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Éxito de asistencia en la “Conferencia sobre la Ley 2/2023, de protección del informante: ¿qué ha pasado desde su entrada en vigor hace 1 año? Perspectiva de compliance, laboral, penal y protección de datos” que tuvo lugar en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona el 13 de marzo. Caterina Bartrons, gerente de Servicios Jurídicos de Faura-Casas, participó como ponente en representación de la sección de derecho TIC, y analizó las principales consecuencias de su aplicación e irregularidades frecuentes en ámbito de protección de datos.

https://www.icab.es/ca/formacio/cursos/Conferencia-Llei-2-2023-de-proteccio-de-l39informant-que-ha-passat-des-de-la-seva-entrada-en-vigor-fa-1-any-Perspectiva-de-compliance-penal-laboral-i-proteccio-de-dades/

El pasado 6 de marzo, tuvo lugar en la Unión la segunda sesión plenaria del año con las entidades adheridas al Código Tipo. La sesión fue presentada por Josep Maria Bosch, asesor jurídico de la Unió, y dirigida por Cristina Gabarró de los Servicios Jurídicos de Faura-Casas, también miembro del Código Tipo. En esta ocasión, se abordó el tema de los tratamientos de datos biométricos, incidiendo especialmente en los cambios de criterio de las autoridades de control y las restricciones en el uso de la biometría en el control de acceso y el registro de jornada, así como en la firma biométrica en la documentación.

En un acto simbólico organizado por el Cercle de Salut, el pasado jueves, 14 de marzo, el vicepresidente de la institución, Josep Lluis Lafarga, entregó un reconocimiento al profesor Andreu Mas-Colell como muestra de gratitud en nombre de todo el sector de la salud. Este galardón se concedió en reconocimiento a su notable contribución a la investigación e innovación biomédica del país. El momento fue emotivo, con el profesor Mas-Colell expresando un profundo agradecimiento por ese gesto. ¡Desde Faura-Casas queremos unirnos a este merecido reconocimiento!

La Comisión de Economía de la Salud del Colegio de Economistas de Cataluña, de la que Maria Josep Arasa, socio de Faura-Casas, es la vicepresidenta, organizó el pasado 28 de febrero la conferencia «Contratación de servicios de salud basada en el valor: retos y oportunidades», donde se revisó el modelo y los indicadores actuales. Se destacó la importancia de contratar servicios que ofrezcan atención personalizada y eficiente, considerando la relación entre costes y resultados, y la necesidad de sinergias entre gestión financiera sostenible, atención de calidad y gasto controlado. Ponentes como Antonieta Torres, Manel Peiró y Jordi Varela participaron, junto a Miquel Arrufat como presidente de la Comisión y Montse Tomillero como moderadora.

Pere Ruiz, socio de Faura-Casas y presidente de la Comisión de Auditoría del Sector Público del ICJCE, actuó como coordinador de la mesa redonda bajo el lema «Conclusiones y evolución después de seis años de aplicación del R.D. 424 /2017 de control interno local. Situación de la colaboración público-privada».

El evento se centró en fomentar la colaboración público-privada en la auditoría de entidades locales, promoviendo el intercambio de conocimientos y experiencias para mejorar la transparencia y el rendimiento de cuentas. Además, se buscó desarrollar normas, ofrecer oportunidades de formación y explorar innovaciones tecnológicas en este ámbito.

El acto fue organizado por:

• INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS (AGR. 14º DE S/C DE TENERIFE)
• ILTRE. COLEGIO DE ECONOMISTAS DE S/C DE TENERIFE
• ILTRE. COLEGIO DE TITULADOS MERCANTILES Y EMPRESARIALES DE S/C DE TENERIFE
• ILTRE. COLEGIO DE ECONOMISTAS DE LAS PALMAS
• INSTITUTO DE CENSORES JURADOS DE CUENTAS (AGR. 12º DE LAS PALMAS)

Desde Faura-Casas queremos unirnos a este merecido reconocimiento a ISGlobal, un cliente de nuestra firma en el ámbito de la protección de datos, que ha trabajado con dedicación y éxito durante años en este ámbito tan complejo como es la investigación biomédica.

