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Xavier Graset conversa con Joan B. Casas, socio fundador de Faura-Casas, y Francesc Raventós, economistas, ex decanos del Colegio de Economistas de Catalunya y miembros del Grupo de Economistas para el Bienestar.

Durante el mes de marzo la Fundación Escuela Cristiana de Catalunya (FECC) ha hecho una nueva edición del curso básico dirigido a las funciones de la figura del Delegado de Protección de Datos en las escuelas a cargo de la gerente de Servicios Jurídicos de Faura-Casas, Caterina Bartrons. A pesar de tratarse de una edición hecha a distancia a través del aula virtual, se ha garantizado la participación y satisfacción de los asistentes en todo momento, y se han alcanzado los contenidos pretendidos en un entorno seguro que ha permitido compartir y debatir cuestiones que ocupan y preocupan a los centros educativos.

Se ha publicado RATIOS SECTORIALES 2019, con la colaboración de la UPF Barcelona School of Management, ACCID y el Registro de Expertos Contables de Catalunya (RECC).

RATIOS SECTORIALES 2019

Jordi Casals, socio de FAURA-CASAS, participó el pasado 18 de marzo en una sesión de formación bajo el título «Sujeción al IVA de las entidades del Sector Público de la Generalitat» promovido por la Secretaría de Hacienda del Departamento de la Vicepresidencia y de Economía y Hacienda de la Generalidad de Cataluña, enmarcada en la implementación del Modelo de política fiscal corporativa de la Administración de la Generalidad de Catalunya y de su sector público «aprobado por el Gobierno de la Generalitat.

La sesión se llevó a cabo por videoconferencia, y contó con más de 190 participantes.

El pasado día 23 de marzo, Joan B. Casas, socio fundador de Faura-Casas, participó en la conferencia online organizada por el CEC donde se analizaron los servicios públicos que se relacionan más directamente: salud, educación, servicios sociales, vivienda, cercanías y pensiones, con la finalidad de reforzar su calidad si la Generalitat dispusiera de una financiación justa.

Artículo publicado por Joan B. Casas, socio fundador de Faura-Casas, en La Vanguardia, 21 de marzo de 2021.

Podéis leer el artículo completo en el siguiente enlace:

una decada perduda

La disposición adicional tercera del Real Decreto-ley 5/2021, de 12 de marzo, de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la COVID-19, establece una nueva regulación del aplazamiento especial para el pago de impuestos periódicos correspondientes al mes de marzo y en el primer trimestre del ejercicio 2021, que ya fue aprobado por el Real Decreto-ley 35/2020, de 22 de diciembre. La principal modificación es la ampliación de la carencia de intereses de 4 meses, en lugar de los 3 meses inicialmente previstos.

Las condiciones de este aplazamiento extraordinario son las siguientes:

• Pueden solicitar el aplazamiento extraordinario las personas físicas que realicen actividades empresariales o profesionales y las entidades jurídicas con un volumen de operaciones no superior a 6.010.121,04 euros en 2020.

• Período aplazable: Las declaraciones-liquidaciones y autoliquidaciones que el período de presentación o ingreso esté comprendido entre el 1 y el 30 de abril (liquidaciones periódicas del mes de marzo y del primer trimestre de 2021)

• Impuestos aplazables: retenciones e ingresos a cuenta (modelos 111. 115, 123, 216, …), el Impuesto sobre el Valor Añadido (modelo 303) y los pagos fraccionados a cuenta del IRPF (modelo 130) y del Impuesto de sociedades (modelos 202 y 222)
• Condiciones del aplazamiento:

o Importe máximo aplazable: 30.000 euros (incluyendo todos los aplazamientos otorgados o solicitados sin garantía, pendientes de pago)

o Garantía: no se exige

o Plazo: 6 meses

o No se devengarán intereses durante los 4 primeros meses de aplazamiento

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una reciente sentencia, ha dictaminado que los periodos de guardia en régimen de «disponibilidad no presencial» deben ser considerados «tiempo de trabajo», y por tanto ser remunerados en consecuencia, cuando afecten «de manera considerable» a la capacidad del empleado a «administrar su tiempo libre».

El alto Tribunal ha dado respuesta en estos términos a dos tribunales, que plantearon sendas cuestiones prejudiciales antes de resolver los recursos de dos trabajadores que habían reclamado que sus guardias no presenciales fueran reconocidas como «tiempo de trabajo» aunque no hubieran realizado un trabajo concreto en ese tiempo (Eslovenia y Alemania).

En el asunto C-344/19, corresponde al de un técnico especializado que se encargaba del funcionamiento, durante varios días consecutivos, de centros de transmisión de televisión en una montaña de Eslovenia. Además de sus doce horas de trabajo ordinario, este empleado tenía que prestar servicios de guardia otras seis horas al día en régimen de disponibilidad no presencial.

Durante estos periodos no estaba obligado a permanecer en el centro de transmisión, pero sí a estar localizable por teléfono y poder presentarse en su puesto de trabajo en el plazo de una hora en caso de necesidad. En la práctica, la situación geográfica de los centros de transmisión, difícilmente accesibles, lo obligaba a permanecer en dichos centros durante sus servicios de guardia, en un alojamiento de servicio puesto a su disposición por el empresario, sin grandes posibilidades en lo que a las actividades de ocio de refiere

En el asunto C-580/19, es un bombero que debía efectuar regularmente períodos de guardia en régimen de disponibilidad no presencial. Durante dichos períodos no estaba obligado a estar presente en un lugar determinado por su empresario, pero debía estar localizable y poder llegar, en caso de aviso, al término municipal de dicha ciudad en 20 minutos, con su uniforme de intervención y el vehículo de servicio que se hallaba a su disposición.

