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El Tribunal Supremo ha dado un paso importante a favor de la transparencia. En una decisión històrica, la sentencia núm. 1119/2025, de 11 de septiembre de 2025, ha dado la razón a la Fundación Ciudadana Civio, y ha establecido que los ciudadanos tienen derecho a acceder al código fuente de los programas informáticos que utiliza la Administración para tomar decisiones automáticas.

El caso concreto se basa en la aplicación BOSCO, que el Ministerio de Transición Ecológica utiliza para decidir quién puede recibir el bono social, una ayuda para la factura eléctrica. La Fundación Civio quería saber exactamente cómo funcionaba el algoritmo de la aplicación para comprobar que no hubiera errores o que se usara de manera justa.

Tanto el Consejo de Transparencia como la Audiencia Nacional habían negado el acceso, argumentando que el código fuente estaba protegido por la propiedad intelectual y que divulgarlo podría comprometer la seguridad.

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha rebatido estos argumentos:

• Naturaleza del derecho de acceso a la información pública: La sentencia recalca que el derecho de acceso a la información pública no es sólo un principio orientador para la administración, sino un derecho constitucional subjetivo ejercitable por los ciudadanos. Este derecho deviene particularmente relevante con el uso de nuevas tecnologías, como los sistemas de toma de decisiones automatizadas.
• Principio de transparencia algorítmica: La sentencia reconoce la importancia de la «transparencia algorítmica» para garantizar la rendición de cuentas y evitar la opacidad en las decisiones públicas.
• Ponderación de derechos y límites: El Tribunal Supremo resuelve que la simple invocación de la propiedad intelectual no es suficiente para denegar el acceso, especialmente cuando el programa ha sido desarrollado por una administración pública para el ejercicio de funciones públicas.
• Seguridad Pública vs. Transparencia: Respecto al argumento de la seguridad pública, el Tribunal Supremo considera que la mera afirmación de que la revelación del código fuente aumenta la vulnerabilidad del sistema no es un motivo suficiente para denegar el acceso. Se señala que la transparencia puede, de hecho, contribuir a la mejora del código y a su seguridad, y que, en cualquier caso, los riesgos pueden ser gestionados con medidas como la prohibición de la difusión no autorizada o la firma de compromisos de confidencialidad.
• La Función Pública de BOSCO: La sentencia destaca la relevancia pública de la aplicación BOSCO, ya que sirve para el ejercicio de una función pública con una importante proyección social: la protección de los consumidores vulnerables y la lucha contra la pobreza energética. El Tribunal Supremo subraya que la Fundación Ciudadana Civio, como entidad de vigilancia social, tiene un interés legítimo en verificar si el algoritmo de la aplicación se ajusta a la ley para evitar posibles errores o discriminaciones.

Esta sentencia anula las decisiones anteriores y obliga al gobierno a dar el código fuente de la aplicación BOSCO a la fundación. Esto abre la puerta a un control más efectivo sobre el uso de la tecnología por parte de las administraciones y de los ciudadanos especialmente cuando afecta a los derechos y libertades de los mismos.

La Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Pública de Cataluña anuncia la integración funcional entre la Plataforma de Servicios de Contratación Pública (PSCP) y el Registro Público de Contratos (RCP) con el objetivo de mejorar la eficiencia, coherencia de los datos y el cumplimiento normativo.

La contratación pública en Cataluña da un paso importante hacia la digitalización integral con la puesta en marcha de la integración entre la PSCP y el RPC. Esta actuación, prevista en la Estrategia Catalana de Mejora de la Compra Pública 2022-2026, tiene como finalidad reforzar la fiabilidad de los datos contractuales, reducir cargas administrativas y evitar la duplicación de información entre sistemas. La integración permitirá que determinados datos publicados en la PSCP sean trasladados de forma automatizada al RPC, dando cumplimiento al principio de “sólo una vez” y reforzando la trazabilidad de los expedientes. Esta operación implica cambios técnicos en las plataformas y en los sistemas gestores de expedientes, así como la progresiva activación de un conjunto de campos y validaciones que serán obligatorios.

El despliegue se llevará a cabo en fases. En una primera etapa se ha iniciado un pilotaje con entidades seleccionadas del ámbito de la Generalitat y del mundo local. A partir del segundo semestre de 2025 se prevé la paulatina activación del resto de órganos de contratación, con contacto personalizado, acceso a formación y guías operativas. Finalmente, en 2026 se pondrá en marcha el nuevo RPC, momento en el que se desactivarán los servicios web previos, y la PSCP se convertirá en el único canal habilitado para el envío de datos al registro.

El alcance de la integración cubre varias fases del ciclo contractual, incluyendo adjudicaciones, formalizaciones, ejecución, modificaciones, prórrogas, extinciones y publicaciones agregadas. Sin embargo, determinadas casuísticas (como los contratos multiadjudicados, los encargos a medio propio, las compras precomerciales o las modificaciones subjetivas) permanecerán fuera del circuito automatizado y deberán continuar informándose manualmente en el RPC hasta la puesta en funcionamiento de la nueva versión. Para facilitar el seguimiento del proceso, se ha habilitado una consola para consultar el estado de los envíos y detectar posibles incidencias, que serán notificadas a los perfiles validadores designados.

Esta integración representa un avance relevante en la consolidación de un modelo corporativo de contratación electrónica interoperable, eficiente y alineado con los requerimientos de la LCSP y las exigencias de transparencia y rendición de cuentas. Por parte de los órganos de contratación, será esencial prever las adaptaciones tecnológicas y organizativas necesarias, revisar los procedimientos internos y garantizar la capacitación de los equipos técnicos para asegurar una efectiva implementación.