julio 27, 2021 Nuestra opinión Autor: Jordi Casals
El pasado 11 de julio entró en vigor la Ley 11/2021, de 9 de julio de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva Europea 8 (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2015, por el que se establecen las normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.
Esta ley introduce modificaciones en los principales impuestos, así como también en la Ley General Tributaria.
Entre las modificaciones introducidas, se incluye la reducción de 2.500 a 1.000 euros, el importe máximo de los pagos en efectivo a realizar por operaciones en las que alguna de las partes que intervenga actúe en calidad de empresario o profesional.
Asimismo, en el caso de que el pagador sea una persona física no residente que actúe como empresario o profesional, el límite se rebaja también de 15.000 a 10.000 euros.
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