Sector público

Afectaciones del Real Decreto-ley 11/2020 al Sector Público y modificación de la LCSP

Art. 20 del artículo 3 de Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, a las entidades locales

  • El importe que podrá destinar cada entidad local en el gasto al que se refiere dicho precepto será, como máximo, el equivalente al 20% del saldo positivo relativo a las inversiones financieramente sostenibles.
  • Para la aplicación del superávit a la política de gasto 23 en los términos regulados en el artículo 1 del Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, la modificación presupuestaria de crédito extraordinario para habilitar crédito o de suplemento de créditos que deba aprobar se tramitará por decreto o resolución del presidente de la corporación local
  • Tales decretos o resoluciones serán objeto de convalidación en el primer pleno posterior que se celebre exigiendo, para ello, el voto favorable de una mayoría simple
  • Para el seguimiento del órgano competente del Ministerio de Hacienda, las entidades locales deberán remitir cumplimentado el formulario recogido en el Anexo III del Real Decreto-ley.

(más…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Posibles efectos en la contratación pública de las medidas que se adopten por el coronavirus

Tanto el Gobierno de España como determinadas comunidades autónomas han aprobado una serie de medidas de carácter extraordinario por el coronavirus (Covidien-19), algunas de las cuales afectan de una manera directa o indirecta a numerosos contratos públicos que actualmente se encuentran en ejecución.

El presente documento se centra en general en los contratos de obras, servicios y suministros, es decir, sin entrar en la tipología de contratos que disponen de una regulación específica en los artículos 270 y 290 de la Ley 9/2017, de 9 de noviembre, de Contratos de Sector Público, y los artículos 258 y 282 de Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, texto refundido de la Ley de Contratos de Sector Público. (más…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornada sobre «Normas Técnicas de Auditoría Pública: Las NIA-ES-SP»

El pasado día 5 de febrero, nuestro socio, Pere Ruiz, participó como ponente en la Jornada sobre «Normas Técnicas de Auditoría Pública: Las NIA-SE-SP» donde nos habló sobre las diferentes responsabilidades del auditor y principios generales, y que fue organizada por la Fundación FIASEP, en Madrid.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Publicado el Real Decreto Ley 2/2020 por el que se fijan los incrementos de retribuciones del personal al servicio del Sector Público

El pasado 22 de enero se publicó en el BOE el Real Decreto-Ley 2/2020, de 21 de enero, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público, que recoge la subida salarial que se aplica, con efectos de 1 de enero de 2020, a las empleadas y empleados públicos de las administraciones estatal, autonómica y local, y también al sector público empresarial.

(más…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Novedades en relación a la doctrina legal en materia de contratación pública

A continuación, se expone una recopilación de las más significativas novedades de doctrina legal de tribunales administrativos de recursos contractuales en relación con la contratación pública.

  1. Resolución 354/2019, del Tribunal de Recursos Contractuales de Andalucía

Nulidad de criterios de adjudicación sujetos a juicio de valor por falta de concreción.

El contrato objeto de Recurso versa sobre el «Servicio de auxiliares de comedor en los centros docentes públicos con comedor de gestión directa de la provincia de Málaga. Curso 2019-2020». (más…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Nueva Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión: condiciones y procedimiento

El 7 de octubre de 2019, el Consejo aprobó la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión, (más conocida como Directiva de protección de denunciantes, informantes o whistleblowers), de ahora en adelante, la Directiva.

La Directiva se encuentra pendiente de publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea y concede a los Estados miembros un plazo de dos años para su transposición a partir de la fecha de entrada en vigor, a pesar de que este se amplía hasta cuatro años en relación con la obligación de establecer canales de denuncia internos por entidades del sector privado que tengan entre 50 y 249 trabajadores de forma que, inicialmente, entrará en vigor para las empresas de más de 250 trabajadores.

La finalidad de la Directiva es fomentar las denuncias sobre infracciones del Derecho de la Unión mediante el establecimiento de normas mínimas de protección para aquellas personas que, en el contexto de sus actividades laborales, tanto en el sector público como en el sector privado, tengan conocimiento de este tipo de irregularidades y quieran informar sobre ellas.

En nuestro país, el establecimiento de canales de denuncia internos experimentó un gran impulso después de la reforma del Código Penal, que se llevó a cabo mediante la Ley Orgánica 1/2015, que introdujo una cláusula de exención de responsabilidad penal para aquellas personas jurídicas que hayan adoptado un modelo eficaz de prevención de riesgos penales (o de compliance).

