Entrada en vigor de la nueva ley de auditoría.

Cabe destacar que los nuevos requisitos de contenido del informe de auditoría, que seran mayores en el caso de los emitidos en relación con las entidades de interés público, teóricamente deben de mejorar la información que tienen que proporcionar a los usuarios del mismo. Además, en el caso de estas entidades, se deberá emitir un informe adicional a la Comisión d’Auditoria que refleje los resultados de auditoría.

En este sentido la modificación más sustancial del informe de auditoría es la obligación de incluir dentro del propio informe una “descripción de los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas en fraude, un resumen de las respuestas del auditor a estos riesgos y, si procede, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos”, habrá que ver si a la práctica esta información clarificará el contenido del informe de auditoría, o cómo prevé parte del sector, complicará todavía más al lector entender las conclusiones a la que ha llegado el auditor, con la utilización de un lenguaje altamente tecnificado y poco comprensible por el usuario, incluyendo explicaciones sobre riesgos, procedimientos y otras cuestiones que uno “no iniciado” en la auditoría difícilmente podrá llegar a comprender.

La norma pretende igualmente reforzar la independencia y objetividad de los auditores en el ejercicio de su actividad, incorporando requisitos más restrictivos y la atención especial que tiene que prestarse para evitar conflictos de interés o la presencia de determinados intereses comerciales o de otra índole, estableciendo una serie de servicios diferentes de los de auditoría prohibidos, los cuales son más restrictivos en el caso de los auditores de entidades de interés público, así como la obligación de rotación externa y del periodo máximo de contratación.

Recordamos que de acuerdo con el Real decreto 877/2015, de 2 de octubre, las entidades de interés público, a efectos de auditoría, son las siguientes:

• Las entidades de crédito, las entidades aseguradoras, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o en el mercado alternativo bursátil que pertenezcan al segmento de empresas en expansión.
• Las empresas de servicios de inversión y las instituciones de inversión colectiva que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 5.000 clientes, en el primer caso, o 5.000 partícipes o accionistas, en el segundo caso, y las sociedades gestoras que administren estas instituciones.
• Los fondos de pensiones que, durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, tengan como mínimo 10.000 partícipes y las sociedades gestoras que administren estos fondos.
• Las fundaciones bancarias, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico.
• Aquellas entidades diferentes de las mencionadas en los párrafos anteriores del cual el importe neto de la cifra de negocios y plantilla media durante dos ejercicios consecutivos, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, sea superior a 2.000.000.000 de euros y a 4.000 trabajadores, respectivamente.
• Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una de las entidades mencionadas anteriormente.