Jurídico

La Ley de Contratos del Sector Público incluye la prohibición de contratar con empresas de 50 o más trabajadores sin plan de igualdad

El pasado mes de diciembre se publicó en el BOE la Ley 31/2022 de presupuestos generales del estado para el año 2023 (LGPE 2023), que incluyó diversas modificaciones en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público (LCSP).

Una de estas modificaciones está directamente relacionada con la obligación de disponer de un plan de igualdad. Hasta ahora, se establecía la prohibición en el marco de los contratos del sector público de contratar empresas licitadoras de 250 o más trabajadores que no dispusieran de plan de igualdad. Pues bien, con la nueva redacción, en vigor desde el 1 de enero de 2023, se reduce el umbral en cuanto a número de trabajadores, estableciendo que no se podrá contratar con empresas de 50 o más trabajadores que no dispongan de plan de igualdad.

Resultando la redacción final del artículo 71.1 apartado d) de la LCSP, según la Disposición Final 27a de la LPGE 2023:

«d) No hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias o de Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes, en los términos que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir el requisito de que al menos el 2% de sus empleados sean trabajadores con discapacidad, de conformidad con el artículo 42 del Real decreto legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social, en las condiciones que reglamentariamente se determinen; o en el caso de empresas de 50 o más trabajadores, no cumplir con la obligación de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres.»

Se puede consultar el texto completo de la LPGE 2023 en:

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-22128

 

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Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2023

El pasado 1 de diciembre se publicaba en el Diario Oficial de la Generalidad de Catalunya la Resolución JUS/3741/2022, de 28 de noviembre, por la que se aprueban los criterios que deben regir el Plan de actuación inspectora de fundaciones y asociaciones declaradas de utilidad pública para el año 2023.

De acuerdo con el artículo 336.2.1 del libro tercero del Código Civil de Cataluña, relativo a las personas jurídicas, y el artículo 7 de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, del protectorado de las fundaciones y de verificación de la actividad de las asociaciones declaradas de utilidad pública, el Protectorado debe velar por que se cumplan las finalidades fundacionales, las disposiciones legales y los estatutos de las fundaciones y para que se observe la voluntad fundacional respetando la autonomía de gestión y de funcionamiento de las fundaciones. Esta función básica se desglosa en una serie de funciones específicas, entre las cuales el artículo 10, letra a, de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, incluye la de velar por el cumplimiento efectivo de la voluntad fundacional, de las disposiciones legales y de los estatutos, mediante la verificación de las cuentas anuales y demás instrumentos establecidos por las leyes.

El artículo 23.1 de la Ley 21/2014, de 29 de diciembre, confiere al Protectorado y al Órgano de Supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública el ejercicio de la potestad inspectora. En concreto, el artículo 23.2 enumera una serie de causas de inspección y el artículo 24.1 dispone que el Protectorado y el Órgano de Supervisión de las asociaciones declaradas de utilidad pública deben aprobar anualmente un plan de actuaciones inspectoras formulado de acuerdo con unos criterios objetivos que deben hacer públicos. (más…)

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Novedades en políticas de igualdad entre mujeres y hombres

El pasado 3 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y publica el procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres. Fue precisamente en este real decreto donde se introdujo una nueva regulación de diversos instrumentos a través de los cuales debe aplicarse el principio de transparencia retributiva, siendo uno de ellos el procedimiento de valoración de puestos de trabajo. (más…)

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Novedades de la ley 18/2022 en la protección de datos aplicada a la prevención de blanqueo de capitales

La reciente Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, supone una modificación importante en cómo debe aplicarse la protección de datos en el régimen de prevención de blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo, tal y como establece en su disposición final segunda. Esta disposición modifica la vigente ley de prevención de capitales, que es del año 2010, y la actualiza, teniendo en cuenta la entrada en aplicación posterior del Reglamento europeo (abreviado como RGPD y de aplicación desde 2018) y de la última ley española de protección de datos (LOPDGDD de 2018). (más…)

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Las políticas sobre el uso de dispositivos informáticos deben ser consensuadas con los representantes de los trabajadores

