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El Tribunal Supremo ha dado un paso importante a favor de la transparencia. En una decisión històrica, la sentencia núm. 1119/2025, de 11 de septiembre de 2025, ha dado la razón a la Fundación Ciudadana Civio, y ha establecido que los ciudadanos tienen derecho a acceder al código fuente de los programas informáticos que utiliza la Administración para tomar decisiones automáticas.

El caso concreto se basa en la aplicación BOSCO, que el Ministerio de Transición Ecológica utiliza para decidir quién puede recibir el bono social, una ayuda para la factura eléctrica. La Fundación Civio quería saber exactamente cómo funcionaba el algoritmo de la aplicación para comprobar que no hubiera errores o que se usara de manera justa.

Tanto el Consejo de Transparencia como la Audiencia Nacional habían negado el acceso, argumentando que el código fuente estaba protegido por la propiedad intelectual y que divulgarlo podría comprometer la seguridad.

El Tribunal Supremo, sin embargo, ha rebatido estos argumentos:

• Naturaleza del derecho de acceso a la información pública: La sentencia recalca que el derecho de acceso a la información pública no es sólo un principio orientador para la administración, sino un derecho constitucional subjetivo ejercitable por los ciudadanos. Este derecho deviene particularmente relevante con el uso de nuevas tecnologías, como los sistemas de toma de decisiones automatizadas.
• Principio de transparencia algorítmica: La sentencia reconoce la importancia de la «transparencia algorítmica» para garantizar la rendición de cuentas y evitar la opacidad en las decisiones públicas.
• Ponderación de derechos y límites: El Tribunal Supremo resuelve que la simple invocación de la propiedad intelectual no es suficiente para denegar el acceso, especialmente cuando el programa ha sido desarrollado por una administración pública para el ejercicio de funciones públicas.
• Seguridad Pública vs. Transparencia: Respecto al argumento de la seguridad pública, el Tribunal Supremo considera que la mera afirmación de que la revelación del código fuente aumenta la vulnerabilidad del sistema no es un motivo suficiente para denegar el acceso. Se señala que la transparencia puede, de hecho, contribuir a la mejora del código y a su seguridad, y que, en cualquier caso, los riesgos pueden ser gestionados con medidas como la prohibición de la difusión no autorizada o la firma de compromisos de confidencialidad.
• La Función Pública de BOSCO: La sentencia destaca la relevancia pública de la aplicación BOSCO, ya que sirve para el ejercicio de una función pública con una importante proyección social: la protección de los consumidores vulnerables y la lucha contra la pobreza energética. El Tribunal Supremo subraya que la Fundación Ciudadana Civio, como entidad de vigilancia social, tiene un interés legítimo en verificar si el algoritmo de la aplicación se ajusta a la ley para evitar posibles errores o discriminaciones.

Esta sentencia anula las decisiones anteriores y obliga al gobierno a dar el código fuente de la aplicación BOSCO a la fundación. Esto abre la puerta a un control más efectivo sobre el uso de la tecnología por parte de las administraciones y de los ciudadanos especialmente cuando afecta a los derechos y libertades de los mismos.

Análisis del Anteproyecto de Ley sobre la Gobernanza de la IA y su Impacto en el Marco Jurídico Nacional

El vertiginoso avance de la inteligencia artificial (IA) ha planteado desafíos significativos en términos de ética, transparencia y protección de los derechos fundamentales. En respuesta a estos retos, el Gobierno de España ha aprobado recientemente el anteproyecto de ley sobre la gobernanza de la IA, con el objetivo de garantizar un uso ético, inclusivo y beneficioso de esta tecnología. Este artículo analiza las principales disposiciones de esta normativa y su alineación con el Reglamento Europeo de IA.

El anteproyecto busca armonizar la legislación española con el Reglamento Europeo de IA, ya en vigor, que establece un marco común para el desarrollo, comercialización y uso de sistemas de IA en la Unión Europea. Este reglamento clasifica las aplicaciones de IA en función de su nivel de riesgo y establece obligaciones específicas para cada categoría, con el fin de mitigar posibles riesgos para los derechos y libertades de las personas.

Una de las medidas más destacadas del anteproyecto es la obligación de identificar claramente los contenidos generados o manipulados mediante IA, como imágenes, audios o vídeos. Esta disposición busca prevenir la difusión de desinformación y proteger a la ciudadanía de posibles engaños, especialmente en relación con los llamados deepfakes. El incumplimiento de esta obligación se considerará una infracción grave, sancionable con multas de hasta 35 millones de euros o el 7% de la facturación anual de la empresa infractora.

El anteproyecto también prohíbe el uso de técnicas subliminales que puedan manipular el comportamiento de las personas, así como la explotación de vulnerabilidades específicas debido a la edad, discapacidad o situación socioeconómica. Además, se prohíbe la clasificación de personas basada en datos biométricos para evaluar su comportamiento o personalidad, garantizando así la protección de los derechos fundamentales y la dignidad humana.

La Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial (AESIA), creada en 2023, será la encargada de supervisar la implementación y cumplimiento de esta normativa. La AESIA tendrá facultades inspectoras y sancionadoras para garantizar que los sistemas de IA operen de manera transparente y respetuosa con los derechos fundamentales.

Conclusión

La aprobación de este anteproyecto representa un paso significativo hacia la regulación efectiva de la inteligencia artificial en España. Al armonizarse con el marco europeo y establecer medidas específicas para garantizar la transparencia y la ética en el uso de la IA, se busca fomentar la confianza de la ciudadanía en estas tecnologías y asegurar que su desarrollo contribuya al bienestar social y al respeto de los derechos fundamentales.