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Inteligencia artificial y auditoría pública: Auditar con IA y auditar la IA

La inteligencia artificial (IA) ya no es una tecnología de futuro. Su incorporación a los procesos de las administraciones públicas es una realidad y, previsiblemente, lo será cada vez más. Esta evolución plantea una doble cuestión para la auditoría pública: ¿cómo podemos utilizar la IA para mejorar nuestros trabajos y cómo debemos auditar los procesos en los que la IA ya interviene?

La respuesta a esta doble pregunta empieza a tomar forma. La reciente Instrucción ONA 1/2026 sobre el uso responsable de la inteligencia artificial en la auditoría y el control financiero y la GPF-ICEX 5381, Guía de auditoría de procesos de gestión que integran IA Generativa, ofrecen un marco especialmente interesante para entender hacia dónde evoluciona la auditoría pública.

Auditar con IA

La primera dimensión es la más intuitiva: utilizar la IA como herramienta de apoyo al auditor.

En este ámbito, las posibilidades son amplias. La IA puede ayudar a tratar y organizar grandes volúmenes de información, resumir expedientes y documentos, extraer datos relevantes y comparar textos o versiones. También puede identificar patrones, tendencias o anomalías y dar apoyo a las pruebas de detalle y a la preparación de los papeles de trabajo.

En la auditoría pública a menudo trabajamos con muchos expedientes, contratos, facturas, bases de datos y normativa. Esta capacidad de análisis puede representar un cambio importante. La IA puede ayudar a identificar, dentro del conjunto de los datos, los elementos que merecen una atención específica, más allá de la revisión de una muestra limitada.

Pero aquí aparece una idea esencial: la IA es una herramienta de apoyo, no un sustituto del juicio profesional del auditor. Los resultados generados por una herramienta de IA pueden ser útiles para orientar, analizar o preparar el trabajo, pero deben ser revisados y validados. Entre los riesgos identificados se encuentran la falta de calidad o contextualización de los datos, la variabilidad de los resultados, los problemas de explicabilidad y, especialmente, la aceptación acrítica de resultados que no hayan sido contrastados.

Esto obliga a mantener, e incluso reforzar, principios tan propios de la auditoría como el escepticismo profesional, la revisión humana y la necesidad de obtener evidencia suficiente y adecuada.

¿Y si la IA forma parte del proceso que auditamos?

Aquí aparece el segundo reto, probablemente el más novedoso.

El auditor puede encontrarse con una administración que utiliza IA para clasificar expedientes, detectar riesgos, tramitar subvenciones, tomar decisiones o generar información que posteriormente forma parte de los registros administrativos o financieros.

En estos casos ya no basta con utilizar la IA como herramienta de auditoría. Es necesario entender y, en su caso, auditar el sistema de IA que forma parte del proceso de gestión.

La GPF-ICEX 5381 plantea precisamente este enfoque. El auditor debe comprender el proceso, identificar el tipo de IA que se utiliza, cómo está desplegada, qué datos emplea y qué controles se han establecido. A partir de ahí, debe identificar y valorar los riesgos específicos asociados a la IA, como los sesgos, las inexactitudes, las “alucinaciones” o la falta de trazabilidad. También debe revisar los controles destinados a mitigarlos.

Esto comporta una evolución del propio concepto de auditoría. No se trata de determinar si una tecnología es “buena” o “mala”, sino de comprobar si los riesgos que genera están identificados, gestionados y controlados adecuadamente. También es necesario valorar qué impacto tienen sobre el ámbito objeto de fiscalización.

Una nueva manera de entender los equipos de auditoría

Este nuevo escenario también tendrá consecuencias sobre las competencias necesarias en los equipos de auditoría.

Comprender los procesos basados en IA puede requerir conocimientos en tecnologías de la información, datos, seguridad y funcionamiento de los modelos. En algunos casos, también serán necesarios conocimientos específicos de inteligencia artificial. La propia GPF-ICEX 5381 señala que, cuando los riesgos asociados a la IA son relevantes, la participación de especialistas en TI e IA puede contribuir a obtener una evidencia de auditoría más sólida.

