Novedades de la ley 18/2022 en la protección de datos aplicada a la prevención de blanqueo de capitales

La reciente Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, supone una modificación importante en cómo debe aplicarse la protección de datos en el régimen de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, tal y como establece en su disposición final segunda. Esta disposición modifica la vigente ley de prevención de capitales, que es del año 2010, y la actualiza, teniendo en cuenta la entrada en aplicación posterior del Reglamento europeo (abreviado como RGPD y de aplicación desde 2018) y de la última ley española de protección de datos (LOPDGDD de 2018).

De entrada, con la nueva modificación, se permite que la identidad de los clientes quede acreditada mediante los sistemas de identificación electrónica y los servicios de confianza para las transacciones electrónicas en el mercado interior. Se reconoce ahora también en la ley de prevención de blanqueo que el régimen aplicable de protección de datos es el correspondiente al Reglamento europeo ya la ley española citada, especificando que no será necesario el consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales ni para las cesiones previstas, en cumplimiento de sus obligaciones de prevención. En las cesiones de datos obligados, tampoco será necesario cumplir el deber de información del artículo 14 RGPD ni informar sobre de dónde se han obtenido los datos. Tampoco procederá el ejercicio de derechos de los interesados ​​en el cumplimiento de la prevención y, por otra parte, los órganos centralizados de prevención tendrán la condición de encargados del tratamiento de los datos, salvo en aquellos tratamientos que lleven a cabo por mandato reglamentario. En este sentido, se clarifican las obligaciones de protección de datos que tienen los sujetos obligados a su prevención.

Aparte de los cambios y aclaraciones indicadas, quizás el cambio más significativo de la Ley 18/2022 es que introduce una obligación específica de los sujetos obligados a la prevención de realizar una evaluación de impacto en la protección de datos en los tratamientos de datos de prevención, a fin de poder adoptar las medidas técnicas y organizativas reforzadas para garantizar la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos personales. Recordamos que la evaluación de impacto sobre protección de datos es un instrumento de determinación de riesgos y de establecimiento de medidas de minimización del riesgo que está previsto en el RGPD para tratamientos que supongan riesgos para los derechos y libertades de las personas. En este caso, el legislador nos está diciendo que los tratamientos de datos de prevención se consideran siempre de riesgo y, por tanto, requieren siempre, de forma específica, una evaluación de impacto. Por otra parte, la ley también establece que, entre las medidas adoptadas como consecuencia de la evaluación de impacto, será necesario garantizar la trazabilidad de los accesos y comunicaciones de los datos.

En definitiva, con las recientes modificaciones legales en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, se hacen compatibles estas obligaciones de prevención con las que corresponden a protección de datos. En particular, se establece que las acciones de recogida, tratamiento y cesión de datos en materia de prevención no requerirán cumplir algunas de las obligaciones sobre protección de datos y, de forma particular, nunca podrán basarse en el consentimiento de las personas interesadas. Pero quizá el cambio más relevante sea la introducción de la obligación legal de llevar a cabo una evaluación de impacto sobre protección de datos, lo que afecta a los sujetos obligados a cumplir el régimen de prevención de blanqueo de capitales.

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@ Faura-Casas

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