Jurídico

Naturaleza jurídica de la prestación que pagan los usuarios de servicios públicos: ¿tasa o tarifa? STS de 25 de junio de 2019

El Tribunal Supremo analiza la cuestión relativa a determinar si la retribución percibida por los concesionarios de servicios públicos constituye una tasa o, por el contrario, una tarifa. La trascendencia de esta sentencia radica en que el pronunciamiento se hace a la vista de las novedades introducidas por el legislador y de la última jurisprudencia del Tribunal Constitucional. (más…)

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Consecuencias legales de la difusión de contenidos sensibles

La Agencia Española de Protección de Datos ha divulgado un documento sobre las consecuencias administrativas, disciplinarias, civiles y penales de la difusión de contenidos sensibles.

El documento explica las consecuencias para las empresas en el ámbito de trabajo diferenciando las infracciones muy graves con multas desde 6.251 hasta 187.515 euros y por las graves con multas desde 626 a 6.250 euros.

Como infracción muy grave en el ámbito laboral son los actos del empresario que son contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores. Por ejemplo, cita el propio documento, dos trabajadores hombres de una empresa sometidos a hostigamiento por parte de sus compañeros, incluyendo por quien ocupa cargo de responsabilidad, para mantener una relación sentimental siendo difundida la relación a través de imágenes y la dirección de la empresa conociendo la situación no adopta medidas para impedirlo.

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Deficiencias en materia de contratación pública según la IGAE

A principios de septiembre, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), junto a la intervención General de la Seguridad Social, publicó un Informe relativo a los “Principales resultados de Control en materia de Contratación pública conforme al Art. 332.11 de la LCSP”.  

El artículo 332.11 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (LCSP) establece que la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) y “los órganos equivalentes a nivel autonómico y local, remitirán anualmente a la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la contratación (OIRESCON) un informe global, que se hará público dentro del mes siguiente a su recepción, con los resultados más significativos de su actividad de control en la contratación pública”.

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Impuesto sobre los activos no productivos de las personas físicas

A raíz de la publicación del Real Decreto-ley 8/2019, de 14 de mayo, de modificación de la Ley 6/2017, de 9 de mayo, del impuesto sobre los activos no productivos de las personas jurídicas, se ha regulado el plazo de presentación de la autoliquidación del impuesto, que se realizará del 1 al 30 de junio de cada año.

Excepcionalmente, para los períodos ya devengados (2017, 2018 y 2019), se deberá liquidar entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2019. La presentación se realiza de forma telemática a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Catalunya.

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Nota Técnica de la AEPD dirigida a las aplicaciones móviles en el ámbito de la educación, la actividad física, el bienestar y la salud

La Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una Nota Técnica donde se facilitan directrices en relación al deber de informar y otras medidas de responsabilidad proactivas orientadas a las entidades involucradas en el desarrollo, distribución y explotación de aplicaciones móviles del ámbito de la educación, la actividad física, el bienestar y la salud.

Las conclusiones de esta nota giran entorno a dos grandes temas, por un lado el cumplimiento del deber de información y, por otra parte, la regulación de la relación entre el responsable del tratamiento de los datos y el proveedor que ha contratado para encargarle el desarrollo y / o la explotación de la aplicación, permitiéndole de este modo el acceso a datos personales.

En cuanto al deber de información, la AEPD señala que hay varios aspectos a los que los responsables del tratamiento deben prestar especial atención para garantizar el cumplimiento de la normativa y la seguridad de los datos personales de los interesados. Uno de los aspectos relevantes es que la información que se proporciona al interesado sobre el tratamiento de sus datos debe estar disponible tanto en la aplicación como en la tienda de aplicaciones. De este modo, se garantiza que el interesado tenga acceso a la información tanto antes de comprar la aplicación como durante su uso.

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El proyecto «IdentiCAT» para apoderar la ciudadanía

Los que nos dedicamos al asesoramiento legal a menudo tenemos que explicar por qué existe la necesidad de tener una normativa en materia de protección de datos, con toda la carga que implica de obligaciones, conceptos jurídicos y sanciones. Esta necesidad legal se explica de forma comprensible por la necesidad de garantizar el derecho a la intimidad personal, de modo que la persona pueda tener siempre un control sobre sus datos de carácter personal y evitar que se haga un mal uso. Y eso pasa, inevitablemente, por el establecimiento de obligaciones a las organizaciones que recogen y tratan datos.

Imaginemos ahora que este control que la normativa reconoce a las personas no se haya de articular a través de un procedimiento de ejercicio de derechos, que puede tardar más de un mes en resolverse; imaginamos, por ejemplo, que la persona no tenga que hacer una solicitud para verificar, rectificar sus datos o suprimirlas en sus relaciones con una determinada organización o administración pública, sino que pueda ejercer este control sin que esta organización haya de recibir su solicitud ni contestarla. Imaginemos que la persona puede ejercer un control directo sobre sus propios datos, con quien compartirlas y de qué manera, con garantías de seguridad y legalidad. No necesitamos imaginar mucho más, porque esto es lo que plantea el modelo de identidad digital autogestionada que acaba de presentar la Generalidat de Catalunya, llamado IdentiCAT, el primero impulsado desde el sector público en Europa.