Por tanto, el auditor del futuro probablemente deberá combinar cada vez más conocimientos financieros, de control, jurídicos y tecnológicos.

Más tecnología, pero también más control

La incorporación de la IA no significa que la auditoría pública pierda sus principios tradicionales. Más bien los refuerza.

Es necesario garantizar la calidad de los datos, la trazabilidad de los procesos, la supervisión humana, la seguridad de la información y la fiabilidad de los resultados. Esto hace que algunos principios esenciales de la auditoría adquieran una nueva dimensión.

Las pruebas pueden incluir, por ejemplo, la verificación de las reglas y validaciones del sistema, pruebas de entrada y salida con datos de referencia, análisis de los resultados producidos por la IA o revisión de la documentación técnica y de los mecanismos de monitorización.

En definitiva, la IA puede hacer que la auditoría sea más eficiente, pero también puede hacerla más exigente.

El reto no es solo incorporar la inteligencia artificial a las herramientas de trabajo. Es necesario entender cómo esta tecnología transforma los procesos que auditamos y adaptar a ello las metodologías, los controles y las competencias de los equipos.

En esta nueva etapa, la auditoría pública deberá aprender a hacer dos cosas a la vez: auditar con inteligencia artificial y auditar la inteligencia artificial.

 

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Aprobadas la Ley de Presupuestos y la Ley de Medidas de la Generalitat de Cataluña para 2026: principales novedades técnicas

El 9 de julio de 2026 se aprobaron dos normas que configuran el marco presupuestario y fiscal de la Generalitat de Cataluña para este ejercicio, publicadas en el DOGC el 13 de julio:

  • Ley 10/2026, de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2026.
  • Ley 11/2026, de medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público (la conocida como «ley de acompañamiento»).

Se trata de los primeros presupuestos aprobados por el Parlamento desde 2023, tras un largo período de prórroga presupuestaria. A continuación, exponemos las principales novedades y los aspectos con mayor incidencia práctica para las entidades, tanto del sector público como del sector privado.

  1. Ley 10/2026: los Presupuestos de la Generalitat

1.1 Cifras globales

Las cuentas aprobadas prevén un gasto consolidado de 49.162 millones de euros, un 22,8 % más que los últimos presupuestos vigentes (los de 2023) y un 10,3 % más que en el ejercicio 2025. Los beneficios fiscales estimados asociados a los tributos propios y a los tributos estatales cedidos a la Generalitat ascienden a 14.329,4 millones de euros.

El presupuesto incorpora, además, 893 millones de euros mediante disposiciones adicionales derivadas de los acuerdos parlamentarios que hicieron posible su aprobación, con un impacto total cercano a 4.700 millones de euros para el período 2026-2030.

Uno de los aspectos más relevantes de este ejercicio es la aceleración de la inversión pública: excluyendo los fondos finalistas, la inversión aumenta un 45 % respecto al presupuesto anterior (una inyección adicional de unos 1.257 millones de euros), hasta alcanzar los 4.146 millones de euros. Este incremento se explica, en gran medida, por el mayor superávit corriente de la serie histórica de la Generalitat.

Por departamentos, las mayores dotaciones corresponden a:

  • Salud: 13.840 M€.
  • Educación y Formación Profesional: 8.356 M€.
  • Derechos Sociales e Inclusión: 4.248 M€.
  • Territorio, Vivienda y Transición Ecológica: 3.453 M€.

