Una de las principales novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2022 en el ámbito de la imposición directa de las entidades mercantiles es la introducción en el estado español de la tributación mínima en el Impuesto sobre sociedades, en la línea de la declaración formulada por la OCDE en el mes de octubre del pasado año basada en dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía y la deslocalización: