contractació

Entra en vigor el pasado 16 de junio de 2022, la Ley 9/2022, de 14 junio, de Calidad de la Arquitectura (Ley 9/2022, en adelante). Ley que ocasiona cambios relevantes en materia de contratación de proyectos y dirección de obra.

La ley 9/2022 en su preámbulo prevé que para conseguir su objetivo de mejora de la calidad en el sector es importante el papel de los poderes públicos, por lo que el Consejo de la Arquitectura conjuntamente con la Casa de la Arquitectura orientarán las actuaciones de estos poderes. (más…)

Los objetivos de este real decreto ley son evitar la paralización de las contrataciones laborales en el ámbito de las entidades de I+D+I que conforman el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, dotar de un instrumento jurídico eficaz para a la celebración de contratos indefinidos en este ámbito, así como garantizar la estabilidad en las relaciones del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación y para ello se introducen dos nuevos artículos en la Ley 14/2011, de 1 de junio , de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que recoge todos los requisitos necesarios para la realización de este contrato. (más…)

Publicada nota informativa de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado sobre los efectos de la recomendación de 24 de septiembre de 2018 de la junta consultiva de contratación pública del estado a los órganos de contratación, en relación con la aplicación del requisito de inscripción en el ROLECE del artículo 159 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del Sector Público. (más…)

En 2020 se produjo un descenso en el precio de las materias primas debido a la crisis que provocó la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, que repercutió directamente en determinados contratos del sector público. A partir del año 2021 nos encontramos ante un contexto de recuperación económica totalmente opuesto al anterior, donde los precios de las materias primas necesarias para ejecutar determinadas unidades de obra se van encareciendo, de modo que en muchas ocasiones ha provocado que una cantidad considerable de contratos de obras hayan tenido series dificultades para su ejecución.

Ante el contexto que acabamos de ver, el 2 de marzo de 2022 se publicó en el BOE el Real decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas respetando la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67 /UE por el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. (RDL 3/2022, en adelante), que tiene como objetivo la revisión de los precios de los contratos públicos de obras para compensar a los empresarios que se han visto afectados por el incremento de los precios de los materiales necesarios para ejecutar una obra. (más…)

1.- Disposición adicional quinta

La Disposición adicional quinta del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de Trabajo” introdujo la posibilidad de suscribir contratos de duración determinada por el tiempo necesario para la ejecución de proyectos que se lleven a cabo por parte de entidades del sector público asociados «a la estricta ejecución del Plan de Recuperación, transformación y resiliencia» y, también, por la ejecución programas de carácter temporal con financiación de fondos de la Unión Europea.

Para más información:

ReformaLaboral

Font: Nota informativa: boletín VALLBÉ (febrero 2022) vallbe.cat

La Sentencia versa en relación con si en un procedimiento público para la contratación de servicios, cuando la licitadora es una Unión Temporal de Empresas, basta que uno de los integrantes de la misma cumpla los requisitos de solvencia técnica exigida, acumulando entre sus miembros, o si, la solvencia es exigible de forma individual a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Empresas.

La Sentencia recuerda que la normativa en materia de contratación pública tiene entre sus fines el de favorecer la libre concurrencia y facilitar el acceso a los procedimientos de contratación. Precisamente por ello, se prevén mecanismos para que las empresas puedan integrar o sumar sus capacidades, o bien utilizar medios ajenos a la propia empresa. (más…)

En la Disposición final décima, apartado sexto del Real Decreto-ley 16/2020 se añade un nuevo apartado tercero que se incorpora a la disposición adicional octava del Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, donde se estipula que los procedimientos de contratación, en los que se haya acordado su continuación, serán susceptibles de recurso especial (en los términos establecidos en la misma Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público) sin que el procedimiento de recurso pueda considerarse -se suspendido.