1.2 Principales partidas sectoriales

  • Salud: 616 millones de euros adicionales para la atención primaria y 5.911 nuevas plazas de personal sanitario y administrativo.
  • Educación: incorporación de 4.162 docentes al sistema, duplicación de la partida destinada a ayudas al transporte y comedor escolar (253 M€), creación de 900 plazas de escuela infantil pública y 314 millones de euros para construir, ampliar o reformar centros educativos (a los que se suman 400 M€ adicionales destinados a la mejora de equipamientos educativos dentro del paquete de inversiones acordado).
  • Derechos sociales: creación de 15 nuevas residencias públicas (unas 1.000 nuevas plazas residenciales) e incremento de 118 millones de euros del contrato programa de servicios sociales con las entidades locales, que alcanza una dotación récord de 450 millones de euros.
  • Vivienda: dotación de 1.900 millones de euros con carácter general (máximo histórico), integrada en un paquete más amplio de unos 2.500 millones de euros a lo largo de la legislatura —incluidos 1.000 millones de euros en préstamos del ICF— para incrementar el parque de vivienda protegida y facilitar el acceso al alquiler asequible, junto con el programa Regenera de rehabilitación del parque residencial.
  • Transporte: mantenimiento de las bonificaciones de la T-Usual y la T-Jove durante toda la legislatura (194 M€), 355 millones de euros para Rodalies de Catalunya, 311 millones de euros para infraestructuras ferroviarias y de metro y 101 millones de euros para el nuevo tranvía del Camp de Tarragona.
  • Administración local: 185 millones de euros destinados al Fondo de Cooperación Local de Cataluña.
  • Otras partidas destacadas: consolidación del programa ICREA de atracción y retención de talento científico (unos 48 M€) y refuerzo de la Agencia Tributaria de Cataluña (122 M€ en el ejercicio, dentro de un compromiso más amplio de 527 M€ hasta 2029 para preparar la ATC ante una eventual asunción de la gestión del IRPF), más de 90 millones de euros para la promoción y defensa de la lengua catalana y el Plan de Pueblos (400 M€) para la revitalización de pequeños núcleos urbanos.

El cuadro macroeconómico que acompaña a los presupuestos prevé un crecimiento del PIB catalán del 2,1 % en 2026 (tras un 2,7 % en 2025) y una reducción progresiva de la ratio deuda/PIB, que podría intensificarse si se materializa la cancelación parcial (20 %) de la deuda con el Fondo de Liquidez Autonómica.

1.3 Aspectos técnicos de gestión presupuestaria: continuidad y novedades respecto al régimen vigente

Un aspecto relevante para los departamentos financieros y de intervención es que la Ley 10/2026 no rompe con el modelo jurídico-presupuestario aplicado hasta ahora: reproduce, con pequeños ajustes, la estructura de títulos y artículos de la Ley 2/2023 (la norma que ha regido la prórroga presupuestaria desde finales de 2025). Por tanto, las entidades que han operado bajo el régimen de prórroga no deberían encontrarse con cambios sustanciales en los mecanismos de gestión, sino principalmente con la actualización de cifras, referencias temporales y algunos aspectos puntuales que detallamos a continuación.

a) Ámbito de aplicación y estado de ingresos y gastos

El ámbito de aplicación (artículo 1) se mantiene sin variaciones sustanciales: presupuesto de la Administración de la Generalitat, del Servicio Catalán de la Salud, de las entidades autónomas y de las entidades participadas no mayoritariamente que se clasifican dentro del sector «Administración pública de la Generalitat», de acuerdo con el Sistema Europeo de Cuentas.

Como novedad cuantitativa relevante respecto al ejercicio anterior:

  • El presupuesto de la Administración de la Generalitat (estado de ingresos y gastos del Gobierno, el Parlamento y los organismos estatutarios y consultivos sin presupuesto propio) se aprueba por un importe de 56.937.011.408,90 euros, cifra que debe distinguirse del gasto consolidado del sector público (49.162 M€), ya que incluye operaciones internas y financiación no consolidada entre secciones y entidades.
  • Los ingresos no financieros de la Generalitat se estiman en 48.231 M€, un 27,9 % más (+10.527 M€) que en los últimos presupuestos aprobados (2023). De este importe, 32.894 M€ proceden del modelo de financiación (anticipos y liquidaciones), con un incremento del 30,3 % (+7.658 M€); 6.481 M€ de la recaudación de tributos propios y cedidos, un 30,6 % más (+1.517 M€); y 7.886 M€ de recursos finalistas.