La Directiva se configura como una norma de mínimos con la cual los Estados miembros podrán ampliar su ámbito de aplicación. Su contenido permite aventurar cambios importantes en la regulación de los canales de denuncia en España. Y esto porque, como regla general, los canales de denuncia pasarán de ser una herramienta potestativa como elemento clave de un modelo de compliance, a una medida preceptiva para las entidades de los sectores público y privado.

Los denunciantes se podrán acoger a la protección que ofrece la Directiva cuando se cumplan las siguientes condiciones:

  • Que el objeto de la denuncia consista en infracciones de alguno de los ámbitos del Derecho de la Unión que prevé el artículo 2 de la Directiva con independencia que el derecho nacional las clasifique como administrativas, penaltis o de otro tipo. Entre las materias incluidas en este precepto se encuentran los asuntos relativos a la contratación pública, entre otros.
  • Que el denunciante trabaje en el sector público o privado y haya obtenido la información sobre infracciones en un contexto laboral.
  • Que el denunciante tenga motivos razonables para pensar que la información que comunica es veraz y que denuncie a través de alguna de las vías previstas por la Directiva.

Estarán obligadas a establecer canales y procedimientos de denuncia interna y seguimiento:

  • Las entidades jurídicas del sector privado que tengan 50 o más trabajadores; o que, sin importar el número de trabajadores, entren en el ámbito de aplicación del Derecho de la Unión en materia de servicios, productos y mercados financieros, prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, seguridad o protección del medio ambiente.
  • Las entidades del sector público, incluidas las entidades propiedad o estén sujetas en el control de estas entidades.

La Directiva articula un sistema de denuncias por tres vías: denuncias internas ante los órganos competentes designados por las entidades de los sectores público y privado; denuncias externas ante las autoridades competentes designadas por los estados miembros y revelación pública de información sobre infracciones (por ejemplo, a través de los medios de comunicación).

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Jornadas Sobre Control Interno: «El nuevo modelo de control interno de las entidades locales derivada del R.D. 424/2017»

Los pasados días 13, 20 y 27 de noviembre tuvieron lugar, en la Diputación de Lleida, varias jornadas sobre control interno, con motivo de la entrada en vigor e implantación de las medidas previstas al RD 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el régimen jurídico del control interno en las entidades del sector público local, en colaboración con el CSITAL, en que nuestro socio, Enric Ripoll, participó como formador en la sesión sobre :»Trabajos realizados con técnicas de muestreo. Criterios básicos a aplicar y normativa». (más…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Cambios importantes según el reciente «decreto digital»

En un artículo anterior hablamos del proyecto IdentiCAT, que impulsaba la Generalitat de Catalunya como sistema de identificación digital y que planteaba un control directo sobre los propios datos por parte del ciudadano, con garantías de seguridad y legalidad. Comentábamos en ese artículo que estaríamos al acecho de cómo se implementaba un proyecto tal, inédito en Europa, que venía a representar un cambio de paradigma. Parece, sin embargo, que no podemos saber a ciencia cierta a estas alturas de si este proyecto IdentiCAT acabará materializándose o no, sobre todo a partir del Real Decreto-ley 14/2019, de 31 de octubre, que ha aprobado recientemente el Gobierno español. (más…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

III Jornadas sobre Control y Auditoría en el Sector Público Local

Los pasados ​​días 21 y 22 de noviembre, nuestro socio, Pere Ruiz, presentó una ponencia sobre la visión del auditor privado en la colaboración con los órganos de control públicos durante las III Jornadas sobre Control y Auditoría en el Sector Público local, que tuvieron lugar en Barcelona, ​​y que fueron organizadas por la Fundación FIASEP juntamente con el Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Catalunya. Estas jornadas fueron la continuación de las primeras y segundas que tuvieron lugar, en años precedentes, en Valencia y Zaragoza.

La edición del 2019 se ha centrado en la aplicación práctica del control financiero mediante auditoría pública en el ámbito local. Conscientes de la importancia de esta temática y del interés de sus contenidos, Faura-Casas ha sido empresa patrocinadora de estas Jornadas.

 

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Modificación de la LCSP por el nuevo Real Decreto Ley 14/2019, de 31 de octubre, por el que se adoptan medidas urgentes por razones de seguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector público y telecomunicación

Estas modificaciones afectan concretamente a 7 artículos:

CAPÍTULO III

Medidas en materia de contratación pública

Artículo 5. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y de Consejo 2014/23 / UE y 2014 / 24 / UE, de 26 de febrero de 2014. (más…)

Facebooktwittergoogle_pluslinkedinmail

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies i de tercers per obtenir informació dels seus hàbits de cerca i intentar millorar la qualitat dels nostres serveis i de la navegació pel nostre lloc web. Si està d’acord fes click a ACCEPTAR o segueixi navegant. Més informació. aquí.

ACEPTAR
Aviso de cookies