Nueva fase del mecanismo de financiación para el pago a proveedores de CCAA y EELL.

Esta fase, que se anuncia como la última, amplía tanto el ámbito subjetivo como el objetivo de las anteriores fases para englobar deuda comercial que en fases anteriores había quedado excluida.

Así, en el ámbito local, además de los Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Insulares y Cabildos, y sus entes dependientes, se incluyen en el mecanismo, siempre que no estén en disolución, Las mancomunidades, los consorcios íntegramente locales.

Por el contrario, tanto en el ámbito local como el autonómico, el mecanismo se circunscribe a aquellas que estén clasificadas dentro del sector de administraciones públicas a efectos SEC95.

Para poder incluirse, las entidades locales deberán estar al corriente de pago con los fondos de pagos de proveedores anteriores.
Los Consorcios íntegramente locales y las mancomunidades, para acogerse al Plan deberán estar previamente incluidas en la Base de Datos General de Entidades Locales y del Inventario de Entes del Sector Público Local; disponiendo hasta el 19 de julio para solicitar su inclusión en el caso de no figurar.

Obligaciones que se incluyen

• Obligaciones pendientes de pago, vencidas, líquidas y exigibles a 31 de mayo de 2013, que estén contabilizadas respetando el principio de anualidad.
• Derivadas de contratos, incluyendo las subvenciones pactadas en los contratos de concesión de obra pública o de concesión de gestión de servicios públicos. Se incluyen los contratos de arrendamiento y los de los sectores de agua, energía, transportes y servicios postales.
• Subvenciones destinadas a bonificar las tarifas de los usuarios de los bienes o servicios públicos, que estén integrados en el marco de una contratación pública.
• Conciertos sanitarios, educativos y de servicios sociales.
• Convenios de colaboración que incorporen contraprestaciones a cambio de actividades.
• Encomiendas de gestión a medios propios y servicios técnicos de la administración, siempre que las entidades perceptoras no estén incluidas en el sector de administraciones públicas a los efectos SEC95.
• Concesiones administrativas.
• Indemnizaciones por expropiaciones con resolución judicial firme cuando el beneficiario sea la administración.
• El importe pendiente que tenga origen anterior al 31 de diciembre de 2012 de las transferencias a asociaciones e instituciones sin ánimo de lucro y finalidad social que desarrollen su actividad principal en el ámbito de los servicios sociales ya las personas.
• Las Comunidades Autónomas podrán incluir, también, las transferencias pendientes de pago a las entidades locales, contraídas con anterioridades el 31 de diciembre de 2012, siempre que estas entidades locales tengan obligaciones pendientes de pago que se hayan incluido en esta fase.
• Para las universidades públicas, se fija como límite de obligaciones que se pueden incluir en el mecanismo de los importes pendientes de pago por parte de la CCAA el 31 de diciembre de 2012, y no se puede superar sin que la CCAA obtenga el consentimiento de la Universidad y se elabore un plan de ajuste.
• Se excluyen del mecanismo las obligaciones contraídas entre entidades que forman parte del sector administraciones públicas a los efectos SEC95, salvo las que derivan de encomiendas de gestión, conciertos sanitarios, educativos o de servicios sociales y las transferencias.

Calendario y procedimiento:

Hasta el 19 de julio, las administraciones deben enviar al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas las relaciones certificadas de deudas.

Desde el 25 de julio y hasta el 6 de septiembre, los proveedores podrán consultar las relaciones y aceptar, en su caso, el cobro a través de este mecanismo.

Hasta el 6 de septiembre, los proveedores que sus deudas no se hayan incluido en la relación inicial podrán solicitar a la administración correspondiente la emisión de un certificado individual que se le deberá expedir en el plazo de 10 días hábiles (sin incluir el agosto).

Hasta el 20 de septiembre se comunicará al Ministerio de Hacienda la relación de obligaciones que han sido aceptadas por los proveedores.