b) Régimen de modificaciones de crédito (capítulo II, artículos 4 a 17)

Los mecanismos de modificación presupuestaria se mantienen esencialmente iguales que en el régimen anterior, con los mismos instrumentos: transferencias de crédito (art. 8), generación de créditos (art. 9), créditos ampliables (art. 10), incorporación de remanentes de crédito (art. 11), competencias específicas en materia de modificaciones (art. 12), retenciones de saldos presupuestarios (art. 13), transferencias o aportaciones a determinadas entidades y gestión de remanentes de tesorería (art. 14), contabilización de transferencias internas (art. 15), Fondo de Contingencia (art. 16) y gestión de los fondos procedentes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (art. 17).

La diferencia práctica más relevante respecto al ejercicio anterior es de carácter temporal: la incorporación de remanentes de crédito financiados con fondos finalistas se refiere ahora a los remanentes existentes a 31 de diciembre de 2025 (en lugar de 2024), manteniéndose la limitación —ya prevista en la normativa anterior— de que no pueden incorporarse remanentes que ya hayan sido incorporados en los dos ejercicios precedentes, salvo que el período de ejecución del proyecto lo justifique.

c) Normas sobre gestión presupuestaria y gasto público (título II, artículos 18 a 23)

Se mantiene el mismo conjunto de artículos que en los presupuestos anteriores: presupuestos de las universidades públicas (art. 18), limitación del incremento del gasto y cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria (art. 19, en el marco del cuadro macroeconómico que prevé un crecimiento del PIB del 2,1 % y una reducción progresiva de la ratio deuda/PIB), compromisos de gasto de ejercicios anteriores (art. 20), gastos con cargo a presupuestos futuros (art. 21) e identificación y seguimiento presupuestario de los proyectos de inversión (art. 22).

Una novedad que sí tiene un impacto cuantitativo directo es la contenida en el artículo 23 y el anexo 1, relativos a los módulos económicos de los centros educativos privados concertados, que introducen un incremento significativo respecto a los importes vigentes hasta ahora: los centros con más del 30 % de alumnado con necesidades educativas …específicas de origen socioeconómico (NESE B) verán incrementado el módulo de gastos de funcionamiento en un 50 %, mientras que el resto de los centros concertados lo harán en un 25 % durante 2026.

Este incremento se enmarca en un calendario plurianual acordado: un incremento lineal del 5 % en 2027, seguido de incrementos diferenciados (22 % y 31,5 % para los centros con mayor porcentaje de alumnado NESE B, y 14 % y 10 % para el resto) en 2028 y 2029, y un incremento del 53,4 % del módulo de los centros con menor porcentaje de alumnado NESE B en 2030.

Además, el módulo de financiación de la escolarización vinculado a las «mochilas escolares» para alumnado NESE B se incrementa un 19,6 % a partir de septiembre de 2026, pasando de 988,10 euros a 1.181,65 euros por alumno.

d) Gastos de personal (título III, artículos 24 a 37)

El régimen de retribuciones, acreditación, oferta de empleo público (art. 32) y contratación temporal (art. 33) mantiene la estructura de la normativa anterior.

La diferencia cuantitativa más relevante para 2026 es el incremento retributivo del 1,5 % aplicado a las tablas salariales del personal funcionario, estatutario y laboral respecto al año anterior.

Este incremento debe entenderse en el marco del acuerdo estatal plurianual con los sindicatos (que prevé incrementos sucesivos hasta 2028): el incremento del 2,5 % aplicado en 2025 y el 1,5 % de 2026 configuran una subida acumulada del 4 % en estos dos ejercicios.

Los trienios y el resto de conceptos retributivos básicos se actualizan con el mismo porcentaje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ley 11/2026: medidas fiscales, financieras, administrativas y del sector público

Esta ley de acompañamiento se estructura en cuatro grandes bloques —fiscal, financiero, sector público y administrativo— y modifica un elevado número de disposiciones legales vigentes (decretos leyes, decretos legislativos y leyes ordinarias). A continuación, destacamos los aspectos con mayor incidencia práctica.

