La inteligencia artificial (IA) ya no es una tecnología de futuro. Su incorporación a los procesos de las administraciones públicas es una realidad y, previsiblemente, lo será cada vez más. Esta evolución plantea una doble cuestión para la auditoría pública: ¿cómo podemos utilizar la IA para mejorar nuestros trabajos y cómo debemos auditar los procesos en los que la IA ya interviene?
La respuesta a esta doble pregunta empieza a tomar forma. La reciente Instrucción ONA 1/2026 sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la auditoría y el control financiero y la GPF-ICEX 5381, Guía de auditoría de procesos de gestión que integran IA Generativa, ofrecen un marco especialmente interesante para entender hacia dónde evoluciona la auditoría pública.
Auditar con IA
La primera dimensión es la más intuitiva: utilizar la IA como herramienta de apoyo al auditor.
En este ámbito, las posibilidades son amplias. La IA puede ayudar a tratar y organizar grandes volúmenes de información, resumir expedientes y documentos, extraer datos relevantes y comparar textos o versiones. También puede identificar patrones, tendencias o anomalías y dar apoyo a las pruebas de detalle y a la preparación de los papeles de trabajo.
En la auditoría pública a menudo trabajamos con muchos expedientes, contratos, facturas, bases de datos y normativa. Esta capacidad de análisis puede representar un cambio importante. La IA puede ayudar a identificar, dentro del conjunto de los datos, los elementos que merecen una atención específica, más allá de la revisión de una muestra limitada.
Pero aquí aparece una idea esencial: la IA es una herramienta de apoyo, no un sustituto del juicio profesional del auditor. Los resultados generados por una herramienta de IA pueden ser útiles para orientar, analizar o preparar el trabajo, pero deben ser revisados y validados. Entre los riesgos identificados se encuentran la falta de calidad o contextualización de los datos, la variabilidad de los resultados, los problemas de explicabilidad y, especialmente, la aceptación acrítica de resultados que no hayan sido contrastados.
Esto obliga a mantener, e incluso reforzar, principios tan propios de la auditoría como el escepticismo profesional, la revisión humana y la necesidad de obtener evidencia suficiente y adecuada.
¿Y si la IA forma parte del proceso que auditamos?
Aquí aparece el segundo reto, probablemente el más novedoso.
El auditor puede encontrarse con una administración que utiliza IA para clasificar expedientes, detectar riesgos, tramitar subvenciones, tomar decisiones o generar información que posteriormente forma parte de los registros administrativos o financieros.
En estos casos ya no basta con utilizar la IA como herramienta de auditoría. Es necesario entender y, en su caso, auditar el sistema de IA que forma parte del proceso de gestión.
La GPF-ICEX 5381 plantea precisamente este enfoque. El auditor debe comprender el proceso, identificar el tipo de IA que se utiliza, cómo está desplegada, qué datos emplea y qué controles se han establecido. A partir de ahí, debe identificar y valorar los riesgos específicos asociados a la IA, como los sesgos, las inexactitudes, las “alucinaciones” o la falta de trazabilidad. También debe revisar los controles destinados a mitigarlos.
Esto comporta una evolución del propio concepto de auditoría. No se trata de determinar si una tecnología es “buena” o “mala”, sino de comprobar si los riesgos que genera están identificados, gestionados y controlados adecuadamente. También es necesario valorar qué impacto tienen sobre el ámbito objeto de fiscalización.
Una nueva manera de entender los equipos de auditoría
Este nuevo escenario también tendrá consecuencias sobre las competencias necesarias en los equipos de auditoría.
Comprender los procesos basados en IA puede requerir conocimientos en tecnologías de la información, datos, seguridad y funcionamiento de los modelos. En algunos casos, también serán necesarios conocimientos específicos de inteligencia artificial. La propia GPF-ICEX 5381 señala que, cuando los riesgos asociados a la IA son relevantes, la participación de especialistas en TI e IA puede contribuir a obtener una evidencia de auditoría más sólida.
Por tanto, el auditor del futuro probablemente deberá combinar cada vez más conocimientos financieros, de control, jurídicos y tecnológicos.
Más tecnología, pero también más control
La incorporación de la IA no significa que la auditoría pública pierda sus principios tradicionales. Más bien los refuerza.
Es necesario garantizar la calidad de los datos, la trazabilidad de los procesos, la supervisión humana, la seguridad de la información y la fiabilidad de los resultados. Esto hace que algunos principios esenciales de la auditoría adquieran una nueva dimensión.
Las pruebas pueden incluir, por ejemplo, la verificación de las reglas y validaciones del sistema, pruebas de entrada y salida con datos de referencia, análisis de los resultados producidos por la IA o revisión de la documentación técnica y de los mecanismos de monitorización.
En definitiva, la IA puede hacer que la auditoría sea más eficiente, pero también puede hacerla más exigente.
