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El próximo 7 de julio de 2025, el Colegio de Economistas de Cataluña celebrará la Noche de los Economistas, con la entrega de los Premios de los Economistas a figuras destacadas del sector.

Faura-Casas es patrocinador de este acto, que reúne a profesionales del ámbito económico en un espacio de reconocimiento y encuentro colegial.

El 20 de junio de 2025 se celebró el 4.º Congreso de Economía y Empresa de Cataluña, organizado por el Colegio de Economistas de Cataluña bajo el lema «Hacia una economía más digital y sostenible».

Faura-Casas fue patrocinador de este evento, reafirmando su compromiso con la transformación económica y el desarrollo sostenible del país.

Caterina Bartrons, gerente de los Servicios Jurídicos de Faura-Casas, participó el pasado 12 de junio en la mesa redonda sobre el Espacio Europeo de Datos de Salud, organizada conjuntamente por las secciones de Derecho de las TIC y de Derecho Sanitario del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona. Fue una sesión moderada por los abogados David Molina y Josep Maria Bosch, y compartida con Joan Guanyabens, director de la Fundación TIC Salut Social; Paula Martín, DPD del Hospital Clínic; y Manuel Armayones, investigador principal del grupo de investigación BDLab del eHealth Center de la UOC y exdirector de desarrollo de dicho centro.

https://www.icab.cat/ca/formacio/cursos/Taula-Rodona-Espai-Europeu-de-Dades-de-Salut.-El-nou-reglament/

Definir el tamaño de una empresa es importante por muchos motivos. Lo primero que nos viene a la cabeza es lo más operativo, es decir, los aspectos relacionados con el cumplimiento legal y normativo, como las obligaciones fiscales, las obligaciones laborales o los trámites administrativos. Sin embargo, la importancia de la definición del tamaño de las empresas va más allá, ya que también afecta a su estrategia y a su capacidad para competir en el mercado, un mercado cada vez más cambiante y dinámico.

La pertenencia a una u otra categoría empresarial incide directamente en la estrategia financiera. En principio, las empresas grandes tienen mayor acceso a financiación, talento o tecnología; ahora bien, también puede darse el caso de que el cambio de categoría permita a algunas empresas acceder a subvenciones específicas para micropymes o pymes, lo que puede abrirles nuevas oportunidades de negocio.

También es interesante para las empresas, como comentábamos, que el ajuste de los límites suponga una reducción sustancial de las obligaciones contables, fiscales y laborales —menos detalles y menos información en las cuentas anuales, entre otras cosas—. Esto se traduce en una simplificación de la gestión administrativa y hace que las empresas sean más ágiles y menos burocráticas.

En conclusión, el tamaño de la empresa determina en gran medida su estructura, su estrategia y su competitividad. No existe una “mejor dimensión” de empresa, ya que esto dependerá del sector, de los objetivos y del entorno, entre otros factores.

Recordar que España todavía no ha hecho la transposición completa de la Directiva Delegada (UE) 2023/2775, que modifica los límites para definir el tamaño de una empresa y que podrían quedar establecidos de la siguiente manera:

• Microempresas: aquellas cuyo balance no supere los 450.000 euros y cuyo volumen de negocio no supere los 900.000 euros.
• Pequeñas empresas: aquellas cuyo balance no supere los 5 millones de euros y cuyo volumen de negocio no supere los 10 millones de euros.
• Medianas empresas: aquellas cuyo balance no supere los 25 millones de euros y cuyo volumen de negocio no supere los 50 millones de euros.

Además, los Estados miembros pueden establecer límites superiores para las pequeñas empresas, siempre que no superen los 7,5 millones de euros en el balance y los 15 millones de euros en el volumen de negocio.

En resumen, la situación actual es que España todavía está en proceso de transposición de la directiva europea y, por tanto, habrá que estar atentos a las próximas modificaciones legales que implementen estos nuevos límites.

La consulta pública de la Comisión Europea revela carencias en flexibilidad, acceso al mercado y resiliencia de las Directivas vigentes, y apunta a la necesidad de una reforma que simplifique los procedimientos, refuerce los objetivos estratégicos y adapte el sistema a los nuevos retos económicos y sociales.

Durante el mes de mayo de 2025, la Comisión Europea publicó el informe de resultados de la consulta pública sobre la evaluación de las Directivas de Contratación Pública de 2014. Con la participación de 733 respuestas provenientes de agentes públicos, privados y de la sociedad civil, el informe ofrece una visión crítica y reflexiva sobre los logros y las carencias del marco actual. Como jurista especializado en contratación pública, estas conclusiones invitan a reflexionar sobre el presente y el futuro de la regulación en este ámbito clave para el funcionamiento del mercado interior europeo.