2.1 Medidas fiscales

Tributos cedidos (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados —ITP y AJD— e Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones —ISD—)

  • ITP y AJD: se reajusta la definición de gran tenedor a efectos de la aplicación del tipo del 20 % en la transmisión onerosa de viviendas (régimen introducido previamente por el Decreto ley 5/2025). Se considera gran tenedor a la persona física o jurídica propietaria de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial, o de una superficie construida superior a 1.500 m² de uso residencial situados en Cataluña. Este ajuste resulta especialmente relevante para clientes con carteras inmobiliarias de tamaño medio o grande, que deberán reevaluar si se encuentran, o no, dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la medida.
  • Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones: se deroga el régimen de reducciones previsto para determinadas donaciones por causa de muerte en las que se pacta la transmisión inmediata de la propiedad sujeta a condición resolutoria de revocación o premoriencia del donatario (apartado 4 del artículo 632-1 del libro cuarto del Código Civil de Cataluña).
  • Se prevé un nuevo formulario electrónico para la autoliquidación del Impuesto sobre los Activos No Productivos de las Personas Jurídicas, que simplifica el cumplimiento de esta obligación para las sociedades afectadas.

IRPF – Nuevas deducciones autonómicas

  • Deducción en la cuota íntegra autonómica por las ayudas públicas percibidas por personas afectadas por la talidomida en España durante el período 1950-1985.
  • Deducción de 250 euros por cada miembro de la unidad familiar con enfermedad celíaca diagnosticada.
  • Deducción del 15 % (con el límite del 5 % de la cuota) por inversiones no productivas y de prevención de incendios, aplicable a los titulares de terrenos forestales con un instrumento de ordenación forestal aprobado y vigente.
  • Nueva deducción para los titulares de fincas inscritas en el Registro de Fincas con Iniciativas de Conservación del Patrimonio Natural y la Biodiversidad: 300 euros si la finca se encuentra en un espacio natural protegido, 200 euros en el resto de los casos, con un tramo adicional de 1 euro por hectárea (hasta un máximo de 500 hectáreas) si la finca está incluida, además, en la Red Natura 2000. En todos los casos, la iniciativa de conservación deberá tener una duración mínima de diez años.

Otros tributos

  • Se actualizan los tipos de gravamen del Impuesto sobre el depósito de residuos controlados para el período 2026-2031.
  • Se revisan las bases de cálculo del canon del agua para los usos domésticos, industriales y ganaderos (no actualizadas desde 2017), con el objetivo de dotar a la Agencia Catalana del Agua de un marco económico estable que permita cumplir el principio de recuperación de costes del ciclo del agua previsto por la normativa europea.
  • Se modifica el régimen de comunicación a la Agencia Tributaria de Cataluña de los cartones jugados en las salas de bingo, en el ámbito de los tributos sobre el juego.

Tasas: con un objetivo de simplificación administrativa, se eliminan 22 tasas y se modifican 70, con la finalidad de reducir la carga administrativa y actualizar sus importes al coste real de los servicios prestados.

2.2 Medidas financieras

En el ámbito del régimen jurídico de las finanzas públicas, la ley modifica la Ley 16/1984, del Estatuto de la Función Interventora, y el texto refundido de la Ley de Finanzas Públicas de Cataluña (Decreto Legislativo 3/2002), con los siguientes efectos:

  • Se refuerzan y actualizan las funciones de fiscalización de la Intervención General, incorporando expresamente como objeto de control la comprobación material del gasto realizado con fondos públicos y de cualquier acto u operación que implique una variación patrimonial, ampliando además el ámbito de fiscalización a las adquisiciones de bienes, derechos y otras inversiones.
  • Se habilita que, en casos justificados, la fiscalización pueda realizarse en la fase de resolución del expediente y no con carácter previo, con el objetivo de reducir plazos y mejorar la eficiencia de la tramitación.
  • Se simplifica la normativa reguladora del control interno de las entidades del sector público.
  • Se regula la posibilidad de conceder subvenciones sin concurrencia competitiva cuando la especificidad de la actividad subvencionada lo justifique.

