Naturaleza jurídica de la prestación que pagan los usuarios de servicios públicos: ¿tasa o tarifa? STS de 25 de junio de 2019

El Tribunal Supremo analiza la cuestión relativa a determinar si la retribución percibida por los concesionarios de servicios públicos constituye una tasa o, por el contrario, una tarifa. La trascendencia de esta sentencia radica en que el pronunciamiento se hace a la vista de las novedades introducidas por el legislador y de la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Se fija como doctrina jurisprudencial la siguiente:

– Después de la reforma del art. 2.2.a de la LGT, efectuada por la DF 58ª de la Ley de Economía Sostenible, que suprimió el segundo párrafo de dicho precepto de la LGT, existe la opción discrecional para la Administración entre la configuración de la contraprestación como tasa o como precio y la opción por una modalidad de gestión directa o indirecta, si bien esta opción está limitada y legalmente defecto cuando el objeto de la actividad o servicio implica ejercicio de autoridad, supuesto en que se ‘impone la gestión directa por la propia Administración o mediante un organismo autónomo. En particular así se deduce en el ámbito de la Administración local del artículo 85.3 de la LRBR en este caso las contraprestaciones de los servicios públicos prestados directamente deben tener, necesariamente, la naturaleza de tasa o de precios públicos, en los términos que impone los artículos 24 de la Ley de Tasas y Precios Públicos y 20 y 41 del TRLHL.

– Fuera de este supuesto, y en particular cuando se opte por las formas de gestión indirecta del artículo 85.2 B) LRBRL, mediante alguna de las modalidades de contrato administrativo de gestión de servicios públicos del artículo 277 del Texto refundido de la Ley de Contratos del Sector público de 2011 (vigente al tiempo de los actos impugnados) – y en los mismos términos en el actual art. 289 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público la Administración titular del servicio puede optar por retribuir al gestor mediante una tarifa o precio a satisfacer directamente por los usuarios, una retribución de la misma Administración, o una combinación de ambas formas de retribución económica, prestación que tiene la naturaleza de prestación patrimonial de carácter público, pero no tiene naturaleza tributaria.

El Tribunal llega esta conclusión partiendo de la libertad de configuración del legislador estatal en la LGT, ratificada por la STC 63/2019, de 9 de mayo, sentencia esta última que tuvo ocasión de afirmar que:

[…] desde el punto de vista de la libertad de configuración del legislador para la creación y aplicación de las categorías jurídicas que considere adecuadas, es evidente que de la doctrina constitucional no se infiere la prohibición de utilizar la categoría de la prestación patrimonial de carácter público no tributaria ni tampoco la de ponerla en relación con la forma en que se gestione el concreto servicio público de que se trate. Categoría que, así prevista por el legislador, no es susceptible de contravenir los preceptos constitucionales que le resultan aplicables, especialmente el arte. 31.3 CE […] «(FJ. 6º»)

En todo caso, la STS que reseñamos resalta que la cuestión está legislativamente superada, dada la reforma introducida en esta cuestión por la Ley 9/2017. La LCSP, introduce de forma explícita el concepto de prestación patrimonial de carácter público que, hasta ese momento, como señala la citada STC 63/2019, de 9 de mayo, aunque no había sido objeto de ninguna regulación específica,

sí había sido identificado por el Tribunal Constitucional al analizar la constitucionalidad de diversas prestaciones. Recoge la denominación tradicional de tarifa en su arte. 289.2 ligada al concepto de prestación patrimonial de carácter público no tributaria, y hace varias modificaciones -que su exposición de motivos califica de aclamatòries- del régimen legal del contraprestación de los servicios públicos, por lo que después de esta modificación legislativa, se admite de manera explícita la posibilidad de que se arbitre un régimen específico y diferenciado de financiación para aquellos servicios públicos cuya prestación se realice, bien mediante formas de gestión directa con personificación privada, bien mediante gestión indirecta, por lo que en esta regulación, en el sentido esclarecedor insiste la exposición de motivos, tienen la consideración de prestaciones patrimoniales de carácter público no tributario, las contraprestaciones económicas establecidas coactivamente que se perciban por la explotación de obras o la prestación de servicios, en régimen de concesión o sociedades de economía mixta, entidades públicas emplee riales, sociedades de capital ín tegro público y otras fórmulas de derecho privado.

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@ Faura-Casas

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