Uno de los aspectos más destacados es la percepción generalizada de que las Directivas no han alcanzado los objetivos de flexibilidad y simplificación normativa: el 54 % de los participantes considera que no se han establecido normas más sencillas, y el 49 % cree que el sistema sigue siendo poco flexible. Sin embargo, se valora positivamente la digitalización, especialmente por parte del sector privado, donde el 57 % de las empresas afirma que la contratación electrónica (eProcurement) ha reducido la carga administrativa y ha agilizado los procedimientos.

En cuanto a la integridad y la transparencia, la valoración es más favorable: un 62 % reconoce que las Directivas han incrementado la transparencia gracias a la estandarización de la publicidad de los procedimientos. No obstante, solo un 38 % percibe que se haya reducido la corrupción, lo que sugiere que todavía queda margen para reforzar los controles y la supervisión.

El acceso al mercado, especialmente para las pymes, sigue siendo un desafío. El 46 % de los encuestados no observa un aumento de la competencia como consecuencia del marco actual.

Cabe destacar también el componente estratégico de la contratación pública, uno de los grandes ejes de las Directivas de 2014. Aunque los poderes adjudicadores afirman haber incorporado criterios ambientales, sociales y de innovación, los operadores privados discrepan: más del 50 % considera que las Directivas no han fomentado activamente estas prácticas. Paralelamente, cerca de un tercio de los encuestados cuestiona la relevancia actual de estas normas, lo que refleja una desconexión entre el marco jurídico y las capacidades reales de los operadores económicos para adaptarse a él.

Los retos relacionados con la resiliencia, como la respuesta a crisis sanitarias o de seguridad, ponen de manifiesto las limitaciones estructurales del modelo actual: el 49 % considera que las Directivas no están preparadas para contribuir eficazmente a la autonomía estratégica de la UE, y el 44 % duda de su adecuación para afrontar disrupciones en las cadenas de suministro.

Estas conclusiones reflejan una tensión entre los principios rectores de la contratación pública y la creciente presión para que esta cumpla objetivos estratégicos, sociales y ambientales, lo que plantea la necesidad de una revisión normativa que aborde una simplificación real y efectiva del régimen jurídico (especialmente en los procedimientos de menor valor y en la aplicación de criterios cualitativos), el refuerzo de las capacidades técnicas y digitales tanto en las administraciones como en los operadores económicos y la adecuación del marco normativo a los contextos de emergencia, que permitan garantizar el interés general sin sacrificar la legalidad.

Un año más, Faura-Casas es empresa patrocinadora del Foro de la Auditoría Profesional, organizado por el Colegio de Economistas de Cataluña, que se celebrará los días 3 y 4 de julio de 2025 bajo el lema «Innovación y talento en un mundo cambiante.»

El programa incluye 6 sesiones técnicas y 6 plenarias, entre las que destaca la sesión plenaria «La lucha geopolítica por el liderazgo tecnológico», moderada por Pere Ruiz, socio de Faura-Casas y miembro del Consejo Directivo del CCJCC.

Con esa participación, Faura-Casas reafirma su compromiso con el desarrollo de la profesión y el debate sobre los grandes retos globales.

Faura Casas será una de las entidades colaboradoras del XI Congreso ACCID (Asociación Catalana de Contabilidad y Dirección), que se celebrará los próximos 5 y 6 de junio de 2025 en formato híbrido en la sede de la Universidad Abierta de Cataluña (UOC) en Poblenou, Barcelona.

Con el lema «Innovando en Contabilidad y Dirección:» diversificado con conferencias, workshops y sesiones de trabajo simultáneas que abordarán temas clave en los ámbitos contable, financiero y de control de gestión. Este evento será una excelente oportunidad para los profesionales del sector para actualizar conocimientos y explorar nuevas tendencias.

El 21 de mayo se celebró la 3.ª edición de los Premios Codi Tipus en la sede de la Unió Catalana d’Hospitals, donde se dieron a conocer las candidaturas ganadoras en innovación y en la promoción de una cultura de buenas prácticas en protección de datos en organizaciones del ámbito sanitario y social.

El equipo de servicios jurídicos de Faura-Casas formó parte del jurado, que premió las siguientes candidaturas:

🥇 “Formación adaptada a profesionales con necesidades especiales”, de la Fundación Aspace Catalunya.
🥈 “Implementación de un modelo propio de gestión documental”, de +TU Fundación de Apoyo.
🥉 “Guía interactiva para identificar cuándo podemos facilitar información sobre nuestras personas usuarias”, del Grupo CHM Salud Mental.

