Ley de garantía de la unidad de mercado.

El pleno del Congreso da luz verde a la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, con lo cual se pretende reducir los trámites burocráticos para poner en marcha empresas antes de entrar en funcionamiento, así como extender la validez de ciertas autorizaciones en todo el territorio nacional.

La norma introduce la licencia única para comercializar bienes y servicios en todo el territorio español y crear un mecanismo estatal de resolución de conflictos.

La normativa incluye un procedimiento mediante el cual los operadores podrán exponer delante de un órgano de Estado, denominado Consejo Nacional de Unidad de Mercado (CNUM), las dificultades económicas o jurídicas que les provoca la dispersión normativa. Así, el CNUM intentará que converjan las diferentes regulaciones autonómicas basándose en un principio de colaboración y buscando elementos de control y de supervisión entre administraciones.

Según las estimaciones del Gobierno, con esta ley se reducirían un 35% las cargas administrativas, puesto que sólo habría que respetar la normativa de la región de origen de la empresa o profesional. Por tanto, una de las ambiciones de la ley es eliminar las trabas en la libre comercialización que resultan de la existencia de 17 regulaciones autonómicas diferenciadas.

La licencia única implica que las empresas la deberán de solicitar en una sola Comunidad Autónoma y con esta podrán comercializar sus productos de forma inmediata por toda España, sin otros requisitos adicionales. De igual manera, los prestadores de servicios también tendrán suficiente con una única licencia y podrán ejercer la actividad en todo el territorio.

La creación de la norma, que se inspira en el modelo del mercado único europeo, se basa en el principio de confianza y en la presunción de legalidad entre las Administraciones. Hasta ahora, se daba la paradoja que cualquier empresa europea podía operar en España con el permiso de origen, mientras que un producto español dentro de España requería varias licencias.

Mientras que desde la ejecución se argumenta que esta es una medida que permitirá un paso adelante para salir de la crisis y que beneficiará en especial a las Comunidades Autónomas con el mayor tejido industrial y de servicios, como Cataluña, desde la oposición se alega que es un texto re-centralizador que invade competencias y que se tenderá a la aplicación de la regulación de la región más ventajosa.