OCDE

La contratación pública representa uno de los pilares fundamentales del gasto y gestión administrativa en España, con una incidencia directa sobre la economía y el bienestar social.

Según datos de la OCDE, el nivel de gasto en contratación pública durante el año 2022 fue del 11,52% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 24,11% del total del gasto público, tal y como se refleja en las estadísticas del documento Government at en Glance, recogidas por la Organización para la Cooperación y la OECD.Stat, y de las que se hace eco la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon) en su Informe Anual de Supervisión 2023.

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Una de las principales novedades introducidas por la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el ejercicio 2022 en el ámbito de la imposición directa de las entidades mercantiles es la introducción en el estado español de la tributación mínima en el Impuesto sobre sociedades, en la línea de la declaración formulada por la OCDE en el mes de octubre del pasado año basada en dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía y la deslocalización:

• Asegurar una distribución más justa entre países de beneficios y derechos de imposición relativos a los más rentables.
• Introducir un impuesto mínimo global del 15% por aquellas multinacionales con cifra de negocios superior a los 750 millones de euros.

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