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En los últimos años, los avances tecnológicos están contribuyendo a introducir la digitalización en la Administración. Esto se refleja en el hecho de que una parte importante de los fondos Next Generation se destinará a modernizar y digitalizar las administraciones públicas. Y, en la actualidad, el uso de programas para analizar datos, el uso del Big Data, el Blockchain y la Inteligencia Artificial han cobrado relevancia.

La burocracia administrativa y la falta de automatización de procesos, en la actualidad, todavía son asignaturas pendientes de las administraciones públicas. Ante el fenómeno que podríamos denominar como «inmersión tecnológica», debemos preguntarnos ¿Cómo puede intervenir la Inteligencia Artificial (IA) en la contratación pública?

La Contratación Pública, un sistema integrado esencialmente por diferentes procedimientos, es uno de los campos en los que se podría plantear la implantación de la IA como herramienta de apoyo en la gestión de este tipo de contratos. (más…)

El pasado 25 de mayo de 2023 se publicó en el BOE la Ley 13/2023, de 24 de mayo, por la cual se modifica la Ley General Tributaria. Entre los principales cambios aprobados, destaca la aprobación de un sistema único de corrección en las autoliquidaciones, para acercarse a la jurisprudencia europea. El sistema actual para rectificar una declaración consta de dos alternativas:

• La presentación de una declaración complementaria corrigiendo la declaración ya presentada. Esta opción solo es viable en el caso de que como consecuencia de la rectificación del error resulte un importe a ingresar superior al declarado inicialmente o bien en caso de que el resultado inicial fuera a devolver o compensar y resulte un importe inferior al declarado.
• La presentación de un escrito solicitando la rectificación de una declaración ya presentada. Este procedimiento se utiliza cuando sea necesario modificar datos que no afectan al resultado de la declaración o cuando de la corrección resulta un importe a ingresar inferior al de la declaración inicial, o bien en caso de que cuando el resultado inicial es a devolver o compensar y resulte un importe superior al declarado.

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La Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) ya constató en su Memoria de 2022 que la gran mayoría de delegados de protección de datos (DPD) nombrados en el sector público son externos, lo que implica que, en muchos casos, han sido contratados a través de procesos de contratación pública. Ahora, a través de la Recomendación 2/2023, publicada recientemente, la APDCAT recuerda que el DPD es una figura de obligatorio nombramiento en la administración pública y que dicho nombramiento debe tener en cuenta ciertos aspectos cualitativos, como la necesidad de tener conocimientos jurídicos, especialmente en relación con la protección de datos, o la capacidad para llevar a cabo determinadas funciones de información, asesoramiento, supervisión y cooperación.

Esta recomendación surge debido a la constatación de que en muchos procesos de licitación pública de un contrato de servicios de DPD externo, solo se ha tenido en cuenta el factor precio o se ha estimado un valor de precio muy bajo, sin considerar la dedicación real y los aspectos cualitativos que debe tener necesariamente la figura del DPD y su trabajo. (más…)

En el ámbito de la contratación pública, la subrogación de trabajadores después de un cambio de contratista es un tema recurrente que ha generado múltiples pronunciamientos por parte de los Tribunales de Recursos Contractuales. Una cuestión que a menudo se plantea al determinar el costo económico de la licitación es si este puede ser inferior al costo económico asociado a la subrogación del personal.

En este sentido, destacamos la reciente Resolución núm. 622/2023 (Recurso núm. 441/2023) del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC) que ha vuelto a poner de manifiesto la importancia de comprender las obligaciones relacionadas con la subrogación y el papel de los pliegos en este contexto.

