Opinion

La publicación, el pasado 22 de febrero, del Libro VI del Código Civil, conlleva la conclusión y el broche definitivo a la compilación civil foral por la que Cataluña decidió asumir sus competencias en virtud de las atribuciones adquiridas por su Estatuto de Autonomía. Así, con la plena entrada en vigor, a fecha 1 de enero de 2018, de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, relativa a las obligaciones y contratos, por la que se modifican a su vez los libros primero, tercero, cuarto y quinto del Código Civil Catalán, se pasa a la sustitución íntegra del derecho común estatal respecto de aquellos intervinientes que gozaren o hubieren adquirido la vecindad civil catalana. No obstante, a los contratos suscritos con anterioridad a los de la aludida promulgación, les serán de sujeción las disposiciones que estuvieran vigentes al momento de su otorgamiento, de conformidad con las reglas que informan su régimen transitorio.

Valga añadir, que la regulación por la que apuesta el legislador catalán viene a transponer en parte los principios que el ordenamiento privado comunitario ya estableció en su día en materia contractual, y que pretenden dotar de una mayor transparencia y rigor los actos jurídicos efectuados por los particulares en el devenir de sus relaciones negociales. Buena muestra de ello, resultan las novedades introducidas en el marco de los contratos de compraventa, sobre los que se apuesta por una regulación unificada, lejos del paralelismo que los diferenciaba entre la general y las de consumo y destacando la eventual consideración de que, en lo sucesivo, quepa la posibilidad concebir a una persona jurídica como usuaria de tales bienes.

Se intensifican las obligaciones impuestas a cada una de las partes y se re-define el concepto de conformidad, por la que se pretende asegurar que el bien entregado al comprador se corresponda con lo pactado, no solo según las estipulaciones que fruto del ejercicio de la autonomía de la voluntad pudieran ser consensuadas por las partes, sino a los criterios propuestos amparados legalmente. Adicionalmente, se excluye la responsabilidad del vendedor por falta de conformidad en los supuestos en que la contraparte la conociere o no pudiera ignorarla.

A mayor abundamiento, la norma viene a incorporar especialidades relativas a la compraventa inmobiliaria ya prefiguradas en la práctica notarial y registral autonómica y perfila el concepto de ventaja injusta a fin de evitar posibles situaciones de abuso entre los otorgantes.

Entre los aspectos igualmente introducidos, destaca asimismo la regularización de otras figuras afines como la calificación autónoma del contrato de permuta o del contrato de mandato; ahora focalizado en el ámbito de los de servicios y, en particular, de gestión. Tipos contractuales como los aleatorios, los contratos de cooperación o la reglamentación del contrato de alimentos son al mismo tiempo objeto de una tipicidad detallada y de una abolición normativa que los desarrollaba en leyes especiales.

En definitiva, cabe señalar que con la promulgación de la presente, además de las sentadas bases, se acomete la sustitución normativa del Decreto Legislativo 1/1984, de 19 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Compilación de Derecho Civil de Cataluña y no así su derogación, atendiendo a la significación que el antedicho texto supuso en el panorama legislativo catalán, obedeciendo el nuevo Código a un carácter abierto y de formación sucesiva que podría precisar desarrollos posteriores.