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¿En qué casos no es necesario realizar una evaluación de impacto en materia de protección de datos?

Cuando un tratamiento, por su naturaleza, alcance, contexto o fines suponga un alto riesgo para los derechos y libertades de las personas físicas, especialmente cuando se utilicen nuevas tecnologías, el responsable de tratamiento deberá realizar una evaluación del impacto en la protección de datos (EIPD), que evalúe el origen, la naturaleza, la particularidad y gravedad del riesgo.

Ahora bien, ¿cuáles son los criterios que rigen para determinar si es necesario realizar una EIPD en un tratamiento de datos personales? En el artículo titulado «Las autoridades de control han publicado los listados orientativos del tipo de tratamientos que requieren una EIPD», se contaban los casos en que tanto la normativa en materia de protección de datos, como las autoridades de control determinan que hay que realizar una EIPD. Podéis revisar el artículo haciendo clic en el siguiente enlace: Las Autoridades de Control han publicado los listados orientativos de los tipos de tratamientos que requieren una evaluación de impacto relativa a la protección de datos

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Cumplimiento del deber de transparencia en la contratación pública y de la normativa en materia de protección de datos personales

Para facilitar el entendimiento de las obligaciones jurídicas y ayudar al cumplimiento del deber de transparencia y de la normativa de protección de datos personales en la contratación pública, el pasado 15 de julio, la Secretaría Técnica de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa de la Generalidad de Cataluña publicó la nota informativa 1/2019.

El objetivo de la nota informativa es recordar, por un lado, la obligatoriedad de dar publicidad de la información general del órgano de contratación y de la información relativa a los contratos en el ámbito de la contratación, a través de los perfiles de contratante, en un espacio diferenciado en el Portal de transparencia, en concreto, en la Plataforma de Servicios de Contratación Pública (PSCP), teniendo en cuenta las conclusiones extraídas del informe de auditoría, Dictamen CNS 1/2019, realizado por la Autoridad Catalana de protección de datos (APdC) en los portales de transparencia de los procedimientos de contratación pública.

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Modificaciones en algunos tributos propios y cedidos de la Generalitat de Catalunya

Aprobado el Decreto Ley 12/2019, de 9 de julio, de medidas urgentes en materia tributaria y de lucha contra el fraude fiscal (DOGC núm. 7915, de 11 de julio).

Este Decreto ley se enmarca en el contexto actual de prórroga presupuestaria y la necesidad de adoptar medidas correctoras del fraude, en línea con lo previsto en el Plan de prevención y reducción del fraude fiscal y de fomento de las buenas prácticas tributarias 2019-2022 de la Agencia Tributaria de Catalunya.

En este sentido, el nuevo texto legislativo introduce modificaciones en el ámbito de algunos tributos propios y cedidos:

1) Impuesto sobre las viviendas vacías: se incluyen, como sujetos pasivos, los fondos de titulización, como titulares de grandes paquetes de viviendas vacías que han adquirido procedentes de ejecuciones hipotecarias y que con la regulación actual no estaban sujetos al pago porque no tenían personalidad jurídica.

2) Impuesto sobre la emisión de óxidos de nitrógeno a la atmósfera producida por la aviación comercial: el tipo impositivo se incrementa hasta los 3,5 euros por kilogramo de óxidos de nitrógeno.

3) Impuesto sobre actos jurídicos documentados: el tipo impositivo que grava el otorgamiento de escrituras públicas de préstamo o crédito hipotecario se eleva del 1,5% al ​​2%. Según lo establecido en el Real Decreto Ley 17/2018, el sujeto pasivo de este impuesto son las entidades financieras que conceden los préstamos y a favor de las cuales se constituyen las hipotecas.

4) Apuestas: se modifican los tipos de gravamen de las apuestas: el tipo tributario general se establece en el 15% y el correspondiente a las apuestas sobre acontecimientos deportivos, de competición o de otro carácter previamente determinado, y las apuestas hípicas, se sitúa en un tipo único del 15%.

Por otra parte, el nuevo Decreto Ley también aprueba nuevas medidas de lucha contra el fraude fiscal en el ámbito de la tributación y la regulación de la actividad del juego.

Puede ampliar la información en la sede electrónica de la Agencia Tributaria de Catalunya.

 

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Principales novedades de la Ley de Secretos Empresariales

El pasado 13 de marzo entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales ( «LSE») que transpone la Directiva (UE) 2016/943 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, relativa a la protección de los conocimientos técnicos y la información empresarial no divulgados (secretos comerciales) contra su obtención, utilización y revelación ilícitas.

La LSE define por secreto cualquier información o conocimiento con valor empresarial, incluyendo el tecnológico, científico, industrial, comercial, organizativo o financiero, que no sea generalmente conocido por las personas pertenecientes a los círculos en los que normalmente se utilice este tipo de información, ni fácilmente accesibles para estas personas y que su titular haya realizado medidas razonables para mantener en secreto. (más…)

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