 

 

 

2.3 Medidas en el ámbito del sector público

  • Se incorporan miembros independientes en los órganos de gobierno de determinadas entidades del sector público.
  • Se amplía el ámbito de actuación de la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS) al ámbito de los derechos sociales y de la atención integrada, con el fin de generar sinergias y optimizar recursos.
  • Se extienden las funciones de auditoría de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña al Parlamento de Cataluña y a otros órganos estatutarios e instituciones independientes.
  • Se suprime el Consejo Catalán del Deporte, cuyas competencias pasan a ser asumidas directamente por el Departamento de Deportes. Se refuerza el papel estratégico del CTTI (Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información de la Generalitat), declarando sus servicios TIC como servicios esenciales y reconociendo la utilidad pública de sus infraestructuras para garantizar la prestación de servicios críticos y la cobertura de las comunicaciones.
  • Se introducen modificaciones organizativas puntuales en el Instituto Catalán de la Energía, el Patronato de la Montaña de Montserrat, el Instituto Catalán de la Salud (atribuyendo al Consejo de Administración competencias para organizar centros y unidades) y la Agencia Catalana del Patrimonio Cultural (creación de la nueva figura de gerente, con contrato laboral de alta dirección y bajo la supervisión del Consejo de Administración). Asimismo, se incorporan las entidades sanitarias transfronterizas al régimen de autonomía de gestión.

 

 

 

 

2.4 Medidas administrativas

Este es, probablemente, el bloque con mayor trascendencia práctica y de carácter transversal, tanto para el sector público como para el privado:

  • Tramitación legislativa de urgencia: por primera vez, se habilita la tramitación de urgencia para los anteproyectos de ley y las disposiciones reglamentarias, lo que permitirá reducir a la mitad la mayoría de los plazos de los trámites administrativos asociados.
  • Normas experimentales y sandboxes regulatorios: se crea un procedimiento para aprobar normas de carácter temporal que permitan evaluar su eficacia antes de su consolidación definitiva, y se habilitan espacios de pruebas controlados (*sandboxes* regulatorios) para testar nuevos productos, tecnologías y procesos. Asimismo, se prevén convocatorias de ideas para que las entidades locales, las asociaciones empresariales, los sindicatos y la ciudadanía puedan proponer normas experimentales y espacios de pruebas.
  • Transformación digital de los procedimientos: en un plazo máximo de dos años deberá completarse la transformación digital de los procesos vinculados a actividades económicas, urbanísticas y medioambientales, con el objetivo de eliminar documentación redundante y reducir los plazos de tramitación, en línea con el principio de **«dato único», según el cual la ciudadanía y las empresas no deberán volver a aportar información que ya obre en poder de la Administración.
  • Derecho de acceso a los propios datos:** se regula el derecho de la ciudadanía a acceder a los datos personales o relativos a su actividad que obren en poder de la Administración, con el fin de poder aportarlos en otros procedimientos administrativos.
  • Contratación pública:** se autoriza a los secretarios generales y a los órganos transversales de los departamentos a adjudicar contratos de obras y concesiones de obras y de servicios con un **valor estimado igual o superior a los umbrales armonizados (5.538.000 euros)**, con el objetivo de agilizar la ejecución de las inversiones públicas. Asimismo, se abre la puerta a la creación de un **Tribunal de Contratos** propio con sede en Barcelona y se regula el régimen jurídico de **Infraestructures de Catalunya, SAU**, como medio propio respecto de las entidades locales catalanas.