En la sentencia, el TJUE indica, que los conceptos «periodo de descanso» y «tiempo de trabajo» se excluyen mutuamente, y añade que «un período durante el cual el trabajador no lleva a cabo efectivamente ninguna actividad por cuenta del empresario no constituye necesariamente un ‘período de descanso'». El Tribunal subraya que un periodo de guardia debe calificarse «automáticamente» como «tiempo de trabajo» cuando el empleado deba permanecer durante ese tiempo en su puesto, distinto de su domicilio, y mantenerse a disposición de sus superiores.

La cuestión se suscita cuando los periodos de guardia no exigen permanecer en el centro de trabajo. El TJUE explica que las guardias en régimen de «disponibilidad no presencial» están comprendidas «en su integridad» dentro del concepto «tiempo de trabajo» cuando «las limitaciones impuestas al trabajador afectan objetivamente y de manera considerable a su capacidad para administrar libremente el tiempo durante el cual no se requieren sus servicios profesionales y para dedicarse a sus propios intereses«.

Cuando las limitaciones impuestas le permiten al empleado administrar su tiempo y dedicarse a sus menesteres sin grandes limitaciones, solo constituye tiempo de trabajo el correspondiente a la prestación laboral efectivamente realizada. No se pueden tomar en cuenta las dificultades que la guardia le ocasione cuando deriven de elementos naturales o de la libre elección del empleado, como por ejemplo su domicilio. En suma, los aspectos a valorar son el tiempo en que debe presentarse en el lugar y la frecuencia media con la que se le requiere durante una guardia.

El TJUE incluso va más allá y señala que en la medida en que los servicios de guardia implican necesariamente la imposición de obligaciones profesionales al trabajador y, por ello forman parte de su entorno laboral, cuando las guardias se prestan de forma continuada durante largos períodos o se producen a intervalos muy frecuentes, – hasta el punto de suponer una carga psicológica recurrente para el trabajador, aunque sea de baja intensidad-, puede resultar muy difícil, en la práctica, que este se evada completamente de su entorno laboral durante un número suficiente de horas consecutivas que le permita neutralizar los efectos del trabajo sobre su seguridad y su salud; y más aún cuando estos servicios de guardia tienen lugar durante la noche.

De esta circunstancia la obligación de la empresa de proteger a los trabajadores contra los riesgos psicosociales que puedan surgir en su entorno laboral, se extiende también a la obligación de no imponer períodos de guardia muy largos o frecuentes que constituyan un riesgo para la seguridad o la salud de los trabajadores, ello aun cuando estos períodos se califiquen de «períodos de descanso» en el sentido del artículo 2, punto 2, de la Directiva 2003/88.

Y matiza que, en todo caso, corresponde a los Estados miembros definir, en su ordenamiento jurídico nacional, las modalidades de aplicación de esta obligación.

Las fundaciones y las asociaciones de utilidad pública son entidades jurídicas sin ánimo de lucro que, o bien tienen afectado su patrimonio y rendimientos a la realización de actividades de interés general, o bien sus actividades están destinadas a fomentarlo.

Con el objetivo de impulsar y fomentar la actividad que desarrollan en beneficio del interés general y teniendo en cuenta la ausencia de ánimo de lucro, estas entidades disponen de determinados beneficios fiscales, al tiempo que disfrutan de un régimen fiscal que fomenta la actividad de mecenazgo. Este marco fiscal más favorable conlleva el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los que se incluye destinar al menos el 70% de los ingresos netos al cumplimiento de los fines fundacionales y asociativas. El cumplimiento de este requisito se debe incluir en la memoria de las cuentas anuales. (más…)

Con fecha 30 de enero se publicó el Real Decreto 1/2021, de 12 de enero, por el que se modifica el Plan General contable aprobado por el Real Decreto 1514/2007, el Plan General de Contabilidad de la Pequeña y Mediana Empresa aprobado por el Real Decreto 1515/2007, las normas de Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas aprobado por Real Decreto 1159/2010, y las normas de adaptación del Plan de Contabilidad General a entidades sin ánimo de lucro aprobadas por el Real Decreto 1491/2011.

Esta modificación ha sido motivada por la necesidad de transponer a la normativa española la normativa contable internacional que en los últimos años ha sido adoptada por la Unión Europea, en especial la NIIF-UE 9 «Instrumentos Financieros» y la NIIF-UE 15 «Ingresos procedentes de los contratos con clientes «.

La transposición de la NIIF-UE 9 ha provocado la necesidad de modificar la definición en el Marco Conceptual de la definición del Valor Razonable, de acuerdo con la NIIF-UE 13 «Valoración del valor razonable», así como la adaptación de la información a revelar en la memoria de acuerdo con los requerimientos de la NIIF-UE 7 «Instrumentos financieros: información a revelar». Sin embargo, no se ha adoptado el criterio de reconocimiento de deterioros por pérdidas esperadas de activos financieros previstas en la NIIF-UE 9, manteniendo el criterio actual de pérdidas incurridas, que, sí están referidos en la normativa específica de las entidades financieras, mediante la Circular 4/2019 del Banco de España. (más…)