Nuestra opinión

El Ministerio de Hacienda anunció el pasado lunes 5 de octubre de 2026 que ampliará hasta octubre de 2028 el plazo para que empresas y autónomos adapten sus sistemas informáticos de facturación al Reglamento VERI*FACTU (Real Decreto 1007/2023), con el objetivo de alinearlo con la implantación de la factura electrónica obligatoria. Quedan, por tanto, sin efecto las fechas previstas hasta ahora (1 de enero para las entidades jurídicas y 1 de julio de 2027 para el resto).

Área Fiscal-Laboral

Según una encuesta reciente a profesionales, seis de cada diez reconocen que el cambio de hora les afecta en el trabajo, sobre todo durante los primeros días. El cansancio es la consecuencia más citada, con un 42% de las respuestas, seguido de la alteración de las rutinas (16%) y de las dificultades para mantener la concentración (4%). Por el contrario, un 35% asegura que no ha notado ningún efecto.

Los datos muestran que este ajuste no afecta a todo el mundo por igual. Los hábitos de descanso, los horarios laborales y las características de cada puesto de trabajo influyen en la facilidad para adaptarse. Quienes tienen rutinas más rígidas, comienzan la jornada muy temprano o realizan tareas que exigen una concentración elevada pueden notarlo más.

Algo tan cotidiano como dormir una hora más o una hora menos puede condicionar cómo nos sentimos y cómo afrontamos la jornada, y no todo el mundo lo vive de la misma manera. Por eso es importante que las empresas entiendan estas diferencias y ofrezcan cierta flexibilidad para que cada profesional pueda adaptarse a su ritmo. A veces, unos pequeños cambios en la organización del trabajo hacen que las personas se sientan mejor y rindan al máximo.

La flexibilidad laboral, clave para facilitar la adaptación

El cambio de hora puede trastocar temporalmente las rutinas de los profesionales. Tener más autonomía para organizar la jornada puede ayudarles a adaptarse durante los primeros días. La flexibilidad es, además, un aspecto cada vez más valorado por los trabajadores: según una guía del mercado laboral de 2026, el horario flexible es el beneficio no monetario más apreciado, y lo destaca un 46% de los profesionales.

Con la llegada del horario de invierno, las empresas pueden facilitar la transición con medidas como flexibilizar las horas de entrada y de salida, evitar, siempre que sea posible, concentrar a primera hora las reuniones más exigentes y fomentar unos buenos hábitos de descanso. Los modelos de trabajo híbrido y en remoto también pueden dar más margen para ajustar las rutinas personales y laborales, siempre que el puesto de trabajo lo permita.

El cambio de hora nos recuerda que el bienestar y el rendimiento también tienen que ver con cómo organizamos el tiempo de trabajo. Ofrecer cierta flexibilidad durante los primeros días puede ayudar a los profesionales a reajustar sus rutinas y a afrontar mejor esta transición. No se trata de rebajar las exigencias, sino de encontrar fórmulas de organización que permitan conciliar las necesidades de la actividad con el bienestar de las personas.

Hábitos que ayudan a adaptarse al cambio de hora

La adaptación al horario de invierno también depende de los hábitos cotidianos. Mantener horarios de sueño regulares, exponerse a la luz natural por la mañana y realizar actividad física a primera hora, siempre que sea posible, son algunas pautas que ayudan a regular el reloj biológico y favorecen el descanso. También puede ser útil adelantar progresivamente la hora de acostarse los días previos al cambio y evitar las pantallas con luz intensa antes de dormirse.

Son los pequeños cambios los que ayudan a llevar mejor este ajuste horario: intentar dormir bien, salir a caminar por la mañana o aprovechar la luz natural son hábitos sencillos que pueden marcar la diferencia durante los primeros días. Cada persona necesita su tiempo para adaptarse; por eso conviene escucharse, no exigirse demasiado y recuperar poco a poco la rutina habitual.

En el entorno laboral, planificar las tareas que requieren más concentración en los momentos de mayor energía y hacer pequeñas pausas durante la jornada también puede ayudar a gestionar el cansancio y a mantener la atención durante los primeros días de adaptación.

Con la disolución de las Cortes Generales (Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones; BOE núm. 248, de 6 de octubre), los proyectos de ley de información empresarial sobre sostenibilidad y de modificación de los criterios de tamaño de las empresas han decaído. Cuando se constituyan las nuevas Cortes Generales, estos proyectos de ley podrán tramitarse de nuevo desde su inicio.

Tercer comunicado conjunto del ICAC y de la CNMV a la espera de la transposición de la directiva CSRD

En este sentido, con fecha 20 de octubre de 2026, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) han emitido un tercer comunicado conjunto sobre la transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva (UE) 2022/2464, de 14 de diciembre de 2022, por lo que respecta a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD), actualizando el publicado el 19 de noviembre de 2025 ante la posibilidad de que, a 31 de diciembre de 2026, la legislación española todavía no se haya adaptado a la normativa europea.