 

  • Vivienda y urbanismo:
    • Se obliga a las administraciones que disponen de información sobre contratos de alquiler (Hacienda, ayuntamientos y organismos de vivienda) a compartirla con el **Instituto Catalán del Suelo (INCASÒL)**.
    • Se refuerza la obligación de depositar las fianzas de alquiler en el **Registro de Fianzas**, acompañadas del contrato que acredite su importe conforme al índice de precios de referencia.
    • Se amplía el acceso al **Registro de Grandes Tenedores** de la Agencia de la Vivienda de Cataluña, permitiendo su consulta también a personas físicas que acrediten un interés legítimo, con las correspondientes garantías en materia de protección de datos.
    • Se facilita la rehabilitación de edificios mediante la ocupación temporal y excepcional de suelo reservado a zonas verdes o equipamientos cuando resulte indispensable para instalar ascensores u otros elementos de accesibilidad, o para reducir la demanda energética de climatización.
    • Se amplía el concepto de **equipamiento comunitario** para incluir los denominados*«alojamientos dotacionales»**: modalidades de alojamiento temporal (que no constituyen vivienda ordinaria, vivienda de protección oficial ni establecimiento hotelero) destinadas a situaciones de emergencia habitacional, movilidad laboral o formativa, o realojamientos temporales.
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Plan de inspección de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2026

Plan de inspección de las fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2026

La Resolución JUS/1475/2026, de 11 de mayo, publicada en el DOGC núm. 9666 de 15 de mayo, aprueba los criterios del Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2026.

El Protectorado prioriza la inspección de las entidades que incumplen la obligación de presentar cuentas anuales. En concreto, determina, entre otros, como criterios principales de inspección:

  • Presentación de cuentas: fundaciones y asociaciones que no hayan depositado las cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios frente al Protectorado de Fundaciones.
  • Requerimientos especiales: entidades que hayan recibido requerimientos formulados por el Protectorado que sigan pendientes de atender.
  • Deficiencias contables: inspección detallada de entidades con alertas en auditorías anteriores o descuadres reincidentes en la memoria económica.
  • Desviación de la finalidad fundacional: comprobación de que, al menos, el 70% de las rentas y otros ingresos netos anuales se destinan estrictamente a las finalidades fundacionales.
  • Órganos de gobierno: cargos vencidos y no renovados, así como configuraciones de los órganos de gobierno integradas mayoritariamente por personas con vínculos familiares.

El Plan de Inspección tiene carácter preventivo y de control para garantizar el buen gobierno y la transparencia de las entidades.

Puede consultar el texto completo de la Resolución JUS/1475/2026 en el DOGC núm. 9666, de 15 de mayo de 2026https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/9666/2150554.pdf

 

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El control interno en los fondos Next Generation EU: del Plan de Medidas Antifraude al Plan de Control Interno (PCI)

La implantación de los Planes de Medidas Antifraude (PMA) representó un primer paso imprescindible en la gestión de los fondos Next Generation EU. Sin embargo, el actual marco normativo y los criterios de supervisión consolidan la idea de que el PMA, aun siendo necesario, no es suficiente por sí solo. La Guía de control de nivel 1 publicada por la Generalitat de Catalunya refuerza la exigencia de disponer de un sistema completo de control interno de nivel 1, estructurado mediante una Unidad de Verificación Independiente (UVI) y un Plan de Control Interno (PCI) operativo, capaz de verificar, documentar y acreditar el cumplimiento de hitos, objetivos y principios transversales.

La implementación de los fondos vinculados al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ha comportado un proceso de adaptación intenso por parte de las entidades públicas, organismos instrumentales y entidades dependientes. En una primera etapa, la prioridad se situó en la configuración de los Planes de Medidas Antifraude, concebidos como respuesta inmediata a las exigencias europeas en materia de prevención del fraude, corrupción, conflictos de interés y doble financiación. Aquel esfuerzo permitía establecer un marco mínimo de integridad institucional y de protección de los intereses financieros de la Unión.

Con el paso del tiempo, el modelo de gobernanza del MRR ha evolucionado hacia una concepción más integral del control. Los órganos supervisores han desplazado progresivamente el foco desde la mera existencia formal de determinados instrumentos hacia el análisis del funcionamiento efectivo de los sistemas internos de gestión y verificación. Esta evolución responde a una lógica clara: la solidez del sistema no depende únicamente de disponer de documentos aprobados, sino de la capacidad de las entidades para demostrar, con evidencias consistentes, que dichos instrumentos se aplican realmente y que el conjunto del modelo de gestión funciona de manera adecuada.

