Nuestra opinión

Últimas consultas publicadas en BOIAC sobre inmovilizado

La primera se refiere al tratamiento contable del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) en las donaciones de inmovilizado, tanto para la entidad donante como para la receptora del activo (donataria).

De acuerdo con la normativa de IVA aplicable y a lo establecido en la norma de registro y valoración nº 12 del Plan General de Contabilidad, aprobado por Real Decreto 1514/2007, se concluye que si la empresa realiza una donación por la que esté obligada a repercutir el IVA, y se acuerda que la entidad que recibe la donación no abone dicho importe, el donante deberá contabilizar un más gasto por donación y viceversa, el donatario registrará dicho importe como donación (ingreso), en caso de que la entidad pueda deducirse el IVA, formando más coste del inmovilizado en caso contrario. Continua

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El deber de programación y planificación de los órganos de contratación en la LCSP

La Comisión Permanente de la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado emitió, mediante el expediente 86/18, de 10 de diciembre de 2018, el informe en relación a la casuística por la que, debido a circunstancias sobrevenidas en materia de gestión determinados contratos esenciales para un poder adjudicador y próximos a su vencimiento, no haya dado tiempo a publicar nuevas licitaciones con la antelación necesaria para enlazar los contratos que finalizan con las nuevas adjudicaciones.

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Impuesto sobre la Renta de No Residentes: Imputación de Rentas por inmuebles ubicados en territorio español

Antes del 31 de diciembre de 2018, aquellas personas físicas que tengan la consideración de no residentes y que dispongan de inmuebles ubicados en territorio español, estarán obligadas a la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de no Residentes sin establecimiento permanente por la titularidad del inmueble del año 2017, cuando éste no haya sido objeto de arrendamiento.

Para determinar la base imponible sujeta a tributación, se aplicarán sobre el valor catastral del inmueble, los siguientes porcentajes, sin que proceda la deducción de gasto alguna:

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Aspectos tributarios para aquellas empresas o entidades que adquieran la condición de Gran Empresa de cara al ejercicio 2019

Las entidades que durante el año natural 2018 hayan superado el importe de 6.010.121,04 euros de volumen de operaciones, calculado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 121 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, adquirirán a efectos tributarios la condición de Gran Empresa a partir del 1 de enero de 2019.

La calificación de Gran Empresa a efectos tributarios, tiene importantes efectos en la liquidación de los impuestos del ordenamiento tributario español, de los que se detallan los más importantes a continuación: Continua

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Solicitud de prestaciones por maternidad exentas para los ejercicios 2014 y 2015

Como consecuencia de la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 3 de octubre de 2018 se declaran exentas de tributación en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las prestaciones públicas por maternidad satisfechas por la Seguridad Social-INSS. Aunque la sentencia, de forma expresa, sólo preveía la exención de tributación en las prestaciones de maternidad, el Ministerio de Economía ha equiparado las prestaciones de paternidad recibidas, quedando también exentas de tributación.

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Comunicaciones de alta, baja y modificación en el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE)

Se acerca fin de año y a efectos del Impuesto sobre Actividades Económicas es necesario determinar si los contribuyentes del Impuesto se encuentran sujetos al pago del impuesto por haber superado el millón de euros de facturación anual. A estos efectos hay que tener presente que la cifra de negocios a tener en cuenta es la del último ejercicio de la sociedad del cual haya presentado el Impuesto sobre Sociedades; para el año 2019 habrá que tener en cuenta la cifra de negocios del ejercicio 2017. Continua

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Ampliación del permiso de paternindad para el personal al servicio de la Administración del Estado

En fecha de 22 de noviembre de 2018, mediante resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública, se publican los acuerdos para la ampliación del permiso de paternidad a dieciséis semanas y para la aplicación de la bolsa de horas prevista en la Disposición Adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018.

La Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado en fecha 29 de octubre de 2018, acordó aprobar para todo el personal, funcionario, estatutario o laboral, al servicio de la administración General del Estado, de sus Organismos o de sus Entidades públicas dependientes, que el permiso de paternidad por nacimiento guarda con fines de adopción, adopción o acogimiento de un hijo/hija se amplíe a un total de 16 semanas y que dicho permiso sea no transferible. Se establece que la implementación del permiso de paternidad se hará de forma progresiva:

  • En 2019: Permiso de ocho semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores a la fecha de parto, decisión administrativa de guarda con fines de adopción o acogimiento, o resolución judicial por la que se constituya la adopción y cuatro semanas disfrutadas de forma ininterrumpida.
  • En 2020: Permiso de doce semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores, y ocho semanas disfrutadas de forma ininterrumpida.
  • En 2021: Permiso de 16 semanas, con cuatro semanas inmediatamente posteriores, y doce semanas disfrutadas de forma ininterrumpida.

En el II Acuerdo para la Mejora del empleo público y de condiciones de trabajo de 9 de marzo de 2018, se previó la existencia de una bolsa de un 5% de la jornada anual para la conciliación de la vida familiar y profesional.  En consecuencia, se propone regular una bolsa de horas de libre disposición acumulables entre sí, de hasta un 5% de la jornada anual, con carácter recuperable en el periodo de tiempo que así se determine, y dirigida de forma justificada a la adopción de medidas de conciliación para el cuidado y atención de personas mayores, personas con discapacidad, e hijos/hijas menores, en los términos que en cada caso se determinen.

