Novedades de la Ley 18/2022 en el pago de los subcontratistas para evitar la morosidad en la Contratación Pública

El pasado 29 de septiembre es va publicar en el BOE la ley 18/2022, de 18 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, con el objetivo, tal y como prevé el artículo 1 de la misma ley, de “mejorar el clima de negocios impulsando la creación y crecimiento empresarial a través de la adopción de medidas para agilizar la creación de empresas” como la reducción de la morosidad comercial.

La ley 18/2022 modifica los artículos 216 y 217 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, con efectos a partir del 19 de octubre de 2022. El artículo 216 incorpora un nuevo apartado cuarto, el cual prevé que ante de contratos armonizados o cuyo valor sea superior a los 2 millones de euros, el órgano de contratación retendrá provisionalmente la garantía definitiva para el caso en que el subcontratista o suministrador reclame judicialmente o por vía arbitral el pago de facturas al contratista principal una vez se ha agotado el plazo aplicable. De este nuevo redactado del precepto, se desprende la voluntad de terminar con la morosidad en la contratación pública, para que la garantía definitiva se retendrá hasta que se acredite por parte del contratista el pago total de los derechos reconocidos al subcontratista o suministrador.

La modificación del artículo 217 de la Ley 9/2017 también quiere acabar con la morosidad en la contratación pública, puesto que la nueva redacción prevé que en los contratos de obra y de servicios con un valor superior a los 5 millones de euros, y en aquellos en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30% del precio del contrato, el contratista deberá aportar, en cada certificado de obra, un certificado de pago a los subcontratistas.

Por último, la ley 18/2022 incorpora el apartado tercero al artículo 217, que prevé como causa de imposición de penalidades el impago por parte del contratista al subcontratista o suministrador, cuando éste ha sido acreditado mediante resolución judicial o arbitral, y la demora en el pago no se debe a un incumplimiento por parte del acreedor de sus obligaciones respecto del contratista.

 

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@ Faura-Casas

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