Sector público

La Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y la Orden HFP/1031/2021, de 29 de septiembre, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, constituyen la normativa de aplicación general que regula los procedimientos y la estructura de ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia español. (más…)

Existen Instrucciones y Guías Orientativas emitidas con el propósito proporcionar a los órganos de contratación las pautas adecuadas para garantizar el cumplimiento de los requisitos formales a incorporar en los expedientes y pliegos rectores de contratos financiados con fondos europeos relacionados con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

El 29 de septiembre de 2021 se aprobaron las órdenes ministeriales HFP/1030/2021, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y 1031/2021, por la que se establece el procedimiento y formato de la información a proporcionar por las Entidades del Sector Público Estatal, Autonómico y Local para el seguimiento del cumplimiento de hitos y objetivos y de ejecución presupuestaria y contable de las medidas de los componentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. (más…)

En 2020 se produjo un descenso en el precio de las materias primas debido a la crisis que provocó la pandemia producida por el virus SARS-CoV-2, que repercutió directamente en determinados contratos del sector público. A partir del año 2021 nos encontramos ante un contexto de recuperación económica totalmente opuesto al anterior, donde los precios de las materias primas necesarias para ejecutar determinadas unidades de obra se van encareciendo, de modo que en muchas ocasiones ha provocado que una cantidad considerable de contratos de obras hayan tenido series dificultades para su ejecución.

Ante el contexto que acabamos de ver, el 2 de marzo de 2022 se publicó en el BOE el Real decreto-ley 3/2022, de 1 de marzo, de medidas urgentes para la mejora de la sostenibilidad del transporte de mercancías por carretera y del funcionamiento de la cadena logística, y por el que se transpone la Directiva (UE) 2020/1057, de 15 de julio de 2020, por la que se fijan normas específicas respetando la Directiva 96/71/CE y la Directiva 2014/67 /UE por el desplazamiento de los conductores en el sector del transporte por carretera, y de medidas excepcionales en materia de revisión de precios en los contratos públicos de obras. (RDL 3/2022, en adelante), que tiene como objetivo la revisión de los precios de los contratos públicos de obras para compensar a los empresarios que se han visto afectados por el incremento de los precios de los materiales necesarios para ejecutar una obra. (más…)

La Orden HFP/1030/2021 contempla el refuerzo de mecanismos para la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de interés; no limitándose únicamente a la disposición de un Plan Antifraude, sino que los Entes gestores o beneficiarios tendrán que implementar una serie de mecanismos necesarios para la reducción del nivel de riesgo y cumplimiento con los requisitos previos para la recepción y gestión de los fondo NGUE. (más…)

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) es el instrumento principal de financiación del Plan Next Generation EU (Plan de recuperación de la Unión Europea). Su aplicabilidad y cumplimiento de sus condiciones temporales pueden complicar el día a día de los gestores o beneficiarios, añadiendo cargas de trabajo adicionales a la planificación de la contratación ordinaria de la Entidad.

El artículo 28. 4º de la LCSP dice que: “Las entidades del sector público programarán la actividad de contratación pública, que desarrollarán en un ejercicio presupuestario o períodos plurianuales y darán a conocer su plan de contratación anticipadamente mediante un anuncio de información previa previsto en el artículo 134 que al menos recoja los contratos que quedarán sujetos a una regulación armonizada”. (más…)

La Orden 1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia impone en el artículo 6 que toda entidad, decisora ​​o ejecutora, que participe en la ejecución de las medidas del PRTR apruebe un Plan de Medidas Antifraude antes del 31 de diciembre de 2021. (más…)

La Sentencia versa en relación con si en un procedimiento público para la contratación de servicios, cuando la licitadora es una Unión Temporal de Empresas, basta que uno de los integrantes de la misma cumpla los requisitos de solvencia técnica exigida, acumulando entre sus miembros, o si, la solvencia es exigible de forma individual a cada uno de los integrantes de la Unión Temporal de Empresas.

La Sentencia recuerda que la normativa en materia de contratación pública tiene entre sus fines el de favorecer la libre concurrencia y facilitar el acceso a los procedimientos de contratación. Precisamente por ello, se prevén mecanismos para que las empresas puedan integrar o sumar sus capacidades, o bien utilizar medios ajenos a la propia empresa. (más…)

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales modifica su interpretación y acepta recursos especiales en materia de contratación contra la clasificación de las ofertas, siempre que estén realizadas por el órgano de contratación.