El reto no es solo incorporar la inteligencia artificial a las herramientas de trabajo. Es necesario entender cómo esta tecnología transforma los procesos que auditamos y adaptar a ello las metodologías, los controles y las competencias de los equipos.
En esta nueva etapa, la auditoría pública deberá aprender a hacer dos cosas a la vez: auditar con inteligencia artificial y auditar la inteligencia artificial.
El 9 de julio de 2026 se aprobaron dos normas que configuran el marco presupuestario y fiscal de la Generalitat de Cataluña para este ejercicio, publicadas en el DOGC el 13 de julio:
Se trata de los primeros presupuestos aprobados por el Parlamento desde 2023, tras un largo período de prórroga presupuestaria. A continuación, exponemos las principales novedades y los aspectos con mayor incidencia práctica para las entidades, tanto del sector público como del sector privado.
1.1 Cifras globales
Las cuentas aprobadas prevén un gasto consolidado de 49.162 millones de euros, un 22,8 % más que los últimos presupuestos vigentes (los de 2023) y un 10,3 % más que en el ejercicio 2025. Los beneficios fiscales estimados asociados a los tributos propios y a los tributos estatales cedidos a la Generalitat ascienden a 14.329,4 millones de euros.
El presupuesto incorpora, además, 893 millones de euros mediante disposiciones adicionales derivadas de los acuerdos parlamentarios que hicieron posible su aprobación, con un impacto total cercano a 4.700 millones de euros para el período 2026-2030.
Uno de los aspectos más relevantes de este ejercicio es la aceleración de la inversión pública: excluyendo los fondos finalistas, la inversión aumenta un 45 % respecto al presupuesto anterior (una inyección adicional de unos 1.257 millones de euros), hasta alcanzar los 4.146 millones de euros. Este incremento se explica, en gran medida, por el mayor superávit corriente de la serie histórica de la Generalitat.
Por departamentos, las mayores dotaciones corresponden a:
1.2 Principales partidas sectoriales
El cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos prevé un crecimiento del PIB catalán del 2,1 % en 2026 (tras un 2,7 % en 2025) y una reducción progresiva de la ratio deuda/PIB, que podría intensificarse si se materializa la cancelación parcial (20 %) de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica.
1.3 Aspectos técnicos de gestión presupuestaria: continuidad y novedades respecto al régimen vigente
Un aspecto relevante para los departamentos financieros y de intervención es que la Ley 10/2026 no rompe con el modelo jurídico-presupuestario aplicado hasta ahora: reproduce, con pequeños ajustes, la estructura de títulos y artículos de la Ley 2/2023 (la norma que ha regido la prórroga presupuestaria desde finales de 2025). Por tanto, las entidades que han operado bajo el régimen de prórroga no deberían encontrarse con cambios sustanciales en los mecanismos de gestión, sino principalmente con la actualización de cifras, referencias temporales y algunos aspectos puntuales que detallamos a continuación.
a) Ámbito de aplicación y estado de ingresos y gastos
El ámbito de aplicación (artículo 1) se mantiene sin variaciones sustanciales: presupuesto de la Administración de la Generalitat, del Servicio Catalán de la Salud, de las entidades autónomas y de las entidades participadas no mayoritariamente que se clasifican dentro del sector «Administración pública de la Generalitat», de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas.
Como novedad cuantitativa relevante respecto al ejercicio anterior:
b) Régimen de modificaciones de crédito (capítulo II, artículos 4 a 17)
Los mecanismos de modificación presupuestaria se mantienen esencialmente iguales que en el régimen anterior, con los mismos instrumentos: transferencias de crédito (art. 8), generación de créditos (art. 9), créditos ampliables (art. 10), incorporación de remanentes de crédito (art. 11), competencias específicas en materia de modificaciones (art. 12), retenciones de saldos presupuestarios (art. 13), transferencias o aportaciones a determinadas entidades y gestión de remanentes de tesorería (art. 14), contabilización de transferencias internas (art. 15), Fondo de Contingencia (art. 16) y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (art. 17).
La diferencia práctica más relevante respecto al ejercicio anterior es de carácter temporal: la incorporación de remanentes de crédito financiados con fondos finalistas se refiere ahora a los remanentes existentes a 31 de diciembre de 2025 (en lugar de 2024), manteniéndose la limitación —ya prevista en la normativa anterior— de que no pueden incorporarse remanentes que ya hayan sido incorporados en los dos ejercicios precedentes, salvo que el período de ejecución del proyecto lo justifique.
c) Normas sobre gestión presupuestaria y gasto público (título II, artículos 18 a 23)
Se mantiene el mismo conjunto de artículos que en los presupuestos anteriores: presupuestos de las universidades públicas (art. 18), limitación del incremento del gasto y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (art. 19, en el marco del cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento del PIB del 2,1 % y una reducción progresiva de la ratio deuda/PIB), compromisos de gasto de ejercicios anteriores (art. 20), gastos con cargo a presupuestos futuros (art. 21) e identificación y seguimiento presupuestario de los proyectos de inversión (art. 22).