 

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Entra en vigor la nueva Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales

El pasado 7 de diciembre entró en vigor, después de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, la nueva Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, con el objetivo de adaptar a nuestro ordenamiento jurídico el ya conocido Reglamento (UE) 2016/679 General de Protección de Datos, complementando y clarificando algunas cuestiones de gran relevancia.

Una de las cuestiones que ha concretado la nueva ley, ha sido la edad a partir de la cual los menores pueden prestar el consentimiento para el tratamiento de sus datos de carácter personal así como ejercer sus derechos en materia de protección de datos, fijándola en 14 años.

Otra novedad es la regulación de la protección de datos de las personas fallecidas, ya que sus familiares y/o herederos podrán ejercer el derecho de acceso, rectificación y supresión. El único límite a este ejercicio de derechos es que exista la prohibición expresa del difunto.

Respecto a la figura del Delegado de Protección de Datos, se establece un listado de entidades que estarán obligadas a contar con esta figura. Así pues, en el ámbito de la educación, estarán obligados todos aquellos centros docentes que ofrecen enseñanza en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas; y, en el ámbito de la salud, estarán obligados todos aquellos centros sanitarios que resulten legalmente obligados al mantenimiento de historias clínicas de pacientes.

La ley también determina que el Delegado de Protección de Datos no podrá ser removido ni sancionado, a excepción de aquellos supuestos en los que actúe con dolo o negligencia.

El ámbito sanitario también se ve afectado por las novedades introducidas por la citada ley que ha homologado todas las normas legales que forman la base que justifica el tratamiento de datos de salud. También, ha desplegado un catálogo de criterios por los que se regirán los tratamientos de datos en la investigación de salud.

En cuanto a las novedades introducidas en el ámbito laboral, la nueva ley actualiza las garantías del derecho a la intimidad en relación al uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos a los puestos de trabajo, al uso de los dispositivos digitales puestos a disposición de los trabajadores y en la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito laboral.

Además, se garantiza que los trabajadores puedan desconectar del trabajo durante su tiempo de descanso, vacaciones o permisos y disfruten de su intimidad personal y familiar con un nuevo derecho reconocido llamado derecho a la desconexión digital.

Dicha ley genera la obligación de cambio para el sistema educativo con la aparición del derecho a la educación digital. El objetivo de este derecho es garantizar la formación del alumnado en el uso de los medios digitales de manera segura y respetuosa con la dignidad humana, los valores constitucionales, los derechos fundamentales, la intimidad personal y familiar y la protección de los datos personales.

En el plazo de un año, el Gobierno deberá haber elaborado un proyecto de ley dirigido a garantizar estos derechos en el ámbito educativo y las administraciones educativas deberán haber incluido esta formación de competencia digital en el bloque de asignaturas de libre configuración. Asimismo, los profesores deberán recibir la formación necesaria para la transmisión de los valores y derechos anteriormente referenciados.

Otros derechos digitales reconocidos por dicha ley son el derecho de acceso universal a Internet, a la neutralidad de internet, la seguridad digital, a la rectificación tanto en medios digitales como las redes sociales y en la actualización de la información facilitada en medios de comunicación.

Otra novedad es la referida a la regulación de los sistemas de información crediticia, más conocidos como archivos de morosos, que establece 5 años como período máximo de inclusión de los datos del deudor a archivo. Este periodo de tiempo empezará a contar desde el vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.

Se puede consultar el texto completo de la Ley Orgánica 3/2018, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales haciendo clic en el enlace.

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Según la AEPD, los auditores de cuentas y sociedades de auditoría son responsables del tratamiento de los datos

La AEPD ha resuelto la consulta planteada por parte de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría respecto a determinar si estos actúan como encargados del tratamiento de la entidad auditada o como responsables. La interpretación de la autoridad supone un cambio de paradigma en la línea seguida hasta el momento por parte de la gran mayoría de expertos en la materia, los cuales sostenían que los auditores eran encargados del tratamiento y no responsables del tratamiento. En base a la reciente decisión de la AEPD pero se concluye que los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría actúan como responsables del tratamiento. El criterio definidor de la condición de responsable del tratamiento se fundamenta en el imperativo legal que faculta al auditor como figura independiente, no sometida a posibles instrucciones de su cliente. Por el momento, la AEPD no ha entrado a valorar ni a diferenciar si la auditoría externa se realiza por obligación legal o, si ésta se lleva a cabo de forma potestativa por parte de la entidad. Continua

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Grupo de subordinación y grupo de coordinación

El BOICAC Nº115 recoge la respuesta a una consulta en la cual el ICAC viene a establecer aspectos y consideraciones a evaluar a la hora de considerar la existencia de un grupo de subordinación o un grupo de coordinación, coexistentes en el derecho contable vigente.

El grupo de subordinación vendría definido por aquellas sociedades que cumplirían con lo establecido en el código de comercio, en su artículo 42, el cual indica que existe grupo cuando una sociedad ostenta o puede ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. Únicamente este grupo está obligado a formular cuentas anuales consolidadas.

Por otro lado, el grupo de coordinación se correspondería con lo establecido en la norma 13 de elaboración de cuentas anuales, el cual estaría integrado por empresas controladas por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas. Continua

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