Exención en el ITPiAJD en los contratos de arrendamiento para uso estable y permanente

El pasado día 6 de marzo entró en vigor el Real Decreto Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, por el que se vuelve a establecer la exención del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) en el caso de los arrendamientos de vivienda para uso estable y permanente a que se refiere el artículo 2 de la Ley de arrendamientos urbanos (LAU), si bien habrá que seguir presentando el modelo Impuesto como exento ante la Agencia Tributaria Catalana (ATC).

Hay que tener en cuenta que este Impuesto recae sobre los arrendatarios de los inmuebles, y que este tipo de arrendamientos ya habían sido exentos de gravamen entre el 19 de diciembre de 2018 y el 24 de enero de 2019 por la aplicación del Real Decreto Ley 21/2018, de 14 de diciembre, pero esta quedó sin efecto desde el 25 de enero de 2019.

Este Real Decreto Ley no tiene efectos retroactivos, por lo que no resulta de aplicación a los contratos de arrendamiento firmados con anterioridad a su entrada en vigor.

Otras medidas que se establecen en este Real Decreto son:

  • Ampliación de la prórroga obligatoria de los contratos de alquiler de 3 a 5 años, en el caso de persona física, y de 3 a 7 años, en caso de persona jurídica.
  • Se exige que para que proceda la resolución del contrato por necesidad del arrendador, persona física, para ocupar la vivienda, deberá constar de forma expresa en el contrato. El período con el que se realice el preaviso deberá ser al menos de 2 meses de antelación.
  • Se incrementa de 1 a 3 años el plazo de ampliación del contrato de arrendamiento en el caso de que ninguna de las partes haya expresado su voluntad de no renovarlo. Además se amplía también el plazo de preaviso que pasa a ser de 4 meses por parte del arrendador y de dos meses para el arrendatario, en caso de que alguna de las partes decida no renovar el contrato.
  • El incremento de la renta de alquiler, producido por la actualización anual, no podrá exceder a la variación experimentada por el Índice de Precios al Consumo (IPC) a fecha de cada actualización.
    Las garantías adicionales a la fianza no pueden exceder del importe de 2 mensualidades de la renta.
  • Los gastos de formalización del contrato y gestión inmobiliaria serán a cargo del arrendador si éste es persona jurídica.
  • En el caso de venta de la vivienda arrendada, el comprador deberá subrogarse el contrato de arrendamiento, respetando los plazos y condiciones pactados, aunque estos no estén inscritos en el Registro de la propiedad.

 

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@ Faura-Casas

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