Una novedad que sí tiene un impacto cuantitativo directo es la contenida en el artículo 23 y el anexo 1, relativos a los módulos económicos de los centros educativos privados concertados, que introducen un incremento significativo respecto a los importes vigentes hasta ahora: los centros con más del 30 % de alumnado con necesidades educativas …específicas de origen socioeconómico (NESE B) verán incrementado el módulo de gastos de funcionamiento en un 50 %, mientras que el resto de los centros concertados lo harán en un 25 % durante 2026.
Este incremento se enmarca en un calendario plurianual acordado: un incremento lineal del 5 % en 2027, seguido de incrementos diferenciados (22 % y 31,5 % para los centros con mayor porcentaje de alumnado NESE B, y 14 % y 10 % para el resto) en 2028 y 2029, y un incremento del 53,4 % del módulo de los centros con menor porcentaje de alumnado NESE B en 2030.
Además, el módulo de financiación de la escolarización vinculado a las «mochilas escolares» para alumnado NESE B se incrementa un 19,6 % a partir de septiembre de 2026, pasando de 988,10 euros a 1.181,65 euros por alumno.
d) Gastos de personal (título III, artículos 24 a 37)
El régimen de retribuciones, acreditación, oferta de empleo público (art. 32) y contratación temporal (art. 33) mantiene la estructura de la normativa anterior.
La diferencia cuantitativa más relevante para 2026 es el incremento retributivo del 1,5 % aplicado a las tablas salariales del personal funcionario, estatutario y laboral respecto al año anterior.
Este incremento debe entenderse en el marco del acuerdo estatal plurianual con los sindicatos (que prevé incrementos sucesivos hasta 2028): el incremento del 2,5 % aplicado en 2025 y el 1,5 % de 2026 configuran una subida acumulada del 4 % en estos dos ejercicios.
Los trienios y el resto de conceptos retributivos básicos se actualizan con el mismo porcentaje.


Ley 11/2026: medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público
Esta ley de acompañamiento se estructura en cuatro grandes bloques —fiscal, financiero, sector público y administrativo— y modifica un elevado número de disposiciones legales vigentes (decretos leyes, decretos legislativos y leyes ordinarias). A continuación, destacamos los aspectos con mayor incidencia práctica.
2.1 Medidas fiscales
Tributos cedidos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados —ITP y AJD— e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones —ISD—)
IRPF – Nuevas deducciones autonómicas
Otros tributos
Tasas: con un objetivo de simplificación administrativa, se eliminan 22 tasas y se modifican 70, con la finalidad de reducir la carga administrativa y actualizar sus importes al coste real de los servicios prestados.
2.2 Medidas financieras
En el ámbito del régimen jurídico de las finanzas públicas, la ley modifica la Ley 16/1984, del Estatuto de la Función Interventora, y el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña (Decreto Legislativo 3/2002), con los siguientes efectos:

2.3 Medidas en el ámbito del sector público

2.4 Medidas administrativas
Este es, probablemente, el bloque con mayor trascendencia práctica y de carácter transversal, tanto para el sector público como para el privado:
Plan de inspección de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2026
La Resolución JUS/1475/2026, de 11 de mayo, publicada en el DOGC núm. 9666 de 15 de mayo, aprueba los criterios del Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2026.
El Protectorado prioriza la inspección de las entidades que incumplen la obligación de presentar cuentas anuales. En concreto, determina, entre otros, como criterios principales de inspección:
El Plan de Inspección tiene carácter preventivo y de control para garantizar el buen gobierno y la transparencia de las entidades.
Puede consultar el texto completo de la Resolución JUS/1475/2026 en el DOGC núm. 9666, de 15 de mayo de 2026https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9666/2150554.pdf
La implantación de los Planes de Medidas Antifraude (PMA) representó un primer paso imprescindible en la gestión de los fondos Next Generation EU. Sin embargo, el actual marco normativo y los criterios de supervisión consolidan la idea de que el PMA, aun siendo necesario, no es suficiente por sí solo. La Guía de control de nivel 1 publicada por la Generalitat de Catalunya refuerza la exigencia de disponer de un sistema completo de control interno de nivel 1, estructurado mediante una Unidad de Verificación Independiente (UVI) y un Plan de Control Interno (PCI) operativo, capaz de verificar, documentar y acreditar el cumplimiento de hitos, objetivos y principios transversales.
