TIC

De entre los muchos efectos y consecuencias de esta pandemia, que lo ha trastornado todo, es justo reconocer que no todo ha sido negativo. La necesidad de confinar y mantener distancias en previsión de contagios ha forzado, de paso, un salto inesperado en la digitalización de procesos administrativos y en el desarrollo del teletrabajo, la teleasistencia (sanitaria) y la enseñanza telemática; actividades que antes se llevaban a cabo de forma necesariamente presencial, hemos descubierto ahora que se pueden hacer por videoconferencia, con resultados muy similares o incluso mejores, en algunos casos, en términos de eficacia. Realmente ya lo sabíamos antes, pero históricamente los cambios no se convierten en definitivos e irreversibles hasta que no se producen situaciones de crisis, como cuando, durante la primera guerra mundial, el coche sustituyó el caballo como medio de transporte preferido de los seres humanos, cosa que a nadie se le habría ocurrido antes de la guerra.

Es evidente que la tendencia a la digitalización de procedimientos necesarios para la vida en sociedad (como el hecho de que ya sólo se puedan realizar determinados trámites legales mediante internet) y la difusión de la videoconferencia como herramienta de trabajo funcional requieren unos mínimos recursos económicos y competenciales que no se encuentran al alcance de todos. Nuestra sociedad es compleja y diversa, y cualquier cambio que altere el precario equilibrio del sistema hace exudar las profundas diferencias que ya existían.

La cara oscura de la moneda son los que han quedado excluidos de este nuevo salto, los que no tendrán acceso a estas nuevas posibilidades, bien porque no pueden costearse los recursos informáticos o el acceso a internet, bien porque no tienen la experiencia o conocimientos necesarios. Huelga decir que esta «brecha digital» puede tener consecuencias catastróficas en términos de igualdad y derechos fundamentales: no se habla mucho estos días, pero los niños y niñas de familias más desfavorecidas se verán privada, con consecuencias tal vez irreversibles, de su derecho fundamental a la educación. Y hablamos de los niños y niñas, porque son los más vulnerables, pero muchos otros sectores de la sociedad tampoco podrán superar esta «brecha digital», como personas mayores o con pocos recursos en general.

Este es uno de los riesgos del progreso: siempre hay los que no pueden seguir. Como todos los esfuerzos se concentran ahora en las medidas contra la pandemia, no los queremos ver, pero están ahí y se les debe ayudar.

Precisamente, cuando la «brecha digital» se ha hecho más evidente, debemos convertir también este efecto colateral en una oportunidad para solucionar el problema. Corresponde a la sociedad en general asumir esta necesidad. Las administraciones y empresas deben asumir el reto de homogeneizar recursos y competencias en relación con internet, y el Día de Internet es un buen día para recordarlo. No nos podemos permitir de ninguna manera construir una sociedad en la que internet sea necesario para vivir plenamente, pero haya personas que no tengan acceso. El principio de igualdad de oportunidades, más que un principio, debe ser una realidad palpable. Sobre todo, a partir del momento en que, por necesidades imperiosas, lo hemos tenido que virtualizar casi todo.

La sociedad de la información se encuentra en permanente evolución y, gracias a ello, hoy en día nos podemos mantener conectados con personas que se encuentran a miles de kilómetros, podemos disfrutar de ocio a través de las redes sociales o, incluso, podemos formar -nos en multitud de materias haciendo un clic en un buscador.

De esta evolución no han quedado al margen los menores, los cuales están creciendo en un entorno digital que les permite ser usuarios de herramientas tecnológicas de una manera completamente natural para ellos. Cada vez empiezan antes a utilizar dispositivos con acceso a internet, ya que incluso sus juguetes ya disponen del mismo.

El hecho de ser usuarios innatos de la tecnología puede ser una gran ventaja para el desarrollo educacional y social de los menores, pero no debemos dejar de lado los riesgos que el uso de internet puede suponer para ellos.

Cuando hablamos que el uso de internet puede resultar un riesgo para los menores, por una parte, estamos haciendo referencia a que no siempre se hace un buen uso, ya que los menores no disponen de suficiente capacidad para valorar la importancia que puede tener realizar determinadas acciones a través de internet. Y, por otro lado, debemos tener en cuenta que no toda la información a la que tienen acceso es adecuada para su edad, ya que de manera accidental pueden acceder a contenido violento, con un lenguaje inapropiado o tendencias que pueden implicar riesgos para la salud.

Se habla de que las consecuencias que se pueden derivar del uso inadecuado de internet por los menores pueden ser tanto psicológicas como emocionales, así como pueden llegar a desarrollar conductas peligrosas o inapropiadas que pongan en peligro su salud física.

Este uso inadecuado de internet supone una gran preocupación para los padres que buscan mecanismos que les permita limitar el acceso a un contenido apropiado para la edad de sus hijos. Pero a menudo no somos conscientes de que son los propios adultos los que ponen en peligro la privacidad de los más pequeños mediante la difusión de imágenes o vídeos en las redes sociales, práctica totalmente habitual actualmente.

Es por este motivo que las autoridades trabajan continuamente en la concienciación social, ya que es fundamental que los adultos promuevan el uso seguro de la tecnología en los menores, pero también que sean conscientes de las consecuencias de sus propias acciones.

Siguiendo una tradición ya consolidada, la Agencia Española de Protección de Datos entregó, el pasado 28 de enero, los «Premios Protección de Datos 2019» en sus distintas categorías. Con estos galardones, la institución pretende reconocer determinados casos de difusión, conocimiento y práctica vinculados a la protección de datos que hayan sido relevantes durante el año 2019.

Entre las entidades y personas premiadas, para citar algunas, destacamos la periodista Sofía Olmos en la categoría de comunicación, al que se reconoce su labor de difusión de noticias sobre uso responsable de las TIC, el Ministerio de Trabajo, en la categoría de entidades públicas, por haber desarrollado la aplicación ASSI-RGPD, con la que se pretende ayudar a los responsables del tratamiento a cumplir sus obligaciones en materia de privacidad, y el IES Rafael Alberti de Cádiz, en la categoría de buenas prácticas educativas, para un proyecto sobre medidas de prevención en el proceso educativo titulado «el Ciberespacio: amenazas y oportunidades». (más…)