El comunicado destaca los siguientes aspectos:

• Los Estados miembros deben transponer la Directiva antes del 19 de marzo de 2027. El nuevo marco será de aplicación a los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2027, con un primer informe en 2028.
• Tendrá carácter obligatorio para las empresas con más de 1.000 trabajadores y un importe neto de la cifra anual de negocios superior a 450 millones de euros.
• La Directiva permite a los Estados miembros establecer una exención para los ejercicios 2025 y 2026 para las empresas que presentaron información en 2024 y no superaban los nuevos límites. Ahora bien, dado que en España no se ha producido la transposición, no existe ninguna exención para los ejercicios 2025 y 2026.
• Se aplaza hasta el 1 de julio de 2027 la adopción por parte de la Comisión Europea del régimen de verificación limitada de los informes de sostenibilidad. Hasta entonces, los Estados miembros podrán aplicar las normas técnicas nacionales.

El objetivo del comunicado es orientar tanto a las empresas como a los verificadores en la elaboración de la información sobre sostenibilidad, a fin de que esta sea lo más comparable posible con la del resto de las entidades de la Unión Europea.

Las recomendaciones que proponen son las siguientes:

• Las entidades sujetas a la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, con más de 1.000 trabajadores deben publicar su estado de información no financiera (EINF) considerando las ESRS/NEIS en la medida en que estén en disposición de hacerlo y siempre sin dejar de cumplir ningún requerimiento de la Ley 11/2018.
• Para las entidades sujetas a la Ley 11/2018 con menos de 1.000 trabajadores, se aconseja valorar, para el ejercicio 2026, la aplicación de las ESRS/NEIS o, alternativamente, del estándar voluntario aprobado por el Reglamento Delegado (UE) 2026/1560.
• Las entidades españolas obligadas para presentar el EINF, de acuerdo con la Ley 11/2018, deben continuar haciéndolo mientras la ley siga vigente y, por tanto, deben cumplir todos los requerimientos establecidos.
• En cuanto a la verificación independiente del EINF o del informe de sostenibilidad, se mantienen las recomendaciones ya emitidas anteriormente.

Es decir, a efectos prácticos, las sociedades españolas obligadas por la Ley 11/2018 que quedarán fuera de los nuevos límites de la CSRD no pueden acogerse en España a ninguna exención para los ejercicios 2025 y 2026 y, por tanto, deberán continuar elaborando y verificando su EINF de acuerdo con la citada ley mientras no se apruebe la transposición.

La disolución de las Cortes Generales ha hecho decaer el proyecto, que había entrado en el Congreso a mediados de septiembre. El ordenamiento vigente no cambia, pero el horizonte normativo que muchos órganos de contratación tenían presente se desplaza, como mínimo, a la próxima legislatura.

El Real Decreto 806/2026, publicado en el BOE el 6 de octubre, ha disuelto las Cortes Generales y ha convocado elecciones para el 29 de noviembre. Con la disolución han decaído los asuntos pendientes en las Cámaras, entre ellos el Proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública (121/000111), aprobado por el Consejo de Ministros en segunda vuelta el 28 de julio y publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el 11 de septiembre, con tramitación de urgencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública.

Las consecuencias son de carácter procedimental, ya que el texto no ha llegado a convertirse en norma y, por tanto, no nace ninguna de las obligaciones que preveía, de modo que el nuevo Gobierno deberá decidir si lo retoma con la misma redacción o con una modificada. En cualquier caso, sería necesario volver a registrarlo, abrir un nuevo plazo de enmiendas y repetir ponencia, comisión y votaciones, ante unas Cortes que no se constituirán hasta el 23 de diciembre.

Para los órganos de contratación, esto significa que las reformas proyectadas de la Ley 9/2017 (la publicidad intensiva del expediente del artículo 63, las declaraciones de conflicto de intereses de los artículos 64 y 70, el comité de expertos del artículo 146.2 o las condiciones de ejecución vinculadas a la integridad del artículo 202.2) no son exigibles. Siguen aplicándose la LCSP actual, la Ley 2/2023 de protección del informante y, en los expedientes financiados con fondos del Plan de Recuperación, la Orden HFP/1030/2021, que ya exige planes de medidas antifraude, evaluación del riesgo y declaraciones de conflicto de intereses.

Conviene, sin embargo, no interpretar la caducidad como una renuncia al contenido, porque difícilmente puede sostenerse que el diagnóstico que justificaba el proyecto haya desaparecido y todo apunta a que una parte sustancial de las medidas volverá a ponerse sobre la mesa en la próxima legislatura. Los órganos de contratación pueden aprovechar este tiempo para revisar los mapas de riesgo, documentar las declaraciones de conflicto de intereses ya exigibles y definir quién valora los criterios subjetivos, de modo que la adaptación futura sea un ajuste y no una reorganización.