La implementación de los fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha comportado un proceso de adaptación intenso por parte de las entidades públicas, organismos instrumentales y entidades dependientes. En una primera etapa, la prioridad se situó en la configuración de los Planes de Medidas Antifraude, concebidos como respuesta inmediata a las exigencias europeas en materia de prevención del fraude, corrupción, conflictos de interés y doble financiación. Aquel esfuerzo permitía establecer un marco mínimo de integridad institucional y de protección de los intereses financieros de la Unión.
Con el paso del tiempo, el modelo de gobernanza del MRR ha evolucionado hacia una concepción más integral del control. Los órganos supervisores han desplazado progresivamente el foco desde la mera existencia formal de determinados instrumentos hacia el análisis del funcionamiento efectivo de los sistemas internos de gestión y verificación. Esta evolución responde a una lógica clara: la solidez del sistema no depende únicamente de disponer de documentos aprobados, sino de la capacidad de las entidades para demostrar, con evidencias consistentes, que dichos instrumentos se aplican realmente y que el conjunto del modelo de gestión funciona de manera adecuada.
En este contexto, la publicación de la Guía de control de nivel 1 para la elaboración del Plan de Control Interno (PCI) por parte del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya adquiere una relevancia singular. La Guía no introduce obligaciones sustancialmente nuevas, sino que ordena y sistematiza exigencias ya presentes en el marco europeo y estatal, especialmente en el Reglamento del MRR y en la Orden HFP/1030/2021. Su principal valor radica en clarificar que el Plan de Medidas Antifraude, pese a su importancia, constituye solo una pieza dentro de un sistema de control interno necesariamente más amplio.
El PMA identifica riesgos específicos y define medidas preventivas y correctoras. El PCI, en cambio, responde a una función distinta: articular un sistema integral de verificación interna destinado a comprobar que el conjunto del modelo de gestión (incluidas las medidas antifraude) se aplica correctamente y genera evidencias suficientes. Esta distinción conceptual es esencial, ya que el control interno de nivel 1 debe permitir verificar de manera independiente, sistemática y documentada el correcto funcionamiento del sistema de gestión, el cumplimiento efectivo de los hitos y objetivos, la aplicación real de los principios transversales y la coherencia de la información presupuestaria y contable vinculada a las actuaciones financiadas.
Este sistema se articula, necesariamente, mediante la designación de una Unidad de Verificación Independiente (UVI) con separación funcional respecto de las unidades gestoras. La independencia no es un requisito formal accesorio, sino una condición estructural del modelo de control, dado que garantiza la credibilidad y objetividad de las verificaciones. A esta arquitectura se añade la elaboración de un Plan de Control Interno (PCI) que defina el alcance, la metodología, el cronograma de verificaciones, los criterios de muestreo y el sistema de informes y seguimiento de las incidencias detectadas. El PCI se convierte así en un instrumento operativo que ordena la actividad verificadora y asegura la trazabilidad del sistema.
La importancia práctica de este refuerzo del control interno debe interpretarse en el contexto de la fase actual del MRR. La ejecución material de las inversiones convive con una intensificación progresiva de los controles ex post, tanto a escala estatal como europea. En este escenario, la capacidad de las entidades para acreditar documentalmente que las actuaciones se han ejecutado conforme a la normativa aplicable, que los hitos y objetivos se han alcanzado de manera efectiva y que los principios transversales han sido respetados se convierte en un elemento central. No basta con ejecutar correctamente; es necesario poder demostrarlo de manera sólida y sistemática.
Esta exigencia se ve reforzada por el reciente desarrollo normativo en materia de procedimientos de reintegro de los fondos MRR, que identifica como causas de reintegro no solo los incumplimientos materiales, sino también la falta de emisión o acreditación adecuada de informes de gestión o la insuficiencia de documentación y evidencias requeridas por los órganos de control. Ello pone de manifiesto que el riesgo jurídico y financiero puede derivar tanto de una ejecución incorrecta como de un sistema de control interno insuficiente o no adecuadamente documentado.
La experiencia acumulada en estos años permite constatar que muchas entidades han desplegado con rigor sus Planes de Medidas Antifraude, pero todavía presentan brechas en la formalización o ejecución del control interno de nivel 1. La inexistencia de una UVI claramente definida, la falta de un PCI operativo o la realización de verificaciones sin metodología homogénea son situaciones relativamente habituales. Estas disfunciones no implican necesariamente irregularidades materiales, pero pueden debilitar la posición de la entidad ante auditorías o actuaciones de control.
El control interno sigue siendo una función propia de cada entidad. Sin embargo, la complejidad técnica y normativa del marco MRR hace a menudo recomendable disponer de apoyo jurídico y metodológico especializado que permita analizar el encaje del modelo existente, identificar posibles brechas y definir instrumentos de verificación alineados con los criterios actuales de control. Este acompañamiento contribuye a reforzar la solidez y la seguridad jurídica del sistema, sin alterar la naturaleza propia e indelegable de las funciones de control interno.