La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) ha entregado los ‘Premios Protección de Datos 2023‘, que reconocen en diversas categorías los trabajos que destacan en la difusión y conocimiento del derecho a la protección de datos, así como en su aplicación práctica. En relación con el Premio a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del Reglamento Europeo de Protección de Datos y la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los derechos digitales, en la modalidad de empresas, asociaciones y fundaciones, el jurado ha otorgado el premio en el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), por su proyecto ‘Cultura institucional en materia de protección de datos personales. Un enfoque integrador’. Este trabajo representa un ejemplo de buenas prácticas en investigación biomédica, adoptando una visión global e implementando herramientas de comunicación junto a programas de formación.

¡Enhorabuena!

Más información: https://www.aepd.es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/aepd-hace-publicos-nombres-galardonados-premios-proteccion-datos-2023

El uso del fraccionamiento de la contratación con el objetivo de beneficiarse del régimen jurídico de los contratos menores se ha convertido en una práctica que, conscientes de su ilicitud, está siendo penalizada como una peculiar modalidad del delito de prevaricación.

 Sin embargo, consideramos importante destacar que, no toda irregularidad administrativa constituye una actividad delictiva. En este sentido, el Tribunal Supremo ha subrayado reiteradamente que:

«El delito de prevaricación no intenta sustituir a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa en su tarea genérica de control del sometimiento de la actuación administrativa a la Ley y al Derecho, sino de sancionar supuestos-límite en los que la posición de superioridad que proporciona el ejercicio de la función pública se utiliza para imponer arbitrariamente el mero capricho de la Autoridad o Funcionario, perjudicando al ciudadano afectado (oa los intereses generales de la Administración Pública) en un injustificado ejercicio de abuso de poder. ilegalidad sino la arbitrariedad lo que se sanciona.»

Así pues, la línea que distingue a la irregularidad administrativa de la actividad delictiva reside en que el Código Penal castiga la arbitrariedad de la decisión. La ilegalidad por sí sola no es suficiente; la sanción se dirige hacia aquellos casos en los que el poder conferido por la función pública se convierte en un instrumento para imponer decisiones arbitrarias, lesionando los derechos de los ciudadanos o los intereses generales de la administración.

La jurisprudencia destaca, así, que la utilización abusiva del fraccionamiento de la contratación no sólo vulnera la normativa vigente, sino que, aún más relevante, constituye una expresión de poder arbitrario que atenta contra la confianza pública y la integridad del sistema administrativo.

En definitiva, la lucha contra la prevaricación en el contexto del fraccionamiento contractual no es sólo una cuestión de cumplir con la legalidad, sino de preservar los principios fundamentales de justicia y responsabilidad en el ejercicio de la función pública. La tolerancia cero frente a estas prácticas no sólo garantiza la integridad de los procedimientos administrativos, sino que protege a los ciudadanos y los intereses generales de un ejercicio injustificado de poder arbitrario.

La obligación que afecta a la gran mayoría de las empresas de elaborar un plan de igualdad de forma negociada con la representación legal de los trabajadores, tal y como hemos ido viendo, no es tan fácil de cumplir. La normativa nos dice que, si la empresa no tiene representación legal de los trabajadores, es necesario pedir a los sindicatos más representativos que se presenten a la negociación: ¿qué pasa, sin embargo, si estos sindicatos, a pesar de haberlos enviado diferentes requerimientos por Email , ¿no contestan o contestan diciendo que no pueden o no quieren participar en esta negociación? No se trata de una cuestión menor, ya que, de entrada, si un plan no ha sido formalmente negociado, el registro deniega su inscripción, lo que deja a la empresa en una situación de incumplimiento legal y de indefensión, sin habilitación para participar en concursos públicos y con las pérdidas económicas que esto pueda suponer. (más…)

El pasado 6 de diciembre se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto 1008/2023, de 5 de diciembre, por el que se modificaban una serie de aspectos recogidos en el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (RD 439/2007, de 30 de marzo), entre ellos los artículos 113 y siguientes relativos al régimen especial aplicable a trabajadores, profesionales, emprendedores e inversores desplazados a territorio español. La aprobación de la Ley de fomento del ecosistema de las empresas emergentes (Ley 28/2022, de 21 de diciembre) supuso, a través del punto quinto de la Disposición final tercera, la modificación del artículo 93 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del IRPF, ampliando los escenarios en los que una persona física residente en España a consecuencia de un desplazamiento al territorio español podía tributar como No Residente. (más…)