La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autoridad francesa de protección de datos, ha realizado una encuesta en 2025 respecto del rol del delegado de protección de datos (DPD) y sus funciones respecto del reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de junio de 2024, por el que se establecen normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (AI Act).

Desde la aplicación del RGPD, el DPD ha ido obteniendo cada vez más funciones dentro de las entidades respecto del cumplimiento normativo de la protección de datos. La encuesta aportada realizada por la autoridad confirma que en gran parte los DPD (79%) trabajan de manera interna en las entidades; el 54% no tienen relación directa con el derecho o los sistemas de información; casi el 85% realizan sus tareas de DPD de manera parcial; y solo el 45% tienen 6 años de experiencia o más en el campo de la protección de datos.

Estos datos nos confirman que los perfiles de DPD siguen siendo muy diversos y variados respecto de las características de cada entidad desde la cual operan.

 La IA sigue desarrollándose y siendo una herramienta cada vez más indispensable, ya sea en mayor o menor medida operativa, dentro de las empresas y organizaciones de diferentes sectores. Reflejo queda de ello al detectar que el 70% de las empresas que han aplicado IA, escogen como modelo predilecto en un 81% a la IA generativa y de estos, dos tercios compran soluciones de IA externas y un 22% las desarrollan de manera interna.

Estos resultados evidencian que la inteligencia artificial está adquiriendo un papel cada vez más relevante y estable en las organizaciones, que identifican en su adopción una oportunidad para incrementar la eficiencia y optimizar el desarrollo de sus procesos internos.

Aun así, la carencia en la aplicación de la gobernanza de estos sistemas antes o después de su implementación es palpable. Menos de una cuarta parte de las organizaciones tienen una estrategia o política formal sobre el tema; menos de un tercio ha implementado campañas de concienciación de empleados o adoptado un código de prácticas en IA; y solo el 31% ha comenzado a prepararse para la entrada en vigor de la regulación sobre IA.

Dicho esto, en gran parte de estos sistemas de IA se están tratando datos personales de clientes, trabajadores, proveedores, entre otros; este hecho provoca que de manera automática gran parte de los DPD de las organizaciones formen parte de todos aquellos temas relacionados con la inteligencia artificial de las entidades sin que el AI Act determine de manera expresa una obligación para ellos.

Tal como expresa el estudio de la CNIL, el 55 % de los DPOs afirma que la Ley de IA ya está bajo su responsabilidad y, el 71 % desearía ampliar el alcance de su función para incluir el cumplimiento de la Ley de IA. Sin embargo, la DPO aún tiene un conocimiento limitado de la Ley de IA: solo el 27% de los DPO reportan tener un buen nivel de conocimiento del texto, y el 85% de los DPO aún no han recibido formación específica en IA.

En definitiva, la progresiva incorporación de sistemas de inteligencia artificial en las organizaciones plantea un escenario en el que la protección de datos personales y la gobernanza de la IA se encuentran cada vez más interrelacionadas. Aunque el AI Act no atribuye expresamente al DPD la responsabilidad de supervisar su cumplimiento, resulta difícil desvincular ambas funciones cuando los sistemas de IA implican tratamientos de datos personales sujetos al RGPD. En estos supuestos, la experiencia del DPD en ámbitos como el análisis de riesgos, la aplicación del principio de responsabilidad proactiva, la protección de datos desde el diseño y por defecto o la realización de evaluaciones de impacto puede constituir un elemento especialmente relevante dentro del modelo de gobernanza de IA de la organización.

No obstante, esta proximidad entre ambos marcos regulatorios no debería conducir a una extensión automática e indiscriminada de las responsabilidades del DPD. La eventual participación de esta figura en materia de inteligencia artificial deberá articularse respetando su posición, independencia y funciones propias conforme al RGPD, evitando atribuirle obligaciones para las que no disponga de conocimientos especializados, recursos o capacidad suficientes. Los datos expuestos por la CNIL resultan particularmente significativos en este sentido, puesto que evidencian una clara voluntad de los profesionales de asumir un mayor protagonismo en el cumplimiento del AI Act, pero también una importante necesidad de formación y especialización previa.

Por ello, el verdadero reto para las organizaciones no consiste únicamente en determinar si el DPD debe asumir competencias relacionadas con el AI Act, sino en establecer estructuras internas de gobernanza capaces de coordinar adecuadamente las distintas áreas jurídicas, técnicas y organizativas implicadas. La creciente convergencia entre ambas normativas convierte al DPD en un perfil especialmente valioso para participar en este proceso, pero exige, al mismo tiempo, delimitar claramente sus responsabilidades y dotarlo de los conocimientos y recursos necesarios. En este nuevo contexto regulatorio, anticiparse mediante políticas internas, formación especializada y mecanismos adecuados de gobernanza será determinante para garantizar que la adopción de sistemas de inteligencia artificial se realice de manera responsable y conforme tanto a las exigencias del AI Act como a las garantías establecidas por el Reglamento General de Protección de Datos.

