#InclusioLaboral

De acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del Real Decreto 1451/1983, de 11 de mayo, por el que se regula el empleo selectivo y las medidas de fomento del trabajo de los trabajadores minusválidos, las empresas que estén obligadas deberán comunicar al Servicio Público de Empleo de la comunidad autónoma correspondiente, antes del 31 de marzo de cada año, la lista detallada de los puestos de trabajo ocupados por personas con discapacidad y aquellos que, por sus características, queden reservados para este colectivo.

El artículo 42 del Real Decreto Legislativo 1/2013 determina que las empresas con una plantilla de 50 o más empleados están obligadas a reservar, como mínimo, un 2% de sus puestos de trabajo para personas con discapacidad.

Para determinar si se alcanza este umbral de 50 trabajadores, debe tenerse en cuenta:

• La suma de la plantilla de todos los centros de trabajo de la empresa.
• Cualquier modalidad contractual, incluyendo el personal contratado a través de empresas de trabajo temporal (ETT) mediante contratos de puesta a disposición.

Excepcionalmente, las empresas pueden quedar total o parcialmente exentas de esta contratación directa (mediante negociación colectiva o por decisión del empresario comunicada a la autoridad laboral) si aplican alguna de las medidas alternativas previstas en el Real Decreto 364/2005, de 8 de abril, por el que se regula el cumplimiento alternativo, con carácter excepcional, de la cuota de reserva en favor de los trabajadores con discapacidad.

En caso de no poder cumplir la cuota de reserva, la empresa debe:

• Solicitar la declaración de excepcionalidad y la autorización para las medidas alternativas.
• Presentar, dentro del primer trimestre del ejercicio siguiente, la memoria de seguimiento durante los tres años siguientes mientras la autorización esté vigente.

Las consecuencias del incumplimiento de la norma por no respetar la reserva de puestos de trabajo ni aplicar las medidas alternativas pueden conllevar sanciones, ya que se considera una infracción tipificada en el artículo 15 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS).