Laboral

El pasado 16 de octubre de 2016, el pleno del Tribunal Constitucional dictó sentencia a la cuestión de inconstitucionalidad planteada por un juzgado social de primera instancia de Barcelona. La cuestión planteada versaba sobre una trabajadora despedida por causas objetivas motivadas por las ausencias que, aunque justificadas, superaban en más del 20% de las jornadas laborables de dos meses consecutivos. (más…)

Los trabajadores autónomos que quieran modificar su base de cotización en el RETA y que dicho cambio produzca efectos a partir del 1 de enero de 2020, pueden hacerlo presentando la solicitud de cambio en una oficina de la TGSS o de forma telemática antes del 31 de diciembre de 2019, ya que nos encontramos dentro del último plazo de los cuatro que se han establecido, tras la entrada en vigor de la Ley 6/2017 de 24 de octubre, de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo, que introdujo el art. 43 bis RGCL. (más…)

El día1 de enero de 2020 entrará en vigor la legislación relativa a la gestión de los libros registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, de acuerdo con las previsiones establecidas en la Orden HAC / 773/2019, de 28 de junio (https://www.boe.es/eli/es/o/2019/06/28/hac773); Orden que derogará la anterior regulación (Orden, de 3 de mayo de 1993, por la que se regula la forma de gestión y el diligenciado del libro registro en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas) con su entrada en vigor . (más…)

La Agencia Española de Protección de Datos ha divulgado un documento sobre las consecuencias administrativas, disciplinarias, civiles y penales de la difusión de contenidos sensibles.

El documento explica las consecuencias para las empresas en el ámbito de trabajo diferenciando las infracciones muy graves con multas desde 6.251 hasta 187.515 euros y por las graves con multas desde 626 a 6.250 euros.

Como infracción muy grave en el ámbito laboral son los actos del empresario que son contrarios al respeto de la intimidad y consideración debida a la dignidad de los trabajadores. Por ejemplo, cita el propio documento, dos trabajadores hombres de una empresa sometidos a hostigamiento por parte de sus compañeros, incluyendo por quien ocupa cargo de responsabilidad, para mantener una relación sentimental siendo difundida la relación a través de imágenes y la dirección de la empresa conociendo la situación no adopta medidas para impedirlo.

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El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) publicaba en su página web, el pasado 4 de junio de este año, una serie de consideraciones que aclaran diversos aspectos sobre las condiciones exigidas en los procesos de contratación de auditores.

Como consideración general el ICAC, al tratarse de procesos de licitaciones de diversas entidades, entre las que se encuentran algunas integrantes del sector público, señala que resulta conveniente aclarar el ámbito de la normativa en que se ha de enmarcar el trabajo de auditoría de las cuentas anuales de una determinada entidad, en función de su naturaleza pública o privada y, por tanto, el régimen jurídico al que se encuentra sujeto el trabajo, lo que permite diferenciar entre lo que podría denominarse «auditoría mercantil» y «auditoría pública».

Con referencia a esto, hay que resaltar la diferencia de los diferentes ámbitos normativos en los que se desarrollan, por un lado, la actividad de auditoría de cuentas llamada «auditoría mercantil», que se encuentra regulada por la Ley 22/2015, de 20 de julio, de auditoría de cuentas (en adelante, LAC), y su normativa de desarrollo, entre las que se encuentran las normas técnicas de auditoría publicadas al efecto por el Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas.

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Las legislaciones nacionales europeas vienen posibilitando a las personas perceptoras de pensión de jubilación la continuación de una actividad profesional, especialmente a tiempo parcial, así como también la posibilidad de constituirse en trabajadores por cuenta propia.

En igual sentido, la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo recomienda que «hay que introducir esquemas de mayor permeabilidad y convivencia entre la vida activa y pasiva, que permitan e incrementen la coexistencia de salario y pensión» y que «resulta adecuada en la misma línea que otros países de nuestro ámbito, una mayor compatibilidad entre percepción de la pensión y percepción del salario por actividad laboral”.

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El pasado 16 de marzo entró en vigor el RD 103/2019, de 01 de marzo , el cual aprueba el nuevo Estatuto del personal investigador predoctoral en formación (EPIF), por el que se regulan las condiciones de trabajo de los investigadores predoctorales y los Organismos Públicos de Investigación de la Administración del Estado, los Organismos de Investigación de otras Administraciones Públicas y las Universidades Públicas perceptoras de fondos para la contratación de personal investigador o para el desarrollo de programas propios de I+D+I  y las entidades privadas sin ánimo de lucro que realicen actividades de investigación y desarrollo tecnológico, generen conocimiento científico o tecnológico, faciliten su aplicación y trasferencia o proporcionen servicios de apoyo a la innovación a las entidades empresariales, siempre y cuando sean beneficiarias de ayudas o subvenciones públicas que tengan como objeto la contratación de personal investigador mediante la utilización del contrato a que se refiera cada artículo, concedidas en el marco de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología o de la Estrategia Española de Innovación. (más…)

El pasado 21 de marzo se publicó la resolución por la que se establece que las empresas que, a 31 de diciembre de 2018, estuvieran autorizadas para colaborar en la gestión de la Seguridad Social respecto a las prestaciones económicas por incapacidad temporal derivada de enfermedad común y accidente no laboral, cesarán en dicha colaboración con efectos 31 de marzo de 2019.

En consecuencia, a partir del 1 de abril de 2019, quedarán sin efecto las autorizaciones que estas entidades tenían concedidas para colaborar voluntariamente en la gestión de la Seguridad Social, causando baja en el registro correspondiente. (más…)

El pasado día 2 de febrero se publicó la Orden TMS/83/2019 de 31 de enero por la que se desarrollan las normas legales de cotización por las contingencias de desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019. (más…)

Esta decisión del Tribunal produce un cambio radical a la doctrina seguida hasta la fecha. El Supremo llega a esta conclusión tras declarar que no es de aplicación la normativa que apoyaba esta exigencia, y que data del año 1938. En la actualidad esta normativa está derogada. Con lo cual las empresas solo estarán obligadas según lo que establezca el convenio colectivo aplicable para este aspecto. (más…)