1. Introducción

El Real Decreto 723/2026, de 9 de septiembre, introduce un nuevo marco regulador de las obligaciones empresariales de información sobre las condiciones de trabajo y supone una modificación relevante de la forma en que las empresas deben documentar y comunicar las condiciones esenciales de las relaciones laborales.

La norma, publicada en el BOE de 15 de septiembre de 2026, transpone parcialmente la Directiva (UE) 2019/1152, relativa a unas condiciones laborales transparentes y previsibles en la Unión Europea, y sustituye íntegramente al anterior Real Decreto 1659/1998, de 24 de julio. Su entrada en vigor está prevista para el 5 de octubre de 2026.

El cambio no consiste únicamente en ampliar el contenido del contrato de trabajo. La nueva regulación modifica también el momento en que debe facilitarse la información, su nivel de detalle, los medios utilizados para comunicarla y la gestión de las modificaciones posteriores de las condiciones de trabajo.

En consecuencia, las empresas deberán revisar sus procesos de contratación y, en particular, la coordinación entre las áreas de recursos humanos, selección, relaciones laborales, nóminas y responsables de los equipos.

2. Un nuevo concepto de transparencia en la relación laboral

El objetivo de la nueva regulación es reforzar la transparencia y previsibilidad de las condiciones laborales desde el inicio de la relación de trabajo.

La información deja de concebirse únicamente como una formalidad vinculada a la contratación y pasa a constituir un elemento esencial de la relación laboral. La persona trabajadora debe conocer, desde antes de su incorporación, los principales elementos que determinarán la prestación de servicios.

El Real Decreto mantiene el principio de que determinadas condiciones pueden constar directamente en el contrato de trabajo o en uno o varios documentos complementarios. Por tanto, no es imprescindible que toda la información aparezca físicamente en el contrato, siempre que la empresa facilite adecuadamente toda la información exigida.

Esta posibilidad puede resultar especialmente útil para empresas que dispongan de políticas internas, convenios colectivos, sistemas retributivos o procedimientos corporativos que permitan complementar el contrato.

3. La principal novedad: la información debe facilitarse antes del inicio de la relación laboral

Uno de los cambios más relevantes se refiere al momento de entrega de la información.

Con carácter general, la información deberá facilitarse antes del comienzo de la relación laboral. El nuevo régimen supone, por tanto, un cambio importante respecto del sistema anterior y obliga a que la empresa disponga de la información contractual suficientemente definida antes de la incorporación efectiva de la persona trabajadora.

Esta modificación tiene consecuencias prácticas importantes.

La empresa deberá evitar situaciones en las que determinados elementos esenciales —por ejemplo, el sistema de retribución variable, la distribución de la jornada, el centro de trabajo o determinadas condiciones de prestación— se concreten después de la incorporación.

La información contractual deberá estar preparada para poder ser entregada en el momento correspondiente, lo que exige adaptar los procedimientos internos de contratación.

4. Principales consecuencias prácticas para las empresas

La sustitución del Real Decreto 1659/1998 obliga a revisar los contratos y documentos informativos utilizados por las empresas. La adaptación debe atender especialmente a:

• La entrega de la información antes del comienzo de la prestación laboral.
• La descripción más precisa del salario, la jornada, la distribución irregular y los procedimientos de modificación. La empresa deberá informar a la persona trabajadora, de manera separada, de la cuantía del salario base y de cada uno de los complementos, con su periodicidad y sistema de pago. Además, respecto de los conceptos variables (primas, comisiones, primas de productividad, retribución por objetivos), deberá indicarse el sistema de cálculo y los criterios que determinan su percepción.
• Duración y condiciones del periodo de prueba. La nueva regulación exige también información específica sobre el periodo de prueba, incluyendo su duración y las condiciones relativas a las experiencias que constituyen su objeto.

Por tanto, la empresa deberá documentar adecuadamente la duración y condiciones del periodo de prueba, sin que el nuevo Real Decreto establezca por sí mismo un nuevo régimen general de duración máxima.

• La identificación de algoritmos que intervengan en decisiones individuales sobre condiciones de trabajo. Cuando la empresa utilice sistemas algorítmicos o automatizados para adoptar decisiones sobre condiciones de trabajo (como jornada, asignación de tareas, salarios, progresión profesional, etc.), deberá informar a la persona trabajadora tanto de su existencia como de los criterios y reglas de funcionamiento.
• La incorporación de información sobre igualdad, conciliación, acoso y medidas LGTBI cuando resulte aplicable. La empresa deberá informar de la existencia y la identificación del plan de igualdad aplicable, así como, cuando disponga de ellos, de la política de conciliación, del protocolo de acoso sexual y por razón de sexo y del conjunto de medidas para la igualdad real y efectiva de las personas LGTBI.

Será suficiente con identificar los documentos y hacerlos accesibles a la persona trabajadora.

• La acreditación de la transmisión o recepción de la información cuando se utilicen medios electrónicos.

La información podrá facilitarse en papel o mediante medios electrónicos. No obstante, el formato electrónico deberá reunir determinadas garantías: la información deberá ser accesible, poder almacenarse e imprimirse y la empresa deberá conservar constancia de su transmisión o recepción.

Este aspecto tiene una consecuencia práctica importante: no basta con disponer internamente de la información.

• Información adicional en caso de desplazamientos internacionales. Antes de desplazarse deberá informarse del destino, duración prevista, compensaciones económicas, repatriación, condiciones aplicables en el destino, etc.
• La actualización de los contratos de pescadores y la implantación de contratos escritos con contenido mínimo para la gente de mar.

5. Contratos vigentes a la entrada en vigor

El nuevo régimen también afecta a las relaciones laborales que estén vigentes el 5 de octubre de 2026. En estos casos, la entrega de la información anterior no es automática con carácter general: la persona trabajadora deberá solicitarla y la empresa deberá facilitarla, si no está a su alcance, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud.

La petición puede incluir la información general del artículo 3, la información sobre servicios en el extranjero cuando la persona ya hubiera viajado y las modificaciones producidas antes de la entrada en vigor.

Las modificaciones que tengan efecto después del 5 de octubre de 2026 deberán comunicarse conforme al régimen ordinario: lo antes posible y, a más tardar, el día en que resulten efectivas.

La aprobación del Reglamento (UE) 2026/1744, conocido como «Ómnibus Digital sobre IA», constituye la primera gran reforma del Reglamento (UE) 2024/1689 de Inteligencia Artificial (AI Act). Su finalidad principal no es alterar los fundamentos del modelo europeo de regulación de la inteligencia artificial, sino facilitar su aplicación práctica mediante medidas de simplificación administrativa, clarificación jurídica y refuerzo de la coherencia regulatoria.

La Comisión Europea parte de una problemática: la experiencia inicial en la aplicación del AI Act ha puesto de manifiesto retrasos en la elaboración de normas armonizadas, dificultades derivadas de la coexistencia con normativa sectorial y cargas de cumplimiento especialmente significativas para pequeñas y medianas empresas (pymes). En respuesta, el Reglamento Ómnibus persigue reducir duplicidades y costes regulatorios sin disminuir los niveles de protección de la salud, la seguridad y los derechos fundamentales.

Uno de los ejes centrales de la reforma es la mejora de la coordinación entre el AI Act y la legislación sectorial europea. El nuevo artículo 2.13 permite limitar determinadas obligaciones aplicables a sistemas de IA de alto riesgo cuando otra normativa sectorial garantice un nivel de protección equivalente. Esta medida resulta especialmente relevante para sectores ya sometidos a exigentes procedimientos de evaluación de conformidad, como los productos sanitarios, la aviación o las máquinas.

Asimismo, la reforma redefine el concepto de «componente de seguridad«, restringiéndolo a aquellos sistemas cuya finalidad sea prevenir o mitigar riesgos para la salud o la seguridad. Con ello se evita la clasificación automática como sistema de alto riesgo de numerosas aplicaciones de IA destinadas únicamente a funciones de asistencia, automatización, eficiencia o control de calidad.

La simplificación también alcanza a las pymes y a las nuevas categorías de empresas de mediana capitalización. El Reglamento amplía a estos operadores diversas medidas de apoyo, entre ellas la posibilidad de utilizar documentación técnica simplificada y mecanismos más flexibles para los sistemas de gestión de calidad. El objetivo es evitar que las obligaciones regulatorias pongan trabas en el desarrollo de estas empresas emergentes.

Junto a las medidas de simplificación, el Reglamento introduce una de sus novedades más significativas en materia de protección de derechos fundamentales. Se incorporan nuevas prácticas prohibidas relacionadas con el uso de sistemas de IA destinados a generar o manipular imágenes, vídeos o audios íntimos de personas identificables sin su consentimiento, así como aquellos capaces de producir material de abuso sexual infantil.

La reforma responde al crecimiento de aplicaciones de «nudificación» y otras tecnologías generativas capaces de crear contenidos falsos de naturaleza íntima. El legislador europeo considera que estos sistemas presentan riesgos particularmente graves para la dignidad humana, la privacidad, la autonomía personal y los derechos de las víctimas. Por ello, se prohíbe tanto su puesta en el mercado como su utilización en determinadas circunstancias, si bien se distinguen cuidadosamente los usos ilícitos de aplicaciones legítimas con finalidades médicas, científicas o basadas en el consentimiento expreso de la persona afectada.