La Audiencia Nacional, Sala de lo Social estima parcialmente la demanda interpuesta por la Federación de Sindicatos FESIBAC CGT contra la empresa TASACIONES HIPOTECARIAS, S.A.U. y declara nula la comunicación dada a los trabajadores sobre el uso del correo electrónico, internet y almacenamiento de información en los discos duros de los equipos el uso de equipos informáticos y correos corporativos al no haber participado la representación legal de los trabajadores, como exige el artículo 87 de la Ley Orgánica en materia de protección de datos y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD). (más…)

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La empresa está obligada a poner a disposición del personal en teletrabajo un correo corporativo como medio necesario para el desarrollo de su actividad

La COVID-19 cambió por completo el día a día de todos e instauró la figura del teletrabajo en la mayoría de los sectores y profesiones. Después de dos años de pandemia, las restricciones sanitarias están menguando y la vida está volviendo a la normalidad más o menos parecida a la que existía antes de la pandemia, con la modalidad del teletrabajo en muchas empresas instaurado como modelo híbrido. Ante esta modalidad de trabajo pueden derivarse multitud de problemáticas en torno a las obligaciones que deben cumplir las empresas y los medios que deben proporcionar a sus trabajadores. En esta línea, la Audiencia Nacional ha resuelto a favor de los trabajadores en la Sentencia SAN 3073/2022, de 27 de junio de 2022, obligando a la empresa a poner a disposición del personal en teletrabajo un correo corporativo como medio necesario para al desarrollo de su actividad. (más…)

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Informe de conclusiones de la auditoría sobre la publicación del registro de actividades de tratamiento de la APDCAT

La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha publicado el Informe de conclusiones de la auditoría sobre la publicación del registro de las actividades de tratamiento (inventario de actividades de tratamiento). El principal objetivo de esta auditoría ha sido verificar si las entidades incluidas en el ámbito de competencia de la APDCAT que están legalmente obligadas a publicar, por medios electrónicos, un inventario de las actividades de tratamiento que realizan, cumplen esta obligación y, si lo hacen en los términos previstos en el artículo 30 del RGPD y en el artículo 31.2 de la LOPDGDD. Asimismo, a través de este informe se pretende ofrecer directrices y recomendaciones que permitan publicar el inventario adecuadamente. (más…)

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Pasos firmes en Protección de Datos en Andorra

El Gobierno andorrano ha aprobado los dos reglamentos que la Ley 29/2021, de 28 de octubre, calificada de protección de datos personales (LQPD) encomendaba en su disposición adicional. De este modo, se ha aprobado, por una parte, el Reglamento de aplicación de la Ley 29/2021, de 28 de octubre, calificada de protección de datos personales y, por otra parte, el Reglamento de la Agencia Andorrana de Protección de Datos. (más…)

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Dudas alrededor de la figura del delegado de protección de datos

Se ha publicado el informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos número de referencia 0037/2022 en el cual se da respuesta a aspectos cruciales de la figura del delegado de protección de datos (en adelante, DPD), como son los criterios de formación técnica y práctica para la correcta designación de DPD, o las dudas acerca de la validez legal de designar personas vinculadas con la propia organización como DPD o designar DPD externo.

En efecto, la figura del DPD se incorpora a nuestro ordenamiento jurídico en virtud de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), concretamente en los artículos 37 a 39, en los que se define esta figura, así como su posición y funciones. Por su parte, en la Ley orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos y garantía de derechos digitales (LOPDGDD) se desarrollan algunos aspectos en los artículos 34 a 37, de los cuales se destaca la concreción de las entidades que en todo caso tienen que designar un DPD. También, en cuanto al régimen sancionador, ya que en el artículo 73 se tipifica como infracción grave “El incumplimiento de la obligación de designar un delegado de protección de datos cuando sea exigible su nombramiento”, o “No posibilitar la efectiva participación del delegado de protección de datos en todas las cuestiones relativas a la protección de datos personales, no respaldarlo o interferir en el desempeño de sus funciones, así como una infracción leve, según el artículo 74, en “No publicar los datos de contacto del delegado de protección de datos, o no comunicarlos a la autoridad de protección de datos, cuando su nombramiento sea exigible”. (más…)

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Protección de datos como una obligación de medios y no como obligación de resultado. Breve análisis de la STS 543/2022, en relación con la sanción a un encargado de tratamiento por carencia de medidas de seguridad

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, en la Sentencia 188/2022, de 15 de febrero, ratificó la sanción de 40.001 € a un encargado de tratamiento por la falta de adopción de las medidas técnicas necesarias para garantizar la seguridad de las datos. (más…)

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