En este contexto, la publicación de la Guía de control de nivel 1 para la elaboración del Plan de Control Interno (PCI) por parte del Departamento de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya adquiere una relevancia singular. La Guía no introduce obligaciones sustancialmente nuevas, sino que ordena y sistematiza exigencias ya presentes en el marco europeo y estatal, especialmente en el Reglamento del MRR y en la Orden HFP/1030/2021. Su principal valor radica en clarificar que el Plan de Medidas Antifraude, pese a su importancia, constituye solo una pieza dentro de un sistema de control interno necesariamente más amplio.

El PMA identifica riesgos específicos y define medidas preventivas y correctoras. El PCI, en cambio, responde a una función distinta: articular un sistema integral de verificación interna destinado a comprobar que el conjunto del modelo de gestión (incluidas las medidas antifraude) se aplica correctamente y genera evidencias suficientes. Esta distinción conceptual es esencial, ya que el control interno de nivel 1 debe permitir verificar de manera independiente, sistemática y documentada el correcto funcionamiento del sistema de gestión, el cumplimiento efectivo de los hitos y objetivos, la aplicación real de los principios transversales y la coherencia de la información presupuestaria y contable vinculada a las actuaciones financiadas.

Este sistema se articula, necesariamente, mediante la designación de una Unidad de Verificación Independiente (UVI) con separación funcional respecto de las unidades gestoras. La independencia no es un requisito formal accesorio, sino una condición estructural del modelo de control, dado que garantiza la credibilidad y objetividad de las verificaciones. A esta arquitectura se añade la elaboración de un Plan de Control Interno (PCI) que defina el alcance, la metodología, el cronograma de verificaciones, los criterios de muestreo y el sistema de informes y seguimiento de las incidencias detectadas. El PCI se convierte así en un instrumento operativo que ordena la actividad verificadora y asegura la trazabilidad del sistema.

La importancia práctica de este refuerzo del control interno debe interpretarse en el contexto de la fase actual del MRR. La ejecución material de las inversiones convive con una intensificación progresiva de los controles ex post, tanto a escala estatal como europea. En este escenario, la capacidad de las entidades para acreditar documentalmente que las actuaciones se han ejecutado conforme a la normativa aplicable, que los hitos y objetivos se han alcanzado de manera efectiva y que los principios transversales han sido respetados se convierte en un elemento central. No basta con ejecutar correctamente; es necesario poder demostrarlo de manera sólida y sistemática.

Esta exigencia se ve reforzada por el reciente desarrollo normativo en materia de procedimientos de reintegro de los fondos MRR, que identifica como causas de reintegro no solo los incumplimientos materiales, sino también la falta de emisión o acreditación adecuada de informes de gestión o la insuficiencia de documentación y evidencias requeridas por los órganos de control. Ello pone de manifiesto que el riesgo jurídico y financiero puede derivar tanto de una ejecución incorrecta como de un sistema de control interno insuficiente o no adecuadamente documentado.

La experiencia acumulada en estos años permite constatar que muchas entidades han desplegado con rigor sus Planes de Medidas Antifraude, pero todavía presentan brechas en la formalización o ejecución del control interno de nivel 1. La inexistencia de una UVI claramente definida, la falta de un PCI operativo o la realización de verificaciones sin metodología homogénea son situaciones relativamente habituales. Estas disfunciones no implican necesariamente irregularidades materiales, pero pueden debilitar la posición de la entidad ante auditorías o actuaciones de control.

El control interno sigue siendo una función propia de cada entidad. Sin embargo, la complejidad técnica y normativa del marco MRR hace a menudo recomendable disponer de apoyo jurídico y metodológico especializado que permita analizar el encaje del modelo existente, identificar posibles brechas y definir instrumentos de verificación alineados con los criterios actuales de control. Este acompañamiento contribuye a reforzar la solidez y la seguridad jurídica del sistema, sin alterar la naturaleza propia e indelegable de las funciones de control interno.

 

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