El acto, conducido por Josep Maria Bosch, contó con la participación de la directora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos, quien ofreció una intervención sobre inteligencia artificial y derechos fundamentales.

El pasado 7 de abril se publicó el BOICAC nº 141, en el que, entre otros, se incorpora la presente consulta de contabilidad.
En concreto, se cuestiona el tratamiento contable de los gastos de abogados, asesores e intermediarios que se han dedicado en exclusiva a la negociación del convenio de acreedores, así como el lugar en que deben registrarse los ingresos obtenidos con la quita.

La respuesta del ICAC es que la contabilización del efecto de la aprobación del convenio de acreedores se reflejará en las Cuentas Anuales del ejercicio en que se apruebe judicialmente, siempre que, de forma racional, sea previsible su cumplimiento y que la empresa pueda seguir aplicando el principio de empresa en funcionamiento.

En relación con los gastos mencionados en la consulta, el ICAC concluye que, en el caso de que se considere que dichos gastos pueden calificarse como gastos de transacción atribuibles al pasivo, pueden darse dos circunstancias:

• Si se trata de una modificación sustancial de las condiciones de la deuda, minorarán el ingreso que se haya producido como consecuencia de la quita. Este resultado se presentará en el resultado financiero y, si el importe es significativo, en una partida específica.
• Si no hay una modificación sustancial de la deuda, los gastos mencionados se registrarán como un ajuste en el valor contable del pasivo.

En cualquier caso, una empresa con un convenio de acreedores aprobado en un procedimiento concursal y en ejecución en la fecha de aprobación de las Cuentas Anuales deberá incluir en la memoria la información sobre el concurso de acreedores y el convenio.

El 21 de mayo de 2025, la Comisión Europea presentó el cuarto paquete de simplificación legislativa, conocido como «Omnibus IV», con el objetivo de reducir las cargas administrativas para las empresas medianas de la Unión Europea. Estas medidas buscan fomentar la competitividad, la innovación y la creación de empleo, especialmente en un contexto de rivalidad económica con Estados Unidos y China.

¿Qué son las «small mid-caps»?
Las small mid-caps son empresas que cuentan con entre 250 y 750 empleados y un volumen de negocio de hasta 150 millones de euros o activos totales de hasta 129 millones de euros. En la UE, hay aproximadamente 38.000 empresas que cumplen con estos criterios. Estas empresas a menudo se encuentran en una posición intermedia: demasiado grandes para beneficiarse de las exenciones destinadas a las pymes, pero sin la capacidad administrativa de las grandes corporaciones.

Medidas clave del paquete Omnibus IV

1. Extensión de beneficios regulatorios
   Las small mid-caps podrán acceder a ventajas que hasta ahora estaban reservadas a las pymes, como, por ejemplo:

• Simplificación de las obligaciones en materia de protección de datos, permitiendo el almacenamiento únicamente de datos personales de alto riesgo.
• Reducción de los requisitos de información en ámbitos como los mercados financieros y la sostenibilidad.
• Posibilidad de utilizar prospectos simplificados para emisiones públicas de valores, con un ahorro estimado de 20.000 euros por operación.

2. Digitalización y eliminación de trámites redundantes
   Se impulsará la digitalización de procesos, como, por ejemplo:

• Eliminación de la necesidad de proporcionar documentos físicos, como declaraciones de conformidad o instrucciones de uso.
• Uso de códigos QR para la información de productos, facilitando el acceso a datos por parte de los consumidores y las autoridades.

3. Armonización normativa
   Se llevará a cabo un análisis para identificar y corregir incoherencias en la transposición de normas europeas entre los Estados miembros, con el objetivo de facilitar la libre circulación de bienes y servicios dentro del mercado único.

Impacto económico esperado
La Comisión estima que estas medidas podrían suponer un ahorro anual de 400 millones de euros para las empresas medianas. Además, se espera que la reducción de cargas administrativas impulse la competitividad, la innovación y la creación de empleo en sectores clave como la construcción, la energía, las telecomunicaciones y los servicios financieros.

Próximos pasos
El paquete Omnibus IV deberá ser aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo de la UE. Se prevé que el proceso legislativo se extienda durante los próximos meses, con el objetivo de que las medidas entren en vigor antes de finales de 2025.

Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo más amplio de la Comisión para reducir las cargas administrativas en un 25 % para todas las empresas y en un 35 % para las pymes antes de 2029.

Con este paquete, la UE busca reforzar su tejido empresarial medio, reconociendo su papel fundamental en la economía europea y la necesidad de proporcionarles un entorno regulador más favorable para su crecimiento y expansión.