecnología lo permite, sin poner en riesgo la seguridad pública, y sólo falta, por tanto, la voluntad política. Y los 550.000 euros que la Generalitat tiene previsto destinar al desarrollo del proyecto IdentiCAT, que entrará en funcionamiento, si todo va bien, durante el próximo año. Es decir, en breve sabremos si se cumplen las expectativas. Esperamos que sí.

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@ Faura-Casas

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