En su resolución, el TACRC recalca que la obligación del adjudicatario de subrogarse en las relaciones laborales vigentes con el contratista saliente no deriva del pliego, sino de un convenio colectivo que afecta al sector de actividad en cuestión. Esto significa que el órgano de contratación no debe evaluar cuáles de los trabajadores son estructurales o si sus condiciones salariales son excesivas; su responsabilidad se limita a publicitar la información proporcionada por la empresa que actualmente presta el servicio. (más…)

En la reciente sentencia del 11 de mayo de 2023 (C 101/22 P), el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha proporcionado una interpretación detallada de la obligación de los órganos de contratación de ofrecer una motivación suficiente en respuesta a las preguntas formuladas por un licitador sobre la viabilidad de una oferta ganadora presumiblemente anormal. (más…)

Con fecha 27 de julio de 2023, se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el Acuerdo por el que se aprueba el Plan de incorporación de la metodología BIM (Building Information Modeling) en la contratación pública de la Administración General del Estado y sus organismos públicos y entidades del derecho público vinculados o dependientes.

Este plan ha sido elaborado por la Comisión Interministerial BIM – órgano presidido por el subsecretario de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana – y produciría efectos desde el día siguiente a su publicación en el BOE y establece unos requisitos para la adopción de la metodología BIM entre 2024 y 2030.

El BIM es una forma de trabajo colaborativa, basada en la digitalización y en la colaboración entre agentes durante todo el ciclo de vida de una edificación o infraestructura. Esta metodología implica el uso de una representación digital compartida de un activo para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, así como proporcionar una base fiable para la toma de decisiones.

La aplicación del BIM en la contratación pública persigue un doble propósito; optimizar la eficiencia de los recursos públicos y actuar como impulso por la transformación digital del sector de la construcción.

Con este enfoque, del uso del BIM en la contratación pública se espera una mejora de la eficiencia en el gasto público mediante la reducción de plazos y costes en la ejecución de contratos del sector público y mejoras de productividad.

El Plan instruye a los órganos de contratación sobre el uso del BIM en diversos contratos del sector público relaciones con la construcción: “en todo caso, el órgano de contratación solicitar BIM incorporando requisitos de información BIM en los pliegos de prescripciones técnicas particulares o en los documentos descriptivos, según corresponda, que se definirán en función de las necesidades del contrato y de las fases del ciclo de vida de

Aunque todavía habrá que esperar a ver las casuísticas concretas y formas de incorporación según el objeto del contrato, la hoja de ruta que contiene el Acuerdo es clara: los licitadores del sector de la construcción tendrán que focalizarse en esta transición y prepararse adecuadamente para implementar la metodología BIM en sus procesos y proyectos si quieren obtener una ventaja competitiva en el sector.

Antes de marchar de vacaciones recordad de solicitar los días de cortesía para el envío de notificaciones electrónicas con la Agencia Tributaria.

Para evitar recibir comunicaciones de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) durante los periodos de vacaciones y evitar problemas en la recepción y gestión de las comunicaciones recibidas, la Agencia Tributaria ofrece a los sujetos pasivos incluidos dentro de la Dirección Electrónica Habilitada (DEH) la posibilidad de solicitar, a través del web del AEAT, un total de 30 días en el año en que Hacienda no podrá emitir notificaciones al contribuyente. Son los llamados “días de cortesía” o “vacaciones fiscales”.

Los rasgos fundamentales de estas “vacaciones fiscales” son los siguientes:

El número máximo de días que se pueden señalar su 30 días naturales, incluidos sábados y domingos, en cada año natural .
Los ‘días de cortesía’ se tienen que solicitar con un mínimo de 7 días de antelación a comienzos del periodo deseado.
El retraso en la notificación derivado de los ‘días de cortesía’ designados por el obligado tributario, se considerará dilación del procedimiento no imputable a la Administración, si bien tendrá que quedar acreditado que la notificación podía haberse puesto a disposición del obligado tributario en la fecha seleccionada para él.

El procedimiento para la solicitud de los días es telemático, accediendo en la Sede Electrónica de la AEAT dentro de la opción Mis notificaciones. Una vez dentro habrá que seleccionar «Solicitar días en que no se pondrán notificaciones en Dirección Electrónica Habilitada», para la realización de este trámite habrá que acceder con DNI Electrónico, certificado electrónico o Cl@ve PIN.