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ha considerado, tradicionalmente, como acto de tramite no cualificado (y, por tanto, no sujeto a un hipotético recurso especial) la clasificación de las ofertas, tanto como si este acto lo realiza la mesa de contratación como el propio órgano de contratación.

A pesar de esta tradicional interpretación, ya partir de la resolución 174/2021, el Tribunal modifica su criterio y entiende que es susceptible de recurso la clasificación de ofertas cuando la realiza el propio órgano de contratación, criterio que consolida en la resolución 421 / 2021 Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, determinando que,

La resolución recurrida de 30 de septiembre de 2020 es un acto del órgano de contratación que clasifica las ofertas y al emanar del mismo órgano de contratación, consideramos que sí decide indirectamente sobre la adjudicación, en concreto, sobre a favor de que licitador debe efectuarse, previo cumplimiento de lo determinado en el artículo 150.2, determinación que se la hace a sí mismo este órgano, lo que excluye, en principio, la posibilidad de que el órgano de contratación se separe de la su propia declaración de voluntad, que es lo que determina que esta misma clasificación realizada por la mesa no se considere acto de trámite cualificado.

La Guía, una actualización de la publicada en 2011, ofrece pautas para mejorar el diseño de las licitaciones públicas y prevé la colusión entre empresas, siguiendo las fases que contiene toda compra pública, partiendo de la base de que una correcta planificación favorece la competencia y promueve una gestión más eficiente de los recursos públicos.

El año 2019 la CNMC comenzó la actualización de la Guía sobre contratación y competencia que publicó casi una década antes, centrando su atención en el análisis de las fases que deberían configurar cualquier proceso de compra del sector público: planificación , preparación, adjudicación, ejecución y evaluación. Todo ello, con el fin de poder ofrecer recomendaciones sobre los problemas que afectan a la competencia y que se plantean en cada una de estas etapas.

Concretamente, este primer documento pone el foco en la importancia que tiene la planificación a la hora de gestionar las compras de las entidades públicas, considerando que la falta de planificación es una de las carencias que tradicionalmente presenta nuestro sistema.

También el 2019 (concretamente en el mes de diciembre), la CNMC organizó una jornada sobre «La planificación como requisito imprescindible para promover la competencia y la eficiencia en la contratación pública», en la que participaron expertos y representantes de la OCDE, de la Comisión Europea, de organismos nacionales públicos (Ministerio de Hacienda, AiREF, OiResCon, IGAE) y entidades privadas, así como representantes académicos. En paralelo, la CNMC lanzó una consulta pública sobre la planificación en la contratación pública, que recibió un total de 63 aportaciones.

El documento final recoge las conclusiones y recomendaciones de la CNMC sobre la fase de la planificación de la contratación pública:

• La falta de una planificación y programación adecuadas del aprovisionamiento público ha sido destacada como una de las principales carencias de la contratación pública en España.
• Una correcta planificación permite mejorar el diseño de las licitaciones, promueve la transparencia y el acceso de los operadores a las licitaciones (especialmente, pymes), permite utilizar procedimientos de adjudicación abiertos y competitivos que favorezcan la concurrencia; incrementa la eficiencia y el ahorro en la gestión de la contratación y ejecución global del contrato, y permite adoptar un verdadero enfoque estratégico de la contratación pública.
• A pesar de su utilidad, la planificación ha tenido escasa trascendencia práctica en la regulación sobre contratación pública en España. La CNMC recomienda asumir una verdadera cultura de planificación de la contratación pública que impregne todos los niveles técnicos-normativos y organizativos.
• Se recomienda abordar la planificación de forma integrada y estratégica, teniendo en cuenta la actividad de la organización e involucrando a todas las áreas de la misma. Se recomienda también mejorar la publicidad y la transparencia de la planificación.

Fase Planificacio contractacio

Se ha publicado la nueva Norma Técnica de Relación con Auditores en el ámbito del Sector Público emitida por la IGAE con el objeto de establecer un procedimiento que regule las actuaciones, relaciones, funciones y responsabilidades en esta materia. La emisión de esta Norma Técnica sustituye a la hasta ahora vigente sobre colaboración con auditores privados en la realización de auditorías públicas, de 11 de abril de 2007. (más…)