Otro de los aspectos más relevantes del Reglamento Ómnibus es el fortalecimiento institucional de la Oficina Europea de Inteligencia Artificial. La reforma atribuye a este organismo competencias exclusivas de supervisión respecto de determinados sistemas basados en modelos de IA de uso general y de aquellos integrados en plataformas digitales de muy gran tamaño.

Para garantizar una supervisión efectiva, la Oficina de IA recibe facultades amplias de investigación, inspección y sanción, similares a las que ostentan las autoridades de vigilancia del mercado. Además, podrá imponer multas y medidas coercitivas, coordinar actuaciones con las autoridades nacionales y asumir funciones directas de evaluación de conformidad en ciertos supuestos. La reforma refleja así una progresiva centralización de la supervisión de los sistemas de IA con mayor impacto transfronterizo.

Finalmente, el Reglamento modifica el calendario de aplicación de las obligaciones relativas a los sistemas de alto riesgo. Las obligaciones previstas para los sistemas incluidos en el anexo III se retrasan hasta el 2 de diciembre de 2027, mientras que aquellas vinculadas a sistemas integrados en productos regulados por la normativa sectorial europea serán exigibles a partir del 2 de agosto de 2028.

Esta ampliación de plazos pretende dar tiempo suficiente para la elaboración de normas técnicas, orientaciones y mecanismos de gobernanza necesarios para una aplicación homogénea del AI Act en toda la Unión Europea.

El Reglamento (UE) 2026/1744 no cambia los principios básicos del AI Act, sino que busca facilitar su aplicación práctica. Para ello, reduce cargas administrativas, aclara diversas obligaciones para las empresas y mejora la coordinación con otras normas europeas. Al mismo tiempo, refuerza la protección frente a nuevos riesgos asociados a la IA generativa y fortalece el papel de la Oficina Europea de IA como autoridad supervisora. En definitiva, esta reforma supone un paso hacia un marco regulatorio más sencillo, eficiente y coherente, manteniendo la protección de los derechos fundamentales como uno de los pilares del modelo europeo.

Con la aprobación del Reglamento (UE) 2025/327, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de febrero de 2025, relativo al Espacio Europeo de Datos de Salud (EEDS), surge la necesidad de que los distintos ordenamientos jurídicos europeos adopten las disposiciones necesarias y destinen los recursos necesarios a hacerlo plenamente aplicable. Recordemos que el objetivo declarado de este Reglamento es mejorar el acceso a los datos de salud electrónicos y garantizar su control; como ocurre a menudo con los Reglamentos europeos, aunque ya está vigente, no será aplicable hasta el 26/03/2027, con un despliegue progresivo previsto hasta el año 2035.

Es en el contexto del despliegue del Espacio Europeo de Datos de Salud que se plantea ahora en Cataluña definir un Organismo de Acceso a los Datos de Salud (ODAS) para el acceso a los datos de salud para un uso secundario (fines diferentes del asistencial), el cual debe ser una estructura permanente y debe tener competencias en la gestión y acceso a los datos. También debe ser una estructura descentralizada y coordinada con las infraestructuras europeas y el organismo estatal competente, en el caso de Cataluña. Mediante el Acuerdo GOV/214/2026, de 25 de agosto, la Generalitat ha decidido que este organismo sea la Agencia de Calidad y Evaluación Sanitarias de Cataluña (AQuAS), que es la entidad de derecho público adscrita al Departamento de Salud que ya tenía encomendado el tratamiento de los datos de salud destinados al uso secundario. AQuAS, por tanto, asume ahora la condición de ODAS y actuará como único punto de acceso de todas las solicitudes de acceso a datos de salud que se realicen para uso secundario en Cataluña. Quedará excluido de su ámbito de actuación el tratamiento de los datos de salud electrónicas con finalidades asistenciales, diagnósticas o terapéuticas, directamente vinculadas a la prestación de la atención sanitaria, que continuará correspondiente al Servei Català de la Salut.

Con esta resolución, en resumen, vemos cómo se define el marco jurídico catalán correspondiente al Espacio Europeo de Datos de Salud, el cual prevé un Espacio de Datos de Salud de Cataluña gestionado por el Servei Català de la Salut para el uso primario, así como para las funciones propias de planificación, compra de servicios y gestión del sistema sanitario,  y un Organismo de Acceso a Datos de Salud para el uso secundario (investigación). Ni que decir tiene que, tal y como prevé el acuerdo de gobierno, estos cambios implicarán dotar a la AQuAS del presupuesto, personal, estructura y recursos necesarios, lo que, si todo va bien, se producirá antes de la entrada en aplicación del Reglamento europeo el próximo año.

El Decreto 160/2026 regula el nuevo sistema de compra pública corporativa de la Generalitat. Su aplicación obliga a algunas entidades a integrarse en él, permite la adhesión voluntaria de otras y exige revisar las adhesiones anteriores.

La Generalitat de Catalunya ha aprobado, mediante el Decreto 160/2026, de 8 de septiembre, el Reglamento del sistema de compra pública corporativa. Bajo la denominación Catalunya Compra Pública, el nuevo modelo amplía las funciones de la antigua Comisión Central de Suministros: incorpora la planificación de necesidades y la agregación de demanda, y prevé el uso de instrumentos como los acuerdos marco, los sistemas dinámicos de adquisición, las subastas y los catálogos electrónicos.

Para las entidades del sector público, la primera cuestión es determinar qué relación tienen con el nuevo sistema. La integración es obligatoria para los departamentos de la Generalitat, las entidades autónomas administrativas y el Servicio Catalán de la Salud. En cambio, el resto de las entidades del sector público de la Generalitat, las universidades públicas, las entidades locales y sus respectivos sectores públicos pueden adherirse voluntariamente. Debe tenerse en cuenta que una futura orden podrá ampliar la vinculación obligatoria a determinadas entidades participadas mayoritariamente por la Generalitat y a otras entidades de su sector público.

El cambio también afecta a las entidades que ya participaban en el sistema anterior. Estas disponen de tres meses para ratificar la adhesión; si no lo hacen, causarán baja del nuevo sistema, sin perjuicio de las adhesiones específicas que sigan vigentes. Por tanto, conviene identificar las adhesiones existentes y comprobar qué actuaciones requieren dentro del plazo transitorio.

En cuanto a las nuevas adhesiones, la decisión merece un análisis previo. La adhesión específica a un acuerdo marco o a un sistema dinámico conlleva el compromiso de mantenerse en él durante toda su vigencia, incluidas las prórrogas, y de canalizar a través de él las contrataciones comprendidas en su objeto. Antes de adoptarla, cada entidad debería contrastar las categorías y necesidades cubiertas con su previsión de compra, examinar las condiciones del sistema y valorar el margen de autonomía contractual y las excepciones aplicables.

El Reglamento preserva inicialmente los sistemas sectoriales existentes, entre otros, en los ámbitos sanitario, tecnológico, académico y científico. La convivencia de estos sistemas con Catalunya Compra Pública exigirá delimitar bien el alcance de cada uno cuando una entidad pueda recurrir a más de una vía de contratación.

La compra centralizada puede facilitar el acceso a instrumentos de contratación y reducir la carga de preparar determinadas licitaciones. Al mismo tiempo, exige anticipar necesidades, coordinar las unidades internas y realizar el seguimiento de la ejecución de los contratos. La decisión inmediata es concreta: comprobar si la entidad está obligada a integrarse, si debe ratificar una adhesión anterior o si le conviene adherirse voluntariamente a un instrumento determinado.

La Comisión Europea propone un reglamento único, directamente aplicable, que simplifica los procedimientos, refuerza el peso de la calidad y convierte la compra pública en una herramienta de política industrial y autonomía estratégica. Si prospera, obligará a replantear profundamente la actual LCSP.

La Comisión Europea ha presentado su propuesta de nuevo Reglamento sobre contratación pública y concesiones. El texto, todavía en una fase inicial de la tramitación legislativa, plantea una reforma de gran alcance: sustituir las tres directivas de 2014 (contratación pública, sectores especiales y concesiones) por un único reglamento europeo.

El cambio de instrumento jurídico no es menor, ya que, a diferencia de una directiva, un reglamento es directamente aplicable en los Estados miembros, sin necesidad de transposición. La propuesta pretende reducir las diferencias entre legislaciones nacionales y avanzar hacia un mercado europeo de la contratación más homogéneo.

Para el sistema español, esto exigiría revisar en profundidad la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP). Buena parte del régimen aplicable a los contratos sujetos a regulación armonizada quedaría directamente cubierta por la norma europea. La LCSP seguiría siendo necesaria para regular los contratos inferiores a los umbrales europeos, las especialidades organizativas y otras cuestiones propias del derecho administrativo interno, pero dejaría de ser el eje exclusivo del sistema.

En cualquier caso, no estamos ante una norma vigente ni definitiva. La propuesta deberá ser negociada por el Parlamento Europeo y el Consejo, y el texto resultante puede experimentar modificaciones sustanciales. Además, la Comisión prevé que el reglamento sea aplicable dos años después de su entrada en vigor.

La propuesta reorganiza los procedimientos en torno a tres grandes modalidades: procedimiento abierto, procedimiento dinámico y procedimiento de innovación.

La novedad no es únicamente terminológica. Dentro de estas categorías se permiten combinaciones más flexibles: con selección previa o sin ella, con negociación o sin ella, y con diferentes formas de ordenar la participación de los operadores económicos.

Un ejemplo especialmente significativo aparece en el procedimiento dinámico. Cuando no haya selección previa y se reciban más de cinco manifestaciones de interés, el órgano de contratación podría limitar las invitaciones a un mínimo de cinco empresas seleccionadas mediante un algoritmo aleatorio y no discriminatorio.

Este mecanismo contrasta con el sistema dinámico de adquisición regulado actualmente por la LCSP, que obliga a invitar a todas las empresas admitidas a presentar oferta en cada contrato específico. La medida puede agilizar la gestión, pero también plantea interrogantes evidentes: ¿es compatible la aleatoriedad con la elección de la oferta más adecuada? ¿Cómo debería auditarse el algoritmo? ¿Qué garantías tendrían las empresas que, aun cumpliendo los requisitos, no fueran invitadas?

Es un buen ejemplo de la tensión que recorre toda la propuesta: simplificar los procedimientos sin reducir la transparencia, la competencia ni las garantías jurídicas.

Otro de los cambios relevantes es el refuerzo de la calidad en los criterios de adjudicación. La propuesta establece, como regla general, que los criterios cualitativos representen al menos un 30 % de la puntuación. En los servicios intensivos en mano de obra, este mínimo se elevaría al 50 %.

La medida conecta con una crítica recurrente a la contratación pública: el peso excesivo del precio y la dificultad para valorar adecuadamente aspectos como la calidad técnica, la innovación, la sostenibilidad o las condiciones de ejecución.

El reglamento permite, sin embargo, excepciones cuando la calidad ya quede garantizada mediante las prescripciones técnicas, las condiciones de ejecución o una combinación de ambas. También prevé la posibilidad de fijar el precio y hacer competir a las empresas exclusivamente por la calidad.

En comparación con la LCSP, la propuesta europea formula una regla general más clara. La legislación española ya exige una mayoría de criterios cualitativos en algunos contratos, como los servicios de carácter intelectual o determinados servicios del anexo IV, pero no establece un porcentaje mínimo transversal para el conjunto de las licitaciones.

La cuestión decisiva, sin embargo, no será solo cuánto pesa la calidad, sino cómo se define y cómo se evalúa. Aumentar formalmente su ponderación aporta poco si los criterios son genéricos, no permiten diferenciar las ofertas o dependen de una motivación insuficiente.

La propuesta también refuerza la dimensión estratégica de la compra pública. Ya no se trata únicamente de incorporar cláusulas sociales o ambientales, sino de utilizar la contratación para proteger la resiliencia económica, la seguridad de suministro y la autonomía estratégica de la Unión.

El texto prevé diferentes instrumentos de preferencia europea: restricciones a la participación de operadores de terceros países, requisitos sobre el origen de los productos o ventajas en la evaluación de las ofertas europeas. Incluso se podría rechazar una oferta cuando menos del 50 % de los productos o servicios tuvieran origen europeo o procedieran de un país con acuerdos que garanticen un acceso equivalente al mercado.

Este planteamiento puede tener un impacto especialmente importante en sectores considerados estratégicos. También generará debates jurídicos y económicos sobre la concurrencia, la proporcionalidad de las medidas y la manera de determinar el origen real de un producto o servicio dentro de cadenas de suministro globales.

La digitalización es otro de los pilares de la reforma. La propuesta impulsa servicios europeos para acreditar la aptitud de las empresas, credenciales digitales verificables, sistemas de interoperabilidad y espacios nacionales de datos de contratación pública.

El objetivo es avanzar hacia el principio de “solo una vez”: que las empresas no tengan que aportar reiteradamente información que ya está en poder de la Administración. Esto puede reducir cargas administrativas, facilitar la participación transfronteriza y mejorar el acceso de las pymes al mercado público.

Pero la transformación no dependerá únicamente de disponer de nuevas plataformas. Será necesario garantizar la calidad de los datos, la compatibilidad entre sistemas y una gobernanza clara sobre el uso de la información y de los algoritmos.

Europa quiere menos fragmentación normativa, procedimientos más flexibles, más peso de la calidad, una digitalización real y una contratación pública alineada con los objetivos industriales y estratégicos de la Unión.

Si el reglamento prospera, no bastará con modificar algunos artículos de la LCSP. Será necesario repensar la arquitectura de la ley, la relación entre el derecho europeo y el derecho interno y, sobre todo, la manera en que planificamos, tramitamos y gestionamos los contratos públicos.

La reforma no ha hecho más que empezar. También debería empezar, desde ahora, el debate sobre cómo queremos adaptarnos a ella.