Para más información:

https://sede.agenciatributaria.gob.es/Sede/ca_es/ayuda/consultas-informaticas/notificaciones-electronicas-ayuda-tecnica/dias-cortesia-notificaciones.html

El pasado 17 de julio de 2023 se publicó en BOE la Orden HFP/792/2023, de 12 de julio, por la que se revisa la cuantía de las dietas y asignaciones para gastos de locomoción en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y se modifica la cuantía exenta de los gastos de locomoción.

Hasta el momento, los gastos de locomoción venían regulados de la siguiente manera:

• Gastos de locomoción: regla general

Considerando el artículo 9 del Reglamento del IRPF quedan exceptuados de gravamen las cantidades satisfechas por el empleador, para compensar los gastos de locomoción del trabajador, cuando se cumplan determinados requisitos:

1. Cuando el trabajador se desplace fuera de la fábrica, taller, oficina, para realizar su trabajo en lugar distinto (no comprende los desplazamientos del domicilio al trabajo y del trabajo al domicilio).
2. Cuando la cantidad satisfecha se encuentre dentro de los límites reglamentarios (el exceso sobre estos límites quedará sometido a gravamen):
   • Cuando el empleado o trabajador utilice medios de transporte público, el importe exceptuado de gravamen será el importe de los gastos justificados con factura o documento equivalente
   • Para otros casos, y aquí es donde se produce la modificación, el importe exceptuado de gravamen será de 0,26 € (anteriormente, 0,19 €) por kilómetro recorrido, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen.

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El pasado 13 de julio, la Autoridad Catalana de Protección de Datos (ADPCAT) hizo la presentación oficial en la sala de las cocheras del Palau Robert del nuevo proyecto que ha impulsado: «DPD en red». Se trata de crear una comunidad de aprendizaje y colaboración de delegados y delegadas de protección de datos en Cataluña, con el fin de generar conocimientos y debate.

Pese a que el objetivo de la APDCAT es que la red sea una herramienta viva, que irá evolucionando con el trabajo mutuo, las inquietudes y necesidades que se vayan derivando, a continuación, enumeramos qué recursos estarán activos en un inicio. Los DPDs inscritos en la red dispondrán de acceso a las siguientes pestañas:

1. Actualidad.
2. Formaciones. Tanto formaciones impartidas por la APDCAT, como por terceros, como por usuarios de la misma red. La primera sesión formativa publicada en la red es un taller de introducción a las Evaluaciones de Impacto en materia de Protección de Datos (AIPD).
3. Biblioteca APDCAT. Se publicarán tanto documentos de interés (resoluciones, dictámenes, consultas); como documentos trabajados conjuntamente con las entidades que conforman la red; como aportaciones de entidades, como procesos normativos en marcha, etc.
4. Ágora. Se trata de un espacio para grupos de trabajo sobre temas específicos. Por ejemplo, uno de los grupos de trabajo creado es relativo a las orientaciones en la metodología de las AIPD. En este espacio la APDCAT invitará también a expertos de protección de datos.
5. Eventos tanto virtuales como presenciales.

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El pasado 9 de mayo de 2023 se publicó en el BOE la Ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivas de la Unión Europea que regula, entre otras materias, la digitalización de actuaciones notariales y registrales.

La ley 11/2023, de 8 de mayo, de transposición de Directivas de la Unión Europea en materia de accesibilidad de determinados productos y servicios, migración de personas altamente cualificadas, tributaria y digitalización de actuaciones notariales y registrales, y por la que se modifica la Ley 12/2011, de 27 de mayo, sobre la responsabilidad civil por daños nucleares o producidos por materiales radiactivos, contiene modificaciones de diferentes normativas en el ámbito mercantil: la Ley del Notariado; el Código de Comercio; la Ley de Sociedades de Capital; la Ley Hipotecaria y las Leyes de medidas fiscales